CONGREGACIÓN
PARA LA DOCTRINA DE LA FE
NOTA
DOCTRINAL
sobre
algunas cuestiones relativas al
compromiso
y la conducta de los católicos en la vida política
La Congregación para la Doctrina de la Fe,
oído el parecer del Pontificio Consejo para los Laicos, ha estimado oportuno
publicar la presente Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al
compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. La Nota se
dirige a los Obispos de la Iglesia Católica y, de especial modo, a los
políticos católicos y a todos los fieles laicos llamados a la participación en
la vida pública y política en las sociedades democráticas.
I. Una enseñanza constante
1. El compromiso del
cristiano en el mundo, en dos mil años de historia, se ha expresado en
diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción
política: Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros
siglos, «cumplen todos sus deberes de ciudadanos».[1] La Iglesia venera entre
sus Santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su
generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre ellos,
Santo Tomás Moro, proclamado Patrón de los Gobernantes y Políticos, que supo
testimoniar hasta el martirio la «inalienable dignidad de la conciencia»[2].
Aunque sometido a diversas formas de presión psicológica, rechazó toda
componenda, y sin abandonar «la constante fidelidad a la autoridad y a las
instituciones» que lo distinguía, afirmó con su vida y su muerte que«el hombre
no se puede separar de Dios, ni la política de la moral»[3].
Las actuales sociedades
democráticas, en las que loablemente[4] todos son hechos partícipes de la
gestión de la cosa pública en un clima de verdadera libertad, exigen nuevas y
más amplias formas de participación en la vida pública por parte de los
ciudadanos, cristianos y no cristianos. En efecto, todos pueden contribuir por
medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes y, a través de
varios modos, a la formación de las orientaciones políticas y las opciones
legislativas que, según ellos, favorecen mayormente el bien común.[5] La vida
en un sistema político democrático no podría desarrollarse provechosamente sin
la activa, responsable y generosa participación de todos, «si bien con diversidad
y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades»[6].
Mediante el cumplimiento de
los deberes civiles comunes, «de acuerdo con su conciencia cristiana»,[7] en
conformidad con los valores que son congruentes con ella, los fieles laicos
desarrollan también sus tareas propias de animar cristianamente el orden
temporal, respetando su naturaleza y legítima autonomía,[8] y cooperando con
los demás, ciudadanos según la competencia específica y bajo la propia
responsabilidad.[9] Consecuencia de esta fundamental enseñanza del Concilio
Vaticano II es que «los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la
participación en la “política”; es decir, en la multiforme y variada acción
económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover
orgánica e institucionalmente el bien común»,[10] que comprende la promoción y
defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la
igualdad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia, la
solidaridad, etc.
La presente Nota no pretende
reproponer la entera enseñanza de la Iglesia en esta materia, resumida por otra
parte, en sus líneas esenciales, en el Catecismo de la Iglesia Católica, sino
solamente recordar algunos principios propios de la conciencia cristiana, que
inspiran el compromiso social y político de los católicos en las sociedades
democráticas.[11] Y ello porque, en estos últimos tiempos, a menudo por la
urgencia de los acontecimientos, han aparecido orientaciones ambiguas y
posiciones discutibles, que hacen oportuna la clarificación de aspectos y
dimensiones importantes de la cuestión.
II. Algunos puntos críticos
en el actual debate cultural y político
2. La sociedad civil se
encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una
época y la incertidumbre por la nueva que emerge al horizonte. Las grandes
conquistas de las que somos espectadores nos impulsan a comprobar el camino
positivo que la humanidad ha realizado en el progreso y la adquisición de
condiciones de vida más humanas. La mayor responsabilidad hacia Países en vías
de desarrollo es ciertamente una señal de gran relieve, que muestra la
creciente sensibilidad por el bien común. Junto a ello, no es posible callar,
por otra parte, sobre los graves peligros hacia los que algunas tendencias
culturales tratan de orientar las legislaciones y, por consiguiente, los
comportamientos de las futuras generaciones.
