miércoles, 7 de noviembre de 2012

Cada vez hay menos participación vecinal





La falta de cumplimiento de la Municipalidad de Córdoba en las obras seleccionadas por los vecinos en el Presupuesto Participativo provocó que cayera fuertemente la participación el año pasado. Mientras que en 2010 fueron 2.355 personas a los Cabildos barriales, en 2011 asistieron apenas 679 cordobeses.
Los datos surgen de los indicadores elaborados por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que fueron presentadas ayer en el Foro “En clave ciudadana”. El Presupuesto Participativo (PP) es una instancia en la cual el municipio destina un determinado monto de dinero que será ejecutado según las preferencias de los vecinos, que las votan en Cabildos barriales.

La razón de esa fuerte disminución es el incumplimiento del municipio de las obras y proyectos votados por los vecinos. Según Nuestra Córdoba, a finales del año pasado constaban los siguientes datos: en 2009 la Municipalidad ejecutó el 31,44 por ciento del PP; en 2010, fue el 2,46 por ciento; y el año pasado, el 2 por ciento. El municipio informó en febrero pasado que lo adeudado en concepto de obras y proyectos sociales del PP 2008, 2009 y 2010 asciende a 51 millones de pesos.
“Fue un cachetazo a la participación y una estafa moral a los vecinos. Hoy, en cada reu­nión en los CPC, lo siguen planteando. Cuesta volver a entusiasmar, porque la credibilidad se erosionó”, sostuvo Alejandra Ferrero, subdirectora de Presupuesto Participativo.
Para ordenar la situación, la actual gestión comenzó con un plan de cumplimiento de lo adeudado y se debieron revalidar los proyectos, algunos de los cuales se comenzaron a pagar. “Con esto frenamos mucho el enojo y se volvió a participar. En noviembre, vamos a empezar pruebas piloto en zonas barriales más chicas de cada CPC”, explicó Ferrero.

La funcionaria indicó que se pagaron 10 proyectos sociales y cuatro sedes, dos de centros vecinales (Matienzo y Cupani), del centro de jubilados de Las Palmas y la capilla de barrio San Ignacio. Y en breve, se pagarán las segundas cuotas de los proyectos sociales y se girarán fondos para 14 sedes vecinales.
En el presupuesto municipal de 2012 se destinan 34 millones de pesos al Presupuesto Participativo, 19 millones para obras y proyectos sociales votados de este año, y otros 15 millones para completar una parte de lo que no se cumplió en 2008, 2009 y 2010. En la página web del municipio no está disponible el porcentaje de ejecución.

No bajar los brazos.
 “Participé en 2009, y este año estamos volviendo a participar. De 2009 todavía nos deben cosas”, dijo Silvia Cussó, presidenta del centro vecinal de Villa Warcalde y Alto Hermoso. La vecina aseguró que los incumplimientos hacen sentir “impotencia y bronca”. “Pero como somos de tropezar varias veces con la misma piedra, nuestro centro vecinal no bajó los brazos jamás”, agregó.

