Por: Andrés Nápoli
Director del Área Riachuelo de FARN
Parte 1
INTRODUCCIÓN
El plan de
Saneamiento del Riachuelo atraviesa hoy su hora más crítica desde que en el año
2006, la intervención de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lograra
instalar esta compleja problemática en un lugar destacado dentro de la agenda
pública.
Las graves denuncias
formuladas contra el Juez Federal de Quilmes Luis Armella, generaron una crisis
que parecieron retrotraer las cosas años atrás, en donde el Riachuelo una y
otra vez apareció vinculado a episodios de corrupción.
Sin embargo, en esta
oportunidad la cuestión adquirió ribetes diferentes, habida cuenta el rol
preponderante que asumió la justicia en el desarrollo de todas las acciones vinculadas
con el saneamiento del Riachuelo; no sólo a través de la emisión del fallo
histórico que condeno al Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia del Buenos
Aires a recomponer el daño ambiental existente, sino fundamentalmente en la conducción
del proceso de ejecución de la sentencia que tuvo en el Juez Federal de Quilmes
como su actor más importante.
De allí que las
denuncias dadas a conocer por la prensa y luego investigadas judicialmente, que
involucraron al magistrado a quien el máximo tribunal de la nación encomendó el
control del proceso de cumplimiento de su fallo impactaron fuertemente en la
credibilidad del sistema ideado por la
Corte , lo cual llevó a que el máximo tribunal se viera
obligado a adoptar medidas de carácter extraordinario tendientes a reencauzar
el proceso.
Al igual que lo hemos
hecho en otras oportunidades, nos proponemos hacer un análisis de las
principales acciones desarrolladas durante el año en curso, que involucran la
marcha del Plan de Saneamiento, pero teniendo muy en cuenta que los episodios
que marcaron el ritmo del caso durante el año 2012 tuvieron como eje central la
situación de la justicia y en particular del hoy ya ex juez a cargo de la
ejecución de la sentencia.
I.- LA MARCHA DEL PLAN DE
SANEAMIENTO
Tal como lo
adelantamos, los hechos que involucraron al Juez Federal de Quilmes y algunos
organismos con injerencia en la ejecución de obras en la CMR , generó una paralización
casi total de la actividad a partir del segundo semestre del año.
No obstante, durante
esa parte del año la CSJN
convocó a una Audiencia Pública que al menos sirvió para conocer y evaluar los
aspectos principales del Plan de Saneamiento en marcha.
En inicio de la
citada audiencia el Dr. Ricardo Lorenzetti (Presidente de la CSJN ) manifestó que los
informes oficiales recibidos por el tribunal daban cuenta de “un alto grado de
cumplimiento del plan de saneamiento”, y que por tanto, el objetivo fijado por
el tribunal para la presente instancia se dirigiría a profundizar los detalles
vinculados con las acciones efectuadas.
Más allá de la
apreciación expuesta por el Presidente del Tribunal, creemos que resulta
dificultoso realizar una estimación como la planteada, habida cuenta de la
complejidad que encierra la problemática del Riachuelo. No obstante ello,
existen varios aspectos en los que se han podido verificar avances, mientras
que otro conjunto de temáticas registran acciones parciales o insuficientes, y
otras necesitan ser revisadas, tal como a la postre lo reconoció el propio tribunal
mediante la resolución emitida el 19/12/2012.
A. Contaminación de
origen industrial
El proceso de control
de la contaminación industrial es uno de los componentes de mayor importancia
para avanzar en el saneamiento de la
Cuenca , por cuanto permite reducir las emisiones
contaminantes al agua, aire y suelo provenientes de este sector, hasta llevarlo
a niveles compatibles con la recomposición ambiental de la cuenca.
En lo que hace al
control de industrias, a partir de principios del 2011 la ACUMAR logró consolidar el
proceso de fiscalización de establecimientos productivos. En este sentido, el
empadronamiento efectuado permitió conocer que existen 25.686 establecimientos
industriales y actividades de servicios que se encuentran radicados en el
espacio territorial que cubre actualmente la Cuenca Matanza –
Riachuelo, de los cuales unos 11.000 corresponden a industrias manufactureras,
de las cuales unas 6000 aproximadamente cuenta con efluentes, habiendo sido
declarados como Agentes Contaminantes2 1503,
de los cuales 1077
han iniciado los Programas de Reconversión Industrial, mientras que 54 han sido
finalizado dicho proceso.
Los datos expuestos
por ACUMAR reflejan varios aspectos que resultan sin dudas positivos. Por un
lado, la realización del empadronamiento de empresas y actividades productivas,
y la puesta en marcha de un proceso de fiscalización, que ya cuenta con casi
dos años de trabajo sostenido, que más allá de las deficiencias operativas que
puedan señalarse, ha permitido conocer el universo de industrias que se
encuentran radicadas en el espacio territorial de la Cuenca Matanza –
Riachuelo y cómo es su funcionamiento, cuestión que hasta hace muy pocos años
resultaba absolutamente desconocida.
Sin embargo la
efectividad de las acciones de control de la contaminación industrial no puede
analizarse solamente desde una perspectiva puramente estadística, valorando el
número de inspecciones o clausuras efectuadas a las industrias, o la cantidad
de PRI aprobados, sino teniendo en cuenta cuál será el impacto de dichas
acciones en relación al cumplimiento de los objetivos tendientes a evitar daños
futuros y mejorar la calidad de vida de la población, fijados por la CSJN en su fallo.
Por otra parte, y tal
cual lo ha señalado la CSJN
en su resolución de 19/12/12, la marcha del proceso de reconversión industrial
marcha a paso muy lento, alcanzado un promedio de 12,5 empresas reconvertidas
por año, lo que equivale a 1 establecimiento por mes, por lo cual si se
continúa de la misma forma, se necesitarán 117,5 años para que la totalidad de
los 1400 establecimientos declarados como Agentes Contaminantes puedan
finalmente ser declarados como efectivamente reconvertidos.
No obstante ello, el
análisis de las acciones efectuadas en este punto debe comprender además otro
conjunto de tareas que deben llevarse a cabo de manera simultánea y permanente
tales como: el control de vertidos, la determinación de cargas másicas de
contaminantes, el análisis, control y seguimiento de los Planes de Reconversión
Industrial, el ordenamiento y planificación de actividades productivas, las
evaluaciones de impacto ambiental y estratégicas, y las normas que permitan el
efectivo control de la contaminación industrial, todo los cual conforma una
política integral de control de la contaminación industrial, que no ha sido
considerados o al menos abordados de manera integral por la ACUMAR.