Se puede verificar hoy un
cierto relativismo cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa
del pluralismo ético, que determina la decadencia y disolución de la razón y
los principios de la ley moral natural. Desafortunadamente, como consecuencia
de esta tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones
según las cuales tal pluralismo ético es la condición de posibilidad de la
democracia[12]. Ocurre así que, por una parte, los ciudadanos reivindican la
más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que, por
otra parte, los legisladores creen que respetan esa libertad formulando leyes
que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la
condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales
transitorias,[13] como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran
igual valor. Al mismo tiempo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a
una buena parte de los ciudadanos – incluidos los católicos – que renuncien a
contribuir a la vida social y política de sus propios Países, según la
concepción de la persona y del bien común que consideran humanamente verdadera
y justa, a través de los medios lícitos que el orden jurídico democrático pone
a disposición de todos los miembros de la comunidad política. La historia del
siglo XX es prueba suficiente de que la razón está de la parte de aquellos
ciudadanos que consideran falsa la tesis relativista, según la cual no existe
una norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser humano, a cuyo juicio
se tiene que someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado.
3. Esta concepción
relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de
los ciudadanos católicos de elegir, entre las opiniones políticas compatibles
con la fe y la ley moral natural, aquella que, según el propio criterio, se
conforma mejor a las exigencias del bien común. La libertad política no está ni
puede estar basada en la idea relativista según la cual todas las concepciones
sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor,
sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan caso por caso
hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social
en un contexto histórico, geográfico, económico, tecnológico y cultural bien
determinado. La pluralidad de las orientaciones y soluciones, que deben ser en
todo caso moralmente aceptables, surge precisamente de la concreción de los
hechos particulares y de la diversidad de las circunstancias. No es tarea de la
Iglesia formular soluciones concretas – y menos todavía soluciones únicas – para
cuestiones temporales, que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada
uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios
morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral.[14]
Si el cristiano debe «reconocer la legítima pluralidad de opiniones
temporales»,[15] también está llamado a disentir de una concepción del
pluralismo en clave de relativismo moral, nociva para la misma vida
democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos,
esto es, de principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la
vida social, no son “negociables”.
En el plano de la militancia
política concreta, es importante hacer notar que el carácter contingente de
algunas opciones en materia social, el hecho de que a menudo sean moralmente
posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial
de fondo, la posibilidad de interpretar de manera diferente algunos principios
básicos de la teoría política, y la complejidad técnica de buena parte de los
problemas políticos, explican el hecho de que generalmente pueda darse una
pluralidad de partidos en los cuales puedan militar los católicos para
ejercitar – particularmente por la representación parlamentaria – su
derecho-deber de participar en la construcción de la vida civil de su País.[16]
Esta obvia constatación no puede ser confundida, sin embargo, con un indistinto
pluralismo en la elección de los principios morales y los valores sustanciales
a los cuales se hace referencia. La legítima pluralidad de opciones temporales
mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en
la política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social
cristiana. Sobre esta enseñanza los laicos católicos están obligados a
confrontarse siempre para tener la certeza de que la propia participación en la
vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las
realidades temporales.
La Iglesia es consciente de
que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación
directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la
medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona.[17] Se trata
de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues
de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y
la unidad y coherencia interior de los mismos fieles. La estructura democrática
sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si
no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. El respeto de
la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática.
Como enseña el Concilio Vaticano II, la tutela «de los derechos de la persona
es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros
de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de
la cosa pública»[18].
4. A partir de aquí se
extiende la compleja red de problemáticas actuales, que no pueden compararse
con las temáticas tratadas en siglos pasados. La conquista científica, en
efecto, ha permitido alcanzar objetivos que sacuden la conciencia e imponen la
necesidad de encontrar soluciones capaces de respetar, de manera coherente y
sólida, los principios éticos. Se asiste, en cambio, a tentativos legislativos
que, sin preocuparse de las consecuencias que se derivan para la existencia y
el futuro de los pueblos en la formación de la cultura y los comportamientos
sociales, se proponen destruir el principio de la intangibilidad de la vida
humana. Los católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho y el deber
de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la
responsabilidad que todos tienen ante ella. Juan Pablo II, en línea con la
enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se
comprometen directamente en la acción legislativa tienen la «precisa obligación
de oponerse» a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para
todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a
favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas
con el propio voto.[19] Esto no impide, como enseña Juan Pablo II en la
Encíclica Evangelium vitae a propósito del caso en que no fuera posible evitar
o abrogar completamente una ley abortista en vigor o que está por ser sometida a
votación, que «un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea
clara y notoria a todos, pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas
encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos
negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública».[20]
En tal contexto, hay que
añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer
con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de
una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los
contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe
constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de
sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El
compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la
Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien
común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar en otros el
compromiso cristiano que proviene del evangelio de Jesucristo, para que la
verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada.