La Voz del Interior, 7-11-12

domingo, 16 de septiembre de 2012

Droga, el trasfondo de una ciudad violenta




por Juan Federico

Para la Policía se trata de un “homicidio simple”. Y punto. “Un ajuste de cuentas, por cuestiones de barrio”, dicen los investigadores. Pero nadie ahonda en el real trasfondo. “Homicidio en ocasión de robo” es la carátula de otra causa juzgada en Tribunales II, de la ciudad de Córdoba. Recién en el juicio, en plena sala, saldrá a la luz que los ladrones que mataron al hijo del dueño de casa habían ido a robar el dinero de la venta de droga al menudeo que había en esa vivienda.
“Violencia urbana”, se simplificará otro caso que poca difusión tuvo en los medios, y en el que un adolescente de 16 años terminó baleado en la cara. Pero los vecinos sí dirán mucho más. Que el agresor fue un vecino de sólo 15 años, que le disparó con una escopeta sólo porque el otro le negó una pitada al “porro” (cigarrillo de marihuana) que estaba fumando (ver No lo quiso...).
Así como en la estadística de los delitos se habla siempre de una “cifra negra” (o sea, aquellos que no son denunciados), en los casos violentos que ocurren a diario en la ciudad de Córdoba también se puede indagar sobre un trasfondo pocas veces develado: narcotráfico, venta y consumo de drogas ilegales. No se trata de delitos complejos, productos del crimen organizado, sino la borra violenta que deja este fenomenal mercado ilegal.
En ese sentido, el fiscal de la Cámara 8ª del Crimen, Hugo Almirón, supo advertir: “De los que llegan a juicio por delitos contra la propiedad, la mayoría reconoce ser consumidor. De diez acusados, ocho dicen tener relación con algún tipo de sustancia”. No es el único fiscal que lo señala.

El crimen de Alberdi. Justamente, Almirón participó en un juicio que acabó hace pocos días en condena contra dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, a los que se encontró culpables de haber asesinado a otro muchacho en el marco de lo que sería un “narcorrobo”.
¿Por qué? Porque en las audiencias, diferentes testigos aseguraron que los acusados dispararon cuando intentaron ingresar en la casa para robar el dinero producto de la venta de drogas al menudeo. Incluso, se habló de un robo anterior que no fue denunciado. Todos estos dichos fueron girados a la Justicia Federal para ser investigados.
El caso se remonta a la madrugada del 11 de enero del año pasado. Cerca de las 2.50, Domingo Eduardo Villarreal estaba bebiendo sangría en la cocina de su casa de Humberto Primero al 3200, Alto Alberdi, mientras su hijo Ezequiel Eduardo (19) dormía. Sus otras dos hijas también se encontraban en la vivienda, realizando diferentes quehaceres.
Fue entonces que por lo menos dos jóvenes abrieron de una fuerte patada la puerta principal de la casa. En ese momento, el padre de la familia se abalanzó sobre la misma e impidió que los ladrones ingresaran. El griterío despertó a Ezequiel, quien desde la pieza fue hacia la cocina, cuando se oyó un disparó. Los delincuentes introdujeron una escopeta calibre 16 por un ventiluz de la puerta y dispararon hacia el interior de la casa, hiriendo mortalmente a Ezequiel.
La investigación llegaría luego a Matías Emanuel Sariago (19) y un menor de 17.

En el proceso con jurados populares, el Tribunal, presidido por José Pueyrredón y compuesto además por Juan Manuel Ugarte y Julio César Bustos, condenó a Sariago a 15 años de cárcel, mientras que un juez de Menores deberá fijar la pena contra el adolescente de 17 años, también encontrado culpable.
El fallo coincidió con el pedido que había realizado el fiscal Almirón.
Durante el juicio, los testimonios que vincularon el caso con el submundo de las drogas fueron varios.
Un joven declaró que aquella noche, antes del crimen, él había ido al domicilio de Villarreal “a los fines de comprar marihuana, ya que en esa casa se conoce desde hace tiempo que venden droga... que sabe que Sariago junto a otra persona tiempo atrás les fueron a robar a los Villarreal y les sacaron dinero, celulares y ‘fasos’ de marihuana”.
Otro de los testigos recordó que ese 11 de enero iba caminando para comprar un “porro” a los Villarreal cuando se cruzó con el menor de los acusados por el crimen, quien, nervioso, le contó que acababan de querer robar “faso y plata”, pero que se resistieron desde adentro de la casa, trabando la puerta, por lo que dispararon a través de una ventanita hacia adentro.
En ese mismo sentido, un amigo de los imputados dijo que se había cruzado con los jóvenes, quienes lo habían invitado a ir con ellos a “robarle al ‘Chancho’ (apodo de Villarreal padre), un hombre que vende droga”.

