Jorge Gentile*
Cuando el gobernador
Ramón Mestre dictó el decreto 1.777/95, que rebajó los beneficios un 18 por
ciento tomando como base el ingreso líquido de los activos en vez del bruto –en
sentido contrario a una modalidad adoptada hace muchos años por todos los
sistemas previsionales del país–, esto fue insólitamente convalidado por el
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y descalificado luego por la Corte Suprema de la Nación.
Ahora, la ley exprés
10.078 dispone que “el reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrá
efecto a partir de los 180 días computados desde la fecha que fuera percibida
la variación salarial” (artículo 4). Sin embargo, literalmente no dispone que
la postergación signifique que el Estado se engulle los seis meses de aumento
de los activos que no fueron pagados a los pasivos, sino que tendrá que abonarlo,
con la correspondiente retroactividad, pasados los 180 días desde que lo cobren
los activos.
Lo allí escrito no
parece que exprese la intención de los autores del proyecto, si se tienen en
cuenta algunas de sus declaraciones posteriores. Cuando explican los beneficios
económicos para las finanzas provinciales, dan a entender que no se abonará a
los pasivos de manera retroactiva el porcentaje reajustado de los sueldos
anteriores de los activos.
En ambos casos, los
jubilados son perjudicados. En el primer caso, por la demora en percibir los
aumentos que se les concedan a los activos; en el segundo, por recibirlos sin
los correspondientes porcentajes de indexación e intereses.
Contra estos
atropellos, no queda otra alternativa que invocar la referida cláusula
constitucional que garantiza que los beneficios jubilatorios son “móviles,
irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad”.
Sin embargo, los
haberes de los pasivos pueden ser reducidos también con la inconstitucional delegación
de potestades prevista en esta misma ley, que contradice la prohibición de
hacer dichas delegaciones establecida en el artículo 13 de la Constitución.
A partir de ahora,
“el Poder Ejecutivo podrá modificar los porcentajes de aportes personales y contribuciones
patronales”. Esto significa que, a través de esta potestad, el gobernador, si
dispone reducir el alto porcentaje que se les descuenta del salario a los
activos como aporte para la Caja ,
podría encubrir un “aumento” que luego no les sería otorgado a los pasivos.
Municipios y comunas.
La ley 10.077, aprobada el mismo día que la anterior y que denuncia el acuerdo
por el que las provincias cedían el 15 por ciento de la coparticipación al
Gobierno nacional, tiene una disposición que perjudica a las municipalidades:
“Aféctase el incremento de los recursos de la coparticipación federal de
impuestos, generado con motivo de la denuncia del acuerdo formulado en la
presente norma, a la Caja
de Jubilaciones (...) hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo
registra. El remanente formará parte de los recursos que por ley se
coparticipan con las municipalidades y comunas (...)” (artículo 3).
Esto también es
contrario a la
Constitución provincial cuando regla: “Las municipalidades
disponen de los siguientes recursos: (...) Los provenientes de la
coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser
inferiores al 20 por ciento (...)” (artículo 188, inciso tres).
La solución
constitucional, a la inversa de lo que dispone la referida ley, es que del 15
por ciento de la coparticipación federal recuperado debe extraerse el
porcentaje destinado a los municipios y comunas, que no puede ser inferior al
20 por ciento, y del resto, que le queda a la Provincia , se extraigan
los recursos que necesita la Caja
de Jubilaciones.
Si a la Provincia no le alcanzan
los recursos para abonar la actualización de los haberes de los activos y de
los pasivos, no tiene por qué postergar sólo el de los pasivos. Ello implica
una inaceptable discriminación del sector más débil, los jubilados y
pensionados, quienes sólo se diferencian de los activos en que no pueden
ejercer el derecho de huelga ni paralizar el funcionamiento de las
reparticiones del Estado.
* Constituyente
provincial en 1987 y 2001, profesor emérito de la UNC y catedrático de Derecho
Constitucional de la UCC