Asimismo, el control
de la contaminación por actividades productivas y otras actividades económicas
no puede circunscribirse únicamente a las de tipo industrial, dado que existen
además plantas cloacales, lavaderos, supermercados, depósitos de sustancias
peligrosas y otras empresas que -aunque no son estrictamente industrias-
realizan actividades, procesos, emisiones, vertidos y generan desechos
contaminantes cuya gestión debe también ser objeto de programas de
reconversión.
A. 1) Parámetros de
Vertidos
Los parámetros de
vertidos han sido establecidos mediante la Res. ACUMAR N° 1/2007,
que dispone los límites admisibles para las descargas de efluentes líquidos, la
cual se complementa de manera directa con la Res. ACUMAR N° 3/2009
que dispone los usos y objetivos de calidad del agua.
Ambas disposiciones
se encuentran en abierta contradicción con la búsqueda de mejoras en la calidad
de agua del Riachuelo y el efectivo control de la contaminación por cuanto
establecen que el objetivo de calidad de agua a alcanzar en un mediano plazo
solo permitirá su uso para actividades recreativas pasivas, es decir sin
contacto directo -ni siquiera ocasional- con el agua. Por otra parte, los
parámetros de vertidos fijados tienden a consolidar un sistema de contaminación
controlada/tolerada, que permite a las empresas volcar una gran cantidad de
contaminantes en tanto los mismos se encuentren debidamente diluidos en agua.
Todo ello podría
conducir a la paradoja de que, aun cuando todas las empresas se ajustasen a lo
normado por ACUMAR, el Riachuelo siga tan contaminado como lo está actualmente.
Por tal motivo, de
conformidad a lo que ha reclamado el Defensor del Pueblo y el Cuerpo Colegiado,
resulta imperioso reformular el sistema de control y límite de vertidos
vigentes para la CMR ,
incluido en las Res. ACUMAR N° 1/0 y 3/09, e implementar de manera inmediata y
progresiva un régimen de vertidos que atienda las necesidades propias del
Riachuelo.
A. 2) Relocalización
de población en riesgo
Las acciones
destinadas a lograr la relocalización de personas asentadas, principalmente en
el borde costero del Camino de Sirga, que cubre desde “La Boca ” hasta el “Camino de
Cintura”, ha sido uno de los aspectos que en cierta forma dominaron la agenda
vinculada con el Riachuelo durante el año 2012.
En este sentido, es
posible destacar que se ha logrado completar el traslado de unas 420 familias6,
y de las 3000 que deberían hacerlo próximamente, unas 2800 habitan la Villa 21 – 24 y Villa
Inflamable.
De igual forma, el
desarrollo del proceso de relocalización forzada de personas cuenta con
numerosas dificultades, como sucede en el caso de las Villas 16 y 21-24 de la CABA en donde las tareas de
relocalización se encuentran sumamente atrasadas.
Al igual que lo
expresado precedentemente, cuando hacíamos referencia a la problemática de las
industrias, tampoco es posible ni adecuado analizar la marcha de las acciones
realizadas en los temas de vivienda por el Estado, tomando solamente los datos
vinculados a los números, por cuanto seguramente arribaremos a conclusiones
erróneas.
Por ello, y tal como
lo expreso el Defensor del Pueblo de la Nación en las audiencias celebradas en la CSJN : “existen un conjunto de
aspectos que incluirse a la hora de evaluar el presente punto, en tanto muchas
de las viviendas otorgadas a las personas relocalizadas, principalmente en el
ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires, carecen de los requisitos esenciales para garantizar el
derecho a la vivienda digna”, tal como surge en los casos de los vecinos de
Lujan, El Pueblito y Magaldi, todo lo cual fue denunciado en varias
oportunidades por el Dr. Gustavo Moreno, Asesor Tutelar de la Cámara CAyT N° 1 de la CABA y los informes
producidos por el Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la CABA.
Por otra parte,
tampoco se han implementado mecanismos de participación institucionalizados,
obligatorios y previos que permitan que las personas sujetas a los procesos de
relocalización forzada puedan dialogar con las autoridades y recibir
información sobre el lugar y el modo en que se llevarán a cabo tales procesos.
En los casos en que
se previeron instancias participativas, las mismas no se encontraban
institucionalizadas, y en muchas de ellas se pretendió imponer modalidades que
restringían la participación indebidamente, o no se constituyeron como
instancias de verdadera participación, ya que los representantes estatales
carecían de facultades para tomar decisiones
A. 3) Salud
En lo que hace a los
diversos tópicos que abarca la temática de la Salud de los habitantes de la Cuenca , se han registrado
algunos avances, principalmente en lo que hace al diagnóstico de la situación
sanitaria y en la puesta en marcha de acciones de vigilancia epidemiológica,
capacitación de recursos humanos y adecuación de la red de servicios de salud.
En particular, el
Ministerio de Salud logró realizar un mapa sociodemográfico de riesgo ambiental
y elaboró una encuesta de factores ambientales de riesgo (EFARS) que confirmó
que el 96 % de los habitantes del territorio de la Cuenca se encuentran
expuestos al menos a una amenaza ambiental.
Respecto a la salud
de la población de la cuenca, la
ACUMAR puso en marcha los Nodos de Vigilancia Epidemiológica
en las diferentes jurisdicciones y los Laboratorios de Análisis Clínicos
Toxicológicos, al tiempo que se procesaron los primeros resultados del Estudio
de Nutrición, Desarrollo Psicomotor y Toxicológico en menores de 6 años
(ENUDPAT 2010), los que dejaron en evidencia una gran afectación de la salud de
los niños de la Cuenca ,
y que un alto porcentaje no lograron pasar los test de pesquisa de desarrollo
psicomotor y problemas nutricionales.
No obstante lo
señalado, a más de 4 años de fallo emitido por la CSJN todavía no se ha logrado
identificar cuál es la población que se encuentra en situación de riesgo, ni se
han puesto en marcha las medidas para atender a sus necesidades en materia de
salud. De igual forma y tal como lo ha señalado la CSJN en la resolución del
19/12/2012 resulta necesario que los Nodos de Vigilancia Epidemiológica amplíen
las fuentes de información incorporando además aquellas provenientes de los
efectores privados.
Ello pone en
evidencia la falta de desarrollo de una política proactiva en materia de
atención sanitaria, que permita una intervención preventiva en la búsqueda las
personas que padecen las patologías vinculadas con la contaminación del
Riachuelo, asignatura claramente pendiente en este caso.
A. 4) Polo Petroquímico de Dock Sud
La situación del Polo
Petroquímico es ciertamente paradójica habida cuenta que el mismo posee una
enorme complejidad socio-ambiental, por cuanto en su interior se encuentran
radicadas un conjunto de industrias peligrosas, situadas a escasos metros de
importantes núcleos poblacionales y del frente costero sur del Río de la Plata.