Cuando la acción política
tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o
compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y
cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e
irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la
esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es
el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que
confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente
legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su
concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el
deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente,
debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el
matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y
estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no
pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas
pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad
de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable,
reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos.
Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la
liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por
ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución). No puede quedar
fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una
economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de
la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad,
según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos «los derechos de
las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su
ejercicio».[21] Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el
gran tema de la paz. Una visión irenista e ideológica tiende a veces a
secularizar el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio
ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es
siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad»;[22] exige el rechazo
radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso
constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política.
III. Principios de la
doctrina católica acerca del laicismo y el pluralismo
5. Ante estas problemáticas,
si bien es lícito pensar en la utilización de una pluralidad de metodologías
que reflejen sensibilidades y culturas diferentes, ningún fiel puede, sin
embargo, apelar al principio del pluralismo y autonomía de los laicos en
política, para favorecer soluciones que comprometan o menoscaben la
salvaguardia de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la
sociedad. No se trata en sí de “valores confesionales”, pues tales exigencias
éticas están radicadas en el ser humano y pertenecen a la ley moral natural.
Éstas no exigen de suyo en quien las defiende una profesión de fe cristiana, si
bien la doctrina de la Iglesia las confirma y tutela siempre y en todas partes,
como servicio desinteresado a la verdad sobre el hombre y el bien común de la
sociedad civil. Por lo demás, no se puede negar que la política debe hacer
también referencia a principios dotados de valor absoluto, precisamente porque
están al servicio de la dignidad de la persona y del verdadero progreso humano.
6. La frecuentemente
referencia a la “laicidad”, que debería guiar el compromiso de los católicos,
requiere una clarificación no solamente terminológica. La promoción en
conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada qué ver con la
“confesionalidad” o la intolerancia religiosa. Para la doctrina moral católica,
la laicidad, entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera
religiosa y eclesiástica – nunca de la esfera moral –, es un valor adquirido y
reconocido por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización
alcanzado.[23] Juan Pablo II ha puesto varias veces en guardia contra los
peligros derivados de cualquier tipo de confusión entre la esfera religiosa y
la esfera política. «Son particularmente delicadas las situaciones en las que
una norma específicamente religiosa se convierte o tiende a convertirse en ley
del Estado, sin que se tenga en debida cuenta la distinción entre las
competencias de la religión y las de la sociedad política. Identificar la ley
religiosa con la civil puede, de hecho, sofocar la libertad religiosa e incluso
limitar o negar otros derechos humanos inalienables».[24] Todos los fieles son bien
conscientes de que los actos específicamente religiosos (profesión de fe,
cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrinas teológicas,
comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles, etc.)
quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para
exigirlos o para impedirlos, salvo por razones de orden público. El
reconocimiento de los derechos civiles y políticos, y la administración de
servicios públicos no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones
de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos.
Una cuestión completamente
diferente es el derecho-deber que tienen los ciudadanos católicos, como todos
los demás, de buscar sinceramente la verdad y promover y defender, con medios
lícitos, las verdades morales sobre la vida social, la justicia, la libertad,
el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona. El hecho de que
algunas de estas verdades también sean enseñadas por la Iglesia, no disminuye
la legitimidad civil y la “laicidad” del compromiso de quienes se identifican
con ellas, independientemente del papel que la búsqueda racional y la
confirmación procedente de la fe hayan desarrollado en la adquisición de tales
convicciones. En efecto, la “laicidad” indica en primer lugar la actitud de
quien respeta las verdades que emanan del conocimiento natural sobre el hombre
que vive en sociedad, aunque tales verdades sean enseñadas al mismo tiempo por
una religión específica, pues la verdad es una. Sería un error confundir la justa
autonomía que los católicos deben asumir en política, con la reivindicación de
un principio que prescinda de la enseñanza moral y social de la Iglesia.
Con su intervención en este
ámbito, el Magisterio de la Iglesia no quiere ejercer un poder político ni
eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones contingentes.
Busca, en cambio –en cumplimiento de su deber– instruir e iluminar la
conciencia de los fieles, sobre todo de los que están comprometidos en la vida
política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral
de la persona y del bien común. La enseñanza social de la Iglesia no es una
intromisión en el gobierno de los diferentes Países. Plantea ciertamente, en la
conciencia única y unitaria de los fieles laicos, un deber moral de coherencia.