Estos testigos aseguraron, también, que antes de robar, el menor ahora condenado había estado fumando marihuana en un cumpleaños familiar. Al declarar, reconoció haber participado en el crimen. Acotó que 15 días antes, junto a Sariago, habían asaltado a la misma familia, dijo estar arrepentido y pidió un “urgente” tratamiento para las adicciones.
El crimen de Villa Siburu. Más cerca en el tiempo, el 27 de julio pasado, Gustavo Gabriel Cabrera (22) murió luego de ser atacado a balazos por los dos ocupantes de un Volkswagen Gol. El crimen ocurrió cerca de las 4 de la madrugada en el cruce de La Tablada al 3200 y pasaje Sixto Llanos, entre Villa Siburu y Alto Alberdi, a escasas tres cuadras del lugar del asesinato de Villarreal.
Cuando lo mataron, Cabrera estaba reunido en una esquina junto a un amigo que también fue baleado y dos jovencitas que resultaron ilesas.

Cabrera (22), domiciliado en barrio Lamadrid, hacía pocas semanas que había recuperado la libertad. “Parece que los que dispararon fueron a reclamar por el robo de unos celulares”, confió en su momento una fuente policial ligada con la causa.
Pero fueron los vecinos del sector los que ahondaron en los motivos del crimen. Aseguraron que una banda de jóvenes que suele juntarse en esas esquinas había ido a asaltar esa noche a una conocida “dealer” (vendedora de droga al menudeo) que opera a una 10 cuadras de allí. Que tras el robo, su hijo y un amigo salieron a “cazar” a los ladrones. Y que, equivocadamente, atacaron a Cabrera, que era ajeno a este “narcorrobo”.
Por esta causa, hay un detenido, que también era buscado por otro crimen.

Ejecutado
Mellizos detenidos. Ayer se publicó que unos mellizos de 23 años fueron detenidos en Pueyrredón y Yapeyú, de la ciudad de Córdoba, sospechados del delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.
Se trata de la investigación por el alevoso crimen de Jonathan Franco “Cocún” Godoy (18), quien fue asesinado de un escopetazo en el pecho el pasado sábado 23 de junio en Ampliación Renacimiento. Para la Policía, se trató de un ajuste de cuentas “por cuestiones de vieja data”.
En el barrio donde vivía, en tanto, la versión apunta a un caso ligado con el submundo de la droga. En ese sentido, apuntaron que Godoy habría sido “delivery” de un grupo relacionado con la venta al menudeo de drogas, y que su crimen pudo haber sido la derivación de una “deuda”.

La Voz del Interior, 17-9-12

miércoles, 29 de agosto de 2012

La Constitución como parapeto de los jubilados




Jorge Gentile*

La Constitución de Córdoba, al disponer que “el Estado provincial (...) asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad” (artículo 57), ha fijado una garantía que sirvió y sirve de parapeto para sostener los beneficios previsionales de los pasivos provinciales frente a los embates que se han ideado en su contra.
Cuando el gobernador Ramón Mestre dictó el decreto 1.777/95, que rebajó los beneficios un 18 por ciento tomando como base el ingreso líquido de los activos en vez del bruto –en sentido contrario a una modalidad adoptada hace muchos años por todos los sistemas previsionales del país–, esto fue insólitamente convalidado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y descalificado luego por la Corte Suprema de la Nación.

Ahora, la ley exprés 10.078 dispone que “el reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrá efecto a partir de los 180 días computados desde la fecha que fuera percibida la variación salarial” (artículo 4). Sin embargo, literalmente no dispone que la postergación signifique que el Estado se engulle los seis meses de aumento de los activos que no fueron pagados a los pasivos, sino que tendrá que abonarlo, con la correspondiente retroactividad, pasados los 180 días desde que lo cobren los activos.
Lo allí escrito no parece que exprese la intención de los autores del proyecto, si se tienen en cuenta algunas de sus declaraciones posteriores. Cuando explican los beneficios económicos para las finanzas provinciales, dan a entender que no se abonará a los pasivos de manera retroactiva el porcentaje reajustado de los sueldos anteriores de los activos.

