Proyecto del Diputado Alberto Asseff
El
Senado y la Cámara
de Diputados sancionan con fuerza de
LEY
PREVENCION
Y SANCION DEL TERRORISMO
TITULO I
DEL TERRORISMO
Capitulo Primero
Definición de
Terrorismo
Artículo 1°: Se
entenderá por terrorismo cualquiera de las acciones descriptas en la presente
ley y en los convenios internacionales en los cuales la Argentina sea Estado
Parte, destinadas a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier
persona o estragos con el objeto de suscitar
conmoción, cuando el propósito de dichas acciones, por su naturaleza o
contexto, sea intimidar a la población u obligar al gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Delitos Terroristas
Artículo 2°: Se
aplicará la pena de reclusión o prisión de diez (10) a veinticinco (25) años al
que con la finalidad de intimidar a la población u obligar al gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,
realizare una o varias de las acciones descriptas en los convenios
internacionales citados a continuación:
1) CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DEL
APODERAMIENTO ILÍCITO DE AERONAVES. LA
HAYA , 16 DE DICIEMBRE DE 1970. LEY 19.793.
Apoderarse o tomar el
control de una aeronave en vuelo mediante el ejercicio de violencia o
intimidación.
2) CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS
ILÍCITOS CONTRA LA
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL. MONTREAL, 23 DE SEPTIEMBRE DE
1971. LEY 20.411.
2.a.- Ejercer contra
una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de violencia que, por su
naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave.
2.b.- Destruir una
aeronave en servicio o producirle daños que la incapaciten para el vuelo o que
por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en
vuelo.
2.c.- Colocar en una
aeronave en servicio un artefacto o sustancia idónea para destruir o producirle
daños que la incapaciten para el vuelo o que por su naturaleza, constituyan un
peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo.
2.d.- Destruir o
producir daños a las instalaciones o servicios de la navegación aérea o
perturbar su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un
peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo.
2.e.- Comunicar, a
sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la seguridad de una
aeronave en vuelo.
3) PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS
ILÍCITOS DE VIOLENCIA EN LOS AEROPUERTOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL, COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS
ILÍCITOS CONTRA LA
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE 1971. MONTREAL, 24 DE FEBRERO
DE 1988. LEY 23.915.
Utilizar cualquier
artefacto, sustancia o arma con el propósito de:
3.a.- Ejercer actos
de violencia contra una persona en un aeropuerto que preste servicios a la
aviación civil internacional, que le cause o le pueda causar lesiones graves o
la muerte.
3.b.- Destruir o
causar graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que preste servicios
a la aviación civil internacional o en una aeronave allí ubicada que no esté en
servicio, o perturbar los servicios del aeropuerto, si ese acto pone en peligro
su seguridad.
4) CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS
ILÍCITOS CONTRA LA
SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA.
ROMA, 10 DE MARZO DE 1988. LEY 24.209.
4.a.- Apoderarse o
tomar el control de un buque mediante el ejercicio de violencia o intimidación.
4.b.- Realizar un
acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de un buque si dicho
acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque.
4.c.- Destruir o
causar daño a un buque o a su carga que pueda poner en peligro su navegación
segura.
4.d.- Colocar en un
buque un artefacto o una sustancia que pueda destruirlo o causar daños al buque
o a su carga de manera que ponga o pueda poner en peligro la navegación segura
de un buque.
4.e.- Destruir o
causar daños graves en las instalaciones o servicios de navegación marítima o
entorpecer gravemente su funcionamiento, si cualquiera de tales actos puede
poner en peligro la navegación segura de un buque.
4.f.- Difundir
información a sabiendas de que es falsa, poniendo así en peligro la navegación
segura de un buque.
4.g.- Lesionar o
matar a cualquier persona para la comisión de cualquiera de los delitos
enunciados en los apartados a) a f).
4.h.- Amenazar con
cometer cualquiera de los delitos enunciados en los incisos b), c) y e), con
ánimo de obligar a un tercero a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo,
si la amenaza puede poner en peligro la navegación segura del buque.
5) PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS
ILÍCITOS CONTRA LA
SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL.
ROMA, 10 DE MARZO DE 1988. LEY 25.771.
5.a.- Apoderarse o
tomar el control de una plataforma fija mediante el ejercicio de violencia o
intimidación.
5.b.- Ejercer un acto
de violencia contra alguna persona que se halle a bordo de una plataforma fija,
si dicho acto puede poner en peligro la seguridad de ésta.
5.c.- Destruir o
producir daños a una plataforma fija que pueda poner en peligro su seguridad.
5.d.- Colocar un
artefacto o sustancia que pueda destruir una plataforma fija o poner en peligro
su seguridad.
5.e.- Lesionar o
matar a cualquier persona para la comisión de cualquiera de los delitos
enunciados en los apartados a) a d).
5.f.- Amenazar con
cometer cualquiera de los delitos enunciados en los incisos b) y c), con ánimo
de obligar a un tercero a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, si la
amenaza puede poner en peligro la seguridad de la plataforma fija.
6) CONVENCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL
CASTIGO DE DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, INCLUSIVE LOS
AGENTES DIPLOMÁTICOS. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 14 DE DICIEMBRE
DE 1973. LEY 22.509.
6.a.- Matar,
secuestrar, o cometer otro atentado contra la integridad física o libertad de
una persona internacionalmente protegida.
6.b.- Atentar
violentamente contra los locales oficiales, la residencia particular o los
medios de transporte de una persona internacionalmente protegida, poniendo en
peligro su integridad física o libertad.
6.c.- Amenazar con la
comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los incisos a) y b).
7) CONVENCIÓN
INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA
DE REHENES. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 17 DE
DICIEMBRE DE 1979. LEY 23.956.
Privar de la libertad
a una o más personas y amenazar con matarlas, herirlas o mantenerlas detenidas
con el propósito de obligar a un tercero a realizar una acción u omisión como
condición explícita o implícita para la liberación de aquellas.
8) CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA
DE LOS MATERIALES NUCLEARES. VIENA, 3 DE MARZO DE 1980. LEY 23.620.
8.a.- Recibir,
poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dispersar materiales nucleares sin
autorización legal, si tal acto causa o es probable que cause la muerte o
lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales.
8.b.- Hurtar, robar,
obtener mediante fraude, malversar, obtener mediante amenazas o uso de
violencia o cualquier tipo de intimidación, o realizar cualquier tipo de
apoderamiento ilícito de materiales nucleares.
8.c.- Amenazar con el
uso de materiales nucleares para causar la muerte, lesiones graves o daños
materiales sustanciales.
8.d.- Cometer uno de
los delitos mencionados en los apartados a) y b) con el fin de obligar a una
persona a hacer o a abstenerse de hacer algo.
9) CONVENIO
INTERNACIONAL PARA LA
REPRESIÓN DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS.
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 15 DE DICIEMBRE DE 1997. LEY 25.762.
Entregar, colocar,
arrojar o detonar un explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar
de uso o acceso público, instalación pública gubernamental, una red de
transporte público, una instalación de infraestructura, con el propósito de
causar muertes, graves lesiones o la destrucción significativa de ese lugar,
instalación o red, produciendo o pudiendo producir un grave perjuicio
económico.
10) CONVENIO
INTERNACIONAL PARA LA
REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR, ASAMBLEA
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005.
10.a. – Quien,
ilícita e intencionalmente:
a) Poseyere material
radiactivo o fabricare o poseyere un dispositivo:
i) Con el propósito
de causar la muerte o lesiones corporales graves; o
ii) Con el propósito
de causar daños considerables a los bienes o al medio ambiente;
b) Utilizare en
cualquier forma material radiactivo o un dispositivo, o utilizare o dañare una
instalación nuclear en forma tal que provocare la emisión o entrañare el riesgo
de provocar la emisión de material radiactivo:
i) Con el propósito
de causar la muerte o lesiones corporales graves; o
ii) Con el propósito
de causar daños considerables a los bienes o al medio ambiente;
iii) Con el propósito
de obligar a una persona natural o jurídica, una organización internacional o
un Estado a realizar o abstenerse de realizar algún acto.
10.b. – Quien,
ilícita e intencionalmente exigiere la entrega de material radiactivo, un
dispositivo o una instalación nuclear mediante amenaza, en circunstancias que
indiquen que la amenaza es verosímil, o mediante el uso de la fuerza.
Artículo 3º: Al que,
con la finalidad de intimidar a la población u obligar al gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,
cometiere un delito se le aplicará el doble de la pena prevista para tal delito
si el mismo no estuviese comprendido en los supuestos del artículo 2º, salvo
que correspondiere aplicar lo previsto en el artículo 4º.
Artículo 4°: Se
aplicará la pena de prisión o reclusión perpetua si como resultado de los
delitos previstos en los artículos 2º y 3º se causare la muerte de alguna
persona.
Capítulo Tercero
Financiamiento del
Terrorismo
Artículo 5°: Se
impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años al que por el
medio que fuere, directa o indirectamente, en forma deliberada, proveyere o
recolectare fondos con el objeto de que sean utilizados, o a sabiendas de que
serán utilizados en todo o en parte, en los delitos previstos en la presente
Ley.
Artículo 6º: A tales
efectos al término “fondos” comprende los bienes y créditos de cualquier tipo y
naturaleza así como los documentos o instrumentos legales, cualquiera fuere su
forma, incluida la electrónica o digital, que acreditaren la propiedad u otros
derechos sobre dichos bienes y créditos, incluidos, sin que la enumeración sea
taxativa, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros,
acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito.
Capitulo Cuarto
Disposiciones
Generales
Artículo 7°: El que
con el fin de cometer uno de los delitos establecidos en el artículo 2º o un
delito agravado por verificarse las circunstancias contempladas en el artículo
3º, comenzare su ejecución, pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su
voluntad, será castigado con el mínimo de la pena prevista establecida para tal
delito, salvo que el delito consistiere en alguna de las acciones típicas
establecidas en el inc.10 del artículo 2º.
