Si un gobernante argentino conoció el
tema del planeamiento fue el Gral. Perón; desde 1945, cuando el gobierno
provisional del Gral. Farrell le encarga crear el Consejo Nacional de Posguerra,
para preparar una transformación del país al terminar la segunda guerra
mundial. Esta experiencia le sirve para, ya siendo Presidente, impulsar el
Primer Plan Quinquenal 1947-1951, y luego el Segundo Plan Quinquenal 1953-1957.
En el Modelo Argentino encontramos en
la Segunda Parte del documento presentado por Perón ante el Congreso el
1-5-1974, una frase significativa que reproduce un párrafo de la Exhortación
Apostólica Octogesima adveniens (p. 37), de Pablo VI, haciendo propia la
reflexión del flamante Santo:
“La apelación a la utopía es, con
frecuencia, un cómodo pretexto cuando se quiere rehuir las tareas concretas y
refugiarse en un mundo imaginario; vivir en un futuro hipotético significa
deponer las responsabilidades inmediatas.”
La palabra utopía fue inventada por
Tomás Moro, y significa lugar que no existe. En sentido inverso, el Modelo
afirma que: nuestro modelo político propone el ideal no utópico de realizar dos
tareas permanentes:
*acercar la realidad al ideal
*y revisar la validez de ese ideal
para mantenerlo abierto a la realidad del futuro.
Este enfoque realista de la política,
nos debe servir para orientarnos en esta época de globalización donde existen
amenazas y desafíos muy complejos.
Pese a todos los condicionamientos, la
situación internacional, vista sin anteojeras ideológicas ofrece, - en especial
desde 1989- posibilidades de actuación autonómica aún a los países pequeños y
medianos. Por eso no compartimos la opinión de que la soberanía es inalcanzable
por un Estado-Nación en el siglo XXI, siendo necesario lograr una organización
política supranacional, como sostiene por ejemplo Juan Grabois en un reciente
libro. (La clase
peligrosa, Planeta, 2018, 77) Pero es imprescindible sí que el Estado funcione
con la máxima eficacia.
Para ello, debemos precisar el
concepto mismo de soberanía, que es la cualidad del poder estatal que consiste
en ser supremo en un territorio determinado, y no depender de otra normatividad
superior. No es susceptible de grados; existe o no. Por lo tanto, carece de sentido
mencionar la "disminución de soberanía" de los Estados
contemporáneos.
Lo que puede disminuirse o
incrementarse es el poder propiamente dicho, es decir, la capacidad efectiva de
hacer cosas, de resolver problemas e influir en la realidad.
Ahora bien, el grave problema
argentino, es que no existe soberanía pues no existe el Estado. De
allí la paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen
de los problemas es la ausencia del Estado. En esto seguimos al Prof. de Mahieu, que describe al Estado como el órgano de
síntesis, planeamiento y conducción, de una sociedad determinada, destinado a
lograr el bien común (el Estado comunitario)
El ejercicio de las tres funciones señaladas
es requisito indispensable para la existencia de un Estado; cuando dejan de
cumplirse, el Estado desaparece, aunque se mantengan las formalidades
constitucionales. Eso es lo que ocurrió en la Argentina, hace 5 décadas. Si un Estado no posee, en
acto, estas tres funciones, ha dejado de funcionar como tal o ha efectuado una
trasferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales, o de actores
privados, o de otro Estado (Auel, la Argentina, 16)
Limitándonos ahora al planeamiento
como instrumento de gobierno nos referimos a un proceso permanente que asegure
la máxima racionalidad en la adopción de decisiones para el logro de los
objetivos del país.
Un plan debe estar basado en un
conjunto de concertaciones que lo hacen patrimonio de la sociedad y no sólo del
gobierno. Su ejecución es de responsabilidad nacional, de las instituciones
públicas, de las asociaciones de trabajadores, de empresarios, de las
universidades y en general de todos los ciudadanos.
El planeamiento como proceso político
administrativo no se agota en la formulación de un plan. Incluye además, el
análisis de la ejecución de las actividades previstas y la revisión
periódica de sus principales programas y
proyectos, evaluándose la viabilidad y consecuencias.
El proceso de planeamiento abarca
tres niveles de elaboración:
*El largo plazo (no menos de 10 años)
requiere la definición de las cualidades de la sociedad que se vislumbra para
el futuro y la identificación las estrategias globales para alcanzarla.
*El mediano plazo (coincidente con el
mandato de un gobierno), estará a cargo del poder ejecutivo, con la
participación del Congreso.
*El plan de corto plazo, paralelo al
presupuesto anual, así como su ejeución corresponde al gabinete presidencial.
El control de gestión es parte del
planeamiento, requiere un flujo constante de datos que permitan evaluar el
cumplimiento de las metas y detectar las anomalías que se presenten.
El planeamiento exige, para ser
eficaz y estar al servicio de la comunidad, “contar con funcionarios estables,
de la mayor capacidad, que permanezcan ajenos a los cambios políticos”, como lo
expresa el Modelo Argentino.
El proyecto,
sin embargo, es mucho más que extrapolación en el tiempo; el vocablo se refiere
a la intervención necesaria de la voluntad humana en su configuración.
Existe el
riesgo de hacer futurología, aplicando métodos cuantitativos a los aspectos
cualitativos de la vida social, como si se pudiera revelar el porvenir por
computación. Evitaremos el intento de hacer futurología y su consecuencia más
dañina, la ingeniería social, si reconocemos que la sociedad no es una cosa
susceptible de manipular. Sin embargo, “el futuro es parcialmente controlable”;
“el futuro de un pueblo, entendido como proyecto vital colectivo, puede en
buena medida ser regulado desde el presente” (Imaz, Nosotros, 9)
“Un plan de la nación no aparece, pues, como
una fórmula mágica, sino como una combinación perfectible de realismo y
voluntad” (Massé, 37)
De manera
que, no sólo es posible sino muy útil al bien común la planificación. Pero
siempre, respaldando los planes en el consenso de sus protagonistas, quienes
deben participar en su elaboración, ejecución y modificación.
El Estado, en su función de
planeamiento, centraliza la información que le llega de los grupos sociales;
recopila sus problemas, necesidades y demandas. Los datos son procesados y
extrapolados en función de los fines comunes, fijados en la Constitución
Nacional y en otros documentos, que señalan los objetivos políticos y los
valores que identifican a un pueblo. Con mayor o menor intensidad, según el modelo
gubernamental elegido, es en el marco del Estado donde debe realizarse el
planeamiento global que establezca las metas y las prioridades en el proceso de
desarrollo integral de la sociedad, en procura del Bien Común.
Por cierto que, en una concepción no
totalitaria el planeamiento estatal sólo será vinculante para el propio Estado,
y meramente indicativo para el sector privado. La autoridad pública no debe realizar
ni decidir por sí misma lo que puedan hacer y procurar comunidades menores e
inferiores. Pero, debido a la complejidad de los problemas modernos, el
principio de subsidiariedad resulta insuficiente para resolverlos sin la
orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a "
estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los
grupos intermedios"
En conclusión:
Un proyecto
nacional puede contribuir, en ésta época signada por el fenómeno de la
globalización, a compatibilizar la inevitable integración del país con los
demás países, con la preservación de la propia identidad cultural, haciendo explícito lo que somos a fin de buscar lo
que debemos ser; lo contrario sería abandonarse al futuro sin prudencia, de la
mano de un empirismo más o menos ciego (Pithod, p. 63)