El riesgo ambiental
que se presenta es alto, debido a que es un espacio sometido a amenazas que se
relacionan con la propia naturaleza de las actividades desarrolladas en el polo
y que la población expuesta presenta una gran vulnerabilidad desde el punto de
vista físico, económico, político, educativo, ecológico y técnico.
Por ello, la Corte Suprema en el
Considerando 17) III. 9) del fallo del 8/7/2008 ordenó la presentación del
proyecto de reconversión industrial y relocalización del Polo Petroquímico de
Dock Sud, que comprenda además a las empresas involucradas.
Dicho plan fue
elaborado entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires y homologado por el
Juagado Federal de Quilmes y tuvo como principal objetivo satisfacer las
necesidades portuarias y de abastecimiento energético y sin requerir la
consulta ni permitir la opinión ni la intervención del Cuerpo Colegiado, pese a
los insistentes reclamos efectuados.
En tal sentido el
Cuerpo Colegiado requirió la necesidad de realizar un Estudio de Riesgo
Integral del Polo Petroquímico, debido a que es un espacio sometido a amenazas
que se relacionan con la propia naturaleza de las actividades que se desarrollan,
y que la población expuesta que habita en sus proximidades presenta una alto
grado de vulnerabilidad desde el punto de vista físico, económico, político,
educativo, ecológico y técnico.
Asimismo solicitó la
realización de Auditorías Ambientales a todas las empresas situadas en el Polo,
como así también de los pasivos ambientales existentes. Ninguna de las acciones
reclamadas por el Cuerpo Colegiado fue desarrollada ni formaron parte del Plan
de Reconversión aprobado por el Estado Nacional y la Pcia. de Buenos Aires para
el Polo Petroquímico de Dock Sud.
No obstante ello,
durante el transcurso de las Audiencias Públicas celebradas en el 2012 los
representantes del Gobierno de la
Pcia. de Buenos Aires informaron que el Polo Petroquímico de
Dock Sud había cumplido con su proceso de reconversión, motivo por el cual ya
no debía ser considerado como un Polo tal sino como un Puerto, por cuanto en
dicho espacio ya no existe ningún tipo de Planta o Industria Química.
En tal sentido, es
necesario subrayar que las decisiones adoptadas y las acciones desarrolladas
por la Provincia
de Buenos Aires se orientaron en función de cuestiones portuarias y de
abastecimiento energético sin considerar su verdadero riesgo ambiental, lo cual
no guarda relación alguna el mandato impuesto por la CSJN que claramente ordena la
necesidad de avanzar en desmantelamiento progresivo del Polo Petroquímico de
Dock Sud hasta lograr la minimización de los riesgos ambientales que el
funcionamiento del mismo conlleva.
A. 5) Basurales a
cielo abierto y gestión de residuos
En lo que hace a la
gestión de residuos, el logro más destacado del ACUMAR ha consistido en iniciar
el proceso de saneamiento de basurales a cielo abierto (BAC). A partir de la
firma de convenios con municipios en marzo de 2011, se fijó una línea base de
269 basurales, de los cuales se han reportado como erradicados 184 basurales
(68.40%) y para erradicar 85 (31.6%).
También se obtuvieron
buenos resultados en lo que hace a la limpieza de márgenes, logrando removerse
un total de 120.000 Tn. de basura, tarea que llevan a cabo más de 2000
cooperativas. En este punto también se destacan las acciones de limpieza de
márgenes realizada por la
Dirección de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, que
implementó un sistema de recolección de residuos por vía acuática, destinado a
los asentamientos y villas de emergencia situados en el borde costero del río,
que carecen de este servicio de recolección.
Aún cuando las tareas
mencionadas resultan positivas, las mismas continúan sin apuntar a solucionar
la raíz del problema, por cuanto la formación de basurales clandestinos es la
consecuencia de una defectuosa gestión de los residuos que hasta el presente no
se ha modificado.
Por ello, es
necesario que ACUMAR asuma la implementación de una estrategia de gestión
integral de residuos con objetivos de minimización, separación en origen y
recolección diferenciada, indispensables para favorecer la reducción, el
reciclaje y la reutilización de los residuos, dejándose de lado, de manera definitiva,
los proyectos que, bajo el ropaje de valorización de residuos, apuntan a
reimplantar los sistemas de incineración que se encuentran prohibidos en la
mayoría de los países del mundo.
A. 6) La cuestión
presupuestaria
La situación
presupuestaria de la ACUMAR
ha sido una problemática que ha estado presente desde el mismo momento de su
creación, lo cual fue puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones por la AGN quien desde el año 2008 ha
informado la gran dificultad que enfrenta el organismo para financiarse,
principalmente por la falta de aportes de parte de las jurisdicciones, como así
también por la sub ejecución que registran las partidas asignadas.
Ahora la situación ha
alcanzado un mayor nivel de conflicto interjurisdiccional, por cuanto la cuestión
trascendió el ámbito institucional del organismo de cuenca, para situarse
directamente frente a los estrados judiciales. En este sentido, el Presidente
Dr. Juan José Mussi demandó el auxilio de la CSJN para que las jurisdicciones (Ciudad de
Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) efectúen los aportes presupuestarios
“correspondientes y comprometidos” y que no fueron efectuados durante el año
2012.
El Presidente de
ACUMAR expresó que el Consejo Directivo de ACUMAR aprobó una suma que asciende
a $ 652.444.252, quedando a cargo del organismo solventar la suma de $
1.996.593, mientras que el saldo de los fondos remanentes de $ 650.444.252,
deberán ser aportados de la siguiente forma: 50% a cargo del Estado Nacional,
25% a cargo de la CABA
y 25% a cargo de la
Provincia de Buenos Aires.
En tal sentido,
durante las Audiencias Públicas celebras en la CSJN , tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia de Buenos
Aires admitieron que no habían efectivizado los aportes comprometidos al
organismo. En el caso de la CABA
solo dispuso la incorporación de un monto de 25 millones de pesos, mientras que
la Provincia
de Buenos Aires había dispuesto por vía presupuestaría aportar los montos
correspondientes, aunque nunca los había hecho efectivos.
Asiste razón al
titular del organismo de cuenca en el reclamo efectuado a las jurisdicciones
para que integren los fondos necesarios para solventar las acciones y los
programas que tiene a su cargo. En este sentido, la ACUMAR es un organismo
interjurisdiccional que cuenta con representación de todas las jurisdicciones
en cuyo territorio se sitúa la CMR
y en donde deben llevarse a cabo las acciones destinadas a lograr su
saneamiento y por tanto su presupuesto deberá ser integrado en partes
proporcionales por cada una de las jurisdicciones.