Artículo 8°: El que
con el fin de cometer el delito establecido en el inc.10 del artículo 2º
comenzare su ejecución, pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su
voluntad será castigado con la misma pena que le hubiese correspondido si
hubiese consumado el delito.
Artículo 9°: Los
delitos contemplados en la presente la presente ley son imprescriptibles,
equiparándose con los delitos de lesa humanidad a los efectos de la persecución
penal.
Artículo 10º: Ninguno
de los delitos previstos en la presente ley se considerará como delito político
o delito conexo con un delito político, o un delito inspirado por motivos
políticos.
Artículo 11°: El
propósito de intimidar o conmover a la población u obligar al gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto u abstenerse de hacerlo podrá
inferirse de las circunstancias objetivas del caso.
A tales efectos,
podrán ser valoradas como circunstancias objetivas del caso:
1) La existencia de
indicios serios, graves y concordantes por los que se concluya de manera
univoca que las acciones descriptas en los artículos 2º y 3º tienen como
finalidad intimidar a la población u obligar al gobierno o a una organización
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
2) El método o los
medios empleados; cualquier tipo de enunciación de propósitos o proclama
realizada con anterioridad a las acciones descriptas en los artículos 2º y 3º;
la existencia de vínculos con grupos terroristas; y cualquier otra
circunstancia que el juez estime conducente.
TITULO II
COMPETENCIA E
INVESTIGACIÓN
Artículo 12º: Los
delitos previstos en esta ley serán de competencia exclusiva y excluyente de la Justicia Federal.
Artículo 13º: Cuando
en el marco de la competencia prevista en la Ley N º 25.520 de Inteligencia Nacional, la Secretaría de
Inteligencia reúna información de que presumiblemente existen actos derivados
de la presente ley, deberá ponerlos en conocimiento del magistrado de turno del
Ministerio Fiscal, a lo efectos de que inmediatamente forme una carpeta de
prueba destinada a formalizar el requerimiento de instrucción correspondiente
al Juez Federal. En caso de que el Fiscal interviniente considere que la
información recabada no constituye indicio suficiente para requerir la
instrucción de la causa, elevará de forma inmediata las actuaciones al Señor
Procurador de la Nación ,
quien decidirá si desestima la causa o la remite al Juez Federal.
Artículo 14º: La
investigación de la causa quedará a cargo del Juez Federal, quien deberá en el
plazo de 24 horas decidir si actúa conforme a lo previsto en el artículo 196º
primer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación , en cuyo caso el
agente fiscal asumirá inmediatamente la dirección de la investigación y actuará
de conformidad a las normas del Título II, Sección II del Libro II del Código
Procesal Penal de la Nación
y demás normas procesales. En caso de que el Juez Federal no haga uso de las
facultades mencionadas anteriormente, deberá de forma inmediata proceder con la
investigación de la causa, desestimar o remitir las actuaciones a otra
jurisdicción según corresponda.
Artículo 15º: El Juez
o Fiscal a cargo de la investigación podrá disponer que actúen como auxiliares
de la investigación, la
Policía Federal , las Fuerzas de Seguridad, las Policías
provinciales, la Secretaría
de Inteligencia de la
Presidencia de la
Nación , como así también cualquier funcionario público cuando
la naturaleza de los hechos exigiere su intervención en razón de que por sus
conocimientos o experiencia fuere imprescindible para el éxito de la
investigación.
Artículo 16º: Cuando
el juez o fiscal a cargo de la investigación fuera a requerir el auxilio de
otros organismos del sistema de inteligencia, sea de la Policía Federal ,
de las Fuerzas de Seguridad Federales o de Policías Provinciales; éstos deberán
actuar coordinadamente con la
Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación.
Artículo 17º: El Juez
de la causa, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal podrá, aplicar,
en lo pertinente, las disposiciones del Art. 32 de la Ley 23.737.
Artículo 18º: En las
causas en que se investiguen hechos comprendidos en la presente ley, o que
tramiten en forma conexa con aquéllas, cuando la demora en el procedimiento
pudiese comprometer el éxito de la investigación, el Juez o Fiscal a cargo de
ésta podrán actuar en ajena jurisdicción territorial, a través de las
autoridades de prevención, quienes deberán llevar a cabo las diligencias
urgentes y necesarias e informarlas inmediatamente al Juez del lugar.
TITULO III
DE LOS MEDIOS PARA
PREVENIR Y SANCIONAR EL TERRORISMO
Capitulo Primero
De la Intervención y
Captación de Comunicaciones
Artículo 19º: Las
comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo, facsímile u otro sistema de
envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos,
Internet, correo electrónico, Whatsapp, Twitter, Instagram, así como cualquier
tipo de información, archivos, registros, documentos privados, de entrada o
lectura no autorizada inaccesibles al público, podrán ser interceptadas o
captadas mediando orden o dispensa judicial, cuando ello resulte necesario para
la investigación de las acciones delictivas previstas en la presente ley.