En ambos casos, los jubilados son perjudicados. En el primer caso, por la demora en percibir los aumentos que se les concedan a los activos; en el segundo, por recibirlos sin los correspondientes porcentajes de indexación e intereses.
Contra estos atropellos, no queda otra alternativa que invocar la referida cláusula constitucional que garantiza que los beneficios jubilatorios son “móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad”.
Sin embargo, los haberes de los pasivos pueden ser reducidos también con la inconstitucional delegación de potestades prevista en esta misma ley, que contradice la prohibición de hacer dichas delegaciones establecida en el artículo 13 de la Constitución.
A partir de ahora, “el Poder Ejecutivo podrá modificar los porcentajes de aportes personales y contribuciones patronales”. Esto significa que, a través de esta potestad, el gobernador, si dispone reducir el alto porcentaje que se les descuenta del salario a los activos como aporte para la Caja, podría encubrir un “aumento” que luego no les sería otorgado a los pasivos.

Municipios y comunas. La ley 10.077, aprobada el mismo día que la anterior y que denuncia el acuerdo por el que las provincias cedían el 15 por ciento de la coparticipación al Gobierno nacional, tiene una disposición que perjudica a las municipalidades: “Aféctase el incremento de los recursos de la coparticipación federal de impuestos, generado con motivo de la denuncia del acuerdo formulado en la presente norma, a la Caja de Jubilaciones (...) hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra. El remanente formará parte de los recursos que por ley se coparticipan con las municipalidades y comunas (...)” (artículo 3).
Esto también es contrario a la Constitución provincial cuando regla: “Las municipalidades disponen de los siguientes recursos: (...) Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al 20 por ciento (...)” (artículo 188, inciso tres).

La solución constitucional, a la inversa de lo que dispone la referida ley, es que del 15 por ciento de la coparticipación federal recuperado debe extraerse el porcentaje destinado a los municipios y comunas, que no puede ser inferior al 20 por ciento, y del resto, que le queda a la Provincia, se extraigan los recursos que necesita la Caja de Jubilaciones.
Si a la Provincia no le alcanzan los recursos para abonar la actualización de los haberes de los activos y de los pasivos, no tiene por qué postergar sólo el de los pasivos. Ello implica una inaceptable discriminación del sector más débil, los jubilados y pensionados, quienes sólo se diferencian de los activos en que no pueden ejercer el derecho de huelga ni paralizar el funcionamiento de las reparticiones del Estado.

* Constituyente provincial en 1987 y 2001, profesor emérito de la UNC y catedrático de Derecho Constitucional de la UCC

La Voz del Interior, 29-8-12


lunes, 13 de agosto de 2012

En 10 años, las provincias cedieron $ 100 mil millones





 Ayer se cumplieron 20 años de la firma del primer Pacto Fiscal por el que comenzó a deducirse el 15 por ciento de la masa coparticipable para el financiamiento del sistema previsional. El aniversario redondo llegó justo en la semana en que la provincia de Córdoba dio por caído ese convenio y el gobernador José Manuel de la Sota instó por carta a sus pares a hacer lo mismo.
La razón es que de aquel convenio prácticamente lo único que se sigue vigente es la cesión de impuestos que realizaron las provincias, que este año significarán más de 23.500 millones de pesos. Todo lo demás cambió. El sistema previsional de la Nación fue reestatizado (con lo que la Anses recuperó la totalidad de los fondos) y la Nación ha vuelto a emitir dinero y a cobrar retenciones a las exportaciones, dos fuentes de recursos que no se coparticipan. Todo eso había sido el paquete que justificaba, en 1992, que las provincias cedieran fondos.

Los 23.500 millones de pesos que el interior resignará este año equivalen al 80 por ciento del déficit fiscal proyectado para todas las provincias, que en algunos casos pasarían a ser superavitarias si contaran con los recursos que se les vienen detrayendo desde 1992.
Las provincias de Santa Fe y San Luis ya interpusieron recursos ante la Corte Suprema para exigir que la Nación deje de descontarles esos fondos.
Según estimaciones de la consultora Economía & Regiones, en la última década los aportes de las provincias a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses, destinatario de ese 15 por ciento deducido de la masa coparticipable) superaron los 100 mil millones de pesos a valores corrientes, una suma que sería notoriamente mayor si se la actualizara por la inflación acumulada en ese lapso.

