miércoles, 18 de septiembre de 2013

ATEOCRACIA EN ESPAÑA



Santiago Cantera Montenegro.

Doctor en  Historia y Prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (España).



El actual proceso descristianizador de España avanza indudablemente a marcha rápida, por lo menos en cuanto se refiere a las medidas ideadas y puestas en práctica por quienes detentan el poder. Con frecuencia, para buena parte de los católicos españoles, se produce ante esta situación una sensación preocupante y que les lleva a plantearse seriamente, como un verdadero problema de conciencia, a quién votar a la hora de las elecciones. En efecto, resulta evidente que, si bien el partido predominante de la izquierda, azuzado además por sus socios de gobierno y por los otros sectores que se dicen “progresistas”, parece ser el encargado de implantar con sus disposiciones y leyes la revolución moral en nuestra Patria, por su parte el gran partido de la derecha (o del centro, ya que el término “derecha” les genera cierta incomodidad) da la impresión de venir detrás para consolidarla, tal como sucedió en las últimas legislaturas. Así, somos muchos los que pensamos que, si un día se produce un cambio de signo en las elecciones generales (tal como es de suponer que sucederá), el partido de la derecha (o del centro) no derogará la reciente ley sobre el mal llamado matrimonio homosexual, igual que no lo hizo con la criminal legislación abortista y con la antisocial legislación divorcista (que precisamente introdujo en su momento el Centro de entonces). Es decir, que el quid de la cuestión parece no ser tanto un problema acerca de este o aquel partido político, como más bien del propio sistema de partidos y del relativismo liberal que subyace en él como ideología. Si a todo ello sumamos que tanto la derecha como la izquierda han asumido el capitalismo como modelo económico y prácticamente sin límites, las diferencias disminuyen aún más entre una y otra opción.

Desde luego, lo cierto es que en el día presente, en este año 2005, nos encontramos ante un momento de auge en el proceso descristianizador, liderado por el gran partido de la izquierda, y que sin género alguno de duda responde a unas más altas y ocultas directrices de cierto poder supranacional, de cierta “sociedad filosófica”, como eufemísticamente se alude en el “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa” (el cual, gracias a la Providencia, en estos momentos es un barco que hace agua por varios puntos).

Las medidas y la orientación general adoptadas por el Gobierno, incluso hasta el punto de regular de forma abiertamente opuesta al Derecho Natural (lo que ya nos está trayendo como consecuencia la desconfianza de muchos países, que se están negando a ceder la adopción de niños), revela una clara intencionalidad de destruir el catolicismo en España. ¿Cómo se explica si no toda la batalla contra la enseñanza de la fe católica y contra los colegios concertados, mientras que se potencia la educación en la religión islámica? Esto último, aunque quienes adoptan estas medidas no sean del todo conscientes, es un suicidio social que les acabará dañando a ellos mismos, de seguirse este camino. ¿Dónde creen que se detendrán las pretensiones musulmanas de avanzar sobre España y sobre Europa? ¿Piensan de verdad que les respetarán a ellos? Si así opinan, demuestran, desde luego, desconocer lo que es el islam y su visión del orbe, que reparte entre el dar al-islam (“tierra o territorio del islam”) y el dar al-harb (“tierra o territorio de la guerra”, aún pendiente de islamizar por vía de conquista violenta).

La ateocracia según la escuela social-católica francesa.

Por eso, ante la ofensiva laicista y las ideas ya lanzadas de reformar la Constitución Española de 1978 en un sentido aún más laico, hacia el modelo francés, podemos afirmar que hoy en España vivimos un momento de auge en la implantación de la “ateocracia”, término enormemente expresivo con que Charles-Humbert La Tour du Pin (1834-1924), uno de los grandes protagonistas del catolicismo social en Francia a finales del siglo XIX y principios del XX, designó lo que en realidad es todo un sistema de poder. Con su capacidad habitual para elaborar unas definiciones sumamente claras, indicó lo que es la “teocracia” y lo que es la “ateocracia”:

“La Teocracia es la forma de gobierno que reposa sobre la confusión de la sociedad religiosa y de la sociedad civil. Esta confusión es más o menos acentuada en las sectas cristianas disidentes –por no hablar del islamismo y de las religiones de la India–, pero es rechazada por la doctrina católica.” Y por su parte, de manera semejante al galicanismo que se impuso en la Francia moderna y al josefinismo en Austria, como formas teocráticas, “es el mismo principio de divinización de la autoridad humana” propio de las teocracias, “el que produce hoy lo que se podrían llamar las ateocracias, es decir, los gobiernos que pretenden, en nombre de un derecho superior de la sociedad civil, negar, molestar o destruir la sociedad religiosa y tiranizar las conciencias.” [1]

Por lo tanto, conforme al acertado juicio de uno de los creadores de los “Círculos Católicos de Obreros” en Francia y de tantas otras iniciativas social-católicas en la Patria de San Luis, no están tan lejos la “teocracia” y la “ateocracia”, pues ambas parten del mismo error de sobrevalorar y aun divinizar la autoridad temporal humana, confiriéndole una potestad prácticamente absoluta y hasta tiránica, que actualmente podríamos denominar totalitaria. Y es que el liberalismo y su hijo el socialismo llevan en sí realmente el germen del totalitarismo, como también lo comprendieron otros de los grandes padres del catolicismo social europeo.

Sin ir más lejos, en la propia Francia, el gran artífice de la legislación social protectora de los obreros en el último cuarto del siglo XIX, el otro iniciador de los “Círculos Católicos de Obreros”, “el diputado del pueblo y de los paisanos” (como le llamaban los pescadores y los campesinos de la Bretaña) [2], esto es, Albert de Mun (1841-1914), hubo de enfrentarse asimismo con todo su valor en torno a 1903 frente a la dura ofensiva laicista que se acometía otra vez en su Patria. Fueron aquellos los momentos de la nueva expulsión arbitraria de comunidades religiosas y del cierre de escuelas católicas, que valieron al Gobierno el apelativo de “cerradores de iglesias”. La resistencia del pueblo católico llegó a actos de heroísmo y puso entre la espada y la pared al Gobierno. Frente a los que llevaban la libertad en su lema, los católicos gritaron con más energía “¡Viva la libertad!”, porque amaban la libertad verdadera y no la falsa del laicismo liberal ni la del socialista.

¿Cuál era el crimen de esos religiosos y de esas religiosas expulsados? Bien responde Garric, biógrafo de Albert de Mun: “Haber enseñado gratuitamente a los niños del pueblo, haber hecho caridad, haber representado a Francia en lejanos países de misiones.” Por eso dice irónicamente: “¿Qué importa que el país pierda buenos servidores?” [3] Algo semejante se puede decir con respecto a lo que hoy sucede en España, donde se quiere hacer olvidar la labor tan beneficiosa que las congregaciones religiosas y la Iglesia en general han realizado en los campos social, sanitario, educativo, cultural, etc. Lo que importa a los que detentan el poder y a quienes a su vez les transmiten las consignas para actuar, es sencillamente arrasar toda huella de catolicismo y crear un poder “ateocrático”. Sin embargo, esto no podrá producirse sin engendrar en la sociedad española un serio y vasto enfrentamiento civil, una amenazadora crispación social, porque la sociedad española, pese a quien pese, en el fondo sigue siendo mayoritariamente católica y, como ya se ha visto, no se quedará sin responder. Si no, que lo pregunten al millón y medio de españoles que se manifestaron por las calles de Madrid en defensa de la familia y que los defensores de la “ateocracia” han pretendido reducir luego a sólo 166.000, cifra que las fotos aéreas echan por tierra y que en el extranjero ya ha producido alguna burla hacia quienes la dieron.