Artículo 20º: La
autorización judicial para la interceptación o captación de comunicaciones
privadas de cualquier tipo será solicitada siguiendo los procedimientos
previstos en la ley de inteligencia.
Artículo 21º: La
ejecución de las interceptaciones autorizadas u ordenadas por la autoridad
judicial competente estará exclusivamente a cargo de la Secretaria de
Inteligencia de la
Presidencia de la
Nación.
Capitulo Segundo
Régimen del Agente
Encubierto
Artículo 22º: Durante
el curso de la investigación judicial y a los efectos de comprobar la comisión
de hechos previstos por la presente Ley, de impedir su consumación, de lograr
la individualización o detención de los autores, partícipes o encubridores, o
para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por resolución
fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no pudieren ser
logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad, policiales o de
los organismos de inteligencia, actuando de forma encubierta, se introduzcan en
organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los hechos
previstos en la presente ley.
La designación deberá
consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la que
actuará en el caso, que será reservada fuera de las actuaciones y con la debida
clasificación de seguridad.
Artículo 23º: La
información que el agente encubierto obtenga, será puesta en conocimiento del
juez o fiscal interviniente en la forma que resultare más conveniente para
posibilitar el cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de su función e
identidad.
Cuando fuere
absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del
agente encubierto, éste declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en
su caso, las medidas necesarias para resguardar su integridad personal y la
reservada de su identidad.
Artículo 24º: No será
punible el agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de
la actuación encomendada, se hubiere visto compelido, con riesgo de la propia
vida o de terceros, a participar en la comisión de delitos para evitar un mal
mayor.
Cuando el agente
encubierto hubiere resultado imputado en un proceso, hará saber
confidencialmente su carácter al juez interviniente, quien en forma reservada
recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda.
Si el caso
correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo, el juez
lo resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado.
Artículo 25º: Ningún
integrante de las fuerzas de seguridad o policiales o de los organismos de
inteligencia podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. La negativa a
hacerlo no será considerada como antecedente desfavorable para su carrera
profesional.
Artículo 26º: Cuando
peligrare la seguridad de la persona que haya actuado como agente encubierto
por haberse develado su verdadera identidad, tendrá derecho a optar entre
permanecer activo o pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de
servicio que tuviere. En éste último caso, se le reconocerá un haber de retiro
calculado sobre la base de una promoción de dos grados de escalafón por el que
cumpliera su función.
Capítulo Tercero
Régimen del
Colaborador de la Justicia
Artículo 27º: A la
persona incursa en cualquiera de los hechos previstos por la presente Ley, el
tribunal podrá excepcionalmente reducirle la pena prevista cuando durante la
sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación brinde información
esencial que a criterio del juez contribuya a:
1) Prevenir la
comisión de alguno de los delitos previstos en la presente ley, o la
continuación del delito o la perpetración de otro.
2) Esclarecer el
hecho de la investigación u otros conexos.
3) Acreditar la
identificación de autores, partícipes o encubridores de los hechos investigados
o de otros conexos.
También podrá obtener
este beneficio quien aporte información que permita secuestrar sustancias
explosivas, inflamables, armas o elementos de elevado poder destructivo, medios
de transporte, valores, bienes dinero o cualquier otro activo de importancia,
relacionado con los hechos previstos en la presente ley.
Artículo 28º: La
modificación de pena prevista precedentemente deberá ser decidida por el
tribunal de juicio al dictar la sentencia definitiva.
Sin embargo en el
momento que su aplicación aparezca como probable, podrá ser considerado a los
fines de la excarcelación de acuerdo a las normas procesales comunes.
Excepcionalmente, sin
perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo; en aquellos casos en que
hubiere imputado dispuesto a colaborar con la investigación, en los términos
previstos en esta ley; podrá procederse en cualquier etapa el proceso, mediante
auto fundado, y luego de determinar si su colaboración satisface las
expectativas propuestas, conforme las normas del juicio abreviado a la
imposición de penas de acuerdo a la pauta legal de que se trate, aunque superen
el monto previsto por el Art. 431 bis del Código Procesal Penal.
Este procedimiento se
llevará a cabo por la
Cámara Federal de Apelaciones o el Tribunal de Juicio
respectivos; según hubiere sido la etapa del proceso en el que se produjo la
colaboración, en audiencia que solo se convocará al imputado, su defensor, la
parte querellante, si la hubiere, y al Ministerio Público Fiscal.
Contra la sentencia
que rechazare el acuerdo de juicio abreviado, también será admisible el recurso
ante la Cámara
de Casación.
Artículo 29º: Las
declaraciones de las personas mencionadas en las disposiciones anteriores,
carecerán de valor probatorio si no se producen con el controlador fiscal, la
querella y la defensa, del modo establecido en las leyes procesales.