El Pacto Fiscal fue firmado en Casa de Gobierno el 12 de agosto de 1992 por Carlos Menem, sus ministros de Economía, Domingo Cavallo, e Interior, José Luis Manzano, el secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá, y los gobernadores de 21 provincias.
La Ciudad de Buenos Aires no participó ya que aún no era autónoma y las provincias de Córdoba y Neuquén estuvieron representadas por sus vicegobernadoras. El cordobés era Edgardo Grosso, en representación de Eduardo Angeloz. De los firmantes, cuatro fueron luego presidentes: Eduardo Duhalde (Buenos Aires), Ramón Puerta (Misiones), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Néstor Kirchner (Santa Cruz).

La Voz del Interior, 13-8-12

jueves, 2 de agosto de 2012

Menos mal que todavía no despenalizaron el consumo




Cortan ayuda para tratar a chicos adictos

 Edgardo Litvinoff

Hasta diciembre del año pasado, casi una decena de organizaciones no gubernamentales de Córdoba recibían de parte del Gobierno provincial un fondo de becas para tratar a chicos adictos, la mayoría de ellos menores de edad. Era 1.400.000 pesos para asistir a unos 180 jóvenes sin obra social, de escasos recursos. Pero desde entonces, cuando asumió la actual gestión, los fondos se cortaron y esas entidades hacen lo que pueden para contener a los adolescentes que llegan pidiendo ayuda.
“Se suspendieron las becas, estamos en tratativas. Desde Desarrollo Social nos dijeron que lo iban a solucionar, pero hoy no tenemos acceso al tratamiento para chicos de 14, 15 o 16 años. No tienen cobertura y, salvo en la Casa del Joven –que está saturada–, nadie los puede atender. El Hospital de Niños recibe a algunos, pero no aborda esa demanda de manera terapéutica”, dice Santiago Rodríguez Tarduchy, uno de los coordinadores del Programa Sol, afectado por la falta de fondos provinciales.
También están Programa Cambio, Programa Andrés, Programa Nazareth, ProJoven o Nuestra Vida, entre otros.

En Carlos Paz, ProJoven es la única entidad que asiste a jóvenes adictos en la región: “Igual los atendemos gratis, pero es complicado. No podemos suspender un tratamiento. Por suerte, el municipio nos ayuda ahora, pero no tenemos más becas de la Provincia”, dice Roberto Cabrera, integrante de la asociación.
Desde el Programa Andrés, Flavio González explicó que todavía reciben las becas del Sedronar (de la Nación), pero que son sólo para el tratamiento de mayores de 18 años. “Hay una franja muy importante de menores de edad desatendidos. La Provincia siempre respondió. Es la primera vez que no hay cobertura”, señaló. González dijo que su institución tendría capacidad para atender a unos 20 ó 30 chicos ambulatorios, además de que también posee sitio para internación. Relata que sin esas becas no puede pagarles a los profesionales que deberían atender a los afectados. “Los jóvenes vienen con muchos problemas conductuales. La familia se está desmembrando. Y cuando no hay guía familiar, es muy fácil que la vida sea la calle”, finaliza.

En espera. Hasta el año pasado, la Sepadic (Secretaría de Coordinación en Prevención y Asistencia de las Adicciones) era la encargada de distribuir esos fondos. Pero fue absorbida por el Ministerio de Desarrollo Social, ahora es subsecretaría y sólo le competen tareas de prevención. No está claro si estos recursos para ONG deberían salir ahora del área de Salud. De lo que no hay duda, es de que la Provincia no los envía más.
Hace una semana, el ministro Daniel Passerini se reunió con el presidente de la Federación de Organismos No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (Fonga), que nuclea a la mayoría de las entidades que recibían las becas. Prometió analizar y resolver la situación. “Quedó en evaluación del ministro tratar de volver a esa instancia. Si bien no es un tema específico de Desarrollo Social, le pareció importante el planteo”, aseguro Juan Carlos Mansilla, actual titular de la Sepadic. Sin embargo, no hay fechas concretas.

