CONSEJO NACIONAL DE MALVINAS

 

 

 

Estrategia del Consejo Nacional de Malvinas

Dr. César Augusto Lerena*

 Informador Público, 9-2-21

 

Del pensamiento de sus integrantes podemos imaginarnos el futuro de Malvinas

 

Para que podamos imaginarnos qué política puede diseñar el Consejo Nacional de Malvinas (el día que se ponga en funciones), trataré de analizar el perfil de sus integrantes. Iniciaré la saga con el experto en derecho internacional público Dr. Marcelo Kohen, y tendré en cuenta para ello, sus declaraciones a Infobae, del 22/3/2018, que adquieren hoy especial significación como miembro del Consejo Nacional de Malvinas.

 

Coincido con Kohen que es necesario tener un plan a la hora de llevar adelante un hipotético encuentro para negociar, no ya sobre la soberanía, que es innegociable por lo prescripto en la Constitución Nacional, sino, sobre la forma que el Reino Unido cesaría su ocupación en Malvinas; aunque, no deja de llamarme la atención la ventilación que hace de los pormenores. La pregunta que uno debería hacerle -al ahora miembro del Consejo Nacional- es, si esta propuesta -que incluso explicitó ante los isleños- sigue estando vigente, porque en toda negociación, como en el juego de truco, uno no debe mostrar todas sus cartas y, él, ya ha dicho a los cuatro vientos, cuánto estaría dispuesto a ceder y, por cierto, en varias de sus concesiones estoy en total desacuerdo.

 

Por cierto, que una cosa es ser un libre pensador frente a una cátedra (como Kohen) y otra un negociador del gobierno. Los especialistas o expertos no necesariamente deben ser los que fijan las políticas, sino que son aquellos que dan sustento técnico a aquellas tácticas destinadas a cumplir con la estrategia ya explicitada en la Constitución. Vemos entonces que, contrariamente a lo que manifiesta Kohen, en la Argentina sí hay una “Política de Estado” y es la que se indica en la Disposición Transitoria Primera de nuestra Carta Magna: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino». El problema, en todo caso, es que en varios de los gobiernos desde 1994 a la fecha, se han apartado de este objetivo.

 

A esta altura, la pregunta que se hace Kohen de ¿qué pasaría si mañana el Reino Unido accediera al pedido argentino de "negociar" que se repite desde hace 36 años? parece extemporánea, ya que, para formulársela, el gobierno argentino debiera transitar previamente varias cuestiones, de modo de no llegar a ese momento en la situación de extrema y creciente debilidad en la que se encuentra: no podemos olvidar que el Reino Unido violenta la Res. 2065 (XX) ONU del 16/12/1965, donde la Asamblea invitó «a los Gobiernos de Argentina y el Reino Unido (…) a proseguir sin demora las negociaciones…»; la Res. 1514 (XV) ONU del 14/12/1960, en especial los párrafos 1ro. y 6to. donde la Asamblea Gral declara que:

 

 «1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales (…)

 

6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas»; y también, la Res. 31/49 ONU del 1/12/ 1976 donde la Asamblea Gral declara que: «4. Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas».

 

Es en la elaboración de las tácticas previas, donde el Consejo de Malvinas debiera trabajar. «La carencia argentina de una propuesta concreta hace que el vacío se llene con las ideas más recalcitrantes» dice Kohen, aunque, mostrar a los isleños británicos, en este estado de cosas, una posición absolutamente concedente, me permite imaginar que las eventuales contraofertas significarían una cesión aún mayor a la que ya se propicia, a mi juicio inaceptable.

 

Respecto a la propuesta de Kohen de escindir las Malvinas de la Provincia de Tierra del Fuego, fundado en lo dispuesto en el art. 2º de la Ley 23.775 (provincialización del 26/4/1990) parece incompatible con lo prescripto en el art. 13º de la Constitución Nacional y los art. 1º, 2º, 81º y 87º de la Constitución Provincial de Tierra del Fuego y su Disposición Transitoria Décimo Segunda donde «La Provincia reivindica la plenitud de sus derechos jurisdiccionales, económicos, políticos y sociales y denunciará los pactos, tratados, contratos y convenios firmados con anterioridad a la asunción de las primeras autoridades provinciales constitucionales, en tanto no se ajusten a los principios de esta Constitución o afecten sus intereses» y, el art. 14º de la propia Ley 23.775 que establece: «Las normas del territorio nacional de la Tierra del Fuego vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, mantendrán su validez en el nuevo estado, mientras no fueren derogadas o modificadas por la Constitución de la nueva provincia, la presente ley, o la Legislatura provincial, en cuanto sean compatibles con su autonomía».

 

Además de ello, ¿no escuchar la voluntad de los fueguinos respecto a separar de la Provincia de Tierra del Fuego a Malvinas? y, también, habría que preguntarse, ¿en qué estado quedarían las Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida? Por otra parte, juntar esta iniciativa de Kohen de escindir la Provincia con la que a la vez postula, de que transcurridos treinta años «organizar un referéndum para decidir si se mantiene la situación acordada o si los isleños pueden asumir una soberanía plena» es verdaderamente -con todo respeto- propia de un novato o una propuesta probritánica (aunque no haya sido su intención) porque dada a los isleños la autonomía territorial y económica; todos los beneficios relativos al modo de vida y reconociéndoles a los 30 años los derechos a su libre determinación y, siendo, las autoridades locales (su propuesta) quienes aceptarían la radicación o no de argentinos continentales en la isla, es obvio esperar que la mayoría de británicos radicados en Malvinas opten por su soberanía plena. La unión de estas dos iniciativas de Kohen, es lisa y llanamente la entrega de las Islas a los británicos, quienes, por aplicación de la CONVEMAR, al día siguiente reivindicarán las 200 millas, la plataforma continental e insistirán con la proyección antártica. Un suicidio.

 

En la idea que propicia Kohen, de crear una nueva Provincia, debería aprobarse una Constitución; aprobar y/o ratificar las leyes existentes y, designar o dar continuidad de los jueces naturales, por lo cual, prever «un mecanismo de solución de controversias en caso de conflictos sobre la interpretación del acuerdo, que prevea la participación de los países garantes y a la Corte Internacional de Justicia como tribunal de alzada», carecería de sentido y debilitaría la posición soberana de Argentina. Ya me he manifestado, por ejemplo, sobre mi posición contraria a «ir a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para plantear nuestro caso, que, en este escenario, podría tener los mismos efectos nefastos que invadir Malvinas y ciertamente irreversibles».

 

Ahora, la propuesta de escisión de Kohen no es novedosa ya que el 24 de agosto de 2017 por Resolución 250/17 la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego había «procedido a rechazar (Art.1º) categóricamente el proyecto "Provincia de Malvinas, Provincia 24" llevado a cabo por un grupo de periodistas egresados de la Universidad Nacional de la Plata, encabezados por el Lic. en Comunicación Social, Marcelo Constanzo y el Prof. Santiago Albarracín ganador del concurso nacional "Malvinas en la Universidad" organizado por el Ministerio de Educación de la Nación junto con la Secretaria de Asuntos Relativos a Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación en el año 2015, en lo que respecta a promover que las Islas Malvinas se constituyan en una nueva Provincia resultando contrario al principio de integridad de nuestro Territorio provincial».

 

Además de ello, el rechazo del citado audiovisual lo efectuaron todos los partidos políticos de Tierra de Fuego y entre ellos el FPV y PJ y, lo notable, que -como refiere la Resolución- este proyecto fue premiado en el Programa de Investigación "Malvinas en la Universidad" organizado junto al Ministerio de Educación por la Secretaria de Asuntos Relativos a Malvinas, entonces presidida por el actual secretario de Malvinas Daniel Filmus. Rara decisión (¿o no?), de Filmus de convocar al Prof. Kohen al «Consejo Nacional de Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes», a sabiendas, de las ideas que promueve y que tanto rechazo causaron en los fueguinos y -conocidos sus proyectos a nivel nacional- en muchos argentinos que trabajan para que la Argentina alcance el ejercicio pleno de la soberanía en Malvinas y, ello queda de manifiesto en el reciente artículo de Luciano Moreno Calderón «Una propuesta a medida del deseo kelper y los intereses británicos en el seno del Consejo Nacional de Malvinas», donde en forma muy fundada deja de manifiesto su indignación sobre el proyecto del Dr. Marcelo Kohen.

 

Por otra parte, el eslogan “soberanía argentina, autonomía isleña” con el que presenta Kohen el Plan parece muy atractivo; pero, como he dicho, a poco de andar se distorsiona totalmente la cuestión soberana, cuando les da a los isleños la posibilidad de «a los treinta años, organizar un referéndum». Ello se agrava, cuando al referirse al régimen migratorio precisa que "La autoridad de la provincia decidirá quién puede residir ahí y quién no”. Además de contrario a la Constitución Nacional (Preámbulo, artículos 14º, 20º, 22º, 25º), con este mecanismo, todo será irreversible en treinta años.

 

«Respetar» el modo de vida de sus habitantes no puede implicar -de ningún modo- impedir los derechos del resto de los argentinos a transitar, radicarse, invertir, etc. en Malvinas, de otro modo se trataría de una soberanía quimérica. Kohen, apoyando la idea de que las autoridades de la Provincia sean quienes autoricen o no a residir en las Islas, manifiesta que “es una manera de preservar el modo de vida de sus habitantes”; pero, no se trata de “preservar” (conservar en su estado) sino de “respetar” las prácticas y costumbres habituales, es lógico suponer que con el correr de los años esos modos de vida se transfiguren, aunque conservando ciertos hábitos culturales, alimenticios, etc. como ha ocurrido con las distintas colectividades (galesas, irlandesas, inglesas, alemanas, italianas, españolas, etc.) radicadas en el continente argentino. Hay muchas formas de “respetar” el modo de vida; entre otras, manteniendo el idioma inglés (junto al castellano, ambos deberían ser obligatorios en la educación).

 

Nadie duda que Suiza es un país que mantiene sus costumbres, aunque los idiomas oficiales sean el alemán; el francés; el italiano y, el retorrománico. También, otra forma de “respetar” el modo de vida, es mantener vigente toda la legislación respecto a la convivencia en los ámbitos urbanos y rurales, sin que ello implique no actualizarla conforme la evolución de la sociedad. Una forma de “no respetar” los hábitos fue cambiar en 1982 la circulación obligatoria de los vehículos por la derecha en lugar de por la izquierda como era la costumbre inglesa en Malvinas, lo que provocó gran confusión entre los isleños. Respecto a los nombres de los lugares, calles etc. es evidente que ello también pertenece al legado cultural; pero, todo tiene un límite, seguramente un monumento, calle o plaza con el nombre de Margaret Thatcher sería inaceptable. Por naturaleza las personas suelen adoptarse a las comunidades en las que se radican y ello puede observarse perfectamente en los pueblos del interior respecto a los grandes conglomerados urbanos.

 

Finalmente, estoy absolutamente en contra de promover las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) que propicia Kohen, ya que son un instrumento destinado a que los Estados de Bandera se apropien de la administración de los recursos de los Estados ribereños y por cierto de fortalecer la posición británica en Malvinas.

 

Por supuesto, que la idea de avanzar en las negociaciones desde el Estado con los isleños que promueve este experto va en contra de todo lo sostenido hasta hoy por Argentina y lo que me pareció una idea imprudente en 2018, hoy adquiere una especial significación ya que el referido Marcelo Kohen, como sabemos, es uno de los principales asesores del secretario de Malvinas Daniel Filmus en el Consejo Nacional de Malvinas.

 

Parte 2

Cuando la técnica no sirve a la política nacional

Informador Público, 15-2-21

 

Para continuar imaginándonos qué política puede diseñar el Consejo Nacional de Malvinas (el día que se ponga en funciones), seguiré analizando el perfil de sus integrantes. No era este el orden planificado, pero, el reciente y antitético acuerdo de investigación entre el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Argentina y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) chileno, me obligan a continuar la saga con el licenciado en Zoología Oscar Horacio Padín. Tendré cuenta para ello, su larga travesía por el Consejo Federal Pesquero (en adelante CFP); en el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Alte. Storni (CIMAS) y, ahora, su designación en el INIDEP. Todo ello adquiere especial significación a partir de su incorporación al Consejo Nacional de Malvinas que coordina el secretario Daniel Filmus.

 

Suele ser un error pensar que la condición de técnico habilita a las personas a administrar instituciones y especial a aquellas vinculadas a la toma de decisiones políticas relativas a la soberanía nacional. No necesariamente los profesionales y técnicos de las ciencias duras están preparados para ello y, aún menos, para diseñar políticas y elaborar “estrategias o tácticas” en temas tan sensibles como las que se detallan en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (La Política de Estado): “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

 

El reciente Acuerdo de Investigación (Argentina.gob.ar, 10/2/2021; Industrias pesqueras 11/2/2021) entre del INIDEP a cargo de Padín con el Instituto chileno de Fomento Pesquero (IFOP); Instituto que mantiene una “Alianza Estratégica” desde el 2006 con el Centre for Environment Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS) que, no otra cosa que una Agencia Ejecutiva del Departamento de Medio Ambiente y Asuntos Rurales (DEFRA) del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; es, verdaderamente un desatino político, ya que mientras el Canciller argentino Felipe Solá el 12 de junio de 2020 suspendía el intercambio de información pesquera con el Reino Unido, porque «…es uno de los temas soberanos, no podemos entregar datos estratégicos a quien usurpa» (sic), Padín siete meses después, firma un convenio de información pesquera con un Instituto que tiene una “alianza estratégica” con quien ocupa en forma prepotente nuestros territorios marítimos y explota nuestros recursos naturales, extrayendo solo de Malvinas, unas 250 mil toneladas anuales por un valor del orden de los mil millones de dólares anuales. Un Instituto que es el principal asesor del gobierno chileno y cuya especialidad es formular, ejecutar y controlar proyectos de prospección, evaluación y desarrollo de pesquerías, “conforme las pautas y prioridades que en tal sentido establezca la Autoridad de Aplicación de Chile” y asesora -entre otros- al gobierno ilegal de Malvinas.

Los organismos acordaron «promover y fortalecer procesos de investigación y extensión comunitaria en las áreas marinas y marino-costeras de los países; generar conocimiento sobre los recursos marinos y su ambiente para un manejo sostenible y mejorar la toma de decisiones; promover el trabajo conjunto, en procesos, fenómenos y eventos de relevancia para los ecosistemas en que se desarrollan las pesquerías…”. Todo lo que necesita conocer el gobierno británico ilegal en Malvinas. Un clásico ejemplo, de cuando la tecnocracia desconoce que hay cuestiones políticas y de soberanía nacional donde no se pueden transferir ni intercambiar papers científicos, porque son cuestiones de Estado: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas (…). La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…), constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

 

Un verdadero absurdo, cancela la Cancillería las investigaciones pesqueras con el Reino Unido y ahora los británicos recibirán la información vía Chile. Sin dejar de tener en cuenta, que Punta Arenas es un lugar de transbordo de importes cargas de calamar argentino capturado en Malvinas y…aunque tratemos de olvidar, se nos viene a la memoria, la participación de Chile en la guerra de 1982.

 

 ¿Es Oscar Horacio Padín, uno de los miembros que en el Consejo Nacional de Malvinas va a elaborar la política para que algún día la Argentina pueda ejercer la soberanía plena en los archipiélagos y el mar argentino?