Los elementos
probatorios obtenidos mediante la colaboración prevista en esta ley podrán
exclusivamente ser utilizados en el mismo proceso o en otros por hechos
comprendidos por esta ley.
Artículo 30º: Serán
reprimidas con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años las personas que se acojan
a los beneficios de esta ley y formulen declaraciones falsas o proporcionen
datos inexactos sobre terceros.
La pena máxima se
elevará a doce (12) años cuando ello fuere realizado en perjuicio de un
imputado.
Capitulo Cuarto
Régimen del
Informante
Artículo 31º: Tendrá
carácter de informante aquella persona que aporte datos, informes, testimonios,
documentación y todo otro elemento o referencia pertinente y útil a fin de
esclarecer los delitos de terrorismo previsto en la presente ley.
La información que
provea el confidente tendrá valor indiciario, salvo que declare como testigo.
Artículo 32º: El
informante no será considerado agente del Estado. Debe ser notificado que
colaborará en la investigación en ese carácter y se le garantizara que su
identidad será mantenida en estricta reserva.
Cuando sea
imprescindible aportar como prueba la información personal del confidente, éste
declarara como testigo y el tribunal deberá disponerlo por resolución fundada,
previa adopción de las medidas de protección adecuadas bajo pena de nulidad. En
ese caso siempre deberá presumirse un peligro cierto para la vida o la
integridad física y moral del informante y su familia.
El confidente
develado declarara como testigo en audiencia pública en el modo establecido por
el Código Procesal Penal de la
Nación.
Artículo 33º: Le
serán aplicables de manera extensivas las disposiciones del decreto 2023/94,
modificado por decreto 1340/96, a los efectos de las recompensas que le pudiere
corresponder percibir.
El tribunal de la
causa por resolución fundada y bajo pena de nulidad ordenara el pago y
determinara el monto de la recompensa del informante en función de la utilidad
de la información.
El pago estará a
cargo de la autoridad de aplicación del Fondo Permanente para la protección
contra el Terrorismo Nacional e Internacional.
Capitulo Quinto
Régimen del
Denunciante
Artículo 34º: Las
personas que denunciaren una acción delictiva prevista en la presente ley
podrán hacerlo mediante reserva de identidad que solicitaran al juez de la
causa al momento de efectuarla.
La denuncia podrá
formularse por escrito sin que sea exigible requisito alguno y resultarán
aplicables las prescripciones contempladas para la protección de testigos de
resultar necesarias para proteger su integridad física y familiar.
Capitulo Sexto
Régimen de Protección
de Testigos, Víctimas e Imputados
Artículo 35º: A los
efectos de la presente Ley, se aplicará el Régimen Nacional de Protección de
Testigos previsto en la Ley N º
25.764.
Capitulo Séptimo
Fondo Permanente de
Protección contra el Terrorismo
Artículo 36º: El
Fondo Permanente de Protección contra el Terrorismo Internacional, creado por
Decreto 2023/94, modificado por Decreto 1340/96, estará destinado a abonar
recompensas a las personas que aporten datos, informes, testimonios,
documentación y todo otro elemento o referencia fehaciente para esclarecer los
hechos de terrorismo, así como a la atención de las medidas de protección de
personas -testigos e imputados – prevista en la Ley N º 25.764.
Artículo 37º: El
producido de los bienes decomisados, así como las multas que se recauden por
aplicación de la presente ley, ingresarán al Fondo Permanente de Protección
contra el Terrorismo Internacional.
TÍTULO IV
INVESTIGACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Artículo 38°: Sin
perjuicio de sus funciones, la
Unidad de información Financiera creada por la Ley N º 25.246 tendrá
intervención en el análisis, tratamiento y transmisión de la información destinada
a prevenir e impedir el uso de fondos en los delitos previstos en la presente
Ley.
Artículo 39°: A los
efectos de la presente ley, se entenderá por operación sospechosa de
financiamiento del terrorismo la existencia de indicios razonables de que existen
fondos vinculados, relacionados, o que puedan presumiblemente ser utilizados
para la ejecución de los delitos contemplados en la presente Ley.
Artículo 40°: Los
sujetos enumerados en el artículo 20 de la Ley N º 25.246 estarán obligados a reportar toda
operación sospechosa de financiamiento del terrorismo a la Unidad de Información
Financiera, y deberán abstenerse de revelar al cliente o a terceros las
actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.
Artículo 41°: En el
marco del análisis de un reporte de operación sospechosa, los sujetos
contemplados en el artículo 20° de la
Ley 25.246 no podrán oponer a la Unidad de Información
Financiera el secreto bancario, bursátil, profesional, fiscal o tributario, ni
los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
La información
obtenida será confidencial y sólo podrá ser utilizada en la investigación del
hecho que motivó el proceso.
Artículo 42°: La Unidad de Información
Financiera establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades,
oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de informar para cada
categoría de sujetos obligados en virtud del artículo 20 de la Ley 25.246 y para cada tipo de
actividad.
