jueves, 23 de agosto de 2018

BORRADOR PONENCIA






CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA
2018


SOBERANÍA Y GLOBALIZACIÓN
Mario Meneghini

Consideramos importante dedicar esta ponencia al tema propuesto, dada la complejidad de la realidad que nos toca vivir a quienes somos ciudadanos de un país de mediana envergadura, en una época de intensa interrelación en el planeta. En nuestro caso, se agrava aún más la situación debido a una profunda crisis interna. Hoy existe en la Argentina, como nunca antes, un desaliento generalizado sobre su destino; cunde un clima de descontento, de protesta, una especie de atomización social. Estos síntomas evidencian que está debilitada la concordia, factor imprescindible para que exista una nación en plenitud. En estas condiciones, enfrentar los desafíos que conlleva un mundo globalizado requiere un enorme esfuerzo de reflexión y de eficacia en la acción gubernamental.

I.                   Globalización e independencia

Un tópico a considerar es el peligro que creen advertir muchos de que, en esta época signada por la globalización, el estado sufra una disminución o pérdida total de su soberanía. La palabra globalización, surgió en un artículo –La Globalización de los Mercados, 1983- del economista Theodore Levitt; ha sido descrita como “la creciente interdependencia de todas las sociedades entre sí, promovida por el aumento de los flujos económicos, financieros y comunicacionales, y catapultada por la tercera revolución industrial o tercera ola, que facilita que estos flujos puedan ser realizados en tiempo real”[1].

Para Fukuyama, la caída del Muro de Berlín representaba el fin de la historia, al quedar como única opción el liberalismo capitalista al ser derrotado el comunismo[2]. La globalización parecía ofrecer un mundo mágico, con un progreso continuo basado en el avance tecnológico. Los conflictos se limitarían a una competencia entre los países, por los recursos, entre las empresas, por los clientes, y entre las personas, por el empleo.
Otras miradas no eran tan optimistas, y preferían usar el concepto de mundialización, para caracterizar una etapa, como cualquier otra de la historia humana, con sus problemas y tensiones: consecuencias ambientales del progreso desenfrenado, crisis demográfica en Europa, paralela a migraciones desordenadas, guerras y hechos terroristas de violencia sin precedentes[3].

Es que en este momento, la mundialización no puede eliminar la política como acción humana; acción que le da un rostro humano a los problemas, ya que no solo lo económico determina un tiempo histórico. La convivencia entre millones de personas que no se conocen, solo es posible por la política: sin ella no habría sociedad, porque el instinto no nos permite vivir separados ni nos alcanza para vivir juntos[4]. Como expresara recientemente en Córdoba, el Prepósito General de los Jesuitas: el humanismo no solo es útil sino necesario en una sociedad que corre el peligro de la ilusión y el error. La ilusión de que la técnica por sí misma es buena como todavía lo escuchamos en algunas afirmaciones de los poderosos de este mundo. El error de considerar toda innovación buena de por sí, puede llevar a los mayores engaños y ponernos ante terribles consecuencias.

No cabe duda que la globalización implica un riesgo muy concreto de que disminuya en forma alarmante el grado de independencia que puede exhibir un país en vías de desarrollo. Ningún país es hoy enteramente libre para definir sus políticas, ni siquiera las de orden interno, a diferencia de otras épocas históricas en que los países podían desenvolverse con un grado considerable de independencia. Entendiendo por independencia la capacidad de un Estado de decidir y obrar por sí mismo, sin subordinación a otro Estado o actor externo; la posibilidad de dicha independencia variará según las características del país respectivo y de la capacidad y energía que demuestre su gobierno. Pues, más allá de las pretensiones de los ideólogos de la globalización, lo cierto es que el Estado continúa manteniendo su rol en nuestros días. En varios países europeos el Estado maneja más de la mitad del gasto nacional, y no es consistente, por lo tanto, afirmar que los políticos son simples agentes del mercado. Es claro que ello exige fortalecer el Estado, que sigue siendo el único instrumento de que dispone la sociedad para su ordenamiento interno y su defensa exterior.

Pese a todos los condicionamientos que impone la globalización, el Estado sigue siendo el mejor órgano de que dispone una sociedad para su ordenamiento interno y su defensa exterior. Desde nuestra perspectiva, no deben ser motivo de preocupación los cambios de tamaño, forma y roles del Estado, mientras cumpla su finalidad esencial de gerente del bien común. De modo que conviene no proclamar apresuradamente la desaparición del Estado, que sigue siendo una sociedad perfecta, por ser la única institución temporal que protege adecuadamente el bien común de cada sociedad territorialmente delimitada. Como enseña Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate: parece más realista una renovada valoración de su papel y de su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, de modo que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso con nuevas modalidades de ejercerlos (24).

La situación internacional, vista sin anteojeras ideológicas ofrece, - en especial desde 1989- posibilidades de actuación autonómica aún a los países pequeños y medianos. Por cierto, que para poder aprovechar las circunstancias, es necesario que los gobernantes sepan distinguir los factores condicionantes de la realidad, de los llamados "factores determinantes" de la política exterior; estos son los hombres concretos que deciden en los Estados, procurando mantener su independencia.
El economista Aldo Ferrer ha aportado un concepto interesante, el de densidad nacional, que expresa el conjunto de circunstancias que determinan la calidad de las respuestas de cada nación a los desafíos y oportunidades de la globalización. Atribuye dicho autor a la baja densidad nacional, la causa de los problemas argentinos[5].

Por otra parte, es necesario expresar que la posibilidad, que sostienen muchos, de un gobierno mundial ya fue desestimada por Carl Schmitt en 1932: “El mundo político es un Pluriversum, no un Universum”. “La unidad política no puede, por razón de su esencia, ser universal, en el sentido de una unidad que abrazara la humanidad toda y la tierra entera”[6]. Explica Bandieri que: “El tránsito del Estado Nación centralizado al equilibrio de grandes espacios requiere un nuevo tipo de distribución funcional y articulación territorial del poder: la federalización hacia adentro, la confederación hacia afuera”[7]. Agrega Castaño que una sociedad es política, mientras no efectúe una cesión general e irrevocable de sus facultades de gobierno y jurisdicción a una entidad superior[8].
Esto no ocurre, ni con las Naciones Unidas y con la Unión Europea. Según la Carta de las Naciones Unidas, los propósitos consisten en mantener la paz y fomentar entre las naciones relaciones de amistad, en base al principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. A su vez, el tratado de la Unión Europea, establece que la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros, para lograr los objetivos que éstos determinen. En virtud del principio de subsidiariedad, la Unión intervendrá sólo en caso de que los objetivos no puedan ser alcanzados por los Estados miembros. La decisión adoptada por el Reino Unido de retirarse de la Unión –Brexit- estaba prevista por el artículo 50 del Tratado, y confirma que la adhesión es revocable. Por consiguiente, un poder subsidiario “sí puede ser compatible con la existencia de comunidades políticas que no han renunciado a su status de tales, esto es, de Estados independientes”[9].

II.                Identidad nacional
Por cierto, en esta hora resulta evidente que solo podrán resistir los embates de la globalización y conservar su independencia, las sociedades que se afiancen en sus propias raíces, y mantengan su identidad nacional. La identidad nacional, está marcada por la filiación de un pueblo; el pueblo argentino es el resultado de un mestizaje; la nación argentina no es europea ni indígena. Es el fruto de la simbiosis de la civilización grecolatina, heredada de España, con las características étnicas y geográficas del continente americano.