De ese enfrentamiento social, de esa ruptura en la sociedad, ya avisó también Albert de Mun en su día en Francia, cuando respondió en 1906 a las acusaciones que contra él hizo Briand: “Sí, he creído que esta empresa [anticatólica] era funesta, funesta para mi Patria y funesta para mi fe. Luego con las armas que quedaban en mis manos he combatido, he combatido sin tregua desde hace dos años para conjurar esta locura, para desviar a los adversarios, para alejar a mis amigos, para gritar a todos que este sistema conduciría al país inevitablemente a irremediables discordias y a dolorosas y terribles pruebas para la religión. Es ésta la responsabilidad que yo acepto y reivindico; mi conciencia no estaría tranquila si no me hubiera hecho cargo de ella.” [4]

No resultan tan lejanas estas palabras a nuestra realidad española actual si tenemos en cuenta el modo con que desde la izquierda se está fomentando el anticlericalismo al más rancio estilo liberal decimonónico, y la manera en que ella misma está reabriendo heridas que se consideraban ya curadas al resucitar los viejos odios de 1936. Tal actitud de mirar al pasado con resentimiento y rencor no encuentra explicación más que en la carencia de una capacidad para afrontar el presente y en la ausencia asimismo de verdaderos proyectos de futuro. Promover los odios, el conflicto social y la guerra civil es en realidad lo más opuesto a lo que una persona de la talla de Albert de Mun deseaba y por lo que él luchaba: “Mi sistema no es la guerra social; es la paz social” [5].

El “Estado sin Dios” en el pensamiento de Vogelsang.

El apartamiento de la sociedad occidental con respecto a Dios y a sus fundamentos cristianos no ha podido sino traer fatales consecuencias, entre otros aspectos para la justicia y la armonía sociales. Otra de las grandes cabezas del catolicismo social, Karl von Vogelsang (1818-90), el impulsor de esta corriente en Austria y de la legislación social que allí se promulgó gracias a sus esfuerzos y a los del “Partido Social Cristiano” fundado por Karl Lueger en 1888 (por inspiración de Vogelsang), también veía con claridad tales realidades.

En palabras suyas: “El liberalismo puede caracterizarse como el principio del individualismo autónomo puesto en oposición con el de la sociedad heterónoma, es decir, de una sociedad que se siente dependiente de Dios y consciente del deber de la obediencia para con Él en todos sus órganos históricos. Se comprende desde entonces que, apenas elevado al poder el principio liberal, una nueva concepción de la religión, del Estado, de la sociedad y de la economía política, se impusiera como base a la legislación y a la administración pública. La antigua concepción cristiana e histórica de las relaciones de los hombres con Dios y entre sí había sido además quebrantada hasta en sus fundamentos en la época del Renacimiento y de la extensión del Derecho Romano. Era inevitable que el trabajo intensivo del liberalismo debiera conducirle a un punto donde entrara por sus consecuencias mismas en una lucha a muerte contra el cristianismo. Así es como se arrebataron a la Iglesia sus derechos de sociedad perfecta y se la colocó bajo la dependencia del Estado.” [6]

Tal vez lo que más resalta en estas palabras es la oposición existente entre dos formas de concebir la existencia humana: la heterónoma, que le hace dependiente de su Creador, pero sin que por ello se niegue la dignidad del hombre; y la autónoma, que afirma la absoluta independencia del hombre, para que éste elabore un nuevo proyecto de sí mismo, sin referencia alguna a Dios y ni siquiera a la Naturaleza, lo cual en realidad es un utopismo que sólo puede terminar en la autonegación y la autodestrucción del hombre, tal como lo han demostrado hasta la saciedad este tipo de tentativas. No debemos olvidar el nefasto papel de Kant en los dos últimos siglos, y lo traemos aquí a colación porque fue él precisamente quien desarrolló en gran medida el concepto de una “moral autónoma” en contraposición a la “moral heterónoma”.

