Golpes al federalismo fiscal

por Redacción LAVOZ

La gestión de la presidenta Cristina Fernández podrá ser recordada por ciertos logros, por caso, la política de derechos humanos, pero será también criticada por haber destruido golpe sobre golpe al federalismo fiscal.

La actual administración abusó del manejo de los fondos extraordinarios que supuso una recaudación récord año tras año. Como los cálculos presupuestarios siempre se hicieron por debajo de los ingresos reales del Tesoro, éste dispuso de enormes sumas para someter en lo político a las administraciones provinciales e intendencias que no respondían al kirchnerismo.

Pese a la estatización de las ex administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), el Gobierno nacional sigue tomando el 15 por ciento de la masa coparticipable de recursos. Este esquema se había diseñado durante la aplicación de la jubilación privada para evitar que el sistema estatal de la seguridad social se desfinanciara. Una vez que los recursos y capitales de las ex AFJP fueron apropiados por el Estado, éste siguió sin devolver el 15 por ciento de la coparticipación bruta a las provincias.

Aun así, tampoco el Gobierno nacional cumplió con los compromisos firmados con Córdoba y Santa Fe para sostener las respectivas cajas de jubilaciones provinciales. Córdoba reclama 1.040 millones de pesos hasta diciembre de 2011, en tanto que lo adeudado a la provincia vecina se acerca a los ocho mil millones de pesos. No sólo eso. En enero último se produjo un abrupto descenso en los recursos discrecionales que la Nación enviaba al interior, al caer las transferencias de capital no automáticas (obras públicas, viviendas, rutas, escuelas). Esos envíos fueron sólo una décima parte de los registrados en 2010 y poco menos de un cuarto de los de 2011 (año electoral).

También cedieron las transferencias corrientes no automáticas (gastos ordinarios), que significaron poco más del tres por ciento de las efectuadas en 2010 y apenas un sexto de las de 2011.

Este panorama de concentración de los recursos en manos de la Nación se potenciará con la modificación de la carta orgánica del Banco Central, ya que los cambios en el artículo 20, por caso, permitirán al Tesoro nacional tomar adelantos de hasta un 20 por ciento de los recursos totales sin que las provincias gocen de las mismas facilidades para financiar sus proyectos.

Si Córdoba tuviera el fluido acceso al crédito de la Nación, podría desarrollar, por ejemplo, la impostergable autovía entre la ciudad capital y Río Cuarto, obra que la Nación viene postergando desde hace años y que le corresponde ejecutar, ya que se trata de una ruta nacional.

Pese al silencio de gobernantes y parlamentarios, es necesario revalorizar uno de los principios que dieron forma al nacimiento de la Argentina como país integrado, que es la defensa de los intereses del interior y el pleno respeto a las autonomías provinciales y municipales.

La Voz del Interior, 25-3-12

Pena de muerte por el delito de su padre

Silvio Montini (Abogado)

Ninguno de nosotros eligió cómo ser concebido; esa concepción aconteció y, con motivo de ella y los mil factores que confluyeron para que nuestra vida siguiera, estamos aquí, en un mundo que nos asegura el disfrute de nuestros derechos y nos exige que asumamos nuestras obligaciones y, a veces, situaciones que suceden sin que nosotros seamos responsables de ellas.

Se pretende instalar la discusión de que el aborto no es punible si una violación origina la concepción y ésta está en sus etapas iniciales; se dice que se trata de un embrión y no –todavía– de un ser humano, por lo que diversas legislaciones ubican el momento a partir del cual protegen a ese ser concebido en las cinco, siete, ocho, doce semanas. Tales legislaciones son de una ilogicidad que aterra, pues si un ser es humano a partir de un cierto tiempo desde su concepción, la pregunta obvia es ¿qué era antes de ser humano?

El niño que va a nacer de esa concepción es un ser único desde que fue concebido, como lo será toda su vida; pero en esa etapa de su vida es totalmente vulnerable y lo seguirá siendo por años. Muy difícilmente un niño de unos pocos años de edad pueda sobrevivir solo.