La cultura de un pueblo se mantiene vigorosa, cuando defiende sus tradiciones, sin perjuicio de una lenta maduración. La identidad nacional se deforma cuando se corrompe la cultura y se aleja de la tradición, traicionando sus raíces. La nación es una comunidad unificada por la cultura, que nos da una misma concepción del mundo, la misma escala de valores y se proyecta en actitudes, costumbres e  instituciones. Cuando un pueblo se debilita en la defensa de su autonomía frente al mundo, desaparece como tal, como ha ocurrido muchas veces en la historia.

III.             Estado y soberanía

Entonces, la primera decisión política a adoptar es la de fortalecer el rol del Estado –como órgano de conducción de la sociedad- para procurar su máxima eficacia. Desde nuestra perspectiva no deben ser motivo de preocupación los cambios de tamaño, forma y funciones del Estado, mientras cumpla su finalidad esencial de gerente del Bien Común. Para ello, debemos precisar el concepto mismo de soberanía, que es la cualidad del poder estatal que consiste en ser supremo en un territorio determinado, y no depender de otra normatividad superior. No es susceptible de grados; existe o no. Por lo tanto, carece de sentido mencionar la "disminución de soberanía" de los Estados contemporáneos.
Lo que puede disminuirse o incrementarse es el poder propiamente dicho, es decir, la capacidad efectiva de hacer cosas, de resolver problemas e influir en la realidad. El hecho de que un Estado acepte, por ejemplo, delegar atribuciones propias en un organismo supraestatal -como el Mercosur-, no afecta su soberanía, pues, precisamente, adopta dichas decisiones en virtud de su carácter de ente soberano.

Ahora bien, el grave problema argentino, es que no existe soberanía pues no existe el Estado. Como explica Marcelo Sánchez Sorondo: todo Estado incluye un gobierno, pero no todo gobierno implica que exista un Estado[10]. El Estado es una entidad jurídico-política que surge recién en una etapa de la civilización, como complejo de organismos, al servicio del bien común. Supone una delimitación explícita del poder discrecional. Si un gobernante puede afirmar el Estado soy yo, queda demostrada la inexistencia del Estado. Pues la hipertrofia del poder personal, sin frenos, es un síntoma de la ausencia de un Estado.
El gobierno no encuadrado en un Estado es errático y caprichoso; sirve únicamente para el enriquecimiento y la influencia individual de los gobernantes, que no pueden lograr el funcionamiento eficaz de la estructura gubernamental.

De allí la paradoja de culpar al Estado de todos los problemas, cuando el origen de los problemas es la ausencia del Estado. En esto seguimos al Prof. de Mahieu,  que describe al Estado como el órgano de síntesis, planeamiento y conducción, de una sociedad determinada, destinado a lograr el bien común[11].
 El ejercicio de las tres funciones señaladas es requisito indispensable para la existencia de un Estado; cuando dejan de cumplirse, el Estado desaparece, aunque se mantengan las formalidades constitucionales. Eso es lo que ocurrió en la Argentina, hace 45 años[12].
Si un Estado no posee, en acto, estas tres funciones, ha dejado de funcionar como tal o ha efectuado una trasferencia de poder en beneficio de organismos supraestatales, o de actores privados, o de otro Estado[13].

IV.             El planeamiento

Resumiendo lo expresado, consideramos que el mundo contemporáneo permite conservar cuotas significativas de independencia, siempre que exista una estrategia que seleccione el método de análisis y de elaboración de planes, apto para resolver los problemas gubernamentales. Si es correcto el análisis, la prioridad absoluta consiste en restaurar el Estado, y procurar que actúe eficazmente al servicio del bien común. Sin embargo, la restauración del Estado argentino no ocurrirá como consecuencia necesaria de elaborar un buen diagnóstico, sino como resultado de un gobierno que solucione los problemas concretos, para lo cual deberá planificar cuidadosamente sus acciones.

A esta altura del análisis, debemos profundizar en cuestiones teóricas,  para determinar si es posible, estrictamente hablando, elaborar un proyecto nacional como anticipación del futuro, y que no sea, por lo tanto, una simple utopía[14]. La primera afirmación sobre el futuro es negar que se identifique con la nada. Algo, para ser, basta con que posea capacidad de existir -aunque no exista actualmente-; si el futuro aún no existe y no se sabe cómo será, al resultar posible ya es un ente real y, como tal, es lícito pensar sobre él. En cada circunstancia, son muchos los futuros posibles -futuribles- y existen algunos pocos probables -futurables. El riesgo de elegir el que tenga más chance de ser logrado y resultar conveniente, depende del procedimiento utilizado.

Bertrand de Jouvenel[15] explica que: “Respecto al pasado, la voluntad del hombre es inútil, su libertad nula, su poder inexistente”; en cambio el porvenir es para el hombre dominio de la libertad y del poder. De libertad, en cuanto la persona es libre de concebir lo que no es, y es dominio del poder, porque dispone de algún poder para hacer válido lo que ha concebido. De todos modos, el análisis predictivo  nos aporta un conocimiento de opinión, pues la materia objeto del planeamiento es opinable por naturaleza; el futuro sólo es susceptible de aproximación conjetural. Lo mismo podemos decir sobre lo político: es pasible de certidumbre en cuanto a sus contenidos pasados o presentes, pero es sólo opinable en cuanto al futuro.
El proyecto, sin embargo, es mucho más que extrapolación en el tiempo; el vocablo se refiere a la intervención necesaria de la voluntad humana en su configuración. Si bien generalmente se proyecta de acuerdo a lo que se cree posible, aquí resulta dominante el ámbito de lo deseable. Para lo posible utilizamos la razón, en lo probable domina la voluntad.

Existe el riesgo de hacer futurología, aplicando métodos cuantitativos a los aspectos cualitativos de la vida social, como si se pudiera revelar el porvenir por computación. Evitaremos el intento de hacer futurología y su consecuencia más dañina, la ingeniería social, si reconocemos que la sociedad no es una cosa susceptible de manipular, ni el porvenir un destino asequible por medio de los dudosos oráculos de una nueva ciencia ficción. Sin embargo, “el futuro es parcialmente controlable”; “el futuro de un pueblo, entendido como proyecto vital colectivo, puede en buena medida ser regulado desde el presente”[16].
Creemos, por lo tanto, que es injusto confundir el planeamiento con el utopismo; Santo Tomás aclara que, por muy imprevisible que en esencia sea la conducta humana, nada es tan contingente que no tenga en sí una parte de necesidad (S. Th. 1, 86, 3). “Un plan de la nación no aparece, pues, como una fórmula mágica, sino como una combinación perfectible de realismo y voluntad”[17].

Conociendo ya las limitaciones del conocimiento humano, y evitados los riesgos de la voluntad desbocada, resulta posible encauzar la acción sistemática mediante el planeamiento. En primer lugar, aunque dispongamos de la mejor información y el sistema más sofisticado para procesarla, tendremos que elegir entre opciones posibles. En segundo término, los instrumentos técnicos pueden facilitar dichas decisiones, pero no reemplazar la virtud de la prudencia. De allí los límites de la influencia tecnocrática, tan temida por algunos, puesto que el gobernante siempre tiende a ejercer su derecho a la conducción, y los gobernados a reclamar su derecho a la participación en la cosa pública.