Desde luego, la tendencia en un sentido de independencia con respecto de Dios y del orden social natural no puede sino ir creciendo en la dirección de una degradación progresiva, y por eso el liberalismo había de conducir al socialismo, tanto por sus propios planteamientos doctrinales, como por las injusticias sociales a que dio lugar la economía liberalcapitalista. Por eso, dice asimismo Vogelsang: “El Estado sin Dios, tal como lo creó el Renacimiento, tal como lo desarrolló el alejamiento creciente del cristianismo, tal, en fin, como lo muestra el tiempo presente bajo mil formas y en todas sus consecuencias; ese Estado sin Dios, decimos, esa sociedad que se jacta de no obedecer a las leyes de la revelación natural y positiva, sino únicamente a las leyes que ella se impone, ha dado origen, por el mismo encadenamiento de consecuencias, al socialismo materialista. Estremece el pensar que dondequiera que la socialdemocracia penetra en las clases obreras, en Inglaterra como en Francia y Alemania, lleva consigo la semilla del ateísmo. El cristianismo desterrado sucesivamente del Estado, de la vida comunal, de la existencia cotidiana, de las relaciones económicas, del taller y aun de la escuela, busca un último refugio en el corazón del individuo. Pero el individuo se refugia detrás de las puestas de las iglesias, al lado de su Dios, del Dios Señor del Cielo y de la Tierra, sin hallarse allí mismo a cubierto del espíritu del mundo.” [7]

El Estado del hombre autónomo, el Estado que prescinde de Dios y de la Ley Natural y de la Ley Revelada, el Estado que exalta la autoridad humana sin referencia a ninguna otra superior, sólo podía llevar, ciertamente, al más absoluto Estado sin Dios y a la teoría que negase abiertamente la existencia de Dios: el socialismo materialista, el marxismo. Y no hay duda de que hoy, aun cuando el bloque comunista se haya desplomado en Europa y en casi todo el orbe, porque no podía más que terminar hundiéndose como una “trágica utopía” lo que era “intrínsecamente perverso” [8], hoy, decimos, todavía pervive con fuerza, sobre todo en ciertos sectores y ambientes, lo que es la esencia del marxismo: el materialismo ateo. Sigue inspirando en grandes dosis a la izquierda y es una de las raíces de la política laicista que en las fechas presentes sufrimos en España.

Por otro lado, conforme a este último párrafo citado, hay que resaltar además la observación de Vogelsang de cómo se va consiguiendo desterrar al cristianismo de todas las esferas públicas de la vida, para que, conforme a la mentalidad liberal, quede reducido a una simple “opción personal” y a una mera “cuestión privada”, sin repercusión alguna en el ámbito social ni en la vida externa de las personas. Pero, como también apunta él mismo, el cristiano ni siquiera se siente entonces seguro replegado a su conciencia y a la sacristía, porque realmente el laicismo ateocrático acaba por querer dominar de un modo absoluto (más aún, absolutista) las conciencias: no es otra cosa que una forma de totalitarismo, más claro en los Estados marxistas, pero que se plasma asimismo en los Estados liberales, sobre todo si la izquierda de raíces marxistas llega temporalmente al poder.

Ahora bien, la negación de Dios es la negación del hombre, según hemos podido anunciar ya, y por eso la secularización de la sociedad y el avance del Estado ateocrático no pueden sino terminar en un terrible drama, que comienza por anular la esperanza del hombre, porque arriba en nihilismo. En palabras nuevamente de Vogelsang: “El nihilismo es la negación llevada hasta el pesimismo de toda autoridad divina y humana, y de toda moral particular. […] Sofistas hábiles han hecho un sistema de esta desesperación del hombre sin Dios y contra Dios: el sistema de la desesperación de la nada.” [9] Da la impresión, ciertamente, de que Vogelsang hubiera profetizado el advenimiento del existencialismo sartriano, otra de las filosofías que tanto daño ha causado en los tiempos recientes y que subyace igualmente como uno de los elementos conformadores de las actuales tendencias laicistas y ateocráticas.

El poder “por la gracia de los hombres”, según Mons. Ketteler.