Si el niño de, por ejemplo, 2 años debe ser protegido por la ley y es el mismo ser que al inicio de su concepción, ¿por qué en esta etapa pudo haber sido eliminado (para no utilizar el término que corresponde) según alguno de los criterios legislativos que refiero y luego no puede serlo? Precisamente porque es un ser humano.

Esta realidad muestra que si permitimos seguir el curso de la vida que ya tiene, cualquier niño concebido en el seno de su madre, aun en la perversa y penosa situación que esa concepción se origine en un delito, será luego un niño de 2, de 4 años, etcétera, y dentro de más tiempo será una persona adulta.

Un delito no se repara con otro. Ello es así aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación diga lo contrario ignorando la legislación aplicable (si ésta es analizada y receptada en su integralidad).

En otras palabras, el delito que cometió el padre al violar a la madre no se repara eliminando al niño por nacer. Es muy arcaico (y totalmente ilegal en Argentina) que el hijo deba reparar con su vida el delito de su padre, por más aberrante que sea.

La Voz del Interior, 15-3-12

Un delito que no va a prescribir

P. Samuel Jofré

El fallo discrimina gravemente a un niño, atendiendo a la condición de sus padres, al proclamar que su asesinato no debe ser punido por ser un hijo no querido por ellos.
Además, pretende establecer el derecho al aborto en toda violación, lo que produce un trágico engaño a la mujer abortante, ya gravemente ultrajada, y a la que se le ofrece una falsa solución. Esta es la mentira mayor de nuestra Corte.

Semejante derecho no existe ni puede existir en Argentina. La Constitución lo impide. Que nunca se puede matar a un inocente es una norma de ius cogens . Toda norma jurídica o sentencia que pretendiera abrogarlo es nula y nadie está obligado a seguirla; más bien lo contrario, pues una campaña de abortos realizada con la aquiescencia estatal se convierte en un crimen de lesa humanidad, que no prescribe y ante el cual nadie podrá invocar este fallo nulo, ni moral ni jurídicamente.

Todo abortante, médico o madre, podrán seguir siendo perseguidos penalmente por este delito.
Aunque el Estado debe punir toda violación a los derechos humanos, lo mejor es promoverlos en serio. Sólo hace falta tiempo y jueces dispuestos a defender el derecho. Dios nos los conceda.

La Voz del Interior, 14-3-12

¿Realmente quieren nuestras denuncias?

Sebastián García Díaz*

El crecimiento de las redes de venta de droga en Córdoba se ha consolidado como una realidad escandalosa. Todos sabemos dónde se vende, “menos la policía y la Justicia”, como se dice habitualmente.

Y es que se vende en todos lados: en la calle, en el barrio, en el colegio (a la salida y adentro), en los boliches, en los estacionamientos, en los paradores de las sierras y hasta en los clubes deportivos.

Cada vez que expongo sobre la cuestión, debo responder la pregunta obligada: “¿Por qué no hacen nada; por simple negligencia o porque están vinculados con esos negocios?”

Una pregunta similar me hacen cuando denunciamos que las redes que operan el narcotráfico en la provincia son las mismas que están desarrollando la trata de personas y la prostitución, con total impunidad, en todas las rutas de Córdoba y en la madre de todos los delitos complejos, que es la ruta 38 (que cruza el valle de Punilla).

En este artículo, dejaré al lector la respuesta a tan delicada pregunta. Varios indicios marcan que si fuera negligencia, sería muy grosera. Valga este ejemplo para corroborarlo.

La ciudadanía como aliado. Hay una estrategia que es básica, pero que ha demostrado ser muy eficaz en esta lucha. Es la que están utilizando los países que ostentan avances reales en la materia.

Se trata de campañas de promoción, por todos los medios posibles, para que la gente vuelva a confiar y acerque su denuncia. Los especialistas han concluido que tener como aliado a la ciudadanía es un arma implacable.