De manera que, no sólo es posible sino muy útil al bien común la planificación. Pero siempre, respaldando los planes en el consenso de sus protagonistas, quienes deben participar en su elaboración, ejecución y modificación.
El Estado, en su función de planeamiento, centraliza la información que le llega de los grupos sociales; recopila sus problemas, necesidades y demandas. Los datos son procesados y extrapolados en función de los fines comunes, fijados en la Constitución Nacional y en otros documentos, que señalan los objetivos políticos y los valores que identifican a un pueblo. Con mayor o menor intensidad, según el modelo gubernamental elegido, es en el marco del Estado donde debe realizarse el planeamiento global que establezca las metas y las prioridades en el proceso de desarrollo integral de la sociedad, en procura del Bien Común.

Por cierto que, en una concepción no totalitaria el planeamiento estatal sólo será vinculante para el propio Estado, y meramente indicativo para el sector privado. La autoridad pública no debe realizar ni decidir por sí misma lo que puedan hacer y procurar comunidades menores e inferiores. Pero, debido a la complejidad de los problemas modernos, el principio de subsidiariedad resulta insuficiente para resolverlos sin la orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a "animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los cuerpos intermedios" (Pablo VI, Populorum progressio, p. 33).

V.                Conclusiones

Un proyecto nacional puede contribuir, en ésta época signada por el fenómeno de la globalización, a compatibilizar la inevitable integración del país con los demás países, con la preservación de la propia identidad cultural, haciendo explícito lo que somos a fin de buscar lo que debemos ser; lo contrario sería abandonarse al futuro sin prudencia, de la mano de un empirismo más o menos ciego[18].

Para finalizar, recordamos la exhortación de Juan Pablo II: “Velad con todos los medios a vuestra disposición sobre esta soberanía fundamental que cada Nación posee en virtud de la propia cultura”. “No permitáis que se vuelva víctima de totalitarismos, imperialismos o hegemonías”[19].

Ponencia presentada al Congreso Organizado por la Sociedad Argentina de Filosofía, en La Falda (Córdoba), los días 25-27 de Octubre de 2018.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

*AAVV.  “Planeamiento y nación”; Buenos Aires, Oikos, 1979.
*Auel, Heriberto. “La Argentina y sus posguerras”; en: AAVV., “Geopolítica tridimensional Argentina”; Buenos Aires, Eudeba, 1999.
*Castaño, Sergio. “El problema de una autoridad mundial, a la luz de los fundamentos de la potestad política”; 20-7-2014.
*de Imaz, José Luis. “Nosotros mañana”; Buenos Aires, EUDEBA, 1968.
*de Jouvenel, Bertrand. “El arte de prever el futuro político”; Madrid, 1966.
*De Mahieu, José María. “El Estado Comunitario”; Buenos Aires, Arayú, 1962.
*Fernández Riquelme, Sergio. “La identidad y sus conflictos en la era de la Mundialización”; Revista La Razón Histórica, N° 32, Enero/Abril 2016.
*Ferrer, Aldo. “La densidad nacional”; Buenos Aires, Capital Intelectual, 2004.
*Fukuyama, Francis. “El fin de la historia y el último hombre”; Barcelona, Planeta, 2992.
*García Delgado, Daniel. “Estado-Nación y Globalización”; Buenos Aires, Ariel, 2000.
*Malamud, Andrés. “El oficio más antiguo del mundo. Secretos, mentiras y belleza de la política”; Buenos Aires, Capital Intelectual, 2018.
*Martinotti, Héctor Julio. “Prospectiva y planeamiento”; Revista Argentina Virtual y Actual, N° 17, Marzo-Abril 2004.
*Massé, Pierre. “El plan o el antiazar”; Barcelona, Editorial Labor, 1968.
*Meneghini, Mario. “No existe soberanía pues no existe el Estado”; en: “Reflexiones sobre la realidad política argentina”; Córdoba, Centro de Estudios Cívicos, 2013, pp. 3-7.
*Meneghini, Mario. “Proyecto Nacional y planeamiento”; en: “Reflexiones sobre la realidad política argentina”; Córdoba, Centro de Estudios Cívicos, 2013, pp. 9 a 21.
*Pablo VI. Enc. Populorum Progressio, 1967, p. 33.
*Randle, Patricio. “Soberanía global. A donde lleva el mundialismo”; Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999.
*Sánchez Sorondo, Marcelo. “La Argentina no tiene Estado, sólo Gobiernos; Buenos Aires, Revista Militar, N° 728, 1993, pp. 13-17.
*Schmitt, Carl. “Concepto de la política”; Buenos Aires, Editorial Struhart & Cia., 1984.
*Schmitt, Carl. “Teología política”; Buenos Aires, Editorial Struhart & Cia., 1985.
* Sosa sj, Arturo. Discurso en Universidad Católica de Córdoba, 20-7-2018.




[1] García Delgado, op. cit., p. 26.
[2] Fukuyama, op. cit.
[3] Fernández Riquelme, Sergio. “La identidad... “,  op. cit., p. 2.
[4] Malamud, Andrés. “El oficio…, op. cit., p. 319.
[5] Ferrer, Aldo. Op. cit., pp. 10 y 66.
[6] Schmitt, Carl. “Concepto…, op. cit., p. 89.
[7] Bandieri, Luis María. Introducción a: Schmitt, Carl. “Teología…”, op. cit., p. 27.
[8] Castaño, Sergio. “El problema…”; op. cit., p. 15.
[9] Castaño, ibídem, p. 21. En el mismo sentido, la encíclica Pacem in terris, de Juan XXIII, resume la doctrina pontificia: “Esta autoridad general…ha de establecerse con el consentimiento de todas las naciones y no imponerse por la fuerza” (138). “Es decir, no corresponde a esta autoridad mundial limitar la esfera de acción o invadir la competencia propia de la autoridad pública de cada Estado” (140).
[10] Sánchez Sorondo, Marcelo. “La Argentina no tiene Estado, sólo Gobiernos”; Buenos Aires, Revista Militar N° 728, 1993, pp. 13-17.
[11] V. de Mahieu, Jaime. “El Estado Comunitario”, op. cit.
[12] Meneghini, Mario. “No existe soberanía…”; op. cit., pp. 6 y 7.
[13] Auel, Heriberto. “La Argentina…”; op. cit., p. 16.
[14] Martinotti, Héctor. “Prospectiva…”, op. cit., pp. 15-19.
[15] Jouvenel, Bertrand de. “El arte…”; op. cit., pp. 16 y 18.
[16] Imaz, José Luis de. “Nosotros…”; op. cit., p. 9.
[17] Massé, Pierre. “El plan…”; op. cit., p. 37.
[18] Pithod, Abelardo. “Proyecto Nacional y orden social”; en: AAVV. “Planeamiento…”, op. cit., p. 63.
[19] Discurso en Praga, 21-4-1990.

viernes, 3 de agosto de 2018

PEDIDO DE NULIDAD


 PROYECTO DE LEY DE ABORTO       

Buenos Aires, 1 de agosto de 2018.