 

 Es un Licenciado en Zoología (UNLP) con una larga trayectoria como Director de Recursos Ictícolas y Acuícolas del Ministerio (antes secretaría) de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (la dependencia que inauguró María Julia Alzogaray); un organismo secundario, respecto a la actividad pesquera que desarrollan las Secretarías de Pesca de la Nación y Provinciales y, desde ahí, representando a esa área ambiental integró el Consejo Federal Pesquero desde 1998 al 2011 (Roberto Garrone, Revista Puerto, 21/1/2001), uno de los períodos, en especial de 1998 al 2003, donde se destruyó la industria pesquera, se depredó el recurso, y el Reino Unido avanzó en la consolidación de su ocupación de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y, donde el referido Oscar Padín NUNCA emitió una opinión al respecto, como se desprende de todas las Actas de ese organismo.

 

Padín prestó sus servicios técnico-zoólogos en estos organismos para el expresidente Menem; el expresidente de la Rúa; el expresidente Duhalde; los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kichner; el expresidente Mauricio Macri y ahora al presidente Alberto Fernández. Bien podría decir: “Yo no tengo la culpa que los gobiernos cambien”. Dan lo mismo las “relaciones carnales” de los Cancilleres Domingo Cavallo y Guido Di Tella (Menem); las que Adalberto Rodriguez Giavarini (de la Rúa) invitaba a coordinar con el Reino Unido los límites externos de nuestra plataforma continental o firmar un Acuerdo con un Interventor de Mauricio Macri, que ponía el INIDEP al servicio de los británicos. NUNCA opinó, ni siquiera desde el punto de vista ambientalista en el CFP, ni hay una sola declaración pública en ese período suya sobre la apropiación de los recursos pesqueros por parte del Reino Unido en Malvinas, la ocupación del territorio marítimo argentino o la depredación que ello causaba.

Acompañó a Felipe Solá; Gumercindo Alonso; Ricardo Novo; Héctor Salamanco; Eduardo Auguste; Jorge Cajal; Antonio Berhongaray; Fernando Georgiadis; Juan Ignacio Melgarejo; Marcelo Regúnaga; Daniel García; Carlos Cantu; Rubén Marziale; Juan Carlos Reina, etc, etc.

Este zoólogo aplica la política de “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros" (Groucho Marx) y, durante la «XI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos (CIMAS) Almirante Storni de Río Negro» (CONICET, 26/2/2018) en 2018 firmó como Director General del CIMAS un Acuerdo de Cooperación con el Interventor del INIDEP el Vice-Almirante Marcelo Lobbosco (ver artículos de César Lerena: de la investigación pesquera independiente a la colaboración de un almirante argentino con el invasor de Malvinas”, 18/2/2019; “La desactivación del INIDEP, el default científico y la intervención de la investigación”, 4/12/2018; “La investigación argentina ¿al servicio de la nación o del Reino Unido?, 19/8/2019; “La investigación conjunta con el Reino Unido y la valiosa entrega biológica del calamar argentino”, 1/2/2019), que puso el INIDEP al Reino Unido de Gran Bretaña y que se mantuvo intervenido durante todo su mandato de expresidente Mauricio Macri la investigación pesquera, lo que demuestra la versatilidad y pragmatismo político de Padín; que reemplazaba en 2019 al citado Interventor Lobbosco para asumir en el INIDEP; pero mientras tanto, firmaba acuerdos con quien acompañó al citado expresidente Macri en la política de «remover todos los obstáculos que impiden el desarrollo de Malvinas», como reza el Acuerdo de Foradori-Duncan del fatídico martes 13 de septiembre de 2016.

 

Lo que se dice un técnico todo terreno. Lo que no está mal, sino fuese que luego, se le asignan tareas políticas, como integrar el Consejo Nacional de Malvinas donde debe decidir el destino de Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, los espacios marítimos e insulares del Atlántico Sur y la Antártida Argentina.

 

Ahora bien, los hombres son falibles y pasan, ¿pero, porqué Padín nunca se opuso a sus políticas en los ámbitos de decisión en los que participó, relativos al medio ambiente y la pesca y, por ello, influyeron negativamente, respecto a la consolidación de los británicos en Malvinas?

 

Veamos que pasó en el país entre 1998 al 2003 donde Padín, además de Director de Recursos Ictícolas y Acuícolas de la Secretaria (luego Ministerio) de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, fue miembro del Consejo Federal Pesquero (CFP), que tiene, entre otras responsabilidades (Art. 9º de la ley 24.922) la de "Establecer la política pesquera nacional; establecer la política de investigación pesquera; establecer la Captura Máxima Permisible por especie, teniendo en cuenta el rendimiento máximo sustentable de cada una de ellas, según datos proporcionados por el INIDEP; además de establecer las cuotas de captura anual por buque, por especie, por zona de pesca y por tipo de flota; aprobar los permisos de pesca comercial y experimental; asesorar a la Autoridad de Aplicación en materia de negociaciones internacionales; planificar el desarrollo pesquero nacional (…) etc.»

 

Durante la participación de Padín en el CFP se mantuvieron vigentes los «Acuerdos de Madrid I y II firmados en 1989/90» que le permitieron a los británicos mediante la pesca consolidar su ocupación en Malvinas (declaraciones de John Barton, 2012); se mantuvo vigente la «la conservación conjunta británico-argentina de los recursos pesqueros al este de Malvinas acordada en 1990» que les facilitó a los británicos el otorgamiento de licencias ilegales de pesca en Malvinas; se mantuvo vigente la «investigación conjunta británica-argentina de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur acordada en 1995» que le permitió a los británicos conocer el comportamiento de las especies argentinas que migran a Malvinas; se mantuvo el charteo de buques para la pesca del calamar que extranjerizó el mar argentino y no evitó la migración del calamar Illex argentinus al área de Malvinas para que fuera capturada por buques extranjeros licenciados ilegalmente por el gobierno usurpador de Malvinas. Al respecto de Padín, dice Roberto Garrone (Revista Puerto, 21/1/2020) «…no es un desconocido para la industria pesquera (…) En esos años fue una figura clave en el otorgamiento de nuevos permisos de pesca para ingresar a la pesquería de calamar».

 

También los consejeros (entre ellos Padín) dejaron la denuncia de los Acuerdos Pesqueros con la CEE (ahora Unión Europea) en manos de la Cancillería Argentina, pese a la emergencia pesquera que se vivía, cosa que ocurrió recién en mayo de 1999, pese a que su implementación provocó la mayor depredación de la historia argentina debido al sobreesfuerzo pesquero de los buques españoles en la Argentina; a punto tal, de dar lugar a la sanción en junio de 1999 a la Ley 25.109 de “emergencia pesquera nacional”. La continuidad del Acuerdo Pesquero con la CEE y los daños que provocó fue posible porque los miembros del CFP no prestaron atención a los informes del INIDEP, el reclamo de expertos, sindicatos y algunos empresarios.

 

Todo se sabía de antemano: al firmarse ese Acuerdo, no se había determinado la existencia de especies excedentarias; cuestión que no podían ignorar los biólogos y especialistas. La limitación de las capturas de merluza (la principal especie argentina en esa época) produjo el derrumbe industrial y la más importante caída laboral que dio lugar a que, por primera vez, el Estado de la Provincia de Buenos Aires debió subsidiar el pago de salarios a las empresas para sostener el empleo, en una actividad, que nunca había recibido aportes de este tipo. El Acuerdo que promovió la formación de sociedades mixtas españolas-argentinas, debió incorporar los buques españoles y desguazar los buques nacionales reemplazados de similar capacidad de captura y, a pesar de esto, en muchos casos ello no ocurrió; en otros, se agregó más esfuerzo al incorporar buques congeladores con mayor capacidad de pesca que los fresqueros reemplazados y, lo peor, también hubo reemplazos que no se efectivizaron y ambos buques siguieron pescando con la consiguiente depredación y, aunque dieron lugar a las Auditorías de la UBA y AGN, los consejeros, entre ellos Padín, como surge de las Actas del CFP nunca opinaron, a pesar del reclamo al respecto, de varios jueces penales.

 

Al firmarse la Ley de Pesca 24.922 en 1998 se cuotificaron en forma transferible (Art. 27º) las capturas y el recurso de propiedad del Estado quedo en poder de concesionados pudiendo transferir a terceros sus cuotas de pesca. Esto quedó consolidado al firmarse el Decreto reglamentario 748/99 con la participación del CFP que integraba Padín, por el cual, se enajenó en favor de terceros la administración del recurso y se hipotecó la radicación pesquera con fines estratégicos, no solo para el desarrollo de los pueblos en el litoral patagónico sino para llevar adelante una geopolítica con relación a Malvinas y el área meridional del Atlántico Sur y la Antártida. NUNCA el CFP en los prolongados períodos que lo integró Padín aplicó el Art. 13º del Decreto 748/99 que le habría permitido radicar empresas pesqueras en lugares estratégicos con relación a la ocupación marítima e insular del Reino Unido en Malvinas.

 

Pese a los considerandos y, los artículos 1º e) y 10º del referido decreto y el artículo 2º c) la Ley 24.543, el CFP que integró, nunca tomó medida alguna respecto a la explotación de los recursos migratorios en alta mar: «…la República Argentina se encuentra facultada para adoptar, de conformidad con el derecho internacional aplicable, todas las medidas que considere necesarias para cumplir con la obligación de preservar los recursos vivos marinos de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en el área adyacente a ella», por lo cual se consolidó la extranjerización del Atlántico Sur y la posición británica en Malvinas, más allá de los efectos biológicos, económicos y sociales en perjuicio de Argentina y, por el contrario, pese a que por la Ley 24.922 y el Decreto citado (Art. 4º) el CFP tenía todas facultades, solo orientó éstas a cuestiones administrativas y, con la participación de Padín, este instrumento abrió las puertas a la explotación extranjera en las aguas de jurisdicción argentina (Art. 1º) «…comprenden g) Las actividades de pesca e investigación de los buques de pabellón extranjero en aguas bajo jurisdicción argentina» y pese al art. 43º del referido Decreto nunca se decomisó un buque.

 

Por otra parte, durante su gestión en el CFP, la Armada y la Prefectura no tuvieron recursos económicos para controlar el mar argentino y no hubo observadores a bordo para evitar la depredación de los recursos.

 

Durante el período en el que Padín integró el CFP el Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina Andrés Cisneros en Madrid en 1999, acordó entre otras medidas combatir a los “buques sin licencias pesqueras británicas” en el Atlántico Sur, sin que ese cuerpo hiciera una sola manifestación. Y, el 13/7/2000 se sancionó la Ley 25.290 aprobando el Acuerdo de Nueva York que puso en manos de los Estados de Bandera a través de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias, abriéndole las puertas al Reino Unido de Gran Bretaña a la administración del recurso en total violación de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, en el más absoluto silencio de los miembros del CFP del cual Padín era miembro. Otro tanto, cuando en junio de 2001 la Cancillería argentina invitó a coordinar con el Reino Unido la delimitación de la plataforma continental argentina. Y, entre otras tantas acciones en perjuicio de la Argentina, el Reino Unido en 2011 declaró la Reserva Ecológica británica de 1 millón de km2 en Georgias del Sur y Sándwich del Sur, sin que el CFP se expidiera al respecto. ¿Alguna mención a los veteranos de guerra de Malvinas?

 

En base a los graves hechos relatados precedentemente, el Lic. Oscar Padín puede ser un buen zoólogo, pero no me imagino como puede administrar el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) atendiendo los intereses nacionales y, mucho menos, cuáles pueden ser sus ideas para elaborar una estrategia para recuperar Malvinas en el Consejo Nacional de Malvinas, cuya integración ha seleccionado y coordina el secretario Daniel Filmus.

 

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*Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 25 libros (entre ellos “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera”, 2019).

 

 

 

Parte 3

La estrategia del Consejo Nacional de Malvinas

por César Augusto Lerena

Informador Público, 19.2.21

 

Continuaré refiriéndome a algunos de los miembros seleccionados para integrar el Consejo Nacional de Malvinas (el día que se ponga en funciones) para imaginarnos cuáles podrían ser las políticas destinadas a recuperar Malvinas. Apenas fallecido el expresidente Carlos Menem, distintos personajes salieron a hacer una semblanza del extinto. Uno de ellos, el General (RE) Martín Balza quien, precisamente, fue designado para integrar el Consejo que coordina el secretario de Malvinas Daniel Filmus, efectuó unas llamativas declaraciones en su condición de general en jefe en la década del 90.

 

Refirió en la entrevista (difundida por Urgente 24) el citado: «Carlos Menem, jamás interfirió en mis decisiones», perdiendo de vista Balza su condición de subordinado del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Nación. Es éste el que toma las decisiones y el general quien las cumple.

 

La fórmula «Subordinación y valor para defender a la Patria» que utiliza el ejército en las formaciones, debiera concluir por imperio del artículo 6º de la Ley 23.463, en «y defender la Constitución Nacional» razón por la cual, no debiéramos asignarle ningún valor o atribuirle especial mérito a un general por defender, como cualquier ciudadano, la Constitución. La Subordinación en el caso del Mando Militar, se entiende como «la sujeción a la orden, mando o dominio del subalterno con respecto al superior. El subordinado acata el mando por la existencia de una relación jerárquica que él comprende y acepta»; y Valor es un concepto que describe «el comportamiento generador del bien de su desempeño del que depende en gran medida, el éxito en el cumplimiento de las órdenes que se le han impartido para la realización de las misiones y actos de servicio».

 

En base a lo precedentemente expuesto precisaría los dichos del general Balza: jamás dejó de cumplir con las órdenes impuestas por la conducción del Comandante en Jefe Carlos Menem (“El presidente dispone de las Fuerzas Armadas”, Martín Balza, El Intransigente, 14/11/2019) y la Constitución y, ello incluye, a todas las decisiones, de otro modo se hubiera tenido que ir a su casa. Los oficiales superiores al asumir una función de mando deben prestar el juramento de observar y hacer observar, si fuere necesario, hasta perder la vida, la Constitución Nacional, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional (Art. 1º y 5º Ley 23.463). Ergo, Balza avaló con su continuidad todas las acciones relativas a la enajenación de la soberanía nacional -al menos- que se llevaron a cabo durante la década del noventa.

 

Me permito recordar que, como comandante de la VI Brigada (1987), subjefe del Estado Mayor General del Ejército (1990) y jefe del Ejército Argentino (1991), Balza se mantuvo activo en los altos mandos militares entre 1989 y 1999, uno de los períodos más oscuros de dominación y de mayor entrega nacional del Atlántico Sur y Malvinas y, “sus decisiones” (sic) al respecto, fueron inexistentes o infructuosas -si existieron- respectos a los Tratados, Acuerdos, etc. que enajenaron la soberanía nacional.