Recordemos que, por ley, las denuncias sobre drogas son obligatoriamente anónimas, por lo que sólo es necesario instrumentar los diversos canales para que le resulte sumamente sencillo al vecino conectarse con la policía, la Justicia y el gobierno y decir: “En la esquina de mi casa están vendiendo”.

En los países que mencioné, no se quedan allí: solicitan a los pobladores del interior que denuncien el avistaje de avionetas sospechosas o de cualquier situación que consideren irregular.

Llegan a poner carteles en los baños de los boliches y escuelas para que, ante la mínima sospecha u oferta, un joven pueda hacer su aporte en forma discreta y anónima.

Los miles de ojos y oídos de buenos ciudadanos dispuestos a colaborar se convierten, sin mayor esfuerzo, en una enorme red de aliados de la Justicia y la policía. Sus denuncias sirven para hacer mapas del delito, para controlar la base de las fuerzas de seguridad (porque el canal debe prever que también se denuncie al policía corrupto que brinda protección a los delincuentes).

Antes de que sea tarde. Sirve, también, para poner al ciudadano en un rol activo, responsable, militante de sus derechos y de los deseos de proteger a los suyos.

En los barrios que viven incipientes procesos de favelización, la denuncia anónima, escuchada y procesada en tiempo y forma, puede llegar a ser el único canal de protección para las familias que aún resisten caer en la red del narco que domina la zona.

Pero, en Córdoba, nada de eso hacemos. No hay un número telefónico promocionado con fuerza y determinación por los medios masivos ni sitio web ; no hay correo electrónico ni redes sociales. Hay un 0810 que, cuando fui secretario de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia, hicimos público, pero que al poco tiempo me solicitaron que “no le diera tanta manija”, porque estaba colapsando el sistema.

Está claro que si el canal existe, la ciudadanía participa. Antes de ser funcionario, desde una simple página de Internet y colocando 300 carteles de vía pública con la pregunta “¿dónde se vende droga en Córdoba?”, recibimos más de mil denuncias en tres semanas.

¿Quiere el Gobierno Provincial recibir denuncias ciudadanas? ¿Quieren los fiscales federales que los taxistas y remiseros le cuenten todo lo que saben? ¿Quiere la cúpula policial y el ministro de Seguridad que ese vecino valiente que vio algo sospechoso lo diga lo antes posible?

La respuesta parece ser negativa. No quieren. Sino, lo harían. Córdoba no está receptando como corresponde (y muchísimo menos alentando como debería) las denuncias sobre narcotráfico. Tampoco sobre posibles lugares donde haya mujeres esclavizadas por las redes de tratas ni sobre otros delitos aberrantes.

Podría ocurrir que sólo fuera negligencia grave. Si es así, es cuestión de presionarlos para que hagan lo que tienen que hacer, antes de que sea demasiado tarde. Sirva este artículo para cumplir el objetivo.

*Ex secretario de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia

La Voz del Interior, 14-3-12

Lamentable fallo de la Corte Suprema

Resolvió que cualquier mujer violada tiene derecho a interrumpir un embarazo, sin autorización judicial.

La Corte Suprema de Justicia resolvió hoy por unanimidad que cualquier mujer puede interrumpir un embarazo que proviene de una violación sin necesitar una autorización judicial previa ni temor a sufrir una sanción penal. Además, el médico que realice la intervención no podrá ser sancionado.

El Código Penal argentino prevé en el artículo 86, inciso 1 y 2, que el aborto no es punible en dos ocasiones: cuando se realiza para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y cuando el embarazo proviene de "una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".

El segundo inciso ha dado lugar a una discusión judicial histórica en la que se dan dos interpretaciones, aquella más restrictiva que entiende que el aborto sólo está permitido en caso de violaciones a mujeres con discapacidad mental y aquella que entiende que cualquier mujer abusada puede interrumpir el embarazo. Finalmente, la Corte se inclinó por la lectura amplia de dicho artículo.