Sin embargo la
abierta discusión propuesta por el Presidente del organismo, primero ante la CSJN y más recientemente a
través de los medios de comunicación, ponen al descubierto la crisis
institucional por la que atraviesa el organismo, el cual no ha podido encontrar
soluciones al problema presupuestario ni establecer los mecanismos de
coordinación interjurisdiccional para el cual fuera creado.
A. 7) Sistema de
medición de cumplimiento de objetivos
El Defensor del
Pueblo, el Cuerpo Colegiado y más recientemente la AGN , destacaron en
presentaciones efectuadas por ante el Juzgado Federal de Quilmes la importancia
de contar con un sistema de indicadores que permita seguir, monitorear y
evaluar el cumplimiento de los objetivos del fallo. En este sentido,
manifestaron que dicho sistema debería estar claramente relacionado con el PISA
y permitir visibilizar los cambios que generan las acciones que se desarrollan
en la cuenca y con información accesible para la ciudadanía.
Entre las
observaciones formuladas se destaca que el sistema implementado debía atender
de un modo equilibrado tres niveles de análisis claramente diferenciados a saber:
a) impacto del plan (logro de los objetivos generales fijados en el fallo) b)
la eficacia de los programas implementados (objetivos particulares) c) el grado
de avance de la gestión (alcance de metas intermedias y actividades
planificadas).
Sin embargo, el
sistema elaborado por ACUMAR no cumple de manera balanceada con los mismos, por
cuanto abunda en indicadores que no son relevantes para medir el nivel de
cumplimiento del fallo, donde predominan aquellos de gestión, que sintetizan la
actividad del organismo, pero que nada informan respecto de los logros y los
resultados obtenidos como fruto de la actividad desarrollada.
En este punto, el
informe presentado por AGN a la
CSJN indica que se observa que aproximadamente el 50% de los
indicadores desarrollados por a ACUMAR corresponden a la Gestión del propio
organismo, debiendo el Sistema estar integrado en su totalidad por indicadores
que den cuenta del avance en el cumplimiento de los resultados.
Lamentablemente, las
observaciones indicadas no tuvieron efecto en ninguna de las instancias
apuntadas, ya que tanto la
ACUMAR como el Juzgado Federal del Quilmes, al igual que lo hicieran
respecto del sistema de vertidos, relativizaron de manera sistemática el
presente tema, quedando por tanto relegado dentro de las prioridades asignadas
para el desarrollo de las acciones.
No obstante ello, fue
la Corte quien
en las audiencias desarrolladas durante el año 2012 dieron relevancia al tema,
solicitando al ACUMAR la reformulación del sistema adoptado.
Entendemos que en
oportunidad de revisar el PISA, a la luz de los avances realizados y la
información generada, es necesario mejorar el actual sistema, para que refleje
los cambios en el ambiente en el camino hacia su recomposición, la cantidad de
vertidos, y basurales y la extensión del goce del derecho al ambiente sano de
los habitantes de la cuenca: recolección diferenciada de residuos, vivienda
adecuada, acceso efectivo al agua potable, acceso al saneamiento, mejoras en el
estado de salud, entre otros.
Creemos en suma que
los indicadores son una parte central del sistema de evaluación del
cumplimiento del fallo, por lo que deben ser pertinentes para dar cuenta de los
logros de los objetivos, ser verificables, auditados periódicamente y
homologados judicialmente.
II. LA JUSTICIA EN EL
BANQUILLO.-
El Domingo 26 de
Agosto del 2012 el Diario Pagina 12 publicó una nota con la firma del periodista
Horacio Verbitsky titulada “Nieblas del Riachuelo”, en donde se formula una
grave denuncia que involucra al Juez Federal de Quilmes Dr. Luis Armella, como
incurso en una serie de hechos que podrían configurar delitos y acciones
incompatibles con el desempeño del cargo que ocupa.
En la misma, el
citado periodista, informa que un grupo de empresas19, conformadas en su
mayoría por familiares y personas vinculadas al citado magistrado, habrían
obtenido una serie de contratos principalmente de parte de Coordinación
Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para realizar tareas
vinculadas con el saneamiento del Riachuelo que contaban con el financiamiento
de la ACUMAR. La
denuncia menciona que la mayor parte de las contrataciones se habrían efectuado
con el CEAMSE, evitando prácticamente toda mención a la empresa AySA, que fue
quien realizó el mayor número y monto de contrataciones directas con las
empresas denunciadas.
Destaca además que
los contratos habrían sido obtenidos como parte de concursos privados de
precios, y que dicha forma de contratación se habría realizado para dar
cumplimiento a las intimaciones efectuados por el propio magistrado.
Por otra parte, la
denuncia en cuestión también hacía referencia a que existían una serie personas
vinculadas con el Juez Federal a cargo de la ejecución de la sentencia, que
habrían sido nombradas como empleados en la ACUMAR a sugerencia del propio magistrado.
Tres días después, la CSJN emite una Resolución en
la que ordena al Juez Federal de Quilmes la presentación de un informe
circunstanciado sobre todos y cada uno de los cargos mencionados en la
denuncia, requiriendo además a la Auditoría General de la Nación para que tome
intervención e investigue todas las contrataciones que fueran efectuadas por
las empresas mencionadas y/o por los Estados condenados en la sentencia del
8/7/2008, como así también de los Municipios de la CMR y en especial de la
empresa AySA y el CEAMSE.
Tanto el tono de la Resolución emitida por
el máximo tribunal, como la disidencia emitida en su voto por el Dr. Petracchi,
que aconsejaba la suspensión transitoria del magistrado hasta tanto se
conociera el resultado de la investigación ordenada por la CSJN , marcaban desde ese
mismo momento el carácter grave que poseía la denuncia dada a conocer.
Pocos días después la CSJN convocó a una nueva
Audiencia Pública que se desarrolló a lo largo de varias jornadas que abarcaron
parte de los meses de Octubre y Noviembre y permitieron: a) evaluar el grado de
cumplimiento del fallo Mendoza, los avances y dificultades existentes en
relación a la marcha del Plan de Saneamiento Integral. b) recibir el testimonio
de los representantes del CEAMSE y AySA en relación a las contrataciones
directas mencionadas en la denuncia formulada por Horacio Verbitsky. c) conocer
los resultados de la investigación efectuada por la AGN ordenada por la CSJN en relación con la
denuncia que involucraba al Juez Federal de Quilmes.
