COMUNIDADES ABORIGENES
LEY Nº 23.302
Sancionada: Setiembre 30 de 1985.
Promulgada de Hecho: Noviembre 8 de 1985.
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
LEY SOBRE POLITICA INDIGENA Y APOYO A LAS COMUNIDADES
ABORIGENES
I — OBJETIVOS
ARTICULO 1º — Declárase de interés nacional la
atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en
el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y
modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la
propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal,
minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la
preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la
protección de la salud de sus integrantes.
II — DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
ARTICULO 2º — A los efectos de la presente ley,
reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el
país.
Se entenderá como comunidades indígenas á los
conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o
colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad.
La personería jurídica se adquirirá mediante la
inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su
cancelación.
ARTICULO 3º — La inscripción será solicitada haciendo
constar el nombre y domicilio de la comunidad, los miembros que la integran y
su actividad principal, las pautas de su organización y los datos y
antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento
y los demás elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello,
ésta otorgará o rechazará la inscripción, la que podrá cancelarse cuando
desaparezcan las condiciones que la determinaron.
ARTICULO 4º — Las relaciones entre los miembros de las
comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo
a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas
de asociación contempladas en la legislación vigente.
III — DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
ARTICULO 5º — Créase el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que
dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. El Poder
Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de
la vigencia de la presente ley. Contará con un Consejo de Coordinación y un
Consejo Asesor.
I — El Consejo de Coordinación estará integrado por:
a) Un representante del Ministerio del Interior;
b) Un representante del Ministerio de Economía;
c) Un representante del Ministerio de Trabajo;
d) Un representante del Ministerio de Educación y
Justicia;
e) Representantes elegidos por las comunidades
aborígenes cuyo número, requisitos y procedimiento electivo, determinará la
reglamentación;
f) Un representante por cada una de las provincias que
adhieran a la presente ley.
II — El Consejo Asesor estará integrado por:
a) Un representante de la Secretaría de Acción
Cooperativa;
b) Un representante de la Secretaría de Comercio;
c) Un representante del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria;
d) Un representante de la Secretaría de Cultos;
e) Un representante de la Comisión Nacional de Areas
de Fronteras.
ARTICULO 6º — Corresponde al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas:
a) Actuar como organismo de aplicación de la presente
ley, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos;
b) Dictar su reglamento funcional, normas de
aplicación y proponer las que correspondan a la facultad reglamentaria del
Poder Ejecutivo;
c) Llevar el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y
resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual
deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el
asesoramiento necesario para facilitar los trámites. Las resoluciones del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, relativas a la inscripción de las
comunidades, así como a su cancelación, serán apelables ante la Cámara Federal
del lugar dentro del plazo de diez (10) días;
d) Elaborar e implementar planes de adjudicación y
explotación de las tierras, de educación y de salud;
e) Proponer el presupuesto para la atención de los
asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y
desarrollo de las comunidades indígenas del país.
IV — DE LA ADJUDICACION DE LAS TIERRAS
ARTICULO 7º — Dispónese la adjudicación en propiedad a
las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de
tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera,
industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las
tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso
necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo.
La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades
que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en
propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad,
prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.
La autoridad de aplicación atenderá también a la
entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios.
ARTICULO 8º — La autoridad de aplicación elaborará, al
efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras conforme a las
disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el
particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios
de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia
de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el
otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Si en
el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de
propiedad de la Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de
tierras fiscales de propiedad provincial y comunal para los fines indicados o
su adjudicación directa por el gobierno de la provincia o en su caso, el
municipal. Si fuese necesario la autoridad de aplicación propondrá la
expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que
promoverá ante el Congreso Nacional las leyes necesarias.
ARTICULO 9º — La adjudicación de tierras previstas se
efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de
impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo
de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales
y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de crédito
preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas
explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas,
ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para
una mejor explotación.
ARTICULO 10. — Las tierras adjudicadas deberán
destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o
artesanal, en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras
actividades simultáneas. La autoridad de aplicación, asegurará la prestación de
asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la
organización de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las
costumbres y técnicas propias de los aborígenes complementándolas con los adelantos
tecnológicos y científicos.
ARTICULO 11. — Las tierras que se adjudiquen en virtud
de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a
este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades
oficiales serán previstas por la reglamentación de esta ley. En los títulos
respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo
de veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento.
ARTICULO 12. — Los adjudicatarios están obligados a:
a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas,
personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con
la colaboración del grupo familiar;
b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún
concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o
anexar las parcelas, sin autorización de la autoridad de aplicación.
Los actos jurídicos realizados en contravención a esta
norma serán reputados nulos a todos sus efectos.
c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias
y las que dicte la autoridad de aplicación relativas al uso y explotación de
las unidades adjudicadas.
ARTICULO 13. — En caso de extinción de la comunidad o
cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán, a la
Nación o a la provincia o al municipio según su caso. En este supuesto la
reglamentación de la presente, establecerá el orden de prioridades para su
readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de
tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad;
los que le correspondieran quedarán en beneficio de la misma comunidad a que
pertenecía.
V — DE LOS PLANES DE EDUCACION
ARTICULO 14. — Es prioritaria la intensificación de
los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las
comunidades indígenas. Los planes que en la materia se implementen deberán
resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad
aborigen, asegurando al mismo tiempo su integración igualitaria en la sociedad
nacional.