En este breve análisis de una realidad que estamos padeciendo en España actualmente y que presentamos a partir de algunos textos notables de los principales impulsores del catolicismo social europeo y de su comentario, nos fijaremos por fin en el primero de todos ellos, Mons. Wilhelm E. Ketteler (1811-77), obispo de Maguncia, promotor de leyes sociales y de un cooperativismo de producción entre los obreros, el autor de La cuestión obrera y el cristianismo (1864), a quien León XIII se referiría como “mi predecesor”.

En 1862, este prelado alemán afirmaba con claridad: “El cristianismo imprime al hombre un sello de elevación y grandeza que da a un Estado cristiano incontestable superioridad sobre las demás sociedades políticas.” [10] Y esto viene dado así porque se atiene a una moral superior, de tal modo que “se ve por esto que decimos cuán estrechamente ligada está la libertad política a la libertad moral. Mientras más moral es el hombre, más libre se encuentra del egoísmo y del yugo de las malas pasiones, y mayor es también la posibilidad de aumentar la suma de sus libertades. Quien sabe gobernar su propio corazón no tiene necesidad de ser encadenado exteriormente. Un pueblo verdaderamente cristiano podrá gozar de la más completa autonomía, en tanto que la revolución y el espíritu revolucionario son enemigos de toda libertad. El hombre animal de que habla la Escritura abusa de todas las libertades, y va a dar necesariamente en el absolutismo.” [11]

Cuando los autores que aquí comentamos hablan de “absolutismo”, hoy podríamos decir “totalitarismo”. Pero es interesante tener en cuenta cómo Ketteler sabe distinguir entre la verdadera y la falsa libertad, y cómo ésta se convierte en un libertinaje que en realidad esclaviza al hombre. Asimismo, deja ver con claridad que el liberalismo y el espíritu revolucionario que proclaman la libertad por una parte, en verdad conducen finalmente hacia un absolutismo o totalitarismo, hacia la más completa negación de la libertad del hombre. Ciertamente, sólo cuando se comprende la entraña más profunda de la libertad humana, tal como la enseña el cristianismo católico, puede asentarse una auténtica libertad política. Todo lo demás no será más que vacía palabrería liberal acerca de “las libertades”, tremendamente endebles a la hora de la verdad.

También en 1862, Mons. Ketteler hacía una interesante distinción entre el verdadero concepto de la soberanía “por la gracia de Dios” y la soberanía “por la gracia de los hombres”: “Declaro por cuenta propia que la soberanía ‘por la gracia de Dios’, según la entendieron a partir de la Reforma [protestante] muchos príncipes católicos y no católicos, así como gran número de sus servidores, sólo es a mis ojos una abominable idolatría. Al contrario, tomada en su verdadera acepción, la estimo como verdad fecunda, de honda raigambre en la razón y en el cristianismo, y con la característica, además, de ser la única que asigna a la autoridad temporal su verdadero fundamento. La prensa católica no debería perder nunca de vista su significación real; debería constantemente combatir, de una parte, a los adversarios de la verdadera soberanía por la gracia de Dios y, de otra parte, la interpretación errónea que le dan sus falsos partidarios. Así, en primer término, ‘por la gracia de Dios’ no significa que Dios transfiera inmediatamente el poder a tal o cual persona en particular. […] En segundo lugar, ‘por la gracia de Dios’ no significa que todos los actos del poder emanen en algún modo de Dios, ni que sea preciso respetarlos como tales. […] La autoridad es de Dios; pero no el ejercicio de la autoridad. Como todas las facultades y fuerzas que el hombre ha recibido de Dios, este ejercicio cae en el dominio de su libertad. […] En último término, ‘por la gracia de Dios’ no significa que el poder sea ilimitado por su propia naturaleza: justamente de esta falsa interpretación nació el absolutismo de gran número de reyes. ‘Por la gracia de Dios’ significa más bien un poder tan limitado como sea posible. Quien hace derivar su poder de Dios, confiesa implícitamente que sólo puede ejercerlo permaneciendo sometido a Dios, respetando los límites que la voluntad divina le ha impuesto en sus Mandamientos, en la ley moral, en el orden general del mundo y en los derechos que han sido conferidos a los demás hombres. ‘Por la gracia de Dios’ significa más bien que el orden político no es obra única de los hombres, sino que es ante todo obra de Dios.” [12]