(EstrucPlan, 5-4-13)
Parte 2
1. La investigación
efectuada por la
Auditoría General de la Nación
Las sociedades
mencionadas en la denuncia: “San Martín 264 Bernal S.A!., “Gildin S.A”.,
“Tierras Provinciales S.A”, “Vial Rogo Constructora S.A”, “Compañía
Constructora M&T S.A”. y “Kartonsec S.A” se encuentran vinculadas por: la
composición de sus órganos de administración y fiscalización, la identidad de
socios, la coincidencia de domicilios, sus integrantes presentan relaciones
familiares entre sí, cuatro de ellas fueron instrumentadas por el mismo escribano.
Las vinculaciones se ponen de manifiesto al advertir que los esposos Francisco
Gonzalez y Graciela Pizzera, y sus cinco hijos, participan alternadamente en
las seis sociedades. Por su parte, y en cuanto a San Martín 264 Bernal S.A., su
presidente es Francisco Alberto Groba (suegro del Juez a cargo del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes, Dr. Luis Armella).
Se relevaron
diecinueve contrataciones con la Compañía Constructora
M&ST S.A 21., resultando los organismos contratantes: AySA y CEAMSE, siendo
todas las contrataciones perfeccionadas mediante procedimientos abreviados de
contratación.
El monto total de las
adjudicaciones a Compañía Constructora M&T S.A. alcanzo a la suma de
$129.729.597, correspondiendo la suma de $ 126.131.762,00. a la empresa AySA,
de los cuales $ 123.428.218,37 se realizaron mediante concurso privado de
precios.
El 61,21% del monto
de las obras contratadas por AYSA y finalizadas con Compañía Constructora
M&T S.A., se origina en contrataciones provenientes de concursos privados
en los que fueron invitadas a participar también las empresas KARTONSEC S.A.,
GILDIN S.A. y TIERRAS PROVINCIALES S.A.
El CEAMSE por su
parte realizó contrataciones con las mencionadas empresas por la suma de $
3.597.834,30.
La auditoría informa
que las contrataciones directas realizadas por AySA con Compañía Constructora
M&T S.A. se fundan en motivos de urgencia /emergencia, invocando a tales
fines diferentes requerimientos del Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Quilmes, Dr. Luis Armella (Resolución del 03/09/09; Resolución del
22/09/09 y Resolución del 27/10/09)22. En el caso del CEAMSE, el informe de
auditoría informa que las contratación directas con Compañía Constructora
M&T S.A. en razones de urgencia, sustentadas en la notificación cursada a
CEAMSE por ACUMAR de la
Resolución Judicial de fecha 28/12/11 del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Quilmes, Dr. Luis Armella, en la que se intima a la ACUMAR a comenzar con las
obras de infraestructura de los Taludes Ribereños correspondientes a la Cuenca Baja antes del
15 de febrero de 2012.
El relevamiento por
su parte, pone de manifiesto la intervención de ACUMAR23 en las cinco
contrataciones directas realizadas por AYSA y CEAMSE con Compañía Constructora
M&T S.A: ACUMAR fue quien recibió y luego trasladó a AySA y a CEAMSE los
requerimientos del Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Quilmes, Dr. Luis Armella (Res. 03/09/09; 22/09/09; 27/10/09 y 28/12/11) en las
que AySA y CEAMSE fundan la urgencia/emergencia para las cinco contrataciones
directas realizadas con Compañía Constructora M&T S.A.
2.- Respuesta de la
empresa AySA a la auditoría efectuada por la AGN
La empresa AySA por
su parte, presenta una nota ante la
CSJN , con la firma de su Presidente Carlos Ben impugnando el
informe de auditoría presentado por la
AGN 24, en donde expresa que:
Como contrapartida,
entre 2009 y 2011, la empresa participó de otros 33 concursos por un valor
aproximado de $ 261 millones en los cuales no resultó adjudicataria en ningún
caso, registrando 4 contrataciones directas por 2.7 millones de pesos, las
cuales no corresponden a obras, a alquileres de equipos para limpieza de
márgenes del Riachuelo.
Por su parte destacó
que no registraba contratos con ninguna de las restantes empresas mencionadas
en la denuncia y que sólo se verifica la participaron de tres de ellas, entre
otras, en licitaciones relativas a movimientos de tierra en actividades ajenas
a la Cuenca. El
motivo de la convocatoria de las mismas, se debió a su especialidad en
transporte de tierra y relleno, así como la cercanía con la zona en la cual
debían realizarse dichas tareas en Bernal Partido de Quilmes.
Asimismo, señaló que la AGN había expuesto que “AySA
funda sus 4 contrataciones directas a la Constructora MyT
S.A. … invocando requerimiento del Juez a cargo … (Res. del 03/09/09, 22/09/09
y 27/10/09).25
En función de ello, y
dado la urgencia de tiempo para dar inicio a las tareas se debía contratar y
proveer los siguientes elementos y servicios: elementos de protección personal,
ropa de trabajo, herramientas, alquiler de equipamiento modular para guardado
de objetos y vestuarios, alquiler de maquinarias y camiones, transporte de RSU,
servicio de camiones para transporte de materiales, servicios varios
(distribución de agua potable, correo y mensajería, impresión de afiches,
desratización, etc.). Es así que AySA expresó que quedaba evidenciado que debía
armar toda esta logística e iniciar el programa en 7 días corridos para dar
cumplimiento de la sentencia de julio 2008.
A su vez AySA expresó
que en lo que hacía a la relación personal que podrían tener integrantes de las
empresas indicadas en la solicitud de la Corte Suprema de
Justicia a la AGN
el 29/08/2012, al margen de que podría no afectar cuestiones de fondo, eran
difícilmente percibibles o identificables, salvo que se realizara un examen
específico para dilucidar tal cuestión, como afirma haberla realizado el
Auditor General.
Asimismo destaco que
el despliegue de estas actividades y de todas las que ejecuta AySA S.A., tanto
en la Cuenca
como fuera de ella, se encuentran bajo los controles internos y externos de la Empresa , encontrándose
bajo estos últimos la AGN.
En función de lo
expuesto, AySA requirió al Máximo Tribunal tomara en cuenta las observaciones
por ella mencionadas que invalidaban muchas de las conclusiones expuestas por
el Auditor General de la
Nación.
III. LAS DECISIONES
DE LA CORTE : Un
nuevo giro en la Causa
“Mendoza”
Luego de haber
analizado los alcances y fundamentos incluidos en la auditoría desarrollada por
la AGN , considerado
la impugnación formulada por la empresa AySA, recibido el descargo efectuado
por el Juez Federal de Quilmes y escuchado los testimonios emitidos en las
Audiencias Públicas, la CSJN
adoptó dos decisiones trascendentes para el desarrollo del caso Mendoza.