 

Como Secretario de Estado designado en julio de 1989 renuncié los primeros días de enero de 1991 (La Capital de Mar del Plata, pág. 7 del 20/2/91) por la gravísima entrega nacional que en el área de Malvinas y el Atlántico Sur, Menem, Cavallo y quienes los acompañaban en sus políticas (algunas de las cuales describo a continuación o que pueden ampliarse en el libro de mi autoría “Malvinas. Biografía de la Entrega, 2009). La renuncia, aunque, como en mi caso, sea por propia determinación, supone un alejamiento y una pérdida; pero también la posibilidad de ejercer un derecho irrenunciable de participar activa, ética y libremente en favor de los intereses supremos de la Nación. Me quedaba adherir a “El Estado soy yo” de Luis XIV o al “Estado somos nosotros” de Lenin, gozando en ambos casos de las mieles del poder; pero suscribí a “el Estado son todos” de Honoré de Balzac; acompañando a millones de argentinos bien nacidos, que, por encima de los intereses personales, ponen el de la nacionalidad; el respeto y admiración a nuestros ascendientes y a los héroes que regaron con su sangre la Nación. Mientras, el general Balza, continuó prestando sus incondicionales servicios al ex Presidente Menem hasta el 1999. Es evidente que tenemos una diferente valoración de los hechos que ocurrían en esos años y, mientras él refiere, a “una modernización de la fuerza” inconducente, precisamente por efecto de los Acuerdos de Madrid como veremos, muchos percibimos una Nación de rodillas.

 

«Hubo respeto mutuo y en ocasiones hasta afecto del señor presidente hacia su persona y (…) nunca interfirió en mis decisiones (…) jamás interfirió en la relación mando-obediencia-subordinación (…) en todo momento respetó a las fuerzas armadas», refirió Balza en la entrevista. Opiniones todas muy llamativas, de quien estuvo al frente del Ejército y cumplió las órdenes de un gobierno que enajenó la soberanía nacional. No me imagino a los Generales Manuel Belgrano; Martín Miguel de Güemes; Juan Manuel de Rosas; José Gervasio Artigas; Juan Lavalle; Manuel Oribe; Simón Bolívar; Juan Gregorio de Las Heras; Juan Álvarez de Arenales; Bernardo O’Higgins, Miguel Estanislao Soler, Mariano Necochea y otros tantos, algunos de los cuales sus bustos se encuentran en el Colegio Militar de la Nación, que, estando entre los generales más destacados americanos, jamás hubiesen admitido en silencio tanta entrega, semejante cesión del territorio nacional, con graves implicancias sobre la Antártida. Y por supuesto, bastaría repetir algunas de las frases del General San Martín para saber que hubiera hecho nuestro Libertador: «Hace más ruido un hombre gritando que cien mil que están callados (…) Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla».

Cuando se analizan las condiciones de subordinación en que las fuerzas armadas argentinas -en particular del ejército- quedaron ante la pérfida Albión con motivo de la firma de los Acuerdos de Madrid y otras decisiones tomadas durante la década del 90 en la que ejerció la jefatura militar Balza, no hay más que repudiar la profundización de la entrega nacional de esos años.

 

Martín Balza es un general controvertido. Egresó (17/12/55) en orden de mérito 143 sobre 173 cadetes y, entre tantas otras declaraciones públicas refirió que «nunca estuve de acuerdo con los indultos de Menem de octubre de 1989» (Mirá lo que te digo, 15/2/2021), pero, Hernán Fair pone en duda sus dichos: «una vez asumido, el Presidente (Menem) (…) el 7 de octubre de 1989 indultó por decreto a 216 oficiales y suboficiales y 64 civiles procesados por las rebeliones de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli y, el 29 de diciembre de 1990 el Gobierno firmó varios decretos (NdA: Decretos 2741/90 al 2746/90) que beneficiaron a todos los miembros de las Juntas del Proceso Militares, represores, terroristas, etc. (entre ellos a Firmenich y Martínez de Hoz), satisfaciendo lo que en los hechos constituía la principal demanda política del Generalato castrense» (CONICET, “Relaciones políticas entre el menemismo y las Fuerzas Armadas. Un análisis histórico-político del período 1989-1995” Revista KAIROS, UNSL, mayo 2011), en una fecha, en que el General Martín Balza ya era subjefe del Estado Mayor del Ejército.

 

Por otra parte, el servicio militar obligatorio, un régimen vetusto y prepotente, que imperaba durante la jefatura del general Balza, se terminó en 1994, no por la voluntad de éste de reconvertir la fuerza sino por la brutal muerte de Omar Carrasco. Continuaba como jefe del Ejército cuando el 3 de noviembre de 1995 estalló la Fábrica Militar de Armamentos de Río Tercero y, también cuando la Argentina, pese a ser uno de los cuatro países garantes del Protocolo de Río (1942) le vendió armas a Ecuador, pese a enfrentarse a la hermana República del Perú, el más importante aliado militar que tuvo la Argentina en 1982. No ampliaré sobre estos últimos hechos, pese, a que por su condición de jefe del arma y su vínculo con el Ministerio de Defensa no debería -oficial o extraoficialmente- desconocer lo que ocurría al respecto. El manifestó “haberse enterado por los diarios de los decretos secretos” (Mirá, reportaje citado). Digamos: ¿estaba pintado?

 

No obstante ello y antes de continuar, no podría dejar de lado sus múltiples distinciones y medallas; sus tareas y declaraciones derivadas de sus responsabilidades militares (sus camaradas son quienes las valorarán) ni el valor de Balza de combatir en Malvinas, como no lo haría jamás con ninguno -cualquiera sea su jerarquía militar- de los que combatieron por defender nuestros archipiélagos; pero, hay cientos de soldados que aun combatiendo en Malvinas, no se consideran veteranos de guerra, porque siguen dando pelea sin solución de continuidad desde 1982 hasta nuestros días, sin sostener ni participar en un gobierno, que con sus acciones, favoreció la consolidación británica en Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida.

 

Me limitaré entonces, a describir lo ocurrido entre 1989 y 1999 respecto a la creciente ocupación británica del Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida, cuando el general Balza era el principal responsable del Ejército argentino.

 

No pudo ignorar este general del más alto rango, el contenido de los Acuerdos de Madrid. ​Las Declaraciones Conjuntas del 19/10/1989 y, 18,19/12/1989 en París, convertidas luego, en el Tratado del 14,15/2/1990, comúnmente llamado de Madrid y, el Tratado de “Promoción y Protección de Inversiones británicas” en Londres el 11/12/1990, complementario del anterior, convalidado por la Ley 24.184.

 

Estos Tratados terminaron con la Argentina soberana, industrial, tecnológica, científica y dueña de sus recursos naturales y servicios públicos; que la devolvieron, a sus orígenes de proveedor de granos, transgénica, semilla-dependiente y química-fumigada. La Argentina del monocultivo, con los servicios y los recursos naturales privatizados. Los ferrocarriles y las flotas navales liquidadas y los astilleros nacionales desfinanciados, etc. De la Argentina con un mar territorial de 200 millas marinas, por imperio de la Ley 17.094, a la Argentina de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) depredada por británicos, españoles, chinos, rusos, taiwaneses y coreanos.

 

La supresión de hipótesis de conflicto que dominaron las relaciones con Brasil y Chile en el siglo XX era razonable; pero, el país pasó, de tener ocupados por los británicos en 1982 unos 11.410 km2 y tres millas marinas al alrededor de Malvinas, a ser invadido por Gran Bretaña en 1.639.000 km2.. Un 52% de toda nuestra ZEE, equivalente a un 28% del territorio continental. Que nuestro país no tenga hipótesis de conflicto y, desarmadas sus fuerzas, es verdaderamente asombroso.

 

Estos Tratados se completaron con la sanción de la Ley 23.968 (10/9/1991) de los “espacios marítimos” que determinó las líneas de base, que le permitió al Reino Unido establecer los espacios marítimos alrededor de Malvinas; la sanción de la Ley 24.543 (13/9/1995) que ratificó la CONVEMAR, a cuya sanción -modestamente- nos opusimos sin éxito con el apoyo de un par de Senadores liderados por el Senador Pedro Molina (PJ Santa Cruz), que le permitió al R.U. considerarse -en forma ilegal- como un país ribereño en Malvinas y, promover, en la actualidad, la multilateralidad regional del control de las pesquerías, para tratar de intervenir, en un pie de igualdad con la Argentina, en la administración de los recursos en el Mar Argentino; motivo por el cual, nos opusimos y, seguimos haciéndolo, a la sanción luego de varios años de discusión de la Ley 25.290 del 13/7/2000 que promueve las OROP (Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero) dejando la administración preminente del Atlántico Sur en manos de los Estados de bandera en perjuicio de los Estados ribereños y, frente a la presencia británica en Malvinas, violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Balza permaneció en su cargo en silencio, como muchos que permanecieron y permanecen en silencio y son incapaces de proyectar una estrategia para salir de esta trampa que sume en la derrota perpetua a quienes creen que todo está perdido y, a una gran mayoría de argentinos, que ignora cuál es la situación del país. ¿Alguna vez el General Balza ante los Acuerdos de Madrid, esos años habló sobre la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur? que firmaron los países africanos occidentales y suramericanos con ZEE en el Atlántico Sur en la Asamblea General de la ONU (Res. 41/11 del 27/10/1986).

 

La Argentina y el Reino Unido acordaron, en primer lugar, aplicar la fórmula inglesa del “paraguas”, por la cual ambos países aceptaron el tratamiento de distintos temas, en tanto y en cuanto, ello no significase reconocimiento alguno sobre la soberanía de Malvinas. Pese a esta decisión ya lacerante e indigna, los británicos quebraron todas las resoluciones de la ONU, mientras nuestro país permanece congelado, declamando ante los foros nacionales. ¿qué opinarán los argentinos y los fueguinos en particular sobre el incumplimiento de Res. ONU 31/49 y la 1514/60 que «Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales…» (4) y que declara «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» (6).

Ningún funcionario de alto rango ocupado en la defensa nacional pudo haber permanecido en silencio ante semejante invasión británica. Y aquí, la pregunta surge espontánea: ¿modernizar el ejército para qué Balza? Si no es para defender la soberanía nacional que, es el rol excluyente que justifica la existencia de esa fuerza. San Martín refiero al respecto: «Compañeros juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje», que, actualizado a los tiempos modernos y nuestra debilidad podría significar ¿Qué propuestas documentadas le presentó al Presidente de la Nación o al Ministro de Defensa para revertir la pérdida de territorios, recursos y soberanía?

 

En 1990 se estableció, entre ambos gobiernos la conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas (dándole al zorro a cuidar el gallinero) para facilitarles a los británicos el otorgamiento de permisos ilegales a flota extranjera. En 1991 con la delimitación de las líneas de base del continente se allanó al Reino Unido su propia delimitación en Malvinas que ocupo 438.000 km2 alrededor de Malvinas. En 1993 el Reino Unido amplió su ocupación marítima a las 200 millas. En 1994 se acordó la pesca en el Atlántico Sur con la entonces CEE y, los buques españoles nunca pescaron en Malvinas. En 1995 se acordó intercambiar información sobre todo la actividad pesquera entre el paralelo 45º S (altura Puerto Camarones, Chubut) y el 60º S (altura de las Islas Orcadas), es decir, por fuera de las 200 millas ocupadas por los británicos alrededor de Malvinas y, la Argentina, a través del INIDEP aportó sus científicos y buques aportándole información pesquera sensible.

 

En 1996 la Argentina acordó políticas de cooperación con el Reino Unido “en Beneficio de las partes involucradas”. En 1998 se firmó el “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido y, en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, el Reino Unido trasladó el Comando Sur desde la Isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur, con aviones, fragatas, misiles y radares de última generación, quienes son informados de los movimientos militares argentino. ¿Alguien podría pensar que la base misilística instalada en Malvinas, es para evitar un nuevo intento armado de recuperar las Islas por parte de los argentinos? Bueno, ello sería suponer que los británicos no conocen que nuestro presupuesto de defensa es similar al de Chile o Perú, con un territorio continental y marítimo infinitamente mayor al de esos países. En 1999 la Cancillería Argentina colaboró con el Reino Unido para combatir los buques sin licencias británicas en el Atlántico Sur y, el mismo año por declaración conjunta británico-argentina del 14/15 de julio autorizó (transponiendo el espacio aéreo argentino) un vuelo semanal de “LanChile” entre Punta Arenas (Chile) y Malvinas, con una escala mensual en Río Gallegos, donde los argentinos -en un nuevo gesto de reconocimiento en favor del Reino Unido- debemos hasta hoy presentar pasaporte para ingresar a Malvinas y, mientras los cancilleres referían al fortalecimiento de «las relaciones entre la Argentina y Chile (…) el jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, definió ayer al acuerdo firmado entre la Argentina y Gran Bretaña, el miércoles último, en Londres (…) Un pequeño gran paso el que se ha dado. No es poca cosa» (Andrea Centeno y Federico Quilodrán, La Nación 20/7/1999), lo que significó facilitar la logística general y transporte a los isleños.

 

Los Acuerdos de Madrid dejaron sin efecto la “Zona de Protección Militar” alrededor de Malvinas, pero, establecieron un “Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíproca”, y otros, que de transitorio no tuvieron nada y que obligan a la Armada Nacional y a la Fuerza Área Argentina -al Ejército ni siquiera se lo incluyó- a informar al Comandante de las Fuerzas Británicas en Malvinas de todo movimiento marítimo y aéreo en el Atlántico Sur entre el paralelo 46º S (Comodoro Rivadavia) y 60º S (Islas Orcadas). Es decir, cedimos a los británicos nuestra soberanía territorial y de defensa nacional en millones de km2 del espacio marítimo y aéreo argentino, frente, a la Patagonia y Antártida Argentina. ¿No es llamativo que, teniendo ocupada Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, como dije, no tengamos hipótesis de conflicto y ningún experto en defensa integre el Consejo Nacional de Malvinas?

 

Para ampliar en las cuestiones específicamente militares transcribiré las opiniones del Dr. Julio Carlos González, ex Director de Asuntos Jurídicos y Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación del gobierno constitucional del 25/5/1973 al 24/3/1976, momento en que fue detenido por golpe militar y último preso político en recobrar la libertad el 18 de abril de 1983, del que nadie podría dudar de su espíritu democrático y nacional. Respecto a los Acuerdos de Madrid (“Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas”, 1998; “Tratados por Malvinas del 15 de febrero de 1990: La entrega del país a Gran Bretaña, 14/2/2019), que ya en 1990 (La Prensa, 15/3/1990) había desenmascarado con valentía y dignidad ciudadana, calificó a estos Tratados de ruines e ignominiosos «redactados por el Foreign Office» (Ob. Cit. pág. 129). ¿Tal vez el general Balza -el jefe del ejército- se haya enterado por los diarios?

 

Refiere Julio González sobre la «subordinación de las fuerzas armadas argentinas a las fuerzas británicas (III): El art. 4° donde la delegación británica anuncia la decisión de su gobierno de “dejar sin efecto la Zona de Protección establecida alrededor de las islas Malvinas (Falkland)” fue publicitado como un logro del gobierno argentino, pero en cambio exhibe una supremacía total de Gran Bretaña sobre el territorio de nuestro país (…) En efecto, desde el momento en que Inglaterra adquiere el derecho de controlar todos los actos de las Fuerzas Armadas de Argentina (art. 52º A, B y C del Tratado) es innecesario que se mantengan efectivos de Gran Bretaña para defender a las Islas Malvinas de un eventual ataque argentino. Con esta estipulación el Tratado ha reconocido lisa y llanamente el derecho posesorio inglés sobre el Archipiélago de Malvinas. Por su parte, en el art. 5° se consignan los derechos que adquiere Gran Bretaña sobre las Fuerzas Armadas de la República Argentina:

 

«A: El Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental. Las precisiones sobre este “Sistema Transitorio” (cuyo tiempo de duración no se determina), se hallan especificadas en el Anexo 1 del Tratado.

I: respecto al Aumento del conocimiento recíproco de las actividades militares en el Atlántico Sur este excede ampliamente al área de las Islas Malvinas y su zona de exclusión marítima y comprende cualquier quehacer militar en el Atlántico Sur».

 

«B: Las Autoridades Militares. En este aspecto se dispone que Autoridades Militares han de ser las siguientes: Para la República Argentina: La Autoridad Naval Argentina el comandante del Área Naval Austral (Ushuaia). La Autoridad Aérea Argentina el jefe de la Novena Brigada Aérea (Comodoro Rivadavia). Para Gran Bretaña: el comandante de la Fuerzas Británicas en las Islas Malvinas (Falkland). Es importante señalar, que el Tratado en este aspecto no otorga participación a la Autoridad del Ejército Argentino que tiene competencia y jurisdicción militar sobre todo el territorio continental de nuestro país, no obstante que el Territorio Continental Argentino es objeto específico del Tratado, comenzando por el ingreso y desplazamiento de súbditos ingleses cuya actividad en nuestro territorio por imperio del art. 13º del Tratado queda exenta de toda visa consular o permiso previo de las autoridades argentinas. Esta omisión es extremadamente grave si consideramos el antecedente de segmentación territorial de Harry S. Ferns» (Universidad de Birmingham en “Britain And Argentine in The Nineteenth Century” pág. 485 Ed. Hachette 1974. Idem Lord Franks “Report of Committee Of Privy Counsellors” publicado en “La Nación”, pág. 9, 2/4/1983). Esta parte “B” complementa y reafirma el objetivo final que se persiguen los británicos en materia militar. No sólo se busca una información y consulta entre las Fuerzas Armadas sino establecer una “comunicación directa” entre las Islas Malvinas y el Territorio Continental que incremente el “conocimiento recíproco” de las actividades militares en el Atlántico Sudoccidental».

 

«C, D y E: Las vinculaciones entre las Autoridades. En el texto se estipula que el Ejército Argentino no podrá participar directamente de esas transmisiones porque según el Tratado el Ejército no reviste el carácter de Autoridad Militar de la República Argentina» (¿?). Ya no por la defensa de la soberanía nacional, sino por la historia de sus patriotas y por la memoria de los héroes nacionales de su arma que nos dieron la independencia, debió renunciar.

 

«II: Respecto a la definición de unidades el Tratado determina la individualización de naves y de todo el personal de las fuerzas argentinas».

 

«III: Respecto a la información reciproca sobre movimientos militares ambos países se deben proporcionar con 25 días de anticipación el movimiento de sus Fuerzas armadas y de los ejercicios que verifiquen unas y otras y, otra serie de exigencias operativas. Del análisis de las coordenadas y paralelos es fácil advertir, que mientras los buques y aeronaves que se desplacen por la plataforma continental argentina han de estar subordinados a un fácil y seguro control británico, los buques ingleses que naveguen desde nuestras costas hasta el meridiano 20 W no estarán sometidos a igual control argentino. Con esto, Gran Bretaña se convierte en un estado ribereño con la Argentina y se consolidan los títulos ingleses de posesión de Malvinas y, el litoral marítimo de Argentina y, su espacio aéreo respectivo queda sin límite de tiempo bajo el control permanente de la Royal Navy y de la Royal Air Force. Este Anexo al que remite el art. 5° adjudica al Comando de las Fuerzas Británicas de Malvinas (Falkland) la coordinación de los salvatajes marítimos con Ushuaia y la coordinación de los aéreos con C. Rivadavia». Es fácil apreciar el lugar central que le dio el Reino Unido a las Malvinas y que la Argentina aceptó.

 

El Dr. Julio C. González precisa: «El Atlántico Sudoccidental en la actual reformulación geopolítica del mundo, es un área decisiva en la confrontación Norte-Sur. Por lo tanto, su control por una potencia rectora del hemisferio norte como Inglaterra, con el consentimiento de Argentina, titular del espacio territorial y marítimo que conduce a la Antártida, crea la posibilidad de que nuestro país pueda ser el epicentro de un serio y grave enfrentamiento internacional». No nos debiera asombrarnos hoy la presencia de naves y submarinos nucleares de estados Unidos. Y prosigue González: «Más importante que tener la titularidad de una parte del Continente Antártico a distribuir, es el dominio del corredor terrestre y marítimo que conduce a la Antártida y, ese corredor, está integrado por la Patagonia Argentina y por el Mar Argentino que se extiende desde el sur de Tierra del Fuego e Islas de los Estados hasta las Islas Orcadas del Sur que se hallan situadas a la altura del paralelo 60 Sur (…) Todo lo transcripto y analizado hasta aquí, nos permite constatar que a partir del 31/3/1990 la Patagonia Argentina y el sur de mar argentino serán objeto de una soberanía compartida con Gran Bretaña». Nada que no se esté cumpliendo con el Reino Unido ocupando 1,6 millones de km2 del sur-sur argentino.

 

«La “Bilateralidad” de las relaciones militares entre Inglaterra y la Argentina excluyó toda participación del Ejército Argentino, hizo lo mismo con la participación de otros Estados y de organismos internacionales. Es así como la Argentina marítima y aérea quedó en su parte austral bloqueada, vigilada y aislada por la hegemonía de una Potencia Extracontinental que usurpa un archipiélago de su territorio y que además es árbitro permanente de sus fronteras con la República de Chile».

 

Hacia 1998 González decía: «No tenemos noticia de que ningún jefe de las Fuerzas Armadas, ni en actividad ni en retiro, haya formulado alguna crítica a este Tratado» y, ello lo incluye en un rol protagónico al general retirado Martín Balza, que no parece haber dicho nada sobre estos Acuerdos ni sobre los enemigos externos durante esa década ya que, como jefe del Ejército se mantuvo en silencio, al menos, hasta 1999. Fue un jefe obediente y por sus declaraciones posmorten relativas a Menem, lo sigue siendo: «recibí la comprensión y apoyo de Menem» (Mirá, 17/2/2021). Nada comparable, a lo que el general Antonio José de Sucre diría a sus soldados al iniciarse la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 que terminaría con los realistas en América: «De los esfuerzos de este día, depende la suerte de la América del Sud».

 

Casi nadie está exento de responsabilidades. Pero los que debieron ser custodios de la soberanía nacional seguro que no. En el escenario de hoy, respecto a Malvinas, que es el resultado de los Acuerdos de Madrid 1989/90 y de otras medidas contrarias al interés nacional de la década del noventa, no me imagino al general (RE) Martín Balsa diseñando el plan estratégico en el Consejo Nacional, para recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la plataforma continental y la Antártida.

 

Sobre estos temas «escribo siempre que puedo, con náuseas al comenzar» (Horacio Quiroga).

 

 

 Parte 4

 

De L’Éminence Grise en los Acuerdos de Madrid

a miembro del Consejo Nacional de Malvinas

 

 César Lerena, 26.2.21

 

En línea de seguir relatando hechos en los que participaron algunos de los miembros seleccionados para integrar el Consejo Nacional de Malvinas (a 6 meses y 24 días de sancionada la ley 27.558) que coordina el secretario de Malvinas Daniel Filmus, de modo de poder imaginarnos, cuál podría ser la política diseñada por este Consejo destinada a recuperar Malvinas. Uno de ellos, es la embajadora radical jubilada Susana Myrta Ruiz Cerutti, que ha participado activamente en el diseño de las políticas de la Cancillería argentina en los últimos cuarenta y cinco años.

 

¿La selección de Ruiz Cerutti para el Consejo es una sorpresa, o no? Fue funcionaria en cargos o misiones jerárquicas en la Cancillería durante el Proceso Militar y en todos los gobiernos democráticos desde Alfonsín a Macri y, ahora con Alberto Fernández. Casi eterna directora de la Consejería Legal; secretaria de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Alfonsín y de la Rúa y ministra post Caputo.

 

Ha sido multipremiada y se le reconoce un conocimiento superlativo del derecho internacional público, aunque, es difícil imaginar, cómo se concilia su aporte jurídico, con su aceptada condición de radical (UCR); es decir, que, pese a su condición de funcionaria de carrera, tiene una posición política manifiestamente antagónica con el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria y el ahora Frente de Todos y, supongo también, con las políticas del proceso militar. Es evidente, que no es lo mismo ser un embajador de carrera (aunque algunos destinos sean muy sensibles), que ocupar los lugares más importantes de la Cancillería: ministra, secretaria de Estado y directora de la Consejería Legal. Si bien centraré su protagonismo entre los años 1985 y 1989, nada de lo que ocurrió durante sus 45 años en la Cancillería y en la política exterior argentina le fue ajeno; más bien todo lo contrario, la tuvo como protagonista y, en el caso de la gestación de los Acuerdos de Madrid, como una de las principales asesoras.

 

Esta gran pragmática de la política diversa estuvo bajo las órdenes de casi todos los cancilleres y vicecancilleres que manejaron las relaciones exteriores argentinas en los últimos años, desde Nicanor Costa Méndez hasta hoy Felipe Solá. «Sería exagerado decir que el nombre de cada uno de los Cancilleres remite a una política exterior distinta (…) pero la lista evoca directrices mutantes, incluso contrapuestas» (Pablo Mendelevich “¿Más cerca o más lejos?”. Di Tella en los medios. La Nación, 1/04/2012).

 

              Caputo la recuerda a su lado durante las largas sesiones en Diputados, donde concurrió más de una vez para ser interpelado. «Susana se sentaba conmigo y me daba tranquilidad. Con ella cuidándonos las espaldas sabíamos que no había riesgo de que entrara ningún cañonazo (se supone los de los peronistas que hoy la convocan al Consejo). Sin embargo, y más allá de las idas y venidas, desde siempre sigue de cerca el conflicto con Gran Bretaña. De hecho, actualmente (NdA: en ese entonces) integra el Consejo Consultivo sobre Temas vinculados al Atlántico Sur junto al embajador Horacio Basabe, su principal colaborador en todos estos años, con quien "andan siempre juntos" (…) con años de pragmatismo diplomático a cuestas, nadie puede asegurar que el calificativo no se deba en realidad a las célebres palabras de este pensador español: Yo soy yo y mi circunstancia» (Adriana Balaguer, La Nación, 30/12/2012).

 

Ernesto de la Guardia el mentor. La Ley 17.094 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)

 

Ruiz Cerutti considera su maestro al embajador Ernesto de la Guardia (Leopoldo Godio, p. 128, 2018) y, al respecto, son interesantes las consideraciones de Roberto Roth que dan cuenta que, algunos diplomáticos habrían contribuido (entre ellos Ruiz Cerutti) a la transformación de las 200 millas de Mar Territorial Argentino en Zona Económica Exclusiva: «Por la Ley 17.094 de 1966 la Argentina proclamó su soberanía sobre las 200 millas, la que fue acatada por la URSS y por los restantes países que tenían actividad en nuestra plataforma. El Embajador de la Guardia intentó sabotear la decisión de proclamar la soberanía en las 200 millas, con la colaboración de Elsa Kelly. El 10 de diciembre de 1983 asume el presidente Alfonsín con el Canciller Dante Caputo y la Secretaria de Relaciones Exteriores Elsa Kelly (la misma que no había logrado impedir la sanción de las 200 millas como mar territorial, seis años atrás) quien designa Embajadora ante los Organismos Internacionales de Ginebra a Ruiz Cerutti; la Embajadora que firmaría la CONVEMAR. El referido de la Guardia, embajador en Moscú, firma un Convenio de Pesca con los rusos, donde se introduce la terminología empleada en la CONVEMAR (aún no aprobada en Argentina) de “Zona Económica Exclusiva”. ¿Quién la introdujo en este Convenio? Ciertamente no los rusos, que no eran firmantes de la Convención (otro tanto pasó con el Acuerdo con Chile sobre el Beagle). La Argentina aparece aquí, renunciando tácitamente a su ejercicio de soberanía, y reconociendo en forma tácita a la CONVEMAR.

 

Ya a mediados de 1989, con la “pretensión inocente” de fijar las Líneas de Base, ya se había intentado infructuosamente aprobar un proyecto de ley que reducía a 12 millas nuestro Mar Territorial, con lo cual se hubiera puesto en vigencia parcialmente la CONVEMAR, cercenando los derechos argentinos». (César Lerena, “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009, transcripción parcial). Roberto Roth amplia: «Las 200 millas argentinas, otra víctima del radicalismo. Tanto en la firma como en su ratificación intervinieron los radicales y los diplomáticos Elsa Kelly, Ernesto de la Guardia y Susana Ruiz Cerutti» (César Lerena, ob. Cit).

 

Este era el mentor de Susana Ruiz Cerutti. Para que vayamos conociendo a la alumna.

 

La CONVEMAR no estaba vigente en la Argentina y, ya la introducían este grupo de diplomáticos en cuanto documento había. Mientras ello ocurría, ignoraban, pese a estar presentes, las muy importantes conclusiones y recomendaciones elaboradas por las Comisiones específicas de las 1ras. Jornadas sobre Problemática Pesquera realizadas en 1990, que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata bajo el auspicio de la Presidencia de la Nación, que, en su parte más saliente decían: «…la CONVEMAR no rige, ni en el orden interno ni en el internacional, ni siquiera puede sostenerse su vigencia consuetudinaria, debido a la metodología de la negociación “global” y por “consenso”.

 

La legislación interna vigente contempla un mar territorial con una extensión de 200 millas, sin perjuicio de la libertad de navegación y sobrevuelo. Ello, a pesar de la existencia de un régimen diferencial en el espacio marítimo de 200 millas, limitando la navegación al tránsito inofensivo más restringido en un espacio determinado. Además, la Argentina, ha comunicado a las Naciones Unidas, que reclama el mar territorial de 200 millas, y como tal, figura en el informe publicado por la ONU en 1988», quedando sin efecto siete años después con la ratificación de la Ley 24.543. En la recomendación, las Comisiones indicaron que: «no resulta conveniente la ratificación de la Convención, ni la adopción de la terminología empleada en ésta; debiendo insistirse en que la Argentina es titular de todos los derechos y potestades residuales, que no hayan sido expresamente delegados a la comunidad internacional o a terceros países”.

 

La influencia de los Consejeros Jurídicos en la Cancillería y la política nacional

 

Como dije, Ruiz Cerutti, aún radical, prestó sus servicios a todos los partidos políticos (sosteniendo posiciones políticas obviamente diversas) y, también, muchos de los cancilleres y vicecancilleres cumplieron al pie de la letra con sus opiniones jurídico-políticas. Es sabido, que en los ministerios los asesores letrados suelen contribuir a las políticas de los ministros, pero en la Cancillería suelen fijarlas. Un ejemplo de ello es lo que refiere José Comas (El País, B.A. 26/5/1989) «El presidente argentino, el radical Raúl Alfonsín, designó para una situación de economía de guerra a su nuevo Gabinete de crisis, que debe gobernar el país hasta el próximo 10 de diciembre, fecha constitucional de culminación del mandato presidencial de seis años (…) La política exterior queda en manos de una mujer, Susana Ruiz Cerutti». Aunque ya conocemos el fracaso de esta gestión, que motivó el adelantamiento de la asunción del presidente electo cinco meses antes (8/7/1989), sirvió para dejar claro el alcance de los consejeros legales y las limitaciones que muchos de ellos tienen en materia política.

 

Al respecto Leopoldo Godio (“El rol de los consejeros jurídicos en la política exterior argentina. El procedimiento decisorio entre 1983-1989”, UBA, 4/12/2018)  indica que «resulta evidente que en el proceso decisorio de la Cancillería se requiere, explícita o implícitamente, la participación de la Consejería Legal (…) El Canciller recurre a su “mesa chica” y en ella aparece como miembro permanente de ésta o, habitual funcionario de consulta, el consejero legal (…) Los entrevistados han destacado a distintos consejeros legales (…) que fueron “escuchados” durante el ejercicio de la dirección: Hugo Caminos; José M. Ruda; Julio  Barberis; Ernesto de la Guardia; José García Ghirelli; Elsa Kelly; Julio Barboza; Horacio Basabe y Susana Ruiz Cerutti, por mencionar algunos que continuaron la labor de Isidoro Ruiz Moreno (…) quien durante casi veinte años fue el titular de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y, simultáneamente, un muy influyente Consejero Legal de la Cancillería. Isidoro Ruiz Moreno fue el primero en ocupar esta función en la Argentina, creada por el expresidente Alvear. De su labor se destaca su opinión requerida por el canciller Ruiz Guiñazú (1941), referida a la conveniencia de no declarar la guerra al Eje…». Lo que deja en evidencia, hasta dónde pueden influir; incluso en tándem estos asesores, como, por ejemplo, Ruiz Cerutti con Horacio Basabe en varias cuestiones o, con Elsa Kelly.

 

Durante la Cancillería de Caputo, los cargos claves fueron ocupadas por personas ligadas al presidente, no necesariamente diplomáticos y, si bien se reconoció (…) la formación del ISEN en los papeles, el verdadero núcleo estructural de este ministro estuvo encabezado por Raúl Alconada Sempé y Lucio García del Solar e integrado por Jorge F. Sábato; Hugo J. Gobbi; Elsa D. R. Kelly; Alberto Ferrari Etcheverry; Jorge Romero; Adolfo Gass y Susana Ruiz Cerutti (L. Godio “El rol de los consejeros jurídicos…”,UBA, 4/12/2018). Ello continuó tras la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana, donde «el nuevo Canciller Timerman instrumentó la renuncia de aquellos diplomáticos que el expresidente Néstor Kirchner consideraba conspiradores, entre ellos Susana Ruiz Cerutti» (Agensur.info, 9/1/2013). La liberación de la Fragata la salvó de la purga, no sabemos si del calificativo.

 

Susana Ruiz Cerruti. Malvinas, los Acuerdos de Madrid; del Beagle; de Irán y de Nueva York

 

Hay quién refiere que a Ruiz Cerutti “nada le molesta más que la contradigan” y ella misma se debe considerar “uno de los consejeros legales más representativos de la historia” como Leopoldo Godio también la califica (Leopoldo Godio “El rol de los consejeros jurídicos…” entrevista a Ruiz Cerutti, 23/11/2017, UBA, 4/12/2018). Ahora bien, más allá de estos autocalificativos, parecen imprudentes las declaraciones de un funcionario de su jerarquía -que intervino en la redacción de los Acuerdos de Madrid- referirse a ellos públicamente en esta forma: «al gobierno (…) le preocupaba la visión o percepción que había en Londres sobre el tema Malvinas y que se reflejaba en un comunicado del Daily Telegraph del 28/12/1999 (La Nación, 27/10/2000): en los pasados tres años, la Argentina firmó un conjunto de acuerdos que se acercan al reconocimiento de una independencia de facto de las Malvinas (NdA: ¿como si ella no tuviese nada que ver?). Reconoció a los isleños derechos de pesca dentro de un radio de 150 millas, llegó a Acuerdos sobre la explotación de petróleo y gas que nuevamente considera a las islas como una discreta entidad y, en agosto, los pasaportes de los turistas argentinos visitantes de las islas fueron sellados por las autoridades migratorias de aquellas. Es decir, la Argentina ha aceptado si bien no con palabras, con hechos, que las Islas Malvinas son británicas» (Ruiz Cerutti, 2000:13). Feas declaraciones de quien debe tener reserva sobre cuestiones de Estado. 

 

Ya entrando en la cuestión Malvinas, Ruiz Cerutti participó activamente en la etapa de “desmalvinización” junto a otros protagonistas como Caputo y Cavallo; aunque hubo muchos otros,  que al calor de la política de entrega y humillación nacional, favorecieron los intereses británicos; enfrentados por un pequeño sector que defendió el interés nacional que bregaba por la soberanía plena del mar argentino, el archipiélago de Malvinas, la preservación de nuestra riqueza pesquera y la industria nacional (César Lerena “Malvinas Biografía de Entrega”, p. 37, Bouquet Ed. 2009). Funcionarios cercanos al ex secretario de Relaciones Exteriores Juan Archivaldo Lanús en 1989 opinaban que «la política de Caputo fue un retroceso estratégico imperdonable y, la desmalvinización, era algo más que retórica» (Ámbito Financiero, p. 37, 13/7/1989).

 

Respecto a los infamantes Acuerdos de Madrid, Ruiz Cerutti «es una de la que más trabajó en su gestación junto a los embajadores Lucio García del Solar, José María Otegui; Horacio Basabe y Jorge Vázquez» (Clarín, 14/10/1989; La Nación, 16/10/1989).

 

 No podemos dejar de recordar que en el período de Dante Caputo es donde se comenzaron a pergeñar estos indignos Acuerdos, que luego se consolidaron con Domingo Cavallo y varios diplomáticos remanentes de origen radical, que trabajaron en forma absolutamente antidemocrática ya que, ni siquiera, los Acuerdos de Madrid fueron aprobados en el Congreso de la Nación. El expresidente Arturo Frondizi, le dijo a Domingo Cavallo sobre estos Acuerdos: «usted es ministro de un gobierno peronista, le voy a leer entonces la opinión de una revista peronista. Tomé una revista y le leí, “los Acuerdos de Madrid son una traición a la patria” y le dije: “para los peronistas usted es un traidor a la patria» (César Lerena “Malvinas. Biografía de la Entrega”, Bouquet Ed. p.75, 2009).

 

A propósito de ello, Ruiz Cerutti estuvo presente en la cocina de los Acuerdos de Madrid con Caputo y también con Cavallo. La delegación argentina que participó en las negociaciones en Madrid, ya en los tiempos de este último, se formó con el Embajador jubilado Lucio García del Solar como jefe de la Misión; el director de Malvinas José M. Otegui; el Consejero Legal Horacio Besabe, el Asesor “en temas de pesca” (¿?) Aldo Dadone y el Embajador ante las Naciones Unidas Jorge Vázquez (Clarín, 14.10.89) y, en los «últimos tiempos estuvo colaborando con el grupo la ex Canciller radical y actual Embajadora en Suiza Susana Ruiz Cerutti»” (La Nación, Gobierno, pág. 4, 16.10.89).

 

Ya me he referido en un artículo anterior (Parte 3) a los hechos negativos que ocurrieron durante el tiempo que estuvo Balza al frente de la jefatura del Ejército y también a la opinión del Dr. Julio Carlos González que calificó a los Acuerdos de Madrid como ruines, ignominiosos y «redactados por el Foreign Office» (Ob. Cit. pág. 129) y, que, a raíz de ello, «el Atlántico Sudoccidental en la actual reformulación geopolítica del mundo, es un área decisiva en la confrontación Norte-Sur.

 

Por lo tanto, su control por una potencia rectora del hemisferio norte como Inglaterra, con el consentimiento de Argentina, titular del espacio territorial y marítimo que conduce a la Antártida, crea la posibilidad de que nuestro país pueda ser el epicentro de un serio y grave enfrentamiento internacional» y, agrego, le ha permitido al Reino Unido ocupar 1,6 millones de km2 del sur-sur argentino, aunque la propia Ruiz Cerruti suma 400 km2 más invadidos: «La cuestión de la disputa de Malvinas no es ni ha sido una cuestión menor para la política exterior argentina, puesto que, entre otros factores que se considerarán a continuación, la extensión de los territorios involucrados abarca una superficie de más de dos millones de kilómetros cuadrados situados en el Atlántico Sur» (Ruiz Cerutti y Romero Agustín, Malvinas. Hacia una política de Estado”2001).

 

El propio Carlos Escudé (¡quién diría!) afirma, que «este período constituyó una etapa de negociaciones sin acuerdos, dado que las mismas no redundaron a favor de los intereses argentinos de recuperación de las islas, y se dio en contraposición a las etapas que se darían posteriormente, en las que la negociación de la soberanía quedaría fuera de la agenda» (Javier A. Orso “La distinción entre cuestión y problemas sobre Malvinas como herramienta para la compresión de la política exterior argentina (1960-2010)” Departamento de Malvinas…” (Abril, 2011).

 

«Disciplinada al poder (Ruiz Cerutti), aún en los casos más críticos, como el polémico Acuerdo con Irán, en cuya letra participó» (Natasha Niebieskikwiat, Clarín, 7/11/2014) y, aunque ella manifestase «…haber participado en solo en dos reuniones (sept/oct 2012) en la ciudad de Ginebra respecto al Memorándum de entendimiento» (Clarín 2/11/2017) no dejamos de pensar, que los asesores legales arman los documentos y muchas veces no participan en las negociaciones y mucho menos en la firma de los acuerdos.

 

Ruiz Cerutti, intervino también en las negociaciones del Conflicto del Beagle durante el Proceso Militar (1976/1983) y fue la única que continuó en 1984 durante el gobierno radical. Negociaciones, que se vendieron como un éxito, pero significaron la pérdida para la Argentina de las islas Picton, Nueva y Lennox, dando lugar al ingreso de Chile por primera vez al Atlántico Sur; rompiéndose el “principio oceánico” (Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico) que nuestro país había sostenido históricamente, en contrario a la opinión de Chile. Fue agente argentino ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el caso de la pastera bosnia, en el que la Corte entendió, que “Uruguay no violó sus obligaciones para evitar la contaminación” y le permitió a la pastera seguir funcionando hasta nuestros días.

 

Trabajó en ello (Informe de Kohen, 21/2/2021, Ginebra) junto a Marcelo Kohen (hoy su compañero en el Consejo de Malvinas). El mismo que en 2018 formulara la descabellada propuesta de proponer se acuerde con los isleños (y se los planteo directamente a ellos) darles a los treinta años la posibilidad de un plebiscito para determinar si querían o no ser argentinos con la consecuente caída de toda chance de que Argentina recupere la soberanía en Malvinas y, también para destrabar el pedido de embargo de la Fragata Libertad retenida en Ghana, donde luego de demorar seis meses para obtener la certificación de la OMI que acreditó el estatus militar del buque y su condición de inembargable, quince días después el Tribunal Internacional del Derecho del Mar liberó la fragata. Con amigos así, para que enemigos.

 

Ruiz Cerutti tuvo una importante injerencia en la política del gobierno de la Alianza. Según Agustín Romero (“La cuestión Malvinas: una hoja de ruta…, 2020) «en la estructura de la Cancillería a cargo de Susana Ruiz Cerutti, ella y los diseñadores de la política exterior de la Alianza habían tomado nota que las acciones y consecuencias de la política de seducción ditelliana…», aunque en los hechos, se llevó adelante una lamentable política en la cual se sancionó la Ley 25.290 del 2000 que aprobó el llamado Acuerdo de Nueva York, que pone en manos de los Estados de Bandera las OROP (Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero) la administración de los recursos pesqueros del Atlántico Sur, favoreciendo al Reino Unido en Malvinas y violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y, dando lugar en 2001 a la absurda invitación del Canciller Adalberto Rodriguez Giavarini a coordinar con el Reino Unido la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

 

Los negocios de la investigación experimental. Las líneas de base. La reducción del Mar Territorial Argentino a 12 millas y el dictamen Nº 67 de Ruiz Cerruti. Los intereses superiores de la Nación.

 

Intervino también, para satisfacer las exigencias británicas de aprobación de las Líneas de Base impuestas al Canciller Cavallo, quién promovió el establecimiento del mar territorial de 12 millas y, facilitó al Reino Unido hacer lo propio en Malvinas acogiéndose luego a la CONVEMAR y, demoler el bastión soberano de la Ley 17.094.

 

El Senador radical Luis Brasesco -su correligionario- en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado -bajo la Presidencia transitoria del Senador de la Rúa- «ante la afirmación del Senador de Santa Cruz Pedro Molina (PJ) de que la limitación del Mar Territorial, podía significar –además- una pérdida importantísima de millones de dólares a la exportación pesquera», preguntó preocupado: ¿cuándo vuelven los Senadores Eduardo Menem, Adolfo Gass, Hipólito Solari Yrigoyen y Julio Amoedo de Inglaterra?, más precisamente de Londres, ya que, “casualmente”, están hablando de temas vinculados con el dictamen» (Trascripción taquigráfica, fs. 24, de la reunión de Comisión donde se trataba el proyecto de “Líneas de Base y Delimitación de los Espacios Marítimos” presentado por el Senador radical Gass). ¿Senadores nacionales hablando sobre cuestiones relativas a la soberanía argentina en Londres nos preguntamos? Acciones de la diplomacia argentina. Todas muy significativas.

 

Nada parecía ser inocente en esos tiempos y en relación a ello, Ruiz Cerruti firmó el Dictamen Nº 67 que -entre otras cosas- “eximía del pago de impuestos a los buques extranjeros más allá de las 12 millas” para intentar subsanar los gruesos errores impositivos de un programa de investigación (Nota 636/89 del 11/4/89 al Subsecretario de Pesca con el que se intentó dar sostén jurídico al programa de Pesca Experimental y Demostrativa PEXDA, popularmente conocido como “el negocio floreciente de la investigación pesquera”) por el que fue denunciada Ruiz Cerutti por el Senador Pedro Molinas por “traición a la Patria” (La Capital de Mar del Plata, tapa, 18/8/1989), por hacer una interpretación violando normas vigentes en la Argentina, respecto a nuestro Mar Territorial (Ámbito Financiero, p. 35, 18/8/1989, Juzgado Federal 5, a cargo de Martín Irurzun) y ser, el referido dictamen, no solo contrario al intereses económicos argentinos, sino que su argumentación, podría servir a los intereses británicos en Malvinas, ya que gran parte de los buques extranjeros pescaban en esa área con licencias del gobierno ilegal en las Islas.

 

Si bien el problema de la “investigación”; el dominio de los recursos; el ingreso de divisas y los tributos comenzaron a resolverse, no podía esperarse que la excanciller Ruíz Cerutti manifestara en 1989 que “las capturas de los buques extranjeros no constituían exportación, porque fuesen pescadas más allá de las doce millas marinas”, ni tampoco, que emitiera opinión en el dictamen N° 67 “que nuestro mar territorial se limitaba a las doce millas marinas”, cuando estaba vigente la Ley 17.094 y, -como dije- la CONVEMAR recién sería ratificada por el Congreso en 1995 y entró en vigor un año después.

 

Nosotros (un pequeñísimo grupo que se oponía a los Acuerdos de Madrid, etc. en esos años), modestamente entendimos, que la embajadora, exconsejera legal; exsecretaria de Relaciones Exteriores, excanciller, etc. Ruiz Cerutti, habría estado sin facultades e ilegítimamente, proponiendo la desafectación de bienes públicos del Estado, pues, para la legislación vigente, el “mar territorial argentino” se extendía en esa época, hasta una distancia de 200 millas marinas y no a 12 millas como se dictaminaba; sin perjuicio de observar que la opinante, incursionaba en su dictamen en temas aduaneros ajenos a su competencia conforme a la ley de ministerios (t.o); las normas complementarias sobre competencia y, en forma también contraria a la legislación; a los intereses del Estado; y por ello, de todos los argentinos.