Como se puede observar, Ketteler se sitúa realmente en la línea tradicional del pensamiento político católico y se halla en perfecta consonancia con la teoría de los grandes teólogos y juristas españoles del Siglo de Oro acerca de la “monarquía templada”. Esta concepción de la autoridad tiene una doble consecuencia, según se ve bien y él lo explica con más detalle a continuación: por un lado, lleva a los súbditos, de un modo especial a los cristianos, a obedecer a la autoridad; pero, por otra parte, al mismo tiempo limita la acción de ésta, ya que debe conformarse a sus obligaciones y al cumplimiento sobre todo de la Ley Natural y de la Ley Revelada, en orden a la consecución del bien común de la sociedad y al bien particular de las personas.

Pero, por el contrario, Mons. Ketteler ve surgir en el horizonte desde hace tiempo aquello que La Tour du Pin identificará como “ateocracia” y que él denomina “soberanía por la gracia de los hombres”: “Al lado del orden temporal y político fundado sobre la voluntad de Dios y que por doquier procura su culto y su gloria, elévase otro que no merece más base que la voluntad humana, ni otro culto que el culto de los hombres, y que no quiere trabajar más que en la glorificación de la Humanidad. Al Estado ‘por la gracia de Dios’ se opone el Estado ‘por la gracia de los hombres’. Tal es la verdadera marca de fábrica, el carácter distintivo de lo que se llama Estado moderno. No es, ni quiere ser, más que obra de los hombres, aunque posee en ciertas Universidades de Alemania teólogos de corte encargados de darle algún matiz evangélico [referencia bastante clara a teólogos protestantes de índole hegeliana]. Semejante manera de apreciar el gobierno y el poder civil es necesaria consecuencia de la impiedad, del ateísmo y de la negación de todo orden sobrenatural. A las palabras de la Escritura opone este partido un lenguaje completamente contrario, puesto que dice: Ningún poder viene de Dios; el que existe es de institución popular, y resistirle es resistir las órdenes del pueblo y atraerse su disfavor.” [13]

Para Ketteler, el reconocimiento de la soberanía suprema de Dios, del orden que ha impreso en la Naturaleza y del origen divino de la autoridad, hace a la sociedad desenvolverse en armonía [14]. En cambio, por la negación de todo ello y por el deseo del hombre de construirse plenamente a sí mismo sin ninguna referencia a Dios, se llega al “subjetivismo llevado a sus últimas consecuencias”, al más radical egoísmo y a la imposibilidad de una auténtica y pacífica convivencia social. Así, “en este sistema, el contrato es el único lazo de la sociedad humana”, sin obligaciones claras para el individuo, y todo se halla en un proceso sin meta definida, por lo que al final “la fuerza viene a ser el único medio de obligar a los individuos” y todo puede acabar estallando en una revuelta completa [15]. Es decir, una vez más se constata que la exaltación extrema de la libertad del hombre contra Dios acaba encadenando al propio hombre; el liberalismo, en realidad, termina conduciendo de una o de otra manera al totalitarismo.

Por eso Mons Ketteler explicó también en 1862 las diversas variedades del absolutismo, desde el antiguo paganismo hasta el liberalismo o “falso liberalismo” contemporáneo [16]: “El abuso egoísta del poder político, ya se intitule ‘por la gracia de Dios’ o bien ‘por la gracia del pueblo’, ora se pretenda fundarlo en la voluntad divina o en la voluntad humana, es lo que constituye la esencia del absolutismo y la centralización ilimitada. El absolutismo es, pues, la introducción del egoísmo en el poder civil, de igual manera que la revolución es el reinado del egoísmo en los miembros del cuerpo político. Ambos suprimen igualmente la unidad social: el uno matando la libertad, la individualidad y la vida personal de los miembros; la otra, rompiendo el lazo que sostiene a la sociedad: destruyendo el uno la pluralidad, la otra la unidad, cuando pluralidad y unidad son condiciones igualmente indispensables a toda sociedad, en particular a la sociedad civil. Así, el carácter propio del absolutismo consiste en la tendencia del poder civil a usurpar una autoridad sin límites a expensas de los individuos y de las corporaciones, tendencia que se revela sobre todo en una centralización inconmensurable. El absolutismo es ambicioso y celoso hasta el exceso: quiere pensar por todos, administrar por todos, obrar por todos, instruir y hacer feliz a todo el mundo. Sólo deja a los demás el cuidado de trabajar, pagar y hacer las elecciones siguiendo los procedimientos de su liberalismo. Toda independencia le es odiosa, y le parece formar lo que él llama un Estado dentro del estado.” [17]