Sr/sra. Senador Nacional,

S.        /           D.



                    Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a fin de hacerle llegar las razones de hecho y de derecho, fundadas justificadamente, de modo que en el ejercicio de los deberes u obligaciones de su cargo, entre las que se encuentra el de hacer cumplir la Constitución y las leyes nacionales, respecto   del proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados o baja, Exp. CD Nº 22/18 de  despenalización muy importante del aborto del inciso 2 del art. 85 “de uno a cuatro años” en la actualidad “de tres meses a un año” y “a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional, siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86…” “sustitución del art. 88 del Código Penal” de una pena “de uno a cuatro años”  otra de “tres (3) meses a un año” del aborto realizado “a partir de la semana (15) del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86” del proyecto de ley pudiéndose “la pena se deje en suspenso” en lo que ya dice el artículo 41 del Código Penal, lo que es innecesario absolutamente, como si los jueces fueran ignorantes,     y  de ampliación de causales del art. 86 del Código Penal, hasta la semana 14 inclusive, así como  del aborto como legal y gratuito como supuesta obligación del Estado y de los centros privados, independientemente de su figura jurídica o del ideario de la institución,  a fin de que se lo rechace como proyecto de ley y su dictamen y sean devueltos a sus autores.

                 Ante todo, es erróneo y disparatado “a partir de la semana quince (15 del proceso gestacional, lo cual es manifiestamente inconstitucional y contrario a la ciencia y la filosofía, con lo establecido expresamente en la reforma constitucional reciente de 1994 de que se reconoce al niño desde la concepción a través de las convenciones internacionales, que luego mencionaremos, y como resulta arbitrario, ya que “Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”, conforme el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
                 El artículo 2 va contra el juramento hipócratico en todas sus versiones (el ministro Rubinstein ya debería haber renunciado)  y es manifiestamente inconstitucional penalizar por no realizar una actividad que la Constitución claramente no permite al reconocer al niño o bebé como sujeto de derechos.
                 El artículol 3 que pretende modificar el inciso a del artículo 86, para introducir una declaración jurada del país de Jauja y  al reducir de modo muy importante la pena, ignora a una autoridad del derecho penal mundial, como el Dr. Jürgen Baumman, Profesor titular en la Universidad de Tubinga, quien ha señalado que “Muchas lesiones jurídicas son, sin más, irreparables (lesión de la vida, …, etc.). Estos bienes jurídicos  eminentemente personales necesitan de manera especial la protección penal. Pero también la necesitan bienes que no corresponden a personas individuales, sino a la colectividad. ¿Qué otra posibilidad existiría para impedir perjurios y declaraciones falsas, …, etc.? En estos casos la compensación del daño no sirve de nada. Esta comprensión es tan trivial que en todo rompecabezas sobre la misión del derecho penal consiste en la protección de bienes jurídicos especialmente importantes=valores jurídicos. El concepto de bien jurídico  no debe interpretarse tan sólo formalmente (teoría formal del bien jurídico), sino también en su aspecto material, pero no corporizado objetivamente.  

                 De esta interpretación sobre la protección de los bienes jurídicos deriva la concepción de lo injusto penal como lesión del bien jurídico. Delito es, en primer término, lesión de un bien jurídico y también, sin duda, lesión de un deber, pero no a la inversa. El bien jurídico de V crea el deber jurídico de A de no perjudicarlo. Otra consecuencia es ver el disvalor de la conducta del autor en su especial resultado de la lesión del bien jurídico”. (Ver Baumann, Jürgen, DERECHO PENAL. CONCEPTOS…, Ed. Depalma Bs. As., 1981, págs. 7 a 12).             
                 Como ha escrito el Dr. Siro M. A. De Maritini, “la solución de la injusticia penal argentina está sencilla y difícilmente en el retorno al cumplimiento de ley y al imperio del sentido común”, en vez del gravísimo error de dejar las mandas constitucionales de lado y los legisladores como ustedes u otros  “piensen que están para garantizar  la violación a la Constitución y la impunidad” (ver De Martini, Siro, M. A., “EN DEFENSA DEL DERECHO PENAL”, Educa, Bs. As., octubre de 2008, pág. 21), dando rienda suelta a deseos desorbitados, en vez de apoyar a la vida y a a la familia. Por eso, con toda la consideración que  tengo al Dr. Federico Pinedo no se entiende su otro proyecto de ley sobre el art. 88 del Código Penal, reproducción del art. 41 del Código Penal, o algunos de sus dichos.   
             
I.)        En primer lugar, no es competencia, bajo pena de nulidad por inconstitucional, de acuerdo al art. 14 de la Ley Nº 19549 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ni del Presidente Mauricio Macri haberse arrogado iniciar un tema que todos los años se trata en Comisión, se habla y se debate, ni de ustedes como senadores, ya que se arrogan o usurpan funciones, incurriendo en las diversas responsabilidades criminales con los que violarían a la Constitución nacional, con severísimas penas, previstas en la ley de la protección del orden constitucional y de la vida democrática (art. 227 y 227 ter, ler párr. del Código Penal, además de las del 246 y 248 del Código de delitos)  y responsabilidades civiles. Por otra parte, viene a tener esta advertencia, como  senador sobre la violación constitucional que la presentación de este proyecto de  ley con media sanción implica y de que estamos ante presuntos delitos de lesa humanidad, como exponemos o explayamos más adelante (ver, también, in re “Sanchez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a una embarazada que fue ultimada en un centro de detención durante el gobierno militar, por lo que se consideró dos sujetos de derecho matados).

Nada tiene que ver lo que pueda ocurrir en algunos países, como España, donde prosperó la destitución de Rajoy, pues además de la causa judicial donde ha habido una condena por sobornos, lavado de dinero, etc., prometió en la gestión anterior que iba a derogar la ley de aborto y no lo hizo, con el desgaste en el que se viene embargando por el que ha terminado destituido, o en Italia, en Inglaterra, Francia o que en Irlanda haya tenido lugar un referéndum favorable al aborto respecto de la Constitución, pues acá no tenemos referéndum y nuestra Constitución es clara y precisa en este punto; nada tiene que ver lo que Bachellet, con resentimiento, ha impuesto en Chile, antes de irse, un país que no tiene autoestima de sí mismo en estos temas, excepto por víctimas de abusos deshonestos, pues en nuestro país ha habido doce condenas aproximadamente  y el aborto nunca debe ser para que los abusos deshonestos prosigan y aumenten como es de sentido común; felizmente, como    se han expresado en las audiencias que han venido teniendo lugar, y menos aún las razonadas sin razones que no justifican interpretaciones analógicas en materia penal en el derecho penal argentino, cuando existen muchos otros medios para solucionar esos problemas.