Remoción del Juez
Armella:
En primer lugar, con
fecha 6 de Noviembre emite una resolución26 con la firma de todos los miembros
del tribunal, en la cual aparta al Juez Federal de Quilmes al Dr. Luis Armella
de la ejecución de la sentencia del caso Mendoza a quien la había atribuido en
virtud de la sentencia del 8/7/2008.
Dispone además la
remisión del caso al Consejo de la Magistratura , a fin de que tome intervención para
examinar la eventual responsabilidad que podría corresponderle al magistrado en
el desempeño de sus funciones.
Asimismo remite copia
de las actuaciones a la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal para que designe al juzgado “que habrá de intervenir en la
investigación contra todos los presuntos involucrados por la eventual
responsabilidad penal.
En este sentido, vale
mencionar que la Corte ,
luego de evaluar las presentaciones recibidas solicita a la justicia penal que
instruya las investigaciones correspondientes contra todos los presuntos
involucrados en las contrataciones referidas, lo cual no solamente involucra al
juez de ejecución removido, sino también a los funcionaros de la empresa AySA y
al CEAMSE.
Según los fundamentos
dados a conocer por el máximo tribunal, la mencionada resolución fue adoptada en
virtud del “contenido y las conclusiones de los informes presentados y la
necesidad de preservar la confianza de la sociedad en la transparencia de los
procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado, y para permitir que los
órganos judiciales competentes (justicia penal) pueda juzgar las eventuales
responsabilidades que surjan de las actuaciones efectuadas”.
Reestructuración del
proceso de ejecución de sentencia del caso Mendoza
En segundo lugar, con
fecha 19 de Noviembre el máximo tribunal emite una segunda resolución27,
destinada a reencauzar el proceso de ejecución en marcha, que había quedado
paralizado, y que cuenta con los siguientes tópicos: a) división del proceso de
ejecución de sentencia, b) señalamiento de temas que requieren una pronta y
urgente resolución, c) aspectos de carácter procesal, d) transparencia y acceso
a la información.
b. 1) División del
proceso de ejecución de sentencia:
El Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del Dr. Sergio Torres, le
corresponderá el control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco
del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas (a cargo de AySA, ABSA
ENHOSA) y del tratamiento de la basura (a cargo de CEAMSE), así como su nivel
de ejecución presupuestaria.
El Juzgado Federal N°
2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Rodríguez, tendrá a su cargo el trámite de
todas las restantes competencias atribuidas en la sentencia de julio de 2008
(las que se encontraban a cargo del Dr. Armella) con aquellas que se suman en
virtud de la decisión adoptada por la
CSJN en la causa Liguoro28, que comprenden la Cuenca Baja (Avellaneda,
Lanús, Lomas de Zamora y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Media (Almirante Brown,
Esteban Echeverría, Ezeiza, La
Matanza , Merlo y Morón) y Alta (Cañuelas, Presidente Perón,
San Vicente, Las Heras y Marcos Paz).
Más allá del
apartamiento del Juez a cargo de la ejecución de la sentencia, el punto más
destacado dentro de las medidas adoptadas por el tribunal para el
reordenamiento del proceso de ejecución de la sentencia está dado en la
división de las competencias atribuidas inicialmente a un único juez de
ejecución.
En este sentido, el
tribunal realiza una división funcional de la ejecución de la sentencia pero
con un criterio muy particular, ya que mantiene la mayor parte de las temáticas
vinculadas a la ejecución del Plan de Saneamiento en cabeza del Juez Federal de
Morón, quien además absorberá todas las competencias derivadas de la causa
Liguoro; mientras que transfiere al Juez Federal Criminal y Correccional N° 12
la función de controlar las contrataciones relacionadas con los Planes de Provisión
de Agua y Cloaca (a cargo de AySA, ABSA y ENHOSA) y la gestión de residuos
sólidos urbanos (a cargo del CEAMSE), como así también su ejecución
presupuestaria.
Desde FARN siempre
hemos sostenido la necesidad de establecer un criterio de unidad en cuanto a la
gestión, el control y la ejecución de las acciones de saneamiento de una Cuenca
fuertemente fragmentada como la del Matanza – Riachuelo, motivo por desde el
año 2002 se reclamó la conformación de una Autoridad de Cuenca con
representación de todas las jurisdicciones involucradas, al igual que la
elección de un juez único encargado de la ejecución de la sentencia del
8/7/2008 donde la Corte
expreso claramente los motivos que llevaron a elegir al Juzgado Federal de
Quilmes.
Sin embargo, la Corte no ha expresado cuáles
han sido las nuevas y complejas problemáticas que la han llevado a adoptar
dicha decisión, ni tampoco los motivos que han llevado a elegir a los
Magistrados Rodriguez y Torres para hacerse cargo del trámite de ejecución de
la sentencia, como si lo expresó al designar originariamente al Juez Federal de
Quilmes.
Estimamos que el
máximo tribunal al dividir la causa ha buscado reforzar los mecanismos de
control de las contrataciones que se realicen en el marco del Plan de
Saneamiento de la CMR ,
sobre todo teniendo en cuenta que existe un crédito otorgado por el Banco
Mundial de u$s 850 millones destinado a financiar obras de saneamiento cloacal,
y cuyos principales ejecutores serán precisamente algunas de las empresas que
fueron denunciadas por la AGN
y sobre las cuales la propia CSJN solicitó se instruya la correspondientes
investigación por la presunta comisión de delitos.
Si bien quedan claras
las competencias que corresponderán a los magistrados, también es cierto que
durante la ejecución de la sentencia requerirán de una fuerte tarea de
coordinación y complementación para evitar decisiones que entorpezcan su avance
y así recuperar el tiempo de parálisis que tuvo en el 2012.
b. 2) Cuestiones que
requieren una pronta y urgente solución:
relocalización de
establecimientos industriales y la necesidad de agilizar la gestión de los
Planes de Reconversión Industrial;
sistema de medición
de la calidad del aire conforme con los estándares vigentes a nivel
internacional y parámetros de calidad de agua que permitan medir los valores de
concentración de las diversas sustancias monitoreadas en el curso de agua
principal, sus valores acumulados y el establecimiento de límites máximos
tolerables de acuerdo al caudal medio del río”.
aplicación del
programa destinado a detectar conexiones clandestinas de origen industrial,
domiciliario y cloacal a conductos pluviales para vuelco de sustancias
contaminantes en los cursos hídricos de la cuenca.
cumplimiento efectivo
y completo del plan de erradicación y relocalización de aquellos que se
encuentran ubicados sobre el denominado "camino de sirga", aprobado
por el juez de ejecución el 22 de febrero de 2011. Supervisión del traslado de
los vecinos de Villa Inflamable, resguardando su derecho a participar en las
decisiones que las autoridades encargadas adopten en el curso del proceso de
reubicación.