 

Nuestro punto de vista se fundaba en la exégesis de la ley 17.094; en los antecedentes y en la opinión del legislador, cuando al acompañar el proyecto expresó: “...Es de fundamental importancia delimitar con precisión la extensión del territorio nacional…”; en la concordancia del art. 1° de la ley 17.094 con los art. 2° y 3° de la ley 18.502, y en lo establecido en el art. 2340 inc. 1° del Código Civil reformado por la ley 17.711. También en la interpretación auténtica que da el legislador a la ley 18.502, cuando al fundamentar indica: “la ley 17.094 extendió el mar territorial argentino hasta la distancia de 200 millas…”.

 

Entendimos por lo expresado y por las demás consideraciones que formaron parte de las acciones judiciales y políticas emprendidas por nosotros, que las capturas por parte de buques extranjeros obtenidas bajo pretexto de la ley 20.489 entre las 12 y 200 millas, son alcanzadas por las previsiones del Código Aduanero y constituían exportaciones el día 11/4/1989. Tal afirmación no admitía dudas ni interpretaciones en contrario, menos aún si nos remitíamos a los fundamentos analíticos que el redactor de la ley aduanera da en el capítulo tercero “control en el mar territorial argentino y en la zona aduanera” al expresar «…1) no corresponde al Código Aduanero definir el ámbito que constituye el mar territorial argentino, que actualmente se encuentra precisado en la ley 17.094».

 

El Profesor en Derecho Internacional Público Eduardo Hooft (La Capital MdP. p. 7, 25/9/1989) dictaminaba: «No existe ningún texto positivo que declare enfáticamente que nuestro mar territorial argentino sea de 12 millas y, por el contrario, existen numerosos textos positivos que aluden sin equívocos a un mar territorial de 200 millas. Para la Justicia federal el mar territorial tiene una extensión de 200 millas, porque la CONVEMAR no está vigente, rigiendo la Ley 17.094, en concordancia con otras leyes (17.500; 18.502; 20.136 y 20.489). Y como el Código Aduanero prevé la tributación para las mercaderías que salen del mar territorial, existe contrabando (…) El mismo Código Aduanero dice que ‹exportación es la extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero› (art. 9°) y el argumento más contundente, para probar que el Mar Territorial es de 200 millas, según el Código Aduanero, está dado por el artículo 126°, combinado con el artículo 129°».

 

En tren de abundar, decíamos, podríamos agregar la opinión acreditada del profesor chileno en derecho internacional público Francisco Orrego Vicuña en su trabajo “Las reivindicaciones del mar territorial” que, es una opinión muy valiosa, porque: es chileno y bien conocemos las disputas limítrofes con Chile y sus buques pescaban en aguas argentinas bajo licencias inglesas. Una opinión calificada y valiente. En el mismo sentido opinaba el secretario de la Comisión de Pesca del Senado Alfredo Becerra en el proyecto (4/12/1989) que había elaborado, en contraposición al de Gass, donde se sostenía la vigencia de las leyes 17.094 y 18.502; y donde empleaba el concepto de Mar Argentino en lugar de ZEE.             

 

Así lo entendimos en el informe AP5 que el día 14/8/1989 pusimos en consideración del expresidente Menem. Si el criterio sustentado por Ruiz Cerutti habría tenido alguna consistencia, hubiese carecido de sentido que soviéticos y búlgaros firmaran un Acuerdo de Pesca con Argentina, para capturar por fuera de las 12 millas marinas y, el Estado, se hubiera encontrado ante el peligro cierto de que los empresarios nacionales reclamaran la devolución de derechos a las capturas efectuadas entre las 12 y 200 millas. Un disparate.

 

La Subsecretaría de Pesca y, desde 1998 el Consejo Federal Pesquero, siempre dieron sostén técnico a todas las exigencias de la Cancillería respecto a los Organismos Internacionales; con el Reino Unido; las URSS (luego Rusia); la Unión Europea; Uruguay; Japón; China; Estados Unidos; Polonia y otros países. Por ejemplo, en la donación del gobierno de Japón de la Escuela Nacional de Pesca inaugurada por el expresidente Alfonsín en 1983 y el edificio del INIDEP habilitado por el expresidente Menen en 1994, dio lugar a la sorpresiva aparición en el mar argentino de buques japoneses que pescaban “sin permiso” formal y, en los ambientes portuarios se comentaba que se trataba de una contraprestación por las obras. Algo similar al proyecto abortado de Empresa Fishery Development of Patagonia Association que pretendía construir un Puerto en inmediaciones de la Bahía Uruguay (Santa Cruz) a cambio de ingresar y pescar libre de todo tributo, con 20 buques pesqueros japoneses.

 

Pese a este habitual manejo de las cuestiones pesqueras por parte de la Cancillería, bajo el “apriete” de intereses superiores de la Nación, el dictamen 67 de Ruiz Cerutti, no encajaba en la operativa habitual pesquera. El 15/11/1989 por Res. 439 la Secretaría de Pesca ampliaba la jurisdicción de pesca de los buques soviéticos en el mar argentino y, no estando vigente la CONVEMAR se entendía que se los autorizaba a pescar hasta las 200 millas. Si se hubiera aplicado el criterio de Ruiz Cerutti se los habría autorizado a pescar dentro de las 12 millas; un espacio y límite que no estaba previsto en el Acuerdo Marco firmado por Caputo en 1986 y ciertamente un absurdo imaginarse buques de gran porte compitiendo por las capturas con las lanchitas amarillas.

 

El propio subsecretario de pesca Luis Otero (El Atlántico, p. 4 26/8/89) destinatario del dictamen Nº 67 respondía: «Si yo tuviese que decirle cual es mi apreciación personal le diría que mi interpretación del tema es diferente». El periodista le repregunta: ¿cómo diferente? «Son interpretaciones que cada uno hace a su saber y entender (Otero era abogado) por eso respeto esa opinión…no la comparto…simplemente eso: no la comparto». Ni el propio beneficiario estaba de acuerdo con el dictamen de Ruiz Cerruti y aplicaba el dicho: a los amigos hay que acompañarlos hasta el cementerio, no enterrarse con ellos.

 

Ruiz Cerutti, además, no podía dejar de saber, que el origen de los productos extraídos, transformados y conservados a bordo se define por el pabellón enarbolado por el barco, un tema no menor luego del Brexit, donde los productos de Malvinas seguirán entrando a la Unión Europea con bandera españolas o de joint Ventures británico-españoles.

 

Circulaba en esos tiempos que el Embajador Horacio Adolfo Basabe, habría sido en realidad el que el 30/3/1988 elaboró el tristemente famoso dictamen N° 67 que suscribiría Ruiz Cerutti y, el propio Senador Adolfo Gass reconocía que «el proyecto, en realidad, se debió a una lealtad al expresidente Raúl Alfonsín y, un reconocimiento a la labor de una alta funcionaria de la Cancillería radical cuyo procesamiento solicitó la Aduana». Por aquello de que si mueve la cola y ladra es un perro, todo parecía indicar que se trataba de Ruiz Cerutti y, dejaba de manifiesto el pragmatismo de la política exterior, aún en perjuicio de los intereses nacionales.

 

A pesar de que no era necesario; porque estaba suficientemente claro y vigente, el alcance del Mar Territorial Argentino para tratar de convalidar la hipótesis de Ruíz Cerutti se modificó el artículo 585° del Código Aduanero por el artículo 10° de Ley 23.968 de Líneas de Base, sancionada en diciembre de 1991, cuatro años antes de la ratificación de la CONVEMAR. Se intentaba con ello dar final a las denuncias penales abiertas, y respuesta a los requerimientos de Gran Bretaña.

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ámbito Financiero, “la Corte ratificó las 200 millas”, p. 18, 16.4.93) terminó cerrando esta serie de desatinos jurídicos de Ruiz Cerutti, cuando se pronunció -ante el recurso de la Prefectura Naval Argentina- según lo previsto en la Ley 17.094, contra el fallo del Juez en lo Contencioso y Administrativo Federal Osvaldo Guglielmino, quien había «declarado la nulidad de la multa y el comiso dispuesto contra un buque apresado cuando pescaba dentro de las 200 millas marinas, bajo soberanía argentina, frente a la Isla Rasa el 2 de marzo de 1989».

 

¿Con estos asesores en el Consejo Nacional de Malvinas cuál será nuestro destino soberano?

 

La consulta a las Naciones Unidas y a Tribunales Internacionales sobre la soberanía argentina

Lo que ocurría hace treinta años parece seguir teniendo vigencia en nuestros días: el 25 de abril de 1999 Ovidio Bellando escribía para la Nación: "En la última reunión de directores de área de la Cancillería se dijo que la proposición del excanciller Dante Caputo de presentar ahora el caso Malvinas en la Corte Internacional de La Haya es una manera de salir al ruedo en vísperas de elecciones, ya que lo que realmente existe -se asegura- es una idea que se está apuntalando con la búsqueda de documentación, antecedentes y consultas a juristas internacionales. Esta idea, que el vicecanciller Andrés Cisneros comenzó a alentar hace varios años, es desarrollada desde hace casi tres meses por los juristas Julio Barberis, Susana Ruiz Cerutti y Enrique Candioti.

 

Cisneros y el actual embajador en Londres, Rogelio Pfirter, habían viajado hace un lustro a La Haya para consultar sobre la viabilidad de esa acción a José María Ruda, el argentino que integró el máximo tribunal durante varios período y que lo presidio en uno de ellos. Se dijo entonces que Ruda había desalentado la presentación por inseguridad, no de la legitimación de los títulos argentinos, sino del proceso dentro de la institución, donde priman los matices del derecho anglosajón. Por otra parte, la presentación de una demanda en la Corte Internacional no obliga a la parte demandada a responder. La concurrencia tiene que ser de mutuo acuerdo.

 

La Argentina no se presentó cuando, en 1947, Gran Bretaña hizo una acción por un tema vinculado con la Antártida, o sea que Gran Bretaña podría hacer lo mismo en este caso. Para integrar la comisión de juristas, Susana Ruiz Cerutti, entonces embajadora en Canadá vino al país y, luego de delinear las acciones, regresó a su destino. Tenía como primerísima tarea la recopilación total de los antecedentes. Una manera de tener todo preparado para que el gobierno que surja el 24 de octubre, o el próximo, o aun el próximo, decida recurrir al tribunal. El actual (por el gobierno)         -dijo una fuente calificada- no tiene tiempo para hacerlo, pero dejaremos todo preparado para cuando se considere propicio". Y Cavallo se hizo cargo del muerto, con el protagonismo que lo caracterizaba e intereses que representaba.           

 

¿Hoy -además de Ruiz Cerutti- quién mantiene esta posición en el Consejo de Malvinas que José María Ruda ya había descartado? Al menos Marcelo Kohen. Varios expertos en derecho internacional público sostienen, que sería una política suicida, donde la Argentina, por los argumentos de José María Ruda y otros, correría un serio riesgo de que concluyan definitivamente las aspiraciones de recuperar el territorio ocupado y perdiese aún más territorio nacional.

 

Ahora, ya en el siglo XXI habría que preguntarse ¿el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) fundado en 1963 no ha formado nuevos cuadros profesionales, que es necesario, recurrentemente apelar a la varias veces jubilada Ruiz Cerutti, en este caso para integrar el Consejo Nacional de Malvinas? ¿No hay algún estudiante avanzado del ISEN que pueda interpretar la CONVEMAR y, dicho sea de paso, buscar nuevos resquicios jurídicos y biológicos a nuestro favor? Y, finalmente, ¿quién la incluyó en este Consejo a sabiendas de su activa participación en la elaboración de los Acuerdos Madrid?; Acuerdos, que gran parte del espectro político nacional entiende como perjudiciales a los intereses soberanos argentinos. ¿Es necesario convocar a uno de los autores de los Acuerdos de Madrid al Consejo para desatar este moño que enajena nuestra soberanía, nuestros recursos y el desarrollo nacional?

 

Pocas cosas angustian tanto, que dejar pasar en manos de unos iluminados, las oportunidades que tiene Argentina.

FINAL

Consejo de Malvinas, 5-3-21

Estamos en manos de los integrantes del Consejo

para alcanzar la soberanía plena en Malvinas

 

"Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo" (Abraham Lincoln). El tiempo de la contemplación concluyó.   

 

La Cuestión Malvinas es un sentimiento, el conocimiento del derecho internacional es solo una de las herramientas necesarias; pero, sin imaginación, conocimiento, pasión y esfuerzo incansable es poco probable que llegue el día de recuperar ese pedazo irredento del territorio argentino.   

Domingo Cavallo, al ser designado Canciller el 8 de julio de 1989 era un economista que, dicen, de relaciones exteriores sabía poco y nada. Yo creo, sin embargo, que privilegiaba la economía sobre los intereses nacionales, de otro modo, nunca podrían haberse firmado los Acuerdos de Madrid y otros tantos con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido).

En su paso por la Cancillería se basó en el asesoramiento de diplomáticos de carrera que ya habían intervenido fallidamente en la política de Caputo relativa a la cuestión Malvinas (por ej. los Acuerdos Marco con la URSS). A propósito de ello, un día mantuvimos una reunión en la casa del expresidente Frondizi que, en ese momento, era asesor -con rango de Secretario de Estado- del presidente Menem (increíble la dignidad y humildad de Frondizi). El nos hizo saber, sobre la escasa preparación de Cavallo en la tarea que le encomendaban; aunque, nunca pensamos que luego haría pública esa opinión: «cuando Cavallo se hizo cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue a mi casa, me llevó un libro de economía llamado “volver a crecer”. Entonces yo (Frondizi) le dije: Doctor Cavallo ¿así que usted es especialista en economía y se hace cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores?, Cavallo me respondió: Doctor Frondizi, ¿por qué diablos cree que lo vengo a ver? Lo vengo a ver para que me diga, que política exterior tengo que hacer» (La Capital de Mar del Plata, 22/11/1992).

En anteriores artículos he puesto en conocimiento o recordado, el preocupante perfil para las cuestiones de Malvinas de cuatro de los miembros del «Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes» (en adelante Consejo): Balza, Kohen, Padín y Ruiz Cerutti y, tal vez, sea necesario conocer, luego de siete meses de sancionada la ley 27.558 quiénes son los restantes integrantes de este «Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes» (en adelante Consejo) que coordina el secretario de Malvinas Daniel Filmus, de modo, de poder imaginarnos, con alguna certeza, cuál podría ser la política diseñada por este Consejo, destinada a cumplir con lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Me limitaré a una síntesis por razones de espacio.      

Antes de ello, veamos a vuelo de pájaro los fundamentos de esta ley, su alcance y limitaciones.

En el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por el que se somete a consideración del Congreso un Proyecto de Ley de creación del Consejo de Malvinas se indica que, se lo hace «con el objeto de constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, conformado de manera amplia, multipartidaria, con perspectiva de género y con la participación de distintos sectores sociales involucrados en la temática, procurando fortalecer los consensos políticos y sociales que garanticen la continuidad de las políticas que sustentan la legítima e imprescriptible soberanía argentina». Aplaudimos la iniciativa.