Ya el Dr. Germán Bidart Campos, maestro de los constitucionalistas argentinos, tiene dicho, respecto de recursos de amparo interpuestos, que deben rechazarse “in límine”, pues “o lo que se pide es autorización para cumplir una conducta especialmente despenalizada, y entonces no hace falta tal autorización, porque la conducta está exenta de sanción penal, o lo que se pide es autorización para cumplir una conducta que “prima facie”, coincide con un tipo penal y entonces la autorización no puede concederse porque un juez no puede dar venia para delinquir.”(ver Bidart Campos, Germán, Autorización judicial solicitada para abortar, Revista Jurídica “El Derecho”, 114:184, 1985) es  que no es necesario pedir autorización en estos casos ...).La ignorancia de médicos no se enmienda con una ley errónea e inconstitucional, si no mediante la adecuada instrucción a través de circulares que les recuerden estrictamente los supuestos o requisitos que establece la ley puedan actuar sin haber necesidad de la venia judicial, sin apartarse del art. 86 del Código Penal vigente y las normas vigentes.                                                                                  
Este proyecto de ley nos hace tomar conciencia que se quieren tapar problemas aviesamente y que es si como nos sobrara el tiempo y los recursos del erario público, mientras los agudos problemas  de la pobreza, de la desocupación, de recursos para los hospitales, las escuelas en el Norte, como nos ha dado a conocer la prensa en los últimos tiempos, de la falta de una ley de protección o “seguridad social  a la mujer embarazada  y al niño en situación  de desamparo hasta el período de enseñanza elemental” (conf. art. 75, inciso 23 de la Constitución Nacional),como lo  plantea el proyecto de ley del senador Dr. Federico Pinedo y la senadora Bodayhian y la red de Familias en la Cámara de Diputados (desde el expdte. 2809-D-2014 actualmente, renovado, con el Nº 324/2018), evitando discriminación alguna, “descartando cualquier clase de selección humana humana por sus rasgos genéticos o biológicos, sin estimar ni determinar la existencia de seres humanos mejores que otros por sus cualidades físicas, quedando “patentizada la búsqueda de evitar cualquier tipo de eliminación sistemática silenciosa de personas humanas por razones eugenésicas o sociales”, por el que esta iniciativa aspira a “sostener y promover el acceso a una atención integral de la mujer así como del niño a través de la ampliación de facilidades de acceso de medios no sólo médicos, sino también económicos y psíquicos”, “busca reducir la brecha entre la mujer que se encuentra en estado de vulnerabildad y la que no proveyendo un sistema de contención de la misma” (ver NOTIVIDA, Año XVII, Nº 1078, 6/3/2018, “PIDEN PROTECCIÓN PARA LA EMBARAZADA EN RIESGO Y SU HIJO),   así como el actual  proyecto de ley del diputado nacional Juan Manuel Brugge del Partido Demócrata Cristiano de mejora  del actual régimen de adopción, en orden a facilitarla, en casos de violación, incluso, agilizándolo a aquél, sin mengua del procedimiento debido; a los niños, hijos de cartoneros que  no es bueno que estén en la vía pública a la nochecita, sino en el asiento  de sus hogares, sean éstos los que fueren, además de estar prohibido por las ley  laboral el trabajo de menores de 16 años, sin mengua de la progresivamente  mejora de situación y estado del hogar, con un trabajo digno para los padres; a los niños muy menores  que circulan en los trenes, sin estar de la mano de sus padres,  sean éstos los que fueren, circulando por todos los partidos en tren menores que son reclutados para actos ilícitos,   cuando este proyecto de ley  tiene un carácter genocida, al estar sancionado  el “Impedir nacimientos en el seno de un grupo social” en este caso de mujeres en situaciones de salud en estado delicado o con embarazos como consecuencia de una violación, en esta hipótesis, por el arts.I, II, III, IV y V de la Convención sobre la Prevención y la Sanción de Genocidio, con jerarquía constitucional, a partir de la reforma constitucional de 1994 (conforme art. 75, inciso 22 de la C.N.), por lo que es perseguido internacionalmente el ex Presidente de la República del Perú, Alberto Fujimori por análoga causa, con un Congreso similar al Nacional y respecto de lo que adelantamos como precedente jurisprudencial; además de la violación en este caso del art. 4   del  Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención de los Derechos del Niño, en su art. 1ª, con la reserva argentina y demás tratados internacionales con jerarquía constitucional.

            Cabe decir que no hay tal derecho al aborto o a “acceder a la realización de la práctica del aborto”, pues no sólo es manifiestamente inconstitucional , si no que no es función del Estado, menos aún en ese plazo absurdo.              
            Es completamente absurdo decir que “Aborto legal para no morir…”, así como la referencia a los abortos clandestinos, pues resulta completamente endeble, ya que está claro que la legalización de una actividad, como ha sido la mayor legalización y ampliación  del juego en el gobierno anterior trajo una cantidad grande de casinos, bingos, juegos electrónicos con Cristóbal López, etc. -además de la corrupción fiscal que ha señalado la Cámara Federal de Casación Penal- en su reciente procesamiento y  ello de ningún modo evitó que siga existiendo el juego clandestino.Además, que, como ha señalado el diario “La Nación”: “No es fomentar la clandestinidad ni condenar a una mujer pedir que este proyecto de ley no se apruebe…; es comprometerse con una educación responsable que permita construir sociedades más maduras para evitar  así tanto la muerte de la madre como la del bebe.”  
                                                    
          Las cifras de 500.000 abortos son inflacionariamente dadas desde la época del abortista militante Ministro de Salud Ginés González García, que se preparó médicamente para dar una impresión en la audiencia para no denotar su desfachatez y maltusianismo desembozado que ha tomado, anticientíficamente, con “estimaciones”, en su exposición en Diputados el actual Ministro Rubinstein, quien mostró ni acordarse de su graduación y juramento, como él ha reconocido, que además no pueden ser comprobadas, incluso confundiendo a la audiencia igualando un embarazo no planificado con uno no deseado, con la “parcialidad que generó desconcierto, haciendo creer que su postura era la postura oficial, no sabiendo si hablaba como médico o como ministro”, como apuntó  el Ministro de Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires, Lic. Joaquín de la Torre.  “En vez de preocuparse tanto por lograr aplicar las EXCEPCIONES (sic) del protocolo no punible, debería atender mejor sus OBLIGACIONES: programas que funcionan hace años para acompañar a las mujeres y a los niño en la primera infancia hoy se encuentran desfinanciados” Y detalló: “De diciembre de 2015 a enero de 2016, se redujo drásticamente el monto que se paga por las distintas prestaciones del Pla Sumar. Por ejemplo, el control del niño sano pasó de los $120 a los $ 60, cifra que hoy se mantiene. Por un parto en 2014 se recibían $ 600, hoy $300. A esto se suma la ineficiencia en el reparto de vacunas” (ver Veneranda, Marcelo, diario “La Nación” digital, viernes 1 de junio de 2108).

                  Ha habido  después de la movilización de las verdes de principios de años,  dos movilizaciones contundentes en todo el país, en marzo y en mayo, la última aglutinando más de decenas de miles de personas en Capital Federal, como así también en Rosario, La Pampa, Mendoza, Tucumán, Córdoba y tantas provincias del país, o, según los organizadores, de 3.000.000 en abierto rechazo a una ley de aborto. No consideramos, no obstante, criterio de verdad lo anterior, pero dejamos constancia.

II.-) En segundo lugar,  esta problemática tiene solución y es necesario evitar que se sigan desperdiciando energías en un debate “in abstracto” e inconducente, propio de  almas errantes de las que hablaban los filósofos de la Antigüedad, para pasar a poner en la práctica o ejecución, tanto por parte del Estado, como por parte de la iniciativa privada, de la “seguridad social” de la embarazada  y del “niño en situación de desamparo”. No debe creerse en la omnipotencia del Estado, que se piensa que lo puede todo, sin la participación de la comunidad. Ejemplos de cada supuesto de los mencionados son los distritos de la Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, etcétera, es el Hogar “San José”, la Casa Nuestra Sra. de Nazareth, en la Avenida Belgrano 2944, el Centro de Ayuda a la Mujer, estas últimas ambas, de la Institución  civil “Pro familia”, la labor destacable de la Fundación Cor, cuya Presidente  ha llegado a organizar a otra institución, la Fundación Giselle Shaw, la labor encomiable de la Institución “Amparo Maternal”, que brinda un ambiente de contención físico-emocional y espiritual, y de ayuda a completar estudios primarios, realizar cursos de peluquería, computación o enfermería hasta que las madres encuentran una salida a su problema; todo lo que ha sido el Programa de Prevención del Abandono de la Secretaría del Menor. Actualmente, todas las Casas  contra la violencia familiar y maternal o de la mujer, al lado de las Comisarías  o de las Comisarías de la Mujer con que se cuenta en la Pcia. de Buenos Aires,  la potenciación por el sistema contra la violencia  de la mujer y contra de la violencia familiar, los Juzgados Nacionales en lo Civil con competencia en familia de la ley Nº 24.417 o Ley de Protección contra  la  Violencia Familiar, y su Dcto. Reglamentario Nº 235/96 (B.O. del 8/3/96), para  canalizar sus denuncias y encauzar  los fuertes conflictos  respecto de aquélla, etc.