En el fallo, la Corte sostiene que "reducir por vía de interpretación la autorización de la interrupción de los embarazos sólo a los supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra una incapaz mental implicaría establecer una distinción irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito".

Qué dice. Para sostener la lectura amplia del artículo, la Corte cita la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde reza que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)”. En base a eso, dice que "resulta imposible concluir en la aplicabilidad de las normas invocadas para fundar la tesis restrictiva del supuesto de aborto no punible".

Además, los jueces recuerdan que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostiene que debe permitirse el aborto para el caso de embarazos que son consecuencia de una violación, al tiempo que este organismo llamó la atención sobre la interpretación restrictiva del aborto no punible.

Sin trámite judicial. La resolución indica que la realización de la interrupción del embarazo "no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial".

En cuanto a la práctica médica, los jueces definieron que los médicos no deben requerir autorización judicial para realizar este tipo de interrupciones. Establece que para que se pueda realizar el aborto, la mujer deberá completar una declaración jurada dejando constancia que fue violada para que los profesionales que la asistan puedan efectuar la práctica sin tener responsabilidad penal.

Protocolos hospitalarios. El máximo tribunal también solicita a las autoridades que implementen protocolos hospitalarios para la atención de abortos no punibles y pide a los jueces "abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico".

La judicialización "además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada, y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud" como su "derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras", sostiene el texto.

La interpretación. En uno de los pasajes del fallo, los jueces se refieren a la redacción del inciso 2 del artículo 86 que dio lugar a diferentes interpretaciones. Dicen que al hablar de "violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente", utilizando la conjunción disyuntiva "o", se está haciendo referencia a dos grupos de causas de embarazos.

"Es evidente que por exclusión, 'violación' se refiere al acceso carnal violento o coactivo sobre mujeres no 'idiotas ni dementes'", sostienen.

El caso. El tribunal falló sobre el caso de una adolescente de 15 años que quedó embarazada tras ser abusada por su padrastro, un oficial mayor de la Policía de Chubut.

En una primera instancia, una jueza había rechazo autorizar la interrupción del embarazo con el argumento de defender la vida del feto, resolución que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Finalmente, la Corte Suprema de Chubut revirtió el criterio y autorizó la interrupción.

Los votos. El fallo unánime de la Corte fue adoptado por el voto conjunto de su presidente Ricardo Lorenzetti, de la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco, de los jueces Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, y por los votos individuales de los jueces Enrique Petracchi y Carmen Argibay.

Protocolo. En enero pasado, Salud de la Nación fijó a través de un protocolo médico los criterios que se deben seguir en todos los hospitales cuando se atienda a víctimas de un abuso sexual. Y establece que se les debe garantizar el derecho al aborto.

La Voz del Interior, 13-3-12

Iglesia de Nicaragua se opone a despenalización de la droga

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Sócrates René Sándigo, dijo hoy estar en contra de la despenalización del comercio de las drogas en Centroamérica, porque, a su juicio, las "consecuencias serían peores" para la sociedad.


"La teoría de que se reduciría el consumo es falsa. Yo creo que más bien se ampliaría, se facilitaría y, por ende, estamos exponiendo a la persona al deterioro de la salud" , valoró el obispo, en declaraciones al Canal 12 de la televisión local.

"Si la sociedad, encabezada por los Estados, va siendo muy flexible, podemos llegar a un punto de mucho libertinaje, que después va a ser difícil de controlar" , agregó.

Los presidentes de Centroamérica se reunirán el próximo día 24 en Guatemala para debatir sobre la despenalización de las drogas.

Esa propuesta la efectuó el gobernante de Guatemala, el general retirado Otto Pérez Molina y sus homólogos de la región aceptaron discutirla.

El titular del Episcopado nicaragüense comentó, al respecto, que "es bueno oír los planteamientos" y "es de sabios escuchar, analizar y luego hacer las críticas respectivas".