Empecemos por hacerle notar a los redactores de ese mensaje (que suponemos pertenecen a la Secretaría de Malvinas) que en él se repite cinco veces la palabra “espacios marítimos circundantes” en lugar de indicar “espacios marítimos correspondientes”. Lo mismo ocurre -una vez- en los fundamentos del Decreto 822/20 reglamentario de la Ley 27.558. La Constitución refiere a “correspondientes” y, obvio, que el alcance del término “circundante” al alcanza a un espacio infinitamente inferior al de “correspondiente”, más aún cuando los espacios marítimos son más amplios que los insulares y la Argentina tiene derechos sobre la Plataforma Continental más allá de las 200 millas. Los diplomáticos saben bien que éstas son cosas sensibles como para cometer errores en una Ley o un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional.   

Se ha fundado la creación de este Consejo en la diversidad de su integración para formular una Política de Estado, pero, la pluralidad y diversidad en sí misma, no es garantía de que se obtenga una estrategia adecuada a los intereses nacionales y mucho menos que resulte eficaz para el cumplimiento de una Política de Estado. Incluso, el consenso es una herramienta adecuada en los negocios donde todas las partes pueden perder algo, del mismo modo en las cuestiones internas del país, pero aquí se trata de que los integrantes, todos, cualquiera sea su formación, utilicen todas las herramientas disponibles para dar fin cumplimiento a la Política de Estado ya establecida. Por ejemplo, no puede haber consenso en “remover todos los obstáculos que impiden el desarrollo de Malvinas” del Pacto de Foradi-Duncan; en acordar la explotación pesquera como ocurrió y consolidó la posición británica en Malvinas o como la propuesta de Marcelo Kohen de promover un plebiscito de los isleños para determinar su futuro, todas violatorias de la Constitución Nacional. La soberanía nacional no se negocia, pese a lo indicado en el inciso 1 de la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas.             

La Política de Estado ya se definió en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional por voluntad de los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en el Congreso General Constituyente de la ciudad de Santa Fe a los 22 días de agosto de 1994: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”; por lo tanto, no es necesario indicar en el mensaje del PEN que se «consolide como una política de Estado que trascienda los gobiernos y las perspectivas partidarias o sectoriales (…) a través de medios diplomáticos y pacíficos que permitan cumplir con lo prescripto por la organización de las Naciones Unidas (ONU)», primero, porque ya es una Política de Estado Nacional la establecida en la Carta Magna y, segundo, porque si bien los medios debieran ser pacíficos, no necesariamente diplomáticos. Sería limitar las acciones del Consejo, que deben dedicarse a establecer con imaginación e inteligencia las tácticas adecuadas para alcanzar el objetivo prescripto en la Constitución y, no como se indica: “cumplir con lo prescripto en las Naciones Unidas”, que se refiere exclusivamente a negociar con el Reino Unido la cuestión “en disputa” (léase la soberanía).

Por otra parte, la “Cuestión Malvinas” no «representa la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido», como refiere el citado mensaje, sino la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, territorios argentinos invadidos por el Reino Unido el 3 de enero de 1833 y ocupados en forma sostenida y creciente (los espacios marítimos correspondientes) hasta nuestros días por esta potencia imperial y colonial. Si aceptásemos que la “Cuestión Malvinas” se tratara solo de “una disputa” estaríamos colocándonos en un pie de igual con el Reino Unido, en una cuestión que nos asisten los derechos jurídicos, históricos, territoriales, incluso biológicos (los recursos migratorios argentinos), independientemente que la resolución de la O.N.U. 2065 (XX) de la Asamblea General del 16/12/1965 haya reconocido la existencia de una disputa y la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales al respecto.

Respecto al alcance de los objetivos percibo otro error, ya que no se han incluido las cuestiones de la Antártida, que están directamente relacionada con Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y ello adquiere mucha importancia por la pretensión británica de su proyección sobre la Antártida. Esto lo confirma el propio secretario de Malvinas Daniel Filmus, cuando refiere: «claramente no hay ninguna intención, por parte del Reino Unido, que no sea tener una puerta de entrada a la Antártida…», aunque esta afirmación sea solo parcial, porque hay aspectos militares y de control del acceso al Pacífico, entre otras. Del mismo modo, omitir las cuestiones de defensa, lo que también ratifica Filmus, cuando indica «…al mismo tiempo contar con la posibilidad de instalar una base militar de un país de la OTAN en un lugar estratégico» (Daniel Scarímbolo, Telam, 22/11/2020). Ello, entiendo que es una grave omisión o, la consecuencia de las exigencias de los Acuerdos de Madrid I y II respecto a la navegación y comunicaciones de los buques y aeronaves de la Armada y Fuerza Aérea Argentina.

Por otra parte, siendo el objetivo recuperar en forma pacífica Malvinas y los territorios marítimos, aparte de contar con especialistas en temas geográficos, biológicos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos (Art. 2º, Ley 27.558); es muy importante disponer de expertos en las cuestiones productivas, económicas, comerciales, sociales, comunicacionales y las relativas a los recursos naturales renovables o no; los puertos; los transportes; astilleros; buques, etc. y la radicación poblacional, industrial y laboral, fortaleciendo las provincias del litoral marítimo. Si bien el objetivo es recuperar Malvinas y los territorios marítimos, la estrategia que se aborde, tendrá que ver con las innumerables cuestiones que nos lleven a ello.

Entendida las necesidades de este Consejo, éste no podría cumplir con el objeto de su creación, si la coordinación y sus miembros no tienen en cuenta el alcance de los objetivos, su composición y la continuidad en el tiempo de sus miembros.

En esta etapa, no me cabe duda, que el principal paso debiera ser la “deconstrucción del andamiaje legal existente”, es decir la derogación de los Acuerdos de Madrid y demás acuerdos de subordinación a los intereses británicos y de otras potencias extranjeras que contribuyen a consolidar la posición británica en Malvinas y en el área meridional del Atlántico Sur. El segundo, el desarrollo de las estrategias necesarias para cumplir con el objetivo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y, para ello, podríamos tener en cuenta lo dicho por Rodolfo Colalongo (“Hacia un replanteo estratégico de la política exterior argentina en torno a las islas del Atlántico sur en el siglo XXI”, 1/9/2014) «existe una dinámica verticalista de las relaciones internacionales y, en este orden de ideas, cuestiones como igualdad soberana y horizontalidad en las interacciones funcionan como máscaras que ocultan la jerarquización del sistema.

Sin embargo, esto no implica que aquellos países que ejecutan u obedecen las decisiones que otros toman, no puedan, alguna vez, y bajo ciertas circunstancias hacerlo. La autonomía se define como “la máxima capacidad de decisión propia que se puede tener, teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del mundo real” (Puig, J.C. “Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana”. Instituto de Altos Estudios de América Latina, Univ. Simón Bolívar, 1980). Para alcanzar la autonomía es necesaria la conjunción de dos factores. Primero, la adquisición de recursos mínimos pero suficientes y, la existencia de “élites funcionales, o sea, dedicadas a emprender el camino de la autonomización”.

A ello hay que sumarle la necesidad de mecanismos de cooperación entre los actores que estén (…) persiguiendo el objetivo de la autonomía para, de esta manera, obtener mayores probabilidades de éxito dentro de un sistema internacional flexible». Es claro, continúa Colalongo, que «la aplicación de la autonomía relacional (Russell, R. y Tokatlian, J. G. “Argentina, Brasil y EE. UU.: el desafío de una esfera de cooperación. Reflexiones en torno a nuevas estrategias para la política exterior argentina”. BA. Agenda Internacional, 2010) implica un cambio en la concepción de cómo hacemos una política exterior, de cuándo y cómo actuar solos o en relación con otros, en la forma en que trabajamos con las organizaciones internacionales tanto globales como regionales y en la manera en que planteamos nuestros intereses como país».  

Empezando por lo básico, debería revisarse la norma de creación y reglamentación del Consejo y su integración.

En lo relativo a la delegación de funciones de los miembros del Consejo, prevista en los art. 5º y 6º de la Ley 27.558 y el art. 5º del Decreto 822/20 contrasta con la confidencialidad que se pretende de los consejeros. No parece una autorización seria para manejar cuestiones relativas a la soberanía nacional y elaborar las estrategias frente a la invasión territorial del Reino Unido y sus servicios de inteligencia.   

En lo relativo a la continuidad de los designados; condición necesaria para diseñar estrategias a largo y mediano plazo acorde a la Política de Estado (Art. 2º inc. a); los legisladores, en su mayoría, tienen sus mandatos -al menos- hasta 2023, por lo que parece correcta su elección, aunque es muy probable que no tengan suficiente disponibilidad de tiempo para la realización de los trabajos que demandaría esta obligación anexa a su condición de legislador.         

Respecto al carácter, llama la atención, que adoptando el Consejo «sus recomendaciones, con carácter no vinculante, por consenso» (Art. 4º), es decir, un cuerpo asesor, esté integrado por el propio presidente de la Nación o el Canciller, quienes debieran ser los destinatarios del asesoramiento y no parte de los asesores.

En cuanto a la composición, el número de integrantes designados se excede en cinco miembros, según lo previsto en la ley y, su Decreto reglamentario 822/20 (Art. 3º inc. g, h e i), lo que constituye una irregularidad, pudiendo además a consecuencia de ello, manipularse las decisiones del Consejo. Además, no se fundan las capacidades o habilidades de cada uno de los designados (si es que lo están por Decreto por la función que cumplirán) y, si bien no creo que las capacidades puedan ser influidas por el género, tampoco se cumple en el caso de los legisladores con lo prescripto en el art. 3º ya que todos los titulares son varones y las suplentes mujeres. A su vez, el resto de los miembros son insuficientes para darle una continuidad a un trabajo que requiere coherencia, persistencia y una dinámica acorde a los cambios internacionales y los derivados de las acciones británicas o de otros países en la región y el mundo.

Respecto a que las funciones sean honoríficas (Art. 6º) supone que los designados tienen cargos públicos o actividades privadas para sostener la función y me parece una exigencia que genera dependencia, discriminación y dificultades a la hora de cumplir con las funciones asignadas.

En cuanto a que el Consejo dicte su propio Reglamento (Art. 7º) me parece que exige una discusión de objetivos y procedimientos y no la imposición de un instrumento por parte de la Secretaría.

Sobre el tratamiento de una serie de cuestiones de fondo (por ejemplos los Acuerdos de Madrid; el Pacto de Foradori-Duncan; el Acuerdo de Nueva York; el Convenio de Promoción y protección de inversiones británicas, ya vencido, etc.) y de otras herramientas que tienen que ver con las tácticas para cumplir con la Política de Estado; podremos ver, qué tan dispuestos están sus integrantes a ser, un mero cuerpo asesor no vinculante (Art. 4º de la ley) o diseñar esa política para ejecutar «la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía nacional» o, el tiempo nos dirá, si como hasta ahora, la Argentina se limitará a solicitarle al Reino Unido que se siente a negociar la soberanía, como plantea la principal política de diálogo, del actual secretario de Malvinas Daniel Filmus.

En la sesión constitutiva el Consejo presentó una Declaración donde efectúa una serie de manifestaciones de reafirmación de derechos; condena al Reino Unido; rechaza la presencia militar; agradece a los organismos multilaterales; recuerda a los combatientes y pone de relevancia la importancia del Consejo “como ámbito abierto y plural (…) donde puedan intercambiarse ideas y asesorar al Presidente de la Nación sobre los cursos de acción para la construcción de una política de Estado sobre la materia…”.  Insisto, la Política de Estado está explicitada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, faltan herramientas para acercarnos a ese objetivo.

Me referiré ahora al perfil de los consejeros, para imaginarnos la política que se propiciará. 

Respecto al secretario de Malvinas Daniel Filmus, habría que recordarle que ya han pasado siete meses desde la creación el 4/8/2020 del Consejo y éste no se ha puesto en funcionamiento (salvo tres reuniones por zoom). A partir de esa fecha sus declaraciones relativas a las acciones que llevará adelante su Secretaría en la Cuestión Malvinas deberían pasar por el filtro del Consejo. A todas luces -a la hora de elaborarse políticas dentro de este cuerpo (Art. 2 inc. a) la figura de este funcionario habrá perdido poder, el que se ha transferido al Consejo creado, salvo en el cumplimiento del rol de Coordinador asignado. Éste, conforme el Art. 8º “tendrá los deberes y atribuciones que se le asignen en el Reglamento Interno”. De acuerdo con la Ley y su Decreto reglamentario, el rol del secretario de Malvinas es de mera administración y coordinación del Consejo. Los consejeros a su vez deberían realizar su tarea en forma permanente y sin solución de continuidad, por la importancia, complejidad y dinámica de la cuestión Malvinas.

No podrían limitarse a un par de reuniones mensuales. Por ejemplo, el Consejo Federal Pesquero, de mucha menor responsabilidad política que este Consejo, se reúne una vez por semana. Si pensamos que los consejeros deben elaborar una estrategia para resolver la recuperación de un espacio ocupado por el Reino Unido desde hace 188 años y, esos años han pasado gobiernos argentinos de lamentable política exterior, y, es creciente la ocupación de espacios y explotación de los recursos por parte de los británicos, esas personas -seguramente- deberían trabajar a tiempo completo. A no ser, que quien fije las políticas sea el secretario y el Consejo sea un mero “mascarón de proa”, que quedarán “pegados” por la inacción o política errónea de aquel.         

Entre los consejeros hay varios para destacar. No me cabe la menor duda el aporte relativo a los derechos humanos que pueda realizar el miembro honorario Adolfo Pérez Esquivel. En materia de derecho internacional público con conocimiento específico en la cuestión del Derecho del Mar, Malvinas y el Atlántico destaco la selección del académico y jurisconsulto Armando Abruza. Del mismo modo de Juan Gabriel Tokatlian y Frida Armas Pfirter, ésta última en particular, en los temas relativos a la Plataforma Continental, es un espacio que a raíz de su presencia en Malvinas el Reino Unido nos disputa más de 1,4 millones de km2.

Respecto a Mónica Pinto, si bien, desde hace más de treinta años que no publica nada relacionado con Malvinas, nadie duda de sus capacidades jurídicas como abogada, docente y decana de la Facultad de Derecho de la UBA; Académica de Derecho Internacional de La Haya en 2007 y por sus relevantes trabajos sobre cuestiones relativas a la defensa de los derechos humanos; aunque, debo decir, que su rol de abogada defensora de Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya me resulte decepcionante.

Mónica Pinto inició su intervención en esa oportunidad diciendo: «…me cabe el honor de dirigirme a ustedes sobre el Art. VI del Pacto de Bogotá, buscando que la corte se declare incompetente para zanjar el tema de fondo de la demanda interpuesta por Bolivia» (La Tercera, 4/5/2015) y, si bien la CJI falló a favor de Chile, está claro que el resultado logrado no alcanzó el objetivo de cerrar la confrontación entre estos dos países vecinos. La demanda de Bolivia excede el interés territorial y la salida al mar, sino que se funda en razones históricas y sociales muy adentradas en el sentir boliviano, derivadas de la llamada Guerra del Pacífico (1879/1884) entre Chile contra Perú y Bolivia que terminó dándole a aquel el control de toda la costa boliviana, sus minerales y lo dejó sin soberanía marítima. Impuesto -manu militari- por el Tratado de 1904, Bolivia perdió unos 120 mil km2.