Implementación de
medidas para que los nodos de vigilancia epidemiológica reciban información no
sólo de los prestadores públicos sino también de los privados, como así también
para finalizar la puesta en funcionamiento de las unidades sanitarias
ambientales que se encuentran en ejecución.
Si bien es cierto que
las temáticas referidas cubren la mayor parte de aquellas que no han sido
debidamente atendidas hasta el presente y que reclaman la atención prioritaria
der las autoridades, resulta necesario que todas las acciones que se lleven a
cabo se integren como parte del Plan Integral de Saneamiento (PISA), de manera
que las intervenciones que se efectúen en este vasto territorio puedan contar
con un mayor grado de homogeneidad y ser al mismo tiempo controladas en función
del cumplimiento de las metas señaladas en el mismo. En este sentido, estimamos
que debería requerirse a la
ACUMAR la pronta reformulación y readecuación del PISA, con
consulta y participación de todos los ciudadanos y sectores interesados.
b. 3) Aspectos
procesales
Asimismo, la Corte establece una serie de
disposiciones de carácter procesal que son sumamente importantes para el
trámite de la causa ya que apuntan a establecer una representación más amplia y
renovada en el trámite de la ejecución de sentencia.
Por un lado, el
Tribunal adopta una serie de medidas tendientes a bilateralizar el proceso de
ejecución de la sentencia, mediante el reconocimiento expreso por una parte de
las atribuciones constitucionales y legales que corresponden al Ministerio
Público Fiscal33 y al Ministerio Público de la Defensa 34; mientras que
por otro manifiesta que deberá asegurarse la participación procesal de quienes
puedan resultar afectados en el proceso de ejecución, reafirmando y
reconociendo además las atribuciones constitucionales y legales que
corresponden al Defensor del Pueblo de la Nación , especialmente en lo atinente a la tutela
de derechos de incidencia colectiva.
Estos puntos resultan
de particular importancia ya que vienen a subsanar defectos vinculados con la
representación procesal de terceros y afectados, y que generaron muchas
tensiones, principalmente en los procesos de relocalización forzada de personas
que habitan el camino de sirga del Riachuelo, quienes no contaron con
instancias particulares en las cuales pudiesen ser tenidos por parte y oídos en
todos aquellos temas que directamente resultaran involucrados, aspecto que fue
largamente reclamado por el Defensor del Pueblo de la Nación , el Cuerpo Colegiado
y el Ministerio Público de la
Defensa.
En este sentido, la Corte avanza en aspectos que
hacen al control de la ejecución de la sentencia incorporando formalmente al
proceso al Ministerio Público Fiscal, quien hasta el presente no había
participado como parte en el mismo, y al Ministerio Púbico de la Defensa , a quien el Juez
Federal de Quilmes había negado expresamente la posibilidad de incorporarlo
como parte, cuestión que había suscitado incluso reclamos por vía de recurso
extraordinario ante la propia Corte Suprema de Justicia.
Por otro lado, la Corte también amplia
ratifica y reafirma la representación procesal del Defensor del Pueblo de la Nación , recordando que
cuenta con facultades suficientes para representar y hacerse parte en todos
aquellos casos en que exista afectación de derechos de incidencia colectiva.
Vale destacar que en el fallo del 8/7/2008 la Corte otorgó al Ombudsman nacional la función de
coordinar un Cuerpo Colegiado, conformado por dicho organismo y un conjunto de
ONGs, cuya función principal es la promoción de la participación ciudadana en
todos los quehaceres vinculados con el fallo dictado por la
CSJN. La nueva
resolución del máximo tribunal viene a reforzar de manera notablemente la figura
del DPN haciéndolo custodio de la defensa del interés púbico en todas las
acciones que se relacionen con el saneamiento del Riachuelo y la ejecución del
fallo dictado por la CSJN 35.
b. 4) Mecanismos de
control y transparencia
Para asegurar la
transparencia en esta nueva etapa de cumplimiento de la sentencia y posibilitar
el más amplio acceso a la información, la Corte ordena a la ACUMAR la elaboración de
una agenda de ejecución con certificados de avance basados en parámetros
objetivos, y con control de metas intermedias mediante la celebración de
audiencias semestrales. Todos los aspectos relacionados con información y
mecanismos de transparencia han sido siempre una de las principales
preocupaciones del máximo tribunal, tal es así que en el mencionado fallo de
julio de 2008 se le impuso a la
ACUMAR la obligación de establecer un sistema de información
accesible al público.
En esta oportunidad la Corte ha hecho propio varios
de los señalamientos planteados por el Defensor del Pueblo de la Nación y el Cuerpo
Colegiado, ordenando a la
ACUMAR que establezca mecanismos de planificación con metas
intermedias de cumplimiento y mecanismos de control basados en parámetros
objetivos, y que además la población sea informada de manera periódica mediante
la realización de audiencias.
Para una ejecución
eficaz se requerirá una profunda revisión de algunos parámetros de gestión por
parte de ACUMAR, que deberá incorporar dentro de sus prioridades los
requerimientos formulados por la
Corte.
En síntesis, la mayor
parte de las decisiones adoptadas por la Corte en esta delicada instancia apuntan a
solucionar los graves problemas que se han presentado en la primera etapa del
proceso de ejecución de la sentencia. En este sentido, la división de la Causa en dos magistrados es
una decisión que si bien atenta contra el principio de unidad de ejecución que
requiere este caso, busca ampliar y mejorar los mecanismos de control de los
recursos públicos.
Asimismo, resulta
sumamente auspiciosa la posibilidad de que este emblemático caso permita sumar
la representación procesal de las diferentes voces y actores que integran la
sociedad, y que como tales se encuentran presentes en el vasto territorio que
abarca el Riachuelo.
b. 5) Los límites de la Cuenca Matanza –
Riachuelo.
En una última
resolución dictada el 27 de Diciembre en un Recurso de Hecho interpuesto por el
GCBA contra una decisión adoptada por el Juez Federal de Quilmes36, la Corte delimita con mayor
precisión el alcance del territorio de la Cuenca Matanza –
Riachuelo y por ende las competencias que corresponderán ejercer a la ACUMAR y también a los
actuales Juzgados a cargo de la ejecución de la sentencia.
De manera sintética
recordemos que el Juez Federal de Quilmes en una resolución del 28/3/2011
determinó que la CMR
alcanzaba el territorio de la CMR
no sólo correspondía a su delimitación hidrográfica, sino que además se
extendía a la totalidad de los partidos que integraban la misma.