El pasado 1 de marzo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aceptó el debate sobre el libre comercio de drogas, pero se abstuvo de pronunciarse de manera abierta sobre el tema, tras reunirse en Managua con la vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti.

Sándigo, en tanto, reiteró que "no estaría de acuerdo que la participación (de Ortega en la cumbre en Guatemala) fuera para apoyar este tipo de propuestas de legalización de las drogas".

Los gobernantes de la región se reunieron el pasado día 6 en Honduras con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, con quien examinaron "la complejidad y gravedad" en la región del narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos, tráfico de armas y trata de personas.

Estados Unidos se opone a la despenalización de las drogas, mientras en una gira que efectuó en febrero por Centroamérica y México, el director del Servicio Federal de Control de Drogas de Rusia, Víctor Ivanov, expresó el "firme rechazo" de Moscú a la despenalización de las sustancias prohibidas, un tema que, según denunció, es "financiado por círculos interesados".

El obispo Sándigo también consideró que "detrás" de la propuesta para despenalizar la drogas "hay un interés económico".

"Como la droga no paga impuestos, resienten las instituciones oficiales que a través de este mercado no ingresen los respectivos impuestos, pero otro tipo de drogas, que son legales, sí pagan impuestos", apuntó.

Sándigo remarcó que "si la presión social va desapareciendo" contra el consumo de drogas, "corremos el riesgo de caer en una anarquía".

Centroamérica es utilizada como corredor para el tráfico de la droga producida en Sudamérica hacia México y Estados Unidos, y en los últimos años su territorio también es utilizado por los narcotraficantes como "almacén" de drogas.


Prensa Libre, 12-3-12

Aborto:

LA CORTE SE PRONUNCIARÍA MAÑANA

Cronología de los hechos

El 8 de marzo del 2010, el Superior Tribunal de la Provincia del Chubut autorizó a que se practique un aborto a una menor violada, que cursaba el quinto mes de embarazo. Por ese “permiso para matar” bregaron el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y la Secretaría de Derechos Humanos (dos organismos que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación), el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) y el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.

Pocos días después, el 12 de marzo, el niño fue ejecutado en el Centro Materno Infantil de Trelew, dependiente de la Secretaría de Salud de la Provincia de Chubut. El crimen se perpetró sin fallo judicial firme, no se habían resuelto los recursos extraordinarios interpuestos por el Ministerio Público de la Defensa y la Corporación de Abogados Católicos.

El 4 de junio de 2010 -cuando la cuestión era abstracta porque ya habían matado al pequeño inocente- el Superior Tribunal de Chubut decidió conceder el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del niño y elevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 25 de abril de 2011 la Corte llamó a autos para dictar sentencia. Desde el campo provida el guante fue recogido de inmediato por el Dr. Ricardo Bach de Chazal que en una presentación jurídicamente irrefutable planteó la inconstitucionalidad y nulidad originarias de las disposiciones del artículo 86 del Código Penal y su notoria contradicción e incompatibilidad con normas de jerarquía constitucional contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Mientras que el coro de la “cultura de la muerte” fue encabezado, una vez más, por organismos del Estado Nacional, que presionaron para que la Corte no declare abstracto el tema y se expida sobre la cuestión de fondo convalidando lo actuado por el Superior Tribunal de la Provincia del Chubut.

Según trascendidos periodísticos mañana, martes 13 de marzo, en el primer Acuerdo del año, la Corte diría que no hace falta autorización judicial para practicar los “abortos no punibles”. Tal como ocurrió con la ley de divorcio vincular la sentencia del máximo Tribunal precipitaría el tema en el ámbito legislativo.

Nada justifica la eliminación de un ser humano inocente e indefenso. La Constitución Nacional consagra la inviolabilidad del derecho a la vida de todo ser humano –nacido o por nacer- desde el momento de su concepción y hasta su muerte natural. Es obligación de la autoridades -nacionales y provinciales- garantizar ese derecho, sin discriminaciones arbitrarias.

NOTIVIDA, Año XII, Nº 806, 12 de marzo de 2012