Con posterioridad hubo múltiples intentos de arreglos, incluso relativos a canjes territoriales, pero lo cierto que los espacios perdidos por Bolivia y Perú representan para Chile el 40% de sus ingresos y, en el mejor arreglo Bolivia no tendría derechos sobre el mar territorial ni la ZEE, sino a un triángulo de unas pocas millas cuadradas. Suscribo al respecto la opinión de Haroldo Dilla (Nueva Sociedad. octubre 2018) que aun ganando Chile la demanda boliviana para obtener una salida soberana al océano Pacífico, la cuestión no está resuelta porque, además, la Corte se limitó a resolver sobre los argumentos de Bolivia de «que, a lo largo de medio siglo, Chile le había hecho ofertas a Bolivia para una salida soberana al mar, y que estas creaban obligaciones que el vecino debería satisfacer». 

La posición de Chile es que habiendo ganado la guerra “nada tiene que negociar”. ¿Suena a un mensaje similar al de su aliado británico respecto a Malvinas? También, ¿El sentimiento boliviano no se emparenta con el “factor fuerza” argentino sobre Malvinas que refiere Rubén Moro? (“Historia del conflicto del Atlántico Sur, La trampa de Malvinas, BA, 8/2007). Por otra parte, tanto Argentina como Bolivia tienen en su Constitución (La Disposición Transitoria Primera en Argentina y el Capítulo IV el Artículo 267 I y II en Bolivia) el derecho permanente, irrenunciable e imprescriptible sobre sus territorios. En el caso de Bolivia del acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo que le quitó Chile en la guerra del Pacífico.  

«En Chile, el fallo despertó los peores instintos chovinistas (…) incluyendo al presidente Sebastián Piñera; sin embargo, Chile tendrá que seguir cargando con el costo político internacional de ser un país usurpador, que proclama sus obligaciones como virtudes y cuyo aparato de relaciones internacionales -gobierne la derecha o la izquierda- parece empotrado en la época victoriana. Bolivia seguirá demandando su salida al mar -así lo prescribe su Constitución- y Chile seguirá negándole ese derecho, a pesar de haber varias formas de encaminar el tema. Lo que está en juego no es el comercio ya que Arica opera como un puerto boliviano, en el que la carga del 80% es de Bolivia y desde ésta exporta el 40% de sus productos. La deuda ética de Chile es cuestionable». (Haroldo Dilla, pub. cit.).

Ante el rol de Monica Pinto en favor de Chile -el único país de habla hispana que denomina Falklands a nuestras Malvinas- su presencia en el Consejo genera desconfianza. En efecto, los abogados independientes y los docentes tienen la libertad de defender causas y distintas posiciones; aún aquellas, pudiesen afectar en un futuro la Causa Malvinas. El problema se presenta, cuando éstas integran el Consejo donde se deben diseñar estrategias para restituir la posesión de Malvinas a la Argentina.      

Por otra parte, es muy importante la designación en el Consejo del gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella. La Provincia, seguramente, es la primera interesada en que se resuelva la cuestión Malvinas teniendo muy presentes sus derechos que le asisten sobre esta parte de su territorio. No debería estar ausente la Provincia en lo que se pueda resolverse respecto al futuro de las Islas. En este sentido, la propia Res. 1514 de la O.N.U. en su inc. 6º estableció el marco para las disputas de soberanía: «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» (por cierto, lo aplicable con relación a terceros países es también aplicable en la integridad interna).

Asimismo, el art. 6º de la Constitución Nacional y en especial el Art. 13º que establece que «Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso».

Del mismo modo, el Art. 2° de la Constitución de Tierra del Fuego reza: «La Provincia tiene los límites territoriales y los espacios marítimos y aéreos que por derecho le corresponden, de conformidad con los límites internacionales de la República Argentina. Cualquier modificación de los límites deberá ser autorizada por ley especial aprobada por las tres cuartas partes de los miembros de la Legislatura y sometida a consulta popular». Una legislación absolutamente contraria al proyecto de uno de los miembros del Consejo, Marcelo Kohen, que propuso en 2018 escindir a Malvinas de la Provincia de Tierra del Fuego, probablemente, respaldándose en el artículo 2º de la Ley 23.775; una ley, que es abiertamente inconstitucional y, muy importante, hiere la citada propuesta, el sentimiento de los fueguinos, quienes portan la antorcha de Malvinas. 

Entiendo que, se dejaron de lado juristas, académicos, diplomáticos y, expertos de probada mirada nacional que hubieran garantizado el diseño de una estrategia malvinera sin cortapisas.

Indudablemente, la presencia de los excombatientes Adolfo Schweighofer y Ernesto Alonso, es fundamental, pese a que debería haberse previsto una representación mayor, porque no han sido designados excombatientes muy valiosos, como César Trejo y otros. Los llamados Veteranos de Guerra deberían ser garantes de que, en los Acuerdos que eventualmente se arriben, no se cedan graciosamente los que se sostuvo con esfuerzo heroico de los combatientes (como lo ocurrido en casi todos los Acuerdos firmados de 1990 a la fecha) y, además, con la responsabilidad de quienes, habiendo participado de ese esfuerzo patriota, entienden, que hay mucho por hacer para recuperar la soberanía de Malvinas.    

La ex diputada nacional (2009-2017) la socióloga Alcira Argumedo, es docente, fue parte de las “Cátedras Nacionales”. Acompañó a Pino Solanas en el proyecto que terminó en la Ley 26.659 referido al Régimen para la Exploración y Explotación Hidrocarburífera en Malvinas. Su presencia podría dar una mirada suramericana a las cuestiones relativas al Atlántico Sudoccidental.

La elección de los legisladores es todo un tema. Aquí se nota la ausencia en la Argentina de los Partidos Políticos y, que, las Plataformas Electorales no son de cumplimiento obligatorio en los legisladores y, así, los vemos votar en forma absolutamente antagónica a lo escrito en ellas. Un ejemplo: todos sabemos que el excanciller Dante Caputo fue el gestor inicial de los Acuerdos de Madrid y, no pudo concluirlos porque se aceleró el fin de su gobierno en 1989, aunque luego, como Diputado, dio su voto afirmativo al “Convenio entre Argentina y el Reino Unido para la Promoción y Protección de Inversiones Británicas en Argentina” suscripto el 11/12/1990 en Londres y aprobado por Ley 24.184 del 4/11/1992. Los Acuerdos de Madrid los terminó concretando Cavallo y, casi todos los diputados y senadores nacionales de las distintas extracciones políticas con esta Ley, profundizaron los citados Acuerdos.

Muchos de ellos se manifiestan luego contrarios a esos Acuerdos y, si bien hay un consenso general de denunciar, observar o revisarlos, casi ninguno de los Senadores y Diputados de la Nación seleccionados para integrar el Consejo presentó proyecto alguno denunciando los Acuerdos de Madrid; el Convenio de Promoción y Protección de las inversiones británicas; el Acuerdo de Nueva York; el Acuerdo del Estado Rector del Puerto; el Pacto de Foradori-Duncan o, para reclamar al Reino Unido y/o las empresas extranjeras el resarcimiento económico por la explotación de los recursos naturales en el área de Malvinas desde 1982 o el pago de derechos aduaneros . La excepción fue la diputada Bertone que presentó una resolución de abstención a los Acuerdos de Nueva York.

¿Integra alguno de ellos el Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas? (Res. de la H. Cámara de Diputados del 17/5/2006 y la Res. Presidencial 374 del 1/4/2016 y 1399 del 27/9/2016 y Res. Presidencial 1878/2016 y Res. 1399/2016): No. El Observatorio inició sus actividades en 2012 y está sin funcionar desde 1919. Desde su creación se reunieron unas 25 veces (unas 3 veces por año) y, la última en 2019 con una muestra fotográfica. El único miembro del Consejo que sí lo integró es Armando Abruza.

  Entre los titulares al Consejo destaco entre los legisladores más ocupados en la Cuestión Malvinas al Senador Jorge Taiana (FdT, BA), excanciller que, durante su gestión, entre otras cuestiones positivas relativas a Malvinas: suspendió la investigación conjunta pesquera con los británicos, a través de las cuales éstos se hacían de información sensible que les permitía renovar las licencias pesqueras; la Argentina ratificó sus derechos sobre la plataforma continental ante la Comisión de Límites de la ONU; se sancionó la Ley 26.386 por el que se estableció restricciones a las empresas pesqueras que operan en Malvinas; se inició la localización de los excombatientes caídos en Malvinas y, se estableció la obligatoriedad de declarar el tránsito a Malvinas. El actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado es firmante de la Ley de creación de la bicameral (1596/20) s/Malvinas y el proyecto de resolución (1571/20) sobre la construcción del canal de magdalena y, cofirmante del proyecto de Ley (363/20) de traslado de la sede el Instituto Antártico Argentino a Ushuaia (Rodriguez); el proyecto de ley (364 y 365/20) de creación del polo logístico antártico al sur de Ushuaia (Rodriguez); el proyecto de ley (1016/20) s/distribución del fondo para patrullaje en el mar (González).

Pese a su condición de miembro suplente (¿?) en el Consejo también destaco a la Diputada Roxana Bertone (TdF, FdT) que fue gobernadora de Tierra del Fuego y es vicepresidente 2ª de la Comisión de Relaciones Exteriores y vocal en Defensa. Presentó varios proyectos propios sobre Malvinas, en su mayoría de Declaración y Resolución, de los cuales resalto: La declaración de interés “nosotros también estuvimos” mujeres en Malvinas GS y SS (5472-D-20); Declaración rechazo sobre instalación de un stand de los habitantes de Malvinas en Montevideo (4737-D-20; Declaración s/publicaciones s/incremento militar en Malvinas (3/3/15); Declaración interés de posgrado s/Malvinas en la Universidad de la Matanza (7/3/14); Ley declarando a TdF Capital de los VGM (3308-D-2011 del 23/6/11 y 1952-D-09 del 24/9/09); Declaración de repudio al R.U. por presentar ante la ONU una zona de exclusión alrededor de Malvinas y GS (4708-D-07 del 15/9/07); Resolución de repudio por incluir a Malvinas, GS y SS, Antártida como Territorio de Ultramar  en la UE (2417-D-05 del 29/4/05); Ley de creación de Comisión bicameral de Malvinas (2528-D-20 del 3/6/20); Declaración de Ushuaia de reivindicación de derechos sobre Malvinas GS y SS (1-D-2012 del 1/3/12); Decreto de rechazo y repudio a la Constitución de Malvinas (6248-D-08 del 7/11/08); Declaración de Repudio a la asistencia de Chile y Uruguay al acto conmemorativo del RU a la victoria del RU el 14/6/04 de Malvinas (5063-D-04 del 18/8/04); Resolución de Abstención del Acuerdo de Nueva York (196-D-02 del 7/3/02).  

También como titular el Senador Pablo Daniel Blanco (TdF, UCR) presentó el proyecto de ley (1303/20) de creación de la Comisión Bicameral de Malvinas (Blanco) y otros afines: Proyecto de Ley (1957/20) sobre investigaciones científicas en la pesca (Tapia); de Comunicación (1155/20) sobre puntos en disputa s/Malvinas (Blanco); de Declaración (1048/20) sobre colaboración de Uruguay Pesca ilegal (Blanco) y, acompañó la Res. de apoyo a la UNdMP s/premio Nobel Cardozo-Aro (1827-D-18 del 10/4/18).

El designado titular Juan Carlos Romero (Salta, Just y JxC) en 20 años de legislador nunca presentó proyecto propio de Ley sobre Malvinas. Es Vocal de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Incorporado como titular el Diputado Aldo Adolfo Leiva, (Chaco, FdT). No presentó proyectos propios de ley sobre Malvinas ni ocupa comisiones afines. Acompañó: Resolución para rendir homenaje a los combatientes de Malvinas (2773-D-20 del 11/6/20); Declaración de repudio instalación Stand británico en Montevideo (4737-D-20 del 11/9/20); Ley de otorgamiento de medalla de la Nación Argentina al Extraordinario valor en combate, al mérito, valor y heroísmo en Malvinas (2887-D-20 del 16/6/20); Ley de creación de la bicameral s/Malvinas GS y SS (2528-D-20 del 3/6/20).       

Designado como titular el Diputado Fernando Suárez Lastra (CABA, UCR). Es vicepresidente 1º de la Comisión de Relaciones Exteriores. No presentó proyectos propios de ley sobre Malvinas. Acompañó la Res. de apoyo a la UNdMP por el premio Nobel Cardozo-Aro (1827-D-18 del 10/4/18).

Incorporado como titular el Diputado Federico Frigerio, (TdF, PRO). Es vocal en las Comisiones de Defensa, Intereses Marítimos y Recursos Naturales. Presento como proyecto de Ley propio sobre Malvinas el proyecto de creación comisión bicameral de Malvinas (3224-D-20 del 30/6/20) y el proyecto de Ley de incremento sanciones a pesca ilegal (2133-D-20 del 19/5/20).   

La suplente Senadora María Eugenia Duré (TdF, FdT), tiene la particularidad de ser de Tierra del Fuego y Vocal de la Comisión de Relaciones Exteriores. Presentó un solo proyecto de Ley propio sobre Malvinas: (2347/20) para garantizar la formación s/Malvinas de los funcionarios públicos. Acompañó los proyectos de ley (1316/20) de creación de la bicameral s/Malvinas (Rodriguez); (363/20) de traslado de la sede el Instituto Antártico Argentino a Ushuaia (Rodriguez); (364 y 365/20) de creación del polo logístico antártico al sur de Ushuaia (Rodriguez); (1016/20) s/distribución del fondo para patrullaje en el mar (González); la comunicación (1386/20) incorporando el mapa bicontinental en el DNI (Rodriguez);  la declaración (2290/20) s/reclamo argentino de los derechos de Malvinas en la 75º Asamblea de la ONU.

La suplente Senadora Gladys González (BA, Frente PRO) no presentó proyecto de Ley propio sobre Malvinas y acompañó la Ley (1170/19, Pinedo) de modernización de la flota pesquera que autorizó garantizar la construcción de buques pesqueros con la cuota de pesca de propiedad del Estado Nacional.

La suplente Senadora Carmen Lucila Crexel (Neuquén, MPN). Es Secretaria Comisión Relaciones Exteriores. No presentó un solo proyecto de Ley propio sobre Malvinas. Presentó una Comunicación: (1465/18) para promover la celebración y firma de Convenio de Cooperación Educativa con el R. Unido y, una Declaración (4558/17) reconociendo la asistencia del Reino Unido en la búsqueda del ARA San Juan.

 

La política de “la declamación” y “el diálogo inconducente” tiene los mismos efectos que tuvo la política de “seducción” que “terminó siendo perjudicial y desfavorable para los intereses argentinos” (Bologna, Alfredo B et al. “La política Exterior Argentina 1994-1997, CERIR, Rosario, 1998). Después de 56 años de espera, es necesario que los consejeros inicien un camino sostenido y sin pausas, ratificando con hechos lo que el pueblo argentino ya resolvió: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

 

Frente al «El colonialismo visible que te mutila sin disimulo: te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible que te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza: te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser» (Eduardo Galeano, “El libro de los abrazos”, 2000).

Estaremos atentos. El tiempo de la contemplación también concluyó.