             Además, se ha modificado, como, coincidentemente, propició el Primer Congreso Nacional de Abogadas, el título tercero del Código Penal  “Delitos contra la honestidad” por “Delitos contra la integridad sexual” de la reciente ley 25.087. El auge de desarticulación de los controles tiene que ver con la supresión del papel no traslúcido para la pornografía y de los carteles en la vía pública, así como la calificación de espectáculos para resguardar a la minoridad,  por parte de la Comisión de Aplicación vigente, de la Ciudad,  que la dejadez o  falta de contracción para el debido cumplimiento de las normas vigentes por parte  del ex jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, da lógica explicación causal al aumento de los delitos sexuales, entre ellos, los de los delitos de violación en Buenos Aires (al respecto, se ha hizo presentación al ex jefe de gobierno, Mauricio Macri o a los legisladores, en orden al restablecimiento y cumplimiento de  la ley, lo que dio lugar a  la inclusión de contravenciones en el Código Contravencional respecto de los papelitos de oferta de sexo en la vía pública, aunque resta mucha mayor ejecución, como se había hecho hasta la jefatura de Gobierno del difunto Dr. Enrique Olivera). Resta una nueva ley de servicios audiovisuales e informáticos actualizada, ante el auge de la pornografía, además de otros ilícitos, aunque este Congreso ha encarado la pedofilia con proyecto de ley con media sanción.
              Como decía Ortega y Gasset: “¡Argentinos a las cosas!”. Pongamos, pues, manos a la obra, mas hagamos las cosas bien; y no acudamos a ilusorias supuestas “soluciones” legales, que son un “parche” inconstitucional que ocasionará otros problemas de derecho a la vida y falsas expectativas, al creerse dueños de la vida y de la muerte. Ninguno de nosotros lo somos. El Congreso no tiene facultad de reglamentar al Código Penal de la Nación (leer las atribuciones de lo que corresponde al Congreso por el art. 75 de la Constitución nacional).

              III.- En tercer  lugar, debemos decir que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “F.A.L. s/medida autosatisfactiva”, que nos remitimos a la crítica con rigor científico y académico  del dictamen de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y… de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales con una refutación perfecta. Nada tiene que ver desde cuándo es un criterio jurídico, por más que se remonte a fines del siglo XIX o a 1922,  pues no es, parafraseando a Maritain, la cronolatría jurídica o científica, importando sólo la última página escrita al respecto, si no la verdad filosófica jurídica o la verdad científica lo que realmente importa. Caracterizada doctrina de los Dres. Sebastián Soler y Carlos Fontán Balestra coinciden en que el art. 86, inciso 2 del Código Penal “... no es punible:1º ... “2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.”
               Dice Sebastíán Soler: “Toda esta disposición fue introducida por la Comisión del Senado en 1919, sobre el proyecto anterior. Trátase de una de esas reformas hechas con bastante precipitación, copiando de segunda mano los textos del proyecto suizo de 1916. (cita a pie de página “C.P., ed. of., p. 268)
                ...El inciso 2 º del art. 86 ha dado lugar a numerosas cuestiones doctrinarias, especialmente porque la disposición ha sido tomada de un proyecto de ley que carecía de vinculación histórica y doctrinaria con nuestros antecedentes legislativos, y aun de tradición asentada en otros países.
               ...Se discute cuál es el alcance del precepto, esto es, si prevé solamente el caso de violación de mujer idiota o demente o si también está comprendido todo caso de violación. ... Corresponde, pues, entender aquella expresión en un sentido que no excluya la cópula. Cuando la ley dice: “Si el embarazo proviene de una violación   o de un atentado al pudor...” no es posible leer:...”de una violación o de un hecho que excluye la cópula”. Será preciso pensar que más bien puede decir: “...de una violación o de acceso carnal que...” ...
               Todas estas confusiones tienen una causa clara. La Comisión del Senado toma el artículo en esa forma de la versión francesa del proyecto suizo, en la que se traduce Schändung por “attentat à la pudeur d’une femme idiote, alienée, inconsciente ou incapable de resistence”. Efectivamente, ese es el sentido técnico, la definición de Schändung.(...)Para nosotros, pues, el equívoco tiene dos causas: el hecho de que la palabra violación sea genérica; el hecho de que se haya aceptado en el texto de la ley una traducción que correcta, pero que al incorporarse a nuestro Código  resultaba equívoca con respecto a la expresión “abuso deshonesto”

               Para entender la disposición, pues, es preciso afirmar  que en este caso  la ley ha llamado “atentado al pudor” a la violación prevista en el inc. 2º del art. 119, y que en consecuencia, la impunidad sancionada en el art. 86, alcanza a todo caso de violación, y no sólo al de la mujer idiota o demente.” (ver Soler, Sebastián, DERECHO PENAL  ARGENTINO,  TOMO III,     Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, pág. 126, 130 y 131)
               No se entiende que con caracterizada doctrina a favor del aborto de violación  de cualquier mujer se pretendan ampliar causales, sin mengua de lo que decimos más adelante, en complementación. Al respecto, resulta claro, también, el libro de Ricardo Bach Echazal, “El aborto en el derecho positivo Argentino, EL DERECHO, marzo de 2009.
               IV.-) El proyecto que lleva  consta de veintiún artículos y plantea absolutas imposibilidades, en un debate obsoleto para la ciencia y el humanismo auténtico, luego del fracaso del aborto en la ex U.R.S.S. cuando de sólo nacía un solo niño cada tres nacimientos que hasta un genocida como Stalin resolvió terminar con él por la familia y la población de ese país. Luego, del genocidio u holocausto o “shoah” en Alemania, cuando se está de vuelta de este genocidio del aborto en el Mundo, acá estamos en esta disparatado debate de almas errantes que no quieren que su país salga adelante ni sea faro por posibles permanentes complejos de pusilánimes. Se pretende derogar  ampliar las causales del art. 86. Si existe la “posible ocurrencia” de un peligro para la salud (física, psíquica o social) de la mujer.   Los jueces y otros saben  que la definición no es la que nuestra ley penal y jurisprudencia adopta para permitir un aborto. Bastaría con que el amante la abandone o la mujer sólo alcance un orgasmo mediocre para que desaparezca ese completo “bienestar fisico”, requerido por la O.M.S.. Imagínese lo que puedes ser un completo bienestar “social”, perder las elecciones post-coito o un disgusto con  la mamá, “me parece que el embarazo me va a deprimir”, o “creo que no me va alcanzar la plata…” o “presumo que no estoy preparada para tener un hijo con síndrome de down” para que el aborto sea legalmente permitido.