Esta cita es suficientemente elocuente y la verdad es que no requiere muchos comentarios. Como vemos, el concepto de absolutismo en Mons. Ketteler equivale bien a lo que hoy entendemos más por “totalitarismo”, y se observa claramente que puede darse, y de hecho se da, en el liberalismo. No sólo en aquel liberalismo centralista del siglo XIX que tan funestas consecuencias tuvo en España de cara a forjar problemas regionales, sino en general en el liberalismo que parece centrar la esencia de sus libertades aparentes en la celebración periódica de elecciones que, en el fondo, lo único que hacen es contribuir a sostener un sistema tiránico con careta democrática. Ciertamente, el liberalismo ha suprimido los cuerpos intermedios, las corporaciones a las que alude Ketteler, para extender su poder omnímodo a través del sistema de partidos. Y cuando el liberalismo es de tendencia especialmente laicista, entonces considera que el peor “Estado dentro del Estado” no es otro que la Iglesia Católica, a la que trata de limitar y de controlar por todos los medios.

Ketteler explica cómo “en tiempos del antiguo paganismo el poder absoluto adquirió bajo el régimen imperial un desarrollo prodigioso”, especialmente en el modelo romano [18], y cómo, frente a él, “el cristianismo se presenta en nombre del verdadero Soberano del mundo y derriba los ídolos, carcomidos por la fuerza irresistible de su doctrina. Proclama la unidad de Dios, la redención del género humano, la elevación de todos los hombres a la dignidad de hijos de Dios, la obligación de obedecer a Dios primero que a los hombres y al emperador, la existencia de la conciencia que todo hombre lleva en el fondo de su alma como un santuario, la separación de la autoridad espiritual y de la autoridad temporal [que en el pensamiento de Ketteler implica la autonomía de cada una en su campo, pero también la necesidad de la colaboración entre ambas]. La Edad Media fue verdaderamente la era de la libertad individual y de la libertad de asociación.” [19] Sin embargo, “a partir del siglo XV se han ido repudiando sensiblemente todas las ideas fundamentales de la libertad cristiana y germánica [obsérvese, una vez más, el germanismo de Ketteler] y se ha retornado al viejo paganismo. El absolutismo pagano ha vuelto a ser el ideal del poder civil.” [20] Añade a esto que “los pueblos protestantes han favorecido notablemente la tendencia de que queda hecho mérito [el absolutismo], al suprimir el antiguo límite que separaba los dos poderes, religioso y civil, y reunirlos ambos en manos del príncipe temporal. Puede formarse idea de los rápidos progresos de este absolutismo pagano por la aceptación súbita y universal de que parece gozar el principio ‘Cada uno debe tener la misma religión que su soberano’, Cujus regio, ejus religio.” [21]

En la evolución de este retorno al absolutismo pagano, que acaba conduciendo a las formas contemporáneas de totalitarismo (nacionalista, socialista, liberal…), Ketteler recuerda que “los mismos partidos que en los últimos ochenta años [es decir, preliberales y liberales, así como socialistas] han enarbolado la bandera de la revolución, sólo repudian del absolutismo el nombre y la forma, reteniendo el fondo”, y esto es algo que el mismo Tocqueville constató [22]. En efecto, “es el mismo espíritu, bajo dos formas diferentes; el fondo es absolutamente igