CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
LEY N.º 5261
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único: Objeto
Artículo 1°.- Objeto. Orden Público. La presente Ley
tiene por objeto:
a) garantizar y promover la plena vigencia del
principio de igualdad y no discriminación, con vistas a asegurar el efectivo
ejercicio de los derechos de todas las personas y grupos de personas.
b) prevenir la discriminación en todas sus formas, a
través de la implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y
acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el
respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano.
c) sancionar y reparar los actos discriminatorios,
garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas para
erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo. Las disposiciones de la
presente Ley son de orden público.
Art. 2°.- Tipología. A los efectos de esta Ley, el
término “discriminación“ incluye, en particular:
a) Discriminación de jure: toda distinción normativa
que excluya, restrinja o menoscabe el goce o el ejercicio igualitario de los
derechos. La discriminación de jure puede manifestarse directa o
indirectamente:
i) Directa: cuando el pretexto discriminatorio es
invocado explícitamente como motivo de distinción, exclusión, restricción o
menoscabo.
ii) Indirecta: cuando el factor de distinción invocado
es aparentemente neutro, pero el efecto es el de excluir, restringir o
menoscabar de manera irrazonable a un grupo o colectivo, sin que exista una
justificación objetiva en relación con la cuestión decidida.
b) Discriminación de facto: toda exclusión, restricción
o menoscabo de hecho en el goce o en el ejercicio igualitario de los derechos
sin que el criterio de distinción sea mencionado explícitamente.
Art. 3°.- Definición. Se consideran discriminatorios:
a) Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto
o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar,
arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de
los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de
la Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados internacionales de
Derechos Humanos vigentes y en las normas concordantes, a personas o grupos de
personas, bajo pretexto de: etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento,
origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas
o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad
de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar,
trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud,
características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen
social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier
otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o
permanente.
b) Toda acción u omisión que, a través de patrones
estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones,
y/o mensajes que transmitan y/o reproduzcan dominación, desigualdad y/o
discriminación en las relaciones sociales, naturalice o propicie la exclusión o
segregación.
c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o
disminución de la autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo
personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que
cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación de las personas
bajo cualquier pretexto discriminatorio.
En todos los casos debe entenderse que la
discriminación en función de los pretextos mencionados en el inciso a) es el
resultado de relaciones asimétricas y tratos inequitativos relacionados a
determinados factores y contextos históricos, geográficos y sociales. En
cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de una
conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con
características de la persona afectada.
Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia
u órdenes recibidas, para la realización y/o justificación de conductas
manifiestamente ilegítimas y reprochadas por esta ley como discriminatorias.
Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas tanto a título personal de la
persona que las realiza, como de quien haya impartido las órdenes o directivas
para su realización.
Art. 4°.- Acciones afirmativas. Las acciones
afirmativas que el Estado desarrolla para promover la igualdad de condiciones
de grupos víctima de discriminación, en ningún caso se consideran
discriminatorias. No se consideran discriminatorias las opiniones políticas y/o
científicas y/o académicas que versen sobre ideología o religión por el solo
hecho de someter determinados dogmas a debate.
Art. 5°.- Prevalencia normativa. En la aplicación e
interpretación de esta ley y de las normas complementarias y concordantes a la
misma deberá prevalecer aquella aplicación e interpretación que mejor y más
favorablemente proteja los derechos y la dignidad de las personas afectadas por
presuntas conductas discriminatorias. Igual principio se aplicará ante la
concurrencia de normas de igual o distinto rango que prevean diferentes niveles
de protección contra la discriminación.
TÍTULO II
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Capítulo I: Acciones judiciales y/o administrativas
Art. 6°.- Reparación.- La persona o grupo de personas
que se considere/n discriminada/s pueden requerir por vía judicial o
administrativa, según corresponda, el cese del acto discriminatorio y/o la
obtención del resarcimiento de los daños que el hecho, acto u omisión le
ocasiona y/o la condena en caso de cometerse algún delito tipificado por el
Código Penal. La autoridad de aplicación debe establecer un mecanismo eficaz de
recepción de denuncias y de asesoramiento legal sobre los procesos a seguir en
caso de ser víctima de discriminación. Asimismo, podrá actuar de oficio y
presentar denuncias administrativas y judiciales en caso de conocer situaciones
de discriminación, con consentimiento del o los afectados o aun sin su
consentimiento cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.
Art. 7°.- Cese del acto discriminatorio. La/s
persona/s que cometa/n un hecho, acto u omisión tendiente, o cuyo resultado,
implique la discriminación a una persona o grupo de personas, será/n
obligada/as judicial o administrativamente, a pedido del/los afectado/s o de cualquier
otra persona u organismo legitimado/a para presentar la denuncia, a dejarlo sin
efecto o a cesar en su realización. En el caso de comprobarse el hecho, acto u
omisión discriminatoria, la autoridad judicial o administrativa, deberá adoptar
medidas tendientes a prevenir la futura realización o garantizar la no
repetición de los mismos. La autoridad de aplicación de la presente Ley,
tomando debida cuenta de los casos resueltos, podrá formular y recomendar a las
autoridades correspondientes medidas generales de prevención y no repetición de
los actos discriminatorios denunciados.
Capítulo II: Procedimiento
Art. 8°.- Acción de Amparo. Competencia. Acciones
Civiles y Penales. Las acciones que deriven de la aplicación de la presente
Ley, tramitarán según el procedimiento previsto en la Ley 2145, en concordancia
con el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con arreglo a las
disposiciones específicas que emergen de la presente Ley. El Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer en caso de
denuncias por discriminación contra hechos, actos u omisiones de autoridades
del Gobierno de la Ciudad, contra establecimientos privados sometidos al poder de
policía del Gobierno de la Ciudad y en cualquier otro caso que correspondiera
en función de las normas vigentes al momento de producirse el hecho, acto u
omisión denunciada. Las acciones civiles y/o denuncias penales que
correspondieran a las víctimas y/o damnificados/as del hecho o acto
discriminatorio, tramitarán de conformidad a Io dispuesto por los Códigos
Procesales correspondientes. Cuando los procesos transcurran en el ámbito del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, serás aplicables también las
disposiciones de esta Ley.
Art. 9°.- Acciones Administrativas. La promoción y
tramitación de las denuncias administrativas que correspondieran por aplicación
de la presente Ley, se regirá por la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec. N°1510/97).
Art. 10.- Legitimación. Se encuentran legitimados/as
para interponer acciones judiciales y/o administrativas por conductas u
omisiones discriminatorias, la persona o grupo de personas afectadas por las
mismas, el/la Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI),
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaria de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
máximos organismos del Gobierno de la Ciudad con competencia en la materia, así
como las asociaciones civiles que propendan a la defensa de los derechos
humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de los
derechos de las personas discriminadas.
Art. 11.- Legitimación penal. Los organismos públicos
y personas físicas y jurídicas mencionados en el artículo anterior se
encuentran legitimados para instar la acción penal en causas por los delitos
tipificados en materia de discriminación que tramiten en el Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de aquellas acciones que dependan de
instancia privada y o sean acciones privadas conforme el artículo 71 del Código
Penal. Las Asociaciones Civiles que propendan a la defensa de los derechos
humanos podrán presentarse en carácter de querellantes. En todos los casos,
primará una interpretación amplia de la norma, tendiente a permitir la
participación como querellantes de tales personas físicas y jurídicas.
Art. 12.- Amicus Curiae. Se permitirá la participación
de las personas físicas y jurídicas enumeradas en los artículos 10 y 11, en
carácter de amicus curiae, consultores/as técnicos/as, peritos u otras formas
que disponga el tribunal.
Art. 13.- Carga dinámica de la prueba. En los procesos
promovidos por aplicación de la presente Ley, en los que se controvierte la
existencia de hecho, acto u omisión discriminatoria, resultará suficiente para
la parte que afirma dicho motivo la acreditación de hechos que, evaluados prima
facie, resulten idóneos para inducir su existencia; en ese caso corresponderá a
la parte demandada a quien se reprocha el hecho, acto u omisión, la prueba de
que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda
discriminación. Las presunciones establecidas en este artículo no rigen en
materia penal o contravencional.
Art. 14.- Intervención de la autoridad de aplicación.
En los procesos judiciales o administrativos en los que se tramiten presuntos
casos de discriminación, las autoridades respectivas, de oficio o a pedido de
parte, podrán solicitar un informe de la autoridad de aplicación a efectos de
que ésta se expida sobre la existencia o no de un acto discriminatorio.