«En su existencia no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la
denominada vida “espiritual”, con sus valores y exigencias; y por otra, la
denominada vida “secular”, esto es, la vida de familia, del trabajo, de las
relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. El sarmiento,
arraigado en la vid que es Cristo, da fruto en cada sector de la acción y de la
existencia. En efecto, todos los campos de la vida laical entran en el designio
de Dios, que los quiere como el “lugar histórico” de la manifestación y
realización de la caridad de Jesucristo para gloria del Padre y servicio a los
hermanos. Toda actividad, situación, esfuerzo concreto –como por ejemplo la
competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a
la familia y a la educación de los hijos, el servicio social y político, la
propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura– constituye una ocasión
providencial para un “continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la
caridad”».[25] Vivir y actuar políticamente en conformidad con la propia
conciencia no es un acomodarse en posiciones extrañas al compromiso político o
en una forma de confesionalidad, sino expresión de la aportación de los
cristianos para que, a través de la política, se instaure un ordenamiento
social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana.
En las sociedades
democráticas todas las propuestas son discutidas y examinadas libremente.
Aquellos que, en nombre del respeto de la conciencia individual, pretendieran
ver en el deber moral de los cristianos de ser coherentes con la propia
conciencia un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la
legitimidad de actuar en política de acuerdo con las propias convicciones
acerca del bien común, incurrirían en una forma de laicismo intolerante. En
esta perspectiva, en efecto, se quiere negar no sólo la relevancia política y
cultural de la fe cristiana, sino hasta la misma posibilidad de una ética
natural. Si así fuera, se abriría el camino a una anarquía moral, que no podría
identificarse nunca con forma alguna de legítimo pluralismo. El abuso del más
fuerte sobre el débil sería la consecuencia obvia de esta actitud. La
marginalización del Cristianismo, por otra parte, no favorecería ciertamente el
futuro de proyecto alguno de sociedad ni la concordia entre los pueblos, sino
que pondría más bien en peligro los mismos fundamentos espirituales y
culturales de la civilización.[26]
IV. Consideraciones sobre
aspectos particulares
7. En circunstancias
recientes ha ocurrido que, incluso en el seno de algunas asociaciones u
organizaciones de inspiración católica, han surgido orientaciones de apoyo a
fuerzas y movimientos políticos que han expresado posiciones contrarias a la
enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones éticas fundamentales.
Tales opciones y posiciones, siendo contradictorios con los principios básicos
de la conciencia cristiana, son incompatibles con la pertenencia a asociaciones
u organizaciones que se definen católicas. Análogamente, hay que hacer notar
que en ciertos países algunas revistas y periódicos católicos, en ocasión de
toma de decisiones políticas, han orientado a los lectores de manera ambigua e
incoherente, induciendo a error acerca del sentido de la autonomía de los
católicos en política y sin tener en consideración los principios a los que se
ha hecho referencia.
La fe en Jesucristo, que se
ha definido a sí mismo «camino, verdad y vida» (Jn 14,6), exige a los
cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la construcción de
una cultura que, inspirada en el Evangelio, reproponga el patrimonio de valores
y contenidos de la Tradición católica. La necesidad de presentar en términos
culturales modernos el fruto de la herencia espiritual, intelectual y moral del
catolicismo se presenta hoy con urgencia impostergable, para evitar además,
entre otras cosas, una diáspora cultural de los católicos. Por otra parte, el
espesor cultural alcanzado y la madura experiencia de compromiso político que
los católicos han sabido desarrollar en distintos países, especialmente en los
decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no deben provocar complejo
alguno de inferioridad frente a otras propuestas que la historia reciente ha
demostrado débiles o radicalmente fallidas. Es insuficiente y reductivo pensar
que el compromiso social de los católicos se deba limitar a una simple
transformación de las estructuras, pues si en la base no hay una cultura capaz
de acoger, justificar y proyectar las instancias que derivan de la fe y la
moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos frágiles.
La fe nunca ha pretendido
encerrar los contenidos socio-políticos en un esquema rígido, conciente de que
la dimensión histórica en la que el hombre vive impone verificar la presencia
de situaciones imperfectas y a menudo rápidamente mutables. Bajo este aspecto
deben ser rechazadas las posiciones políticas y los comportamientos que se
inspiran en una visión utópica, la cual, cambiando la tradición de la fe
bíblica en una especie de profetismo sin Dios, instrumentaliza el mensaje
religioso, dirigiendo la conciencia hacia una esperanza solamente terrena, que
anula o redimensiona la tensión cristiana hacia la vida eterna.
Al mismo tiempo, la Iglesia
enseña que la auténtica libertad no existe sin la verdad. «Verdad y libertad, o
bien van juntas o juntas perecen miserablemente», ha escrito Juan Pablo II.[27]
En una sociedad donde no se llama la atención sobre la verdad ni se la trata de
alcanzar, se debilita toda forma de ejercicio auténtico de la libertad,
abriendo el camino al libertinaje y al individualismo, perjudiciales para la
tutela del bien de la persona y de la entera sociedad.
8. En tal sentido, es bueno
recordar una verdad que hoy la opinión pública corriente no siempre percibe o
formula con exactitud: El derecho a la libertad de conciencia, y en especial a
la libertad religiosa, proclamada por la Declaración Dignitatis humanæ del
Concilio Vaticano II, se basa en la dignidad ontológica de la persona humana, y
de ningún modo en una inexistente igualdad entre las religiones y los sistemas
culturales.[28] En esta línea, el Papa Pablo VI ha afirmado que «el Concilio de
ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre el supuesto hecho
de que todas las religiones y todas las doctrinas, incluso erróneas, tendrían
un valor más o menos igual; lo funda en cambio sobre la dignidad de la persona
humana, la cual exige no ser sometida a contradicciones externas, que tienden a
oprimir la conciencia en la búsqueda de la verdadera religión y en la adhesión
a ella».[29] La afirmación de la libertad de conciencia y de la libertad
religiosa, por lo tanto, no contradice en nada la condena del indiferentísimo y
del relativismo religioso por parte de la doctrina católica,[30] sino que le es
plenamente coherente.
V. Conclusión
9. Las orientaciones
contenidas en la presente Nota quieren iluminar uno de los aspectos más
importantes de la unidad de vida que caracteriza al cristiano: La coherencia
entre fe y vida, entre evangelio y cultura, recordada por el Concilio Vaticano
II. Éste exhorta a los fieles a «cumplir con fidelidad sus deberes temporales,
guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que,
pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura,
consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que
la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas
ellas, según la vocación personal de cada uno». Alégrense los fieles cristianos
«de poder ejercer todas sus actividades temporales haciendo una síntesis vital
del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico, con los
valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de
Dios».[31]
El Sumo Pontífice Juan Pablo
II, en la audiencia del 21 de noviembre de 2002, ha aprobado la presente Nota,
decidida en la Sesión Ordinaria de esta Congregación, y ha ordenado que sea
publicada.
Dado en Roma, en la sede de
la Congregación por la Doctrina de la Fe, el 24 de noviembre de 2002,
Solemnidad de N. S Jesús Cristo, Rey del universo.
+JOSEPH CARD. RATZINGER
Prefecto
+TARCISIO BERTONE, S.D.B.
Arzobispo emérito de
Vercelli
Secretario
Notas
[1]CARTA A DIOGNETO, 5, 5,
Cfr. Ver también Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2240.
[2]JUAN PABLO II, Carta
Encíclica Motu Proprio dada para la proclamación de Santo Tomás Moro Patrón de
los Gobernantes y Políticos, n. 1, AAS 93 (2001) 76-80.
[3]JUAN PABLO II, Carta
Encíclica Motu Proprio dada para la proclamación de Santo Tomás Moro Patrón de
los Gobernantes y Políticos, n. 4.
[4]Cfr. CONCILIO VATICANO
II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 31; Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 1915.
[5]Cfr. CONCILIO VATICANO
II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75.
[6]JUAN PABLO II,
Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 42, AAS 81 (1989) 393-521. Esta
nota doctrinal se refiere obviamente al compromiso político de los fieles
laicos. Los Pastores tienen el derecho y el deber de proponer los principios
morales también en el orden social; «sin embargo, la participación activa en
los partidos políticos está reservada a los laicos» (JUAN PABLO II, Exhortación
Apostólica Christifideles laici, n. 69). Cfr. Ver también CONGREGACIÓN PARA EL
CLERO, Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, 31-I-1994,
n. 33.
[7]CONCILIO VATICANO II,
Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 76.
[8]Cfr. CONCILIO VATICANO
II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 36.
[9]Cfr. CONCILIO VATICANO
II, Decreto Apostolicam actuositatem, 7; Constitución Dogmática Lumen gentium,
n. 36 y Constitución Pastoral Gaudium et spes, nn. 31 y 43.
[10]JUAN PABLO II,
Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 42.