Artículo 43°: La Unidad de Información
Financiera deberá dar trato preferente, y con carácter de urgente, a toda
operación que sea considerada sospechosa conforme el artículo 39 de la presente
ley.
Artículo 44°: Cuando
del análisis de las operaciones sospechosas surgieren elementos de convicción
suficientes para confirmar la sospecha de que se esté cometiendo el delito de
Financiamiento del Terrorismo, la
Unidad de Información Financiera pondrá inmediatamente sus
actuaciones en conocimiento del Juez Federal o Fiscal a los efectos de la
prevención, investigación y procesamiento de las personas imputadas.
Artículo 45°:
Cualesquiera de los Organismos de Seguridad, las unidades de control fronterizo
dependientes de la
Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional
de Aduanas, deberán poner en conocimiento del juez y Fiscal Federales
competentes todo acto que pudiere configurar una operación sospechosa.
Artículo 46°: Cuando
existieren indicios suficientes que permiten identificar los fondos a los que
hace referencia el artículo 39°, el Juez Federal competente, dispondrá su
embargo preventivo.
Artículo 47°:
Comprobando el destino de los fondos dentro de las previsiones de la presente
ley, se ordenara su inmediato decomiso y su integración al Fondo Permanente de
Protección contra el Terrorismo Internacional, creado por decreto 2023/94,
modificado por decreto1340/96.
TÍTULO V
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL TERRORISMO
Capítulo Primero
Extradición
Artículo 48°:
Corresponderá la extradición en los casos de los delitos previstos en la
presente Ley que impliquen la participación de una o más personas y que, siendo
esta objeto de la solicitud de extradición, se encuentre en el territorio
nacional, siempre que el delito sea punible tanto con arreglo al derecho interno
como al derecho interno del Estado requirente.
Artículo 49°: Si no
existiera un tratado de extradición con el Estado requirente, las autoridades
judiciales podrán considerar a la Convención Internacional
contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (Ley Nº 25.632) como la
base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que aplica la
presente ley.
Artículo 50°: El
Estado Nacional, de conformidad con su derecho interno, procurará agilizar los
procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios
correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica
la presente ley.
Artículo 51°: De
conformidad a lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de
extradición, el Estado Nacional, podrá, tras haberse cerciorado de que las
circunstancias lo justifican y tiene carácter urgente, y a solicitud del Estado
requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio
cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la
comparecencia de esta persona en los procedimientos de extradición.
Artículo 52°: En caso
de que un sospechado de tener algún grado de participación en alguno de los
delitos previstos en la presente Ley se encuentre en territorio nacional, y se
decidiera su no extradición respecto de un delito al que se aplica la presente
ley, por el solo hecho de ser argentino, el Estado Nacional estará obligado,
previa solicitud del Estado que pide la extradición, a someter el caso sin
demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de su
enjuiciamiento.
Dichas autoridades
adoptarán su decisión y llevarán a cabo su actuación judicial con arreglo al
derecho interno, sin perjuicio de la cooperación solicitada al Estado
requirente.
Capítulo Segundo
Asistencia Judicial
Recíproca
Artículo 53°: El
Estado Nacional prestará la más amplia asistencia judicial al Estado que así lo
requiera y garantice reciprocidad, respecto de investigaciones, procesos y
actuaciones judiciales relacionados con los delitos de comprendidos en la
presente ley.
Artículo 54°: La
asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el artículo
anterior podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:
1) Recibir
testimonios o tomar declaración a personas;
2) Presentar
documentos judiciales;
3) Efectuar
inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
4) Examinar objetos y
lugares;
5) Facilitar
información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;
6) Entregar
originales o copias certificadas de los documentos de expedientes pertinentes,
incluida la documentación pública, bancaria y financiera así como la
documentación social o comercial de sociedades de todo tipo;
7) Localizar los
bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
8) Facilitar la
comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente;
9) Cualquier otro
tipo de asistencia autorizada por el derecho local.
Artículo 55°: Las
autoridades competentes podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir
información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro
Estado si creen que esa información podría ayudar a la autoridad extranjera a
emprender o concluir con éxito investigaciones y procesos penales o podría dar
lugar a una petición formulada con arreglo a la presente ley.
Artículo 56°: La
transmisión de información con arreglo al artículo anterior se hará sin
perjuicio de las investigaciones y procesos penales que tengan a cargo las
autoridades judiciales que facilitan la información.
Será condición
necesaria para transmitir información el compromiso expreso de las autoridades
competentes extranjeras que reciben la información, de acceder a toda solicitud
de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se
impongan restricciones a su utilización.
Artículo 57°: Lo
dispuesto en la presente ley no afectará a las obligaciones emergentes de otros
tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o
parcialmente, la asistencia judicial recíproca.
Artículo 58°: El
Estado Nacional no invocará el secreto bancario, bursátil, fiscal o tributario
para denegar la asistencia judicial reciproca con arreglo a la presente ley.