Respecto de la saturación de la Casa del Joven o del Ipad para atender esta demanda, dijo que “la respuesta estatal es más de urgencia. La Casa del Joven fue ampliando su mirada y hoy atiende todo. Por eso no alcanza. Casi no hay problemática de salud mental en la adolescencia que no vaya para allá. Por eso es importante la complementariedad con el tercer sector”, admitió el funcionario.
El Programa Cambio, ONG fundada por Mansilla, también entra en el lote de las que dejaron de recibir el apoyo oficial.
Por ahora, las ONG –y más de 180 chicos– siguen esperando.

La Voz del Interior, 2-8-12

Nuevo reclamo de la Provincia




Julián Cañas y Daniel Alonso


El gobernador José Manuel de la Sota envió ayer a la Legislatura un proyecto para que a través de una ley se revoque la adhesión de Córdoba al Pacto fiscal de 1992, por el cual todas las provincias cedieron el 15 por ciento de coparticipación para sostener el sistema previsional nacional.
Dos décadas atrás, el poder central recurrió al auxilio de los estados provinciales para financiar las jubilaciones nacionales, ante el surgimiento del sistema de capitalización, con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
El gobernador De la Sota impulsa esta iniciativa, luego de que el lunes pasado presentó ante la Corte Suprema de la Nación el reclamo por los 1.040 millones de pesos que la Anses le adeuda a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Desde la oposición, juecistas y radicales le pedían que fuera por este 15 por ciento de coparticipación, que este año significarían alrededor de 2.000 millones de pesos, sin contar la detracción por impuestos.

En este contexto, como era algo que le venían solicitando, se descuenta que todas las fuerzas políticas acompañarán el proyecto.
En el Centro Cívico consideran que con la desaparición de las AFJP, al surgir el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) en 2008, torna abstracta la necesidad financiera de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
La segura aprobación de esta ley (aún sin el respaldo de la oposición, el PJ tiene los votos necesarios para aprobarla) será el paso previo para que la Provincia recurra a la Corte Suprema para solicitar lo mismo que ya hicieron Santa Fe y San Luis.
Recursos desestimados. Un detalle que no es menor. Días atrás se conoció que la Procuración General de la Nación rechazó el planteo de estas últimas provincias, con el argumento de que no iba acompañado por una ley provincial.

Luis González Warcalde –a cargo de manera interina de la Procuración– argumentó que ninguno de esos distritos está sometido a un “encierro legal”, porque nada les impide a sus respectivas legislaturas dictar una ley “que haga explícita la voluntad de rescindir el compromiso” del pacto fiscal que firmaron en 1992.
También indicó que las detracciones son válidas “hasta que exista un nuevo acuerdo de partes o se sancione una nueva ley de coparticipación federal”.
Esta cuestión fue tratada en la reunión del lunes pasado en Córdoba, cuando De la Sota recibió a su par santafesino, el socialista Antonio Bonfatti.
En su pulseada con la Nación y por su ambición de proyección nacional, una vez aprobada la ley, De la Sota informará al resto de las provincias la decisión de retirar su adhesión al Pacto Fiscal sancionado dos décadas atrás.
La pelea local. Además de su pulseada con el Gobierno nacional, el delasotismo agudiza sus diferencias con el kirchnerismo local.