Ello trajo un
sinnúmero de discusiones habida cuenta que existían casos, como la CABA o el Partido de Morón,
donde la Cuenca
sólo alcanzaba a una parte de los mismos Por tal motivo, la Corte al resolver el
mencionado recurso determina que resulta necesario que se tome un concepto
amplio de cuenca, pero sin afectar las autonomías jurisdiccionales que
conforman el ACUMAR. En tal sentido la
CSJN establece que el concepto amplio de Cuenca será el
territorio que abarca la misma y aquél que pueda tener relación directa o
indirecta con el saneamiento, la ejecución y eficacia de la sentencia.
En síntesis, la mayor
parte de las decisiones adoptadas por la Corte en esta delicada instancia apuntan a
solucionar los graves problemas que se han presentado en la primera etapa del
proceso de ejecución de la sentencia. En este sentido, la división de la Causa en dos magistrados es
una decisión que si bien atenta contra el principio de unidad de ejecución que
requiere este caso, busca ampliar y mejorar los mecanismos de control de los
recursos públicos.
Asimismo, resulta
sumamente auspiciosa la posibilidad de que este emblemático caso permita sumar
la representación procesal de las diferentes voces y actores que integran la
sociedad, y que como tales se encuentran presentes en el vasto territorio que
abarca el Riachuelo.
IV.- COMENTARIOS
FINALES
Tal como lo hemos
expuesto a lo largo de este artículo, el Plan de Saneamiento del Riachuelo y en
particular el sistema ideado por la
Corte para cumplir con el mismo atraviesan hoy su momento más
crítico.
No obstante ello y en
lo que hace a la marcha del Plan de Saneamiento existen aspectos en los cuales
las acciones desarrolladas por la
ACUMAR y las diversas jurisdicciones han podido generar
avances, en relación al cumplimiento de los objetivos fijados en el fallo de la CSJN , que debemos recordar
incluyen la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población, recomponer
el daño ambiental existente en la
CMR y evitar la producción de daños futuros.
Existen otros
aspectos en los que las acciones realizadas han resultado parciales o
insuficientes, otras que directamente necesitan ser revisadas, mientras aún
subsisten temáticas que reclaman una atención urgente y prioritaria, tal como
expresara el tribunal supremo mediante la resolución emitida el 19/12/2012 y
que reclaman una acción efectiva de parte de ACUMAR.
De igual manera,
luego de más de 5 años de su conformación, la ACUMAR continúa sin poder convertirse en el
organismo de coordinación y consenso interjurisidiccional para el cual fuera
creado mediante Ley N° 26.168. En este sentido, la crisis desatada por la falta
de integración de fondos de parte de la
CABA y la
Pcia. de Buenos Aires y el reclamo efectuado a la CSJN por el Presidente del
organismo, ponen en evidencia la fuerte crisis institucional que invade al
mismo.
Las graves denuncias
formuladas contra el juez Luis Armella produjeron un cimbronazo de gran
magnitud al interior de la causa Riachuelo que obligaron a la CSJN a adoptar medidas muy
drásticas.
Una vez más la CSJN dio muestras de un
accionar rápido y efectivo, llevando adelante una profunda investigación, que
permitió el esclarecimiento de los hechos que involucraron al magistrado en la
comisión de posibles delitos incompatibles con las funciones a su cargo,
poniendo además al descubierto aspectos que involucraban a otros funcionarios
públicos, pero que no habían sido dados a conocer en la denuncia originalmente
formulada.
El accionar de la Corte marcó una notable
diferencia respecto del comportamiento que habitualmente han asumido otras
instituciones del Estado de nuestro país en situaciones similares, ya que lejos
de ocultar o impedir el esclarecimiento de los hechos referidos en una simple
denuncia periodística, promovió una profunda investigación, recibió los
testimonios de todos los imputados en la misma, algunos de los cuales lo
hicieron en Audiencia Pública y generó las respuestas que el caso demandaba.
Sin embargo es
necesario extraer algunos aprendizajes de los hechos sucedidos con el objeto de
fortalecer el control judicial y consolidar el Plan de Saneamiento del
Riachuelo. En este sentido, resulta imprescindible delimitar el alcance de las
facultades que corresponde ejercer a los magistrados que tienen a su cargo el
ejercicio de funciones de ejecución de sentencia, que en los casos ambientales
se ven potenciadas además por las disposiciones que surgen del Art. 32 de la Ley n° 25.675 que coloca en
cabeza de los jueces la posibilidad de “disponer de todas las medidas
necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a
fin de proteger efectivamente el interés general”, disposición que nos parece
sumamente acertada, habida cuenta que este tipo de proceso carece de una
regulación especial, pero que en el caso del Riachuelo han posibilitado la
concentración de una gran dosis poder en cabeza de un magistrado, y cuya
efectiva implementación reclama equilibrio procesal, que en la primer parte de
la ejecución de sentencia del caso Riachuelo no ha podido establecerse.
Las medias adoptadas
por la CSJN
buscan incorporar más miradas y voces dentro del proceso, instando a la
intervención del Ministerio Publico, reforzando las facultades para la defensa
de los derechos de incidencia colectiva que se encuentran en cabeza del
Defensor del Pueblo de la
Nación , y permitiendo que todos aquellos que puedan resultar
afectados por las decisiones adoptadas en el marco del Plan de Saneamiento sean
debidamente escuchados.
Sin embargo, más allá
de las modificaciones que el máximo tribunal ha impuesto al procedimiento de
ejecución de sentencia, las decisiones del “día a día” quedarán nuevamente en
manos de los jueces inferiores, por lo cual será necesario reforzar el accionar
de las instituciones antes mencionadas, quienes tienen a su cargo las tareas de
control, monitoreo y promoción de la participación ciudadana en el proceso de
saneamiento del Riachuelo.
Cobran hay más
vigencia que nunca las palabras dichas por el Dr. Carlos Fayt en la primera de
las Audiencias Públicas celebradas en el presente caso en el año 2006, cuando
advirtió sobre la necesidad de encontrar mecanismos tendientes a “controlar a
los controladores”.
Hemos señalado en
varias oportunidades que la CSJN
nos ha colocado ante una oportunidad histórica, tal vez la última que tengamos
para revertir el lastimoso estado en que se encuentra la CMR , y para promover acciones
y políticas que permitan mejorar las condiciones de vida de millones de
habitantes, que en este espacio del territorio padecen de manera directa las
consecuencias de la contaminación. Ojalá sepamos aprovecharla.
Por: Andrés Nápoli,
Director del Área Riachuelo de FARN
Estrucplan, 12-4-13