                Recordamos el “síndrome del niño fantasma” o síndrome post-aborto, que  sufren las mujeres que han abortado, con depresiones, el despertarse en el medio de la noche con el lloro de un niño inexistente, etc. No se curan afecciones o enfermedades,  con otro crimen, respecto de uno anterior sobre el que no va sobre las causas, ni se hace mención a ningún remedio, pues con el referido “sindrome  del niño fantasma” o “síndrome post-aborto”, que afecta incluso también al padre, se incurre en iatrogenia. El caso conocido de la jueza de Mar del Plata implica ignorar todo esta problemática. No se suprime el problema  por ley ni sentencia, invocando un concepto de salud, que no es el de los jueces y los peritos judiciales. Reiteramos el invitar a poner manos a la obra y dejar de pretender tapar con verborragias los dolores de las personas, en vez de reales soluciones constitucionales, como el proyecto de ley del Senador Dr. Federico Pinedo y de la senadora Bodayhian con un programa lógico, razonable y constitucional.                               

             Los casos de anencefalia o de fetos inviables son distintos en el caso del fallo de la Corte Suprema de Justicia a los ocho meses de concebido o del que corresponda de acuerdo a criterio médico, y no  del criterio de cinco meses que se ha tenido en la Legislatura de la Ciudad, pues es sobre la base de la verdadera justicia y no la meramente decretada con voluntarismo que se alcanza la salud. Sigue llamando la atención además el desconocimiento de bibliografía existente respecto de estos asuntos.
               V.-) El artículo 86 del Código Penal contempla dos excepciones para la punibilidad del aborto: 1º que exista peligro para la vida  o la salud de la madre y que ese peligro no pueda ser evitado por otros medios; y 2º que el embarazo provenga de una violacíón  o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Se busca dar un sentido o un contenido diferente al propio del Código Penal y amplia las excepciones contempladas por él.  De allí que en todos los casos de violación  y si “hay malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina” o “fetos inviables” ) se pueda practicar el aborto –en ambas situaciones se presume riesgo para la salud de la madre. El fallo de una jueza no puede dar criterio a una ley general: un caso particular no hace ley general, como dice el principio. Restan que, por ejemplo, Asociaciones de psicología o vinculadas a la salud que pueden exponer en la Comisión que  no han podido hacerlo con anterioridad por el voluntarismo de la Comisión, años pasados, que ya no insisten, porque el referido voluntarismo y necedad, no obstante tener plenos derechos constitucionales y derechos subjetivos para ello.

                      Qué rápido: además de ampliar causales,¿hay alternativas? Ninguna. Nunca se ha visto tanta presunta crimninalidad con seres humanos por parte de los autores de los  proyectos de ley,o respecto de niños, en su noción jurídico-constitucional, en nuestro país. El genocidio de la alemania nazi es un poroto en lo que se pretende.
                      VI) Es nutrida la bibliografía y la jurisprudencia acerca del asunto, además, en el derecho internacional público. Como muestra basta un botón: el libro de García Elorrio, Aurelio F., PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS NO NACIDOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, Advocatus (Duarte Quiroz 5ll, Córdoba, República Argentina, 2004, págs. 117).

              Por otra parte, sintéticamente, sin mengua de posiciones diferentes o de cierta discusión sobre el principio de legalidad y los “principios de derecho público argentino” del art. 27 de la Constitución, en el caso “SIMÓN”, “EXPÓSITO” con el voto del difunto Dr. Fayt, el Profesor CHERIF BASSIOUNI ha escrito que “los crímenes internacionales, que pertenecen a la categoría de ius cogens, constituyen una Obligatio erga omnes y su represión es inderogable. Las obligaciones jurídicas que se imponen a los Estados debido a este estatuto jurídico superior son: el derecho  de enjuiciar o de extraditar; la imprescriptibilidad  de ese tipo de crímenes; la exclusión de cualquier clase de inmunidad, incluído el nivel de jefes de Estado, así como legisladores; la imposibilidad  de que la defensa arguya el principio de obediencia a las órdenes superiores (salvo para invocarlo como atenuante de sentencia); la aplicación universal de estas obligaciones, ...; la inderogabilidad de las mismas  en el `estado de emergencia´ y, por último, su jurisdicción universal” (citado por Bariffi, Francisco J., en “El principio de la jurisdicción  universal  a la luz del carácter ius cogens de ciertos crímenes internacionales”, en EL DERECHO,ejemplar del 18/5/2006, pág. 5,  de Bassiuuni, Cherif. M., International Crimes:Ius cogens and obligatio Erga Omnes, “Law an Contemporary Problems”, vol. 59, 4, 1996, pág. 63; para una versión en castellano v. Bassionu, Cherif, La represión de los Crímenes internacionales: Ius cogens y Obligatio Erga Omnes “Law and Contemporary Problems”, vol. 59, 4, 1996, pág. 63; para una versión en castellano  v. Bassionu, Cherif,La Represión de   los Crímenes internacionales: Ius Cogens  y Obligatio Erga Omnes,   en “Represión  Nacional de las Violaciones del Derecho Internacional Humanitario”, Comité Internacional de la Cruz Roja,Informe de la Reuniòn de Expertos , Ginebra, 23-25 de septiembre de 1997, págs. 29-55).... ... ... ... ... ... ... ... ... ... En la  jurisprudencia argentina más recientemente el juez federal Gabriel R. Cavallo adhieriendo y citando los argumentos de BASSIOUNI sostuvo que  “la existencia de un derecho imperativo (ius cogens) no se reduce sólo a que constituye un límite a  la validez de los tratados que contengan cláusulas contrarias a su contenido. Este es uno de sus efectos.... ... ... A las entonces penalizaciones de la esclavitud,..., pronto se incorporaron los crímenes contra la humanidad, el genocidio, el apartheid, la tortura , el terrorismo, la discriminación  racial, el secuestro y toma de rehenes, los crímenes de la aviación civil y marítimos, el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y venta de órganos humanos, tráfico de seres humanos,  etcétera.”-el subrayado es del suscripto- (citado por Bariffi, Francisco J., en  El DERECHO, ejemplar del 18/5/2006, pág. 7, de BASSIONI, M. CHERIF, International Criminal Law Conventions and their Penal Provisions, New York Transnational Pub, 1997; BASSIOUNI, M. CHERIF, International Criminal Law Conventions and their Penal Provisions,  New York Transnational Pub, 1997; BASSUOUNI, M. CHERIF.International Criminal Law; Crimes, New York Transnational Pub, 1986.)...coincidimos en afirmar el carácter de ius cogens de los crímenes de guerra, del crimen de agresión , de la tortura, del genocidio” 2000, p. 413).
              Esto plantea que “desde  la propia Constitución existen delitos que son imprescriptibles: así los que menciona  el artículo 29 de la C.N. Sobre el punto  existe una posición que defiende  la tesis de la exégesis del artículo 29 de la C.N.: la Procuración General, la Cámara Federal Penal de la Capital, pero no de la Corte. La tesis  es que todos los delitos, todos los actos de funcionarios públicos, llevados a cabo en el ejercicio…, no pueden ser convalidados por nadie., ni por el Congreso, ni por los jueces, ni por los posteriores Poderes Ejecutivos” (ver Vigo, Rabbi-Baldi Cabanillas, Mahiques, Pastor, LLaudet Mazza, De Luca, Cianciardo y otros, DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Reflexiones acerca de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Asociación de Profesores de Derecho Penal, Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Ed. Ediar, Tucumán 2009, Buenos Aires, 2009, pág. 47 y ccdntes.)   
                La  legislación común, la jurisprudencia de los tribunales y la doctrina de los juristas,  siempre en forma general, reconocieron el derecho a la vida como de los derechos implícitamente reconocidos y enumerados entre los artículos  14 y 20 de los ciudadanos y habitantes  de la República, en virtud del art. 33 de la 1era. parte o de las DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS de la Carta Magna, antes de que se pretendiera sostener por algunos la legalización del aborto o la despenalización, mas, luego de un debate, se llegase con las instituciones de la democracia constitucional, a resolverse en el sentido del actual art. 75, inciso 22, al que ya hicimos referencia más arriba, el que al incorporar las convenciones internacionales “en las condiciones de su vigencia”, éstas tienen jerarquía constitucional, por el art. 75, inciso 22, las que establecen expresamente el derecho a la vida desde la concepción, debiendo entenderse como que “no derogan artículo alguno de la Primera Parte de esta Constitución y...complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”.
           El art. 33 establece que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados,...” La fuente de esta disposición es la norma novena de la Constitución de los Estados Unidos de América, que declara lo siguiente: ”La enumeración en la Constitución de ciertos derechos no será interpretada como denegatoria o abrogatoria  de otros (derechos)  retenidos por el pueblo”. Inspirado en este texto, la Comisión examinadora de la Constitución de 1853, designada por la Convención del Estado de Buenos Aires e integrada por Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Sarsfield, Domingo Faustino Sarmiento, José Mármol y Antonio Cruz Obligado sostuvieron la inclusión del actual art. 33 de nuestra Constitución nacional, en los siguientes conceptos:”En esta sección de la Constitución están comprendidos todos aquellos derechos, o más bien principios, que son anteriores  y superiores  a la Constitución misma que la ley tiene por objeto amparar y afirmar, y que ni los hombres constituídos en sociedad pueden renunciar; ni las leyes abrogar. Los derechos de los hombres que nacen de su propia naturaleza, enumerados de una manera precisa. No obstante esa deficiencia, ellos forman el derecho natural de los individuos y las sociedades...”
       Al expresarse en la Convención de 1860, Vélez Sarsfield afirmó que tales derechos “Son superiores a toda Constitución, superiores a toda ley y a todo cuerpo legislativo y tan extensos que no pueden estar escritos en la Constitución.”
       Y ahora por el art. 75, inciso 22, “en las condiciones de su vigencia” el Pacto de San José de Costa Rica, por su art. 4ª, considera que se es “persona desde la concepción en general”, la Convención de los Derechos del Niño, en  su art. 1º,  que reconoce expresamente que es “niño todo ser humano desde el momento de la concepción”, por la reserva argentina, efectuada por el Congreso de la Nación y aceptada por el resto de la comunidad internacional por la ley 23.849, tal como fue incorporada  a la Constitución, y la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, en los arts.I, II, III, IV y V las “Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo” o grupo de mujeres con enfermedades delicadas y violadas están sancionadas (conforme “Un tobogán normativo, en “El Derecho”, 23/2/1995; Linares Quintana, Segundo V. “Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional”, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires; Rivera, Julio César, “Instituciones  de Derecho civil”, Parte General I, Abeledo Perrot, Bs. As.; Vedia, Bartolomé de, “La Academia Pontificia de la vida”, en “La Nación” 4/7/94; Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, Tipográfica Editora Argentina, Bs. As.; Rabbi-baldi Cavanillas, Renato, “El Derecho natural en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina”, Trabajo presentado en el Encuentro Internacional de Profesores de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, Universidad Austral, Facultad de Derecho, 23/25 de agosto de 1996; Fontán Balestra, “Tratado de Derecho Penal”; Molinario y Aguirre Obarrio, “Derecho Penal”; Velazco Suárez, Carlos, “No favorecer a Hitler” (Carta de Lectores) en “La Prensa” 24/8/94; G. Balcarce, Andrés, “La Constitución y la vida. El Debate paradójico”, en “La Prensa”, 21/6/1995; Zanotti, Gabriel, “El Humanismo del Futuro”,Ed. de Belgrano, Bs. As.).
             