ARTICULO 15. — Acorde con las modalidades de
organización social previstas en el artículo cuarto de esta ley, los planes
educativos y culturales también deberán:
a) Enseñar las técnicas modernas para el cultivo de la
tierra y la industrialización de sus productos y promover huertas y granjas
escolares o comunitarias;
b) Promover la organización de talleres-escuela para
la preservación y difusión de técnicas artesanales; y
c) Enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo.
ARTICULO 16. — La enseñanza que se imparta en las
áreas de asentamiento de las comunidades indígenas asegurarán los contenidos
curriculares previstos en los planes comunes y, además, en el nivel primario se
adoptará una modalidad de trabajo consistente en dividir el nivel en dos
ciclos: En los tres primeros años, la enseñanza se impartirá en la lengua
indígena materna correspondiente y se desarrollará como materia especial el
idioma nacional; en los restantes años, la enseñanza será bilingüe. Se
promoverá la formación y capacitación de docentes primarios bilingües, con
especial énfasis en los aspectos antropológicos, lingüísticos y didácticos,
como asimismo la preparación de textos y otros materiales, a través de la
creación de centros y/o cursos especiales de nivel superior, destinados a estas
actividades.
Los establecimientos primarios ubicados fuera de los
lugares de asentamiento de las comunidades indígenas, donde existan niños
aborígenes (que sólo o predominantemente se expresen en lengua indígena) podrán
adoptar la modalidad de trabajo prevista en el presente artículo.
ARTICULO 17. — A fin de concretar los planes
educativos y culturales para la promoción de las comunidades indígenas se
implementarán las siguientes acciones:
a) Campañas intensivas de alfabetización y
posalfabetización;
b) Programas de compensación educacional
c) Creación de establecimientos de doble escolaridad
con o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras modalidades
educativas, que contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de
los centros educativos con los grupos comunitarios; y
d) Otros servicios educativos y culturales
sistemáticos o asistemáticos que concreten una auténtica educación permanente.
La autoridad de aplicación promoverá la ejecución de
planes educativos y culturales para las comunidades indígenas para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de esta ley, asesorará en la materia al
ministerio respectivo y a los gobiernos provinciales y los asistirá en la
supervisión de los establecimientos oficiales y privados.
VI — DE LOS PLANES DE SALUD
ARTICULO 18. — La autoridad de aplicación coordinará
con los gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud
para las comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud
física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la
atención de las comunidades dispersas. Se promoverá la formación de personal
especializado para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas de
radicación de las comunidades.
ARTICULO 19. — Se declarará prioritario el diagnóstico
y tratamiento mediante control periódico, de las enfermedades contagiosas,
endémicas y pandémicas en toda el área de asentamiento de las comunidades
indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada la presente ley
deberá realizarse un catastro sanitario de las diversas comunidades indígenas,
arbitrándose los medios para la profilaxis de las enfermedades y la
distribución en forma gratuita bajo control médico de los medicamentos
necesarios.
ARTICULO 20. — La autoridad de aplicación llevará a
cabo planes de saneamiento ambiental, en especial para la provisión de agua
potable, eliminación de instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección,
campañas de eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea necesario
para asegurar condiciones higiénicas en los lugares de emplazamiento de las
comunidades indígenas promoviéndose, a ese efecto, la educación sanitaria de
sus integrantes y el acceso a una vivienda digna.
ARTICULO 21. — En los planes de salud para las
comunidades indígenas deberá tenerse especialmente en cuenta:
a) La atención bucodental;
b) La realización de exámenes de laboratorio que
complementen los exámenes clínicos;
c) La realización de exámenes cardiovasculares, a fin
de prevenir la mortalidad prematura;
d) El cuidado especial del embarazo y parto y la
atención de la madre y el niño;
e) La creación de centros de educación alimentaria y
demás medidas necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición
equilibrada y suficiente;
f) El respeto por las pautas establecidas en las
directivas de la Organización Mundial de la Salud, respecto de la medicina
tradicional indígena integrando a los programas nacionales de salud a las
personas que a nivel empírico realizan acciones de salud en áreas indígenas;
g) La formación de promotores sanitarios aborígenes
especializados en higiene preventiva y primeros auxilios.
Las medidas indicadas en este capítulo lo serán sin
perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades
nacionales, provinciales y municipales, con carácter general para todos los
habitantes del país.
VII — DE LOS DERECHOS PREVISIONALES
ARTICULO 22. — El Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, elaborará y elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que
contemple el derecho a la jubilación ordinaria de este sector social.
La reglamentación de esta ley determinará un
porcentual de pensiones no contributivas que beneficiará a los componentes de
las comunidades indígenas que reúnan los recaudos establecidos por la ley
13.337.
VIII — DE LOS PLANES DE VIVIENDA
ARTICULO 23. — El Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas gestionará la habilitación de planes especiales para la construcción
de viviendas, para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, preferentemente
con materiales, técnicas utilizadas por cada comunidad, mano de obra propia,
del Banco Nación, el FONAVI y de cualquier otro plan habitacional de fomento.
IX — DE LOS RECURSOS
ARTICULO 24. — Hasta la inclusión de las partidas
pertinentes en el presupuesto general de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá
efectuar las reestructuraciones de créditos del presupuesto general de la
Administración Nacional que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de
esta ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los
conceptos, partidas y subpartidas existentes o crear nuevas y reestructurar,
suprimir, transferir y crear servicios.
ARTICULO 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos Aires, a los treinta días del mes de setiembre del año mil novecientos
ochenta y cinco.
JUAN C. PUGLIESE
EDISON OTERO