En la sesión de ayer en la Legislatura, el delasotismo convirtió en ley una declaración de rechazo a los dichos del diputado nacional, el kirchnerista Fabián Francioni, a quien atribuyeron “denostar y atentar” contra la institucionalidad del Poder Legislativo provincial.
El legislador K había calificado de “circo” todo lo que hizo el Gobierno provincial, su bloque legislativo y los partidos de la oposición en torno al reclamo a la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones.
El texto aprobado es el siguiente: “La Legislatura de Córdoba declara su rechazo a las paupérrimas y lamentables expresiones del diputado nacional Fabián Francioni que pretende denostar y atentar contra la institucionalidad del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, queriendo desconocer la seriedad, altura de debate y madurez política que primó en la reunión especial en la Unicameral, para analizar el informe sobre el sistema previsional”.

Hoy, en tanto, el gobernador convocó a los intendentes del peronismo para una reunión informativa en el Centro Cívico. Según un vocero oficial, el encuentro será “institucional” e “informativo”, pero la intención es encolumnar a los intendentes detrás del reclamo del Gobierno provincial.
Desde el kirchnerismo, un intendente del interior le dijo a este diario que hay una “fuerte presión” del delasotismo para que dejen de respaldar al Gobierno nacional. Según esta versión, los delasotistas afirman que no habrá acuerdo político con la Casa Rosada, para las elecciones legislativas del año próximo.

Caso Santa Fe
Demanda. Santa Fe presentó hace más de dos años una demanda en la Corte Suprema de la Nación para que el Gobierno nacional le devuelva el 15 por ciento de coparticipación que se queda para financiar el sistema previsional.
Deuda. Pero, además del reclamo por la coparticipación, el gobernador Antonio Bonfatti está analizando recurrir a la Corte Suprema por la deuda de 1.307 millones de pesos que la Anses tendría con Santa Fe. El mandatario santafesino manifestó ayer que podría seguir el mismo camino que De la Sota, en el sentido de llevar el reclamo ante el máximo tribunal de justicia.

Miradas opositoras
“Gobernar no es hacer propaganda”. La senadora Norma Morandini, apoyó el reclamo del Gobierno de Córdoba por los fondos de la Caja, pero condenó los gastos en publicidad para hacer propaganda de la demanda. “Resulta paradójico que en tiempos de austeridad, una demanda legítima se publicite dispendiosamente como propaganda de gobierno”, indicó.

“No es una disputa política”. La agrupación kirchnerista La Jauretche, liderada por Martín Fresneda, señaló en un comunicado que el conflicto por los fondos para la Caja no es una disputa política entre la Presidenta y el gobernador, sino el resultado de “medidas irresponsables” de José Manuel de la Sota y el ex gobernador Juan Schiaretti.

La Voz del Interior, 2-8-12


lunes, 30 de julio de 2012

La pobreza en Córdoba afecta al 23,1 %




por Lucas Viano


Según datos del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Gran Córdoba fue el único conglomerado urbano en el que aumentó el porcentaje de personas en hogares indigentes y pobres entre 2010 y 2011.
El estudio tomó datos no oficiales “aunque conservadores” para determinar que una familia es indigente cuando sus ingresos son menores a 309 pesos por miembro, en 2010, y 360 pesos en 2011. En tanto, la línea de la pobreza se fijó en 578 pesos per cápita en 2010 y en 720 pesos en 2011. De esta forma Córdoba pasó de tener 6,8 por ciento de personas en hogares con indigencia en 2010 a 8,9 por ciento en 2011. Las personas en hogares pobres pasaron de ser el 21,1 por ciento en 2010 al 23,1 por ciento en 2011. Es probable que en 2012 se acentúe el deterioro.
En el resto del país estos indicadores bajaron. “Probablemente tenga que ver con particularidades de Córdoba en lo que hace a cuestiones como el mercado de trabajo, u otras”, arriesga Dan Adaszko, autor del trabajo. “El aumento que se aprecia en Córdoba no es estadísticamente significativo. Puede deberse a lo que técnicamente se llama error muestral, aunque significa que Córdoba se mantuvo estable”, aclara.