     
              Por lo expuesto, en virtud de su  deber de velar  por la vigencia de la Constitución nacional y de las leyes de la nación, solicitamos respecto de  los demás diputados de la Comisiónes que emitió dictamen y de la Cámara de Diputados, sobre todo por los legisladores “panqueque” y con beneficios a la provincia de la Pampa,  de modo de no ser presunto autores, cómplices o encubridores de los presuntos delitos “ut supra” mencionados:
I)         el rechazo y devolución a sus autores del proyecto de  ley, con media sanción y dictamen, Exp. CD.Nª 22/18, que había sido firmado por Donda, Victoria (Libres del Sur); Pla, Romina del (P.O./FIT); Macha, Mónica (FpV-P.J.); Austin, Brenda (U.C.R.), así como tres del Frente de Izquierda; 4 (cuatro) del Movimiento Evita, 3 (tres) de Evolución Radical; 38 (treinta ocho) del FP.V.-P.J.; 14 de la U.C.R., así como el expdte. 443/2018 de Wisky; Sergio; cofirmado por Gayol, Yanina; Lipovetzky, Daniel; Acerenza, Samanta; y los porteños Weschler, Marcelo; Hers, Cabral, Anabella; e Iglesias, Fernando; y Banfin, Karina; Bazze, Miguel Angel; y del expedte. 444/2018 de los diputados Wiski, Sergio y otros de despenalización del aborto y de
ampliación de causales de aborto   del Código Penal de la Nación Argentina, así como de no propiciar  dictámenes al respecto, teniendo en cuenta su manifiesta inconstitucionalidad, en violación al art. 14 de la ley 19.549 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y los “prima facie” delitos en los que puede incurrir si continúa adelante, arrogándose funciones inconstitucional e ilegalmente (art. 246, 248, 227 y 227, ter, primer párrafo del Còdigo Penal)e incurrirse en el tipo penal del art. 215 del Código Penal que tiene como pena reclusión perpetua para los “miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional...sumisiones o supremacías por las que la vida...queden a merced de algún gobierno ...(art. 29 de la Constitución Nacional), lo que sería incluso inamnistiable (ver Bidart Campos, Germán, Tratado de Derecho Constitucional, Ed. Ediar, Bs. As., además de que se configuran delitos de lesa humanidad; también, Vigo, Mahiques, Rabbi-Baldi Cabanillas, de Luca,  LLaudet Mazza,Guibourg, Cianciardo; Caramutti y otros, DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Reflexiones acerca de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Ed. Ediar, Tucumán 927, 6to. piso, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2009); BASSIOUNI, M. CHERIF, International Criminal Law; Crimes, New York Transnational Pub, 1986, citado por Bariffi, Francisco J., en EL DERECHO, ejemplar del 18/5/2006, pág 7). 
II)      SE INVITA A QUE SE SANCIONE EL PROYECTO DE LEY DEL SENADOR Dr.Federico Pinedo y la senadora Miriam Ruth Boyadjian,con su programa,  por ser una aplicación más efectiva aún del inciso 23 del art. 75 de la Constitución, reformada. recientemente en 1994.
III)     Se tenga por presentado, por constituido domicilio especial en Uruguay 1251, 5° Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal.
       IV) Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA.             
          
   
     

    Abog. Andrés González Balcarce,
    C.P.A.C.F. T° 52 F° 983
     Presidente
  Asociación “Por la vida y la familia”