Artículo 59°: La
persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio
nacional cuya presencia se solicite en un Estado requirente, para fines de
identificación, para prestar testimonios o para que ayude de alguna otra forma
a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones
judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente ley, podrá ser
trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
1) La persona,
debidamente informada, da su libre consentimiento;
2) Las autoridades
competentes de ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones
que éstos consideren apropiadas.
Artículo 60°: A los
efectos del artículo anterior, las autoridades nacionales exigirán expresamente
las siguientes condiciones:
1) El Estado al que
se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla
detenida, salvo que el Estado Nacional solicite o autorice otra cosa.
2) El Estado al que
se traslade a la persona deberá cumplir sin dilación su obligación de
devolverla a la custodia del Estado Nacional, según convengan de antemano o de
otro modo las autoridades competentes de ambos Estados.
3) El Estado al que
se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Nacional, que inicie
procedimientos de extradición para su devolución.
4) El tiempo que la
persona haya permanecido detenida en el Estado requirente al que se ha sido
trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado
Nacional.
5) A menos que la
autoridad nacional esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su
nacionalidad, no podrá se enjuiciada, detenida condenada ni sometida a ninguna
otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea
trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida
del territorio de la
República Argentina.
Artículo 61°: A los
efectos de la presente ley, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos
designará a una autoridad encargada de recibir solicitudes de asistencia
judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a
las autoridades competentes para su ejecución.
La autoridad
designada velará por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las
solicitudes recibidas. Cuando ésta transmita la solicitud a una autoridad
competente para se ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la
solicitud por parte de dicha autoridad.
Artículo 62°: Toda
solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:
1) La identidad de la
autoridad que hace la solicitud;
2) El objeto y lo
índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que
se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada
de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
3) Un resumen de los
hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de
documentos judiciales;
4) Una descripción de
la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento, particular
que la autoridad requirente desee que se aplique;
5) De ser posible, la
identidad ubicación y nacionalidad de toda persona interesada;
6) La finalidad para
la que se solicita la prueba, información o actuación.
Artículo 63°: La
autoridad nacional competente podrá solicitar información complementaria cuando
sea necesaria para dar cumplimiento al requerimiento o para facilitar dicho
cumplimiento.
Artículo 64°: Las
autoridades nacionales no podrán transmitir ni utilizar, sin previo
consentimiento del Estado que la haya proporcionado, la información o las
pruebas facilitadas para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos
de los indicados en la solicitud.
Nada de lo dispuesto
en el presente artículo impedirá que las autoridades locales revelen en sus
actuaciones información o pruebas que sean exculpatorias de una persona
acusada.
En este último caso,
el Estado Nacional notificará al Estado que haya facilitado la información
antes de revelar la información o las pruebas.
Artículo 65°: Toda
denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.
Artículo 66°: La
asistencia judicial reciproca podrá ser diferida por las autoridades nacionales
si el requerimiento perturbase investigaciones, procesos o actuaciones
judiciales en curso.
Artículo 67°: Antes
de denegar la solicitud presentada o de diferir su cumplimiento con arreglo del
artículo anterior, la autoridad competente consultará al Estado requirente para
que considere si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a
las condiciones que se estimen necesarias. Si el Estado requirente acepta la
asistencia con arreglo a esas condiciones, la autoridad competente deberá
observar las condiciones impuestas.
Artículo 68°: El
testigo, perito u otra persona que, residiendo en el extranjero, y a instancias
de autoridades nacionales consienta en prestar testimonio en un juicio o en
colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio
nacional, no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna
otra restricción de su libertad personal en este territorio por actos omisiones
o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonara el
país.
Ese salvoconducto
cesará cuando el testigo, perito u otra persona hayan tenido, durante quince
días consecutivos a partir de la fecha en que se haya informado oficialmente
que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de
salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en nuestro territorio o
regrese libremente a él después de haberlo abandonado.
Artículo 69°: No se
reconocerá la condición de refugiado, ni se otorgará asilo a las personas de
las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido o participado
en delito contemplado en la presente ley.
TÍTULO VI
DEL MARCO
INSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y
SANCIONAR EL
TERRORISMO
Capítulo Primero
De la Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo
Artículo 70º: Créase la Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo que funcionará en el ámbito del Ministerio de
Seguridad, cuyo titular con el rango de Director ejercerá la conducción y será
responsable de su funcionamiento.
Será responsable
además de incorporar a dicha Dirección el personal especializado necesario para
el cumplimiento de las funciones de esta Dirección mediante concurso público de
oposición de antecedentes.
El Director de la Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo podrá solicitar la participación en las reuniones
de funcionarios públicos ajenos al mismo o de particulares cuyos conocimientos
o competencias se consideren de utilidad para los asuntos específicos a
tratarse.
El Ministerio del
Interior y Transporte; la
Secretaría de Inteligencia; el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto; la Unidad
de Información Financiera; la Dirección Nacional de Migraciones; la Dirección Nacional
de Aduanas; y el Registro Nacional de Armas designarán un representante para
integrar en carácter de asesor permanente a la Dirección Nacional
de Prevención.