Entre 2010 y 2011 y a nivel nacional, la pobreza y la indigencia bajaron del 26,6 al 21,9 por ciento y del 9,2 al 5,4 por ciento, respectivamente.
“En el descenso de la indigencia incidieron la recuperación económica después de 2009 y la asignación universal por hijo. En el caso de la pobreza este último programa no tuvo tanto impacto sino, fundamentalmente, los dos años de fuerte crecimiento económico (2010 y 2011). Si no fuese por la inflación, es probable que el descenso de estos indicadores habría sido mayor”, sostiene Adaszko.

Desde las ONG. En el comedor comunitario “La abejita picarona” la demanda aumentó 30 por ciento, en especial de familias jóvenes (ver Hay más hambre el lunes).
Desde Cáritas también perciben un incremento en las personas que piden ayuda.
“Hay un aumento sobre todo de madres jóvenes, solas y con varios menores a cargo, quienes con la asignación pagan su alquiler, pero no les queda resto para el alimento cotidiano”, explican desde Cáritas.
Desde la organización de la Iglesia Católica advierten que el esquema de familia ha cambiado. “Antes las mamás podían dejar los menores a cargo de una abuela para ir a trabajar. Hoy las familias se encuentran más desintegradas, muchas mamás ya no cuentan con ese apoyo”, explican.
También observan abuelas con nietos a cargo (por orden judicial) que a su vez tiene hijos menores de edad. “Al incrementarse el número de niños, se dificulta la posibilidad de buscar trabajo”, señalan desde Cáritas. Allí coinciden en que los jóvenes son los que están engrosando la lista de nuevos pobres: “No hay trabajo y falta capacitación para poder conseguirlo. Los jóvenes se sienten muy desorientados, ya que además son conscientes de que sólo logran acceder a un nivel de trabajo precario e inestable, que no resuelve sus necesidades”.
A su vez, Córdoba recibe muchos inmigrantes del interior provincial, de otras provincias y hasta de otros países con la esperanza de que aquí estarán mejor.

El barómetro de la UCA también midió los ingresos familiares (incluye salarios, pero también otras entradas como rentas y subsidios, por ejemplo) de los diferentes años y los corrigió para eliminar el efecto distorsivo de la inflación y poder comparar el poder de compra.
En Córdoba, esta cifra pasó de 4.030 pesos en 2010 a 4.274 pesos en 2011, con lo cual el incremento fue del seis por ciento. En las otras urbes los incrementos fueron del 7,7 por ciento en Mendoza, al 11,5 en Gran Buenos Aires.
El aumento de la pobreza que marca el barómetro de la UCA coincide con un menor incremento en los ingresos familiares en Córdoba respecto de otras ciudades. No es casual.
“La pobreza y la indigencia miden si un hogar logró con sus ingresos adquirir una determinada canasta de bienes. Cuanto más suban los ingresos reales mayor será la capacidad de adquirir esa canasta y, por tanto, de salir de la pobreza”, apunta Adaszko.

Cuatro ideas de Cáritas
Educación. Se debe trabajar con énfasis en la educación, en la capacitación para ambos sexos, para que estas personas puedan conseguir empleo, pero también es necesario luchar contra la precarización laboral, señalan desde la asociación católica.
Viviendas. Son imprescindibles planes de viviendas coherentes y accesibles para la población más carenciada, que contemplen sus necesidades y posibilidades.
Lugares de tránsito. Faltan lugares de tránsito, no sólo para personas que se encuentran en situación de calle, sino para familias, para madres solas con niños, para jóvenes y parejas excluidos de los hogares. Espacios en los que además de la asistencia inmediata pueda hacerse con cada uno un trabajo de contención y acompañamiento hasta que la persona pueda resolver su situación.
Guarderías. Hacen falta más guarderías y jardines de estimulación en las barrios populares en los que las mamás y papás que trabajen puedan dejar a sus niños.

Contactos. Para contactarse con Cáritas, llamar al (0351) 429-0530. En Internet, www.caritascordoba.org.ar. Para comunicarse con el comedor “La abejita picarona”, llamar al (0351) 153-057982.

La Voz del Interior, 30-7-12