Capítulo III: Sentencia
Art. 15.- Reparación del daño colectivo. Cuando por su
alcance, trascendencia, publicidad, divulgación, efectos u otras circunstancias
de modo, tiempo o lugar, el tribunal considere que exista una afectación social
a un grupo vulnerado, la sentencia por actos u omisiones discriminatorias debe
contener medidas de reparación del daño colectivo, sin perjuicio de las demás
indemnizaciones o sanciones que correspondan. La reparación del daño deberá
contener una o varias de las siguientes medidas, teniendo en cuenta la gravedad
y trascendencia del acto o hecho discriminatorio: a) Campañas públicas de
sensibilización y concientización sobre los efectos negativos de la
discriminación. b) Programas internos de capacitación e información sobre los
derechos humanos y el derecho a la igualdad y la no discriminación. c)
Implementación de medidas internas de acción positiva a favor del grupo
discriminado. d) Emisión y difusión de disculpas públicas al grupo
discriminado. e) Cualquier otra medida adecuada a la reparación de los daños. Tomando
debida cuenta de las sentencias y resoluciones emitidas por aplicación de la
presente Ley, la autoridad de aplicación, en consulta con el o los grupos
damnificados, desarrollará medidas y acciones para evitar la repetición de los
actos discriminatorios.
Art. 16.- Sensibilización, capacitación y
concientización. La condena por discriminación, tanto en procesos individuales
como colectivos, deberá contener medidas de sensibilización, capacitación y
concientización al/a la responsable del acto discriminatorio, que podrán
consistir en: a) asistencia a cursos sobre derechos humanos y discriminación;
b) realización de tareas comunitarias, por el tiempo que determine la
sentencia, vinculadas a los hechos por los que se lo/a condena; c) cualquier
otra medida que el/la juez/a considere adecuada en función de los objetivos y
principios de esta Ley. El juez podrá remitir su decisión a la autoridad de
aplicación a efectos de asegurar una adecuada implementación de las medidas
correspondientes.
TÍTULO III
PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN
Capítulo I: Prevención de actos discriminatorios
Art. 17.- Prevención de la discriminación. La
autoridad de aplicación, en coordinación con los poderes del Estado y niveles
de gobierno, arbitrará los medios necesarios para desarrollar políticas
públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar e informar
a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de la discriminación sobre el
conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado en particular, en pos de
una sociedad más igualitaria en la diversidad.
Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la
política pública de igualdad y no discriminación el acceso igualitario y la
erradicación de la discriminación en los servicios de salud, educación y
sociales, establecimientos públicos comerciales y de servicios así como,
espectáculos deportivos y artísticos, con especial énfasis en aquellas personas
o grupos que son susceptibles de experimentar situaciones de discriminación
múltiple.
El Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno,
en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios necesarios
para desarrollar acciones orientadas a formar a la ciudadanía en pos de
eliminar prejuicios y obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos por
parte de todos los ciudadanos.
Capítulo II: Difusión
Art. 18.- Difusión por medios gráficos y
audiovisuales. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
articulará las medidas destinadas a la promoción de los principios y derechos
reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos previstos para la
denuncia de actos discriminatorios, dirigido a todos los sectores de la
sociedad a través de diferentes medios de comunicación; enfatizando las
problemáticas de discriminación local, sin excluir otras situaciones, pretextos
y formas de discriminación.
Art. 19.- Difusión en el ámbito educativo. El
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con la
autoridad de aplicación, arbitrará los medios para difundir en la educación de
gestión estatal y privada, el conocimiento de los principios establecidos en la
presente Ley y de los procedimientos de denuncia previstos ante actos u
omisiones discriminatorias.
Art. 20.- Difusión en la administración pública. Las
autoridades máximas de todos los poderes y niveles de gobierno, considerando
los lineamientos que provea la autoridad de aplicación, arbitrarán los medios
para capacitar a funcionarios/as y empleados/as públicos/as en los principios
de la presente ley, y en los procedimientos previstos para la denuncia de actos
discriminatorios.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Capítulo Único: Autoridad de Aplicación
Art. 21.- Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente Ley es la Jefatura de Gabinete de Ministros o el
organismo que en el futuro determine el Poder Ejecutivo.
Art. 22.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Sancionada: 9/04/2015
Promulgada de hecho: 8/05/2015
Publicada en el B.O. Nº 4655 - 10/06/2015