Artículo 71º: La Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo tendrá estructura y funcionamiento permanentes
para el cumplimiento de las siguientes funciones:
1) Elaborar el Plan
Nacional de Prevención de Terrorismo, el que será elevado para su aprobación al
Presidente de la Nación
antes del 30 de septiembre de cada año.
2) Recibir
información e inteligencia vinculada con delitos previstos en la presente Ley.
3) Formular a la Secretaría de
Inteligencia requerimientos específicos de información para el cumplimiento de
sus funciones.
4) Formular
directivas concretas a los distintos organismos del Estado, tendientes a la
adopción de medidas específicas de prevención de los delitos previstos en la
presente Ley.
5) Comunicar al
Ministerio Público para que ejerza la acción penal cuando surgieren elementos
de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido, o se encontrare en
preparación, un delito previsto en la presente Ley.
6) Diseñar mecanismos
de respuesta a emergencias derivadas de la comisión de alguno de los delitos
previstos en la presente Ley y que apunten a neutralizar o minimizar sus
potenciales daños.
Artículo 72º: En el
marco de actividades vinculadas con los delitos previstos en la presente Ley, la Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo estará facultada a solicitar informes, documentos,
antecedentes y todo otro elemento útil para el cumplimiento de sus funciones a
cualquier organismo o ente público nacional, provincial o municipal, y a
personas físicas o jurídicas públicas o privadas, todos los cuales estarán
obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije.
Al incumplimiento
injustificado del deber de informar por parte de una persona física o jurídica
privada se aplicará una multa de hasta pesos quinientos mil ($500.000) por el
Director de la
Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo.
No podrá oponerse a la Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo disposición alguna que establezca el secreto de la
información, excepto la que resguarde el ejercicio profesional de la defensa
judicial.
Artículo 73º: Los
organismos con asesores permanentes en la Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo estarán obligados a aportar a él, a través de su
representante, toda información de que dispongan sobre actividades vinculadas
con los delitos previstos en la presente Ley. No podrá oponerse a la Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo el secreto impuesto por cualquier normativa.
Los funcionarios de la Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo están obligados a guardar secreto de las
informaciones recibidas en razón de su cargo.
Artículo 74º:
Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional a compartir con otros países, bajo
fórmulas de reciprocidad, información de inteligencia vinculada con los delitos
previstos en la presente Ley.
Artículo 75º: El
Director de la
Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo deberá
remitir anualmente, y bajo clasificación de seguridad, un Informe Anual de
Actividades a la
Presidencia de ambas Cámaras del Congreso de la Nación , las que deberán
conservarlo con los debidos recaudos. Solamente tendrán acceso a dicho informe
para su consulta los legisladores, quienes estarán obligados a guardar secreto
de su contenido.
Cada Cámara podrá
convocar al Director de la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo a
informar, en sesión secreta, sobre aspectos atinentes a dicho informe.
Capítulo Segundo
Del Plan Nacional de
Prevención de Terrorismo
Artículo 76º: El Plan
Nacional de Prevención de Terrorismo dispuesto en el inciso 1) del artículo 71
tendrá máxima clasificación de seguridad y contendrá:
1) Un análisis de las
capacidades y vulnerabilidades de nuestro país en materia de prevención e
investigación de actos previstos en la presente ley.
2) Un Plan General de
Acción disponiendo las directivas que demande su cumplimiento por cada
organismo y dependencia involucrado.
3) Un informe sobre
el grado de cumplimiento observado por cada organismo y dependencia al Plan
General de Acción del ejercicio anterior.
Artículo 77º: El
Director de la
Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo será
responsable de la ejecución del Plan y deberá transmitir a cada organismo o
dependencia involucrada su parte pertinente para que actúe en consecuencia.
Capítulo Tercero
Coordinación de
Actividades
Artículo 78°: Créase
un banco de datos informatizado destinado a la recopilación, intercambio y
análisis de información sobre la naturaleza del terrorismo en el ámbito de la Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo, la cual tendrá la facultad de desarrollar y
compartir experiencia analítica acerca de las actividades del terrorismo, tanto
a nivel bilateral como por conducto de organizaciones internacionales y
regionales.
A este fin, se
establecerán y aplicarán, según proceda, definiciones, normas y metodologías
comunes.
El mismo contará con
adecuados resguardos técnicos de seguridad y será alimentado con la información
aportada por los integrantes de la Dirección Nacional
de Prevención del Terrorismo.
Capítulo Cuarto
Disposiciones
Complementarias
Artículo 79°: Dentro
de los ciento ochenta (180) días de la entrega en vigencia de la presente Ley,
el Poder Ejecutivo Nacional procederá a reglamentarla, estableciendo los
procedimientos y medidas necesarios para su aplicación y la protección de las
materias clasificadas.
Artículo 80°:
Autorizase a la Jefatura
de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para atender el gasto que demande la aplicación de la presente Ley.
Artículo 81°:
Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