[11]En los últimos dos
siglos, muchas veces el Magisterio Pontificio se ha ocupado de las cuestiones
principales acerca del orden social y político. Cfr. LEÓN XIII, Carta Encíclica
Diuturnum illud, ASS 20 (1881/82) 4ss; Carta Encíclica Immortale Dei, ASS 18
(1885/86) 162ss, Carta Encíclica Libertas præstantissimum, ASS 20 (1887/88)
593ss; Carta Encíclica Rerum novarum, ASS 23 (1890/91) 643ss; BENEDICTO XV,
Carta Encíclica Pacem Dei munus pulcherrimum, AAS 12 (1920) 209ss; PÍO XI,
Carta Encíclica Quadragesimo anno, AAS 23 (1931) 190ss; Carta Encíclica Mit
brennender Sorge, AAS 29 (1937) 145-167; Carta Encíclica Divini Redemptoris,
AAS 29 (1937) 78ss; PÍO XII, Carta Encíclica Summi Pontificatus, AAS 31 (1939)
423ss; Radiomessaggi natalizi 1941-1944; JUAN XXIII, Carta Encíclica Mater et
magistra, AAS 53 (1961) 401-464; Carta Encíclica Pacem in terris AAS 55 (1963)
257-304; PABLO VI, Carta Encíclica Populorum progressio, AAS 59 (1967) 257-299;
Carta Apostólica Octogesima adveniens, AAS 63 (1971) 401-441.
[12]Cfr. JUAN PABLO II,
Carta Encíclica Centesimus annus, n. 46, AAS 83 (1991) 793-867; Carta Encíclica
Veritatis splendor, n. 101, AAS 85 (1993) 1133-1228; Discurso al Parlamento
Italiano en sesión pública conjunta, en L’Osservatore Romano, n. 5,
14-XI-2002.
[13]Cfr. JUAN PABLO II,
Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 22, AAS 87 (1995) 401-522.
[14]Cfr. CONCILIO VATICANO
II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 76.
[15]CONCILIO VATICANO II,
Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75.
[16]Cfr. CONCILIO VATICANO
II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, nn. 43 y 75.
[17]Cfr. CONCILIO VATICANO
II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 25.
[18]CONCILIO VATICANO II,
Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 73.
[19]Cfr. JUAN PABLO II,
Carta Encíclica Evangelium vitæ, n. 73.
[20]JUAN PABLO II, Carta
Encíclica Evangelium vitæ, n. 73.
[21]CONCILIO VATICANO II,
Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 75.
[22]Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 2304
[23]Cfr. CONCILIO VATICANO
II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 76.
[24]JUAN PABLO II, Mensaje
para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 1991: “Si quieres la paz,
respeta la conciencia de cada hombre”, IV, AAS 83 (1991) 410-421.
[25]JUAN PABLO II,
Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 59. La citación interna
proviene del Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam actuositatem, n. 4
[26]Cfr. JUAN PABLO II,
Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, en L’Osservatore
Romano, 11 de enero de 2002.
[27]JUAN PABLO II, Carta
Encíclica Fides et ratio, n. 90, AAS 91 (1999) 5-88.
[28]Cfr. CONCILIO VATICANO
II, Declaración Dignitatis humanae, n. 1: «En primer lugar, profesa el sagrado
Concilio que Dios manifestó al género humano el camino por el que, sirviéndole,
pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que esta única y
verdadera religión subsiste en la Iglesia Católica». Eso no quita que la
Iglesia considere con sincero respeto las varias tradiciones religiosas, más
bien reconoce «todo lo bueno y verdadero» presentes en ellas. Cfr. CONCILIO
VATICANO II,Constitución Dogmática Lumen gentium, n. 16; Decreto Ad gentes, n.
11; Declaración Nostra ætate, n. 2; JUAN PABLOII, Carta Encíclica Redemptoris
missio, n. 55, AAS 83 (1991) 249-340; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE,
DeclaraciónDominus Iesus, nn. 2; 8; 21, AAS 92 (2000) 742-765.
[29]PABLO VI, Discurso al
Sacro Colegio y a la Prelatura Romana, en «Insegnamenti di Paolo VI» 14 (1976),
1088-1089).
[30]Cfr. PÍO IX, Carta
Encíclica Quanta cura, ASS 3 (1867) 162; LEÓN XIII, Carta Encíclica Immortale
Dei, ASS 18 (1885) 170-171; PÍO XI, Carta Encíclica Quas primas, AAS 17 (1925)
604-605; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2108; CONGREGACIÓN PARA LA
DOCTRINA DE LA FE, Declaración Dominus Iesus, n. 22.
[31]CONCILIO VATICANO II,
Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 43. Cfr. también JUAN PABLO II,
Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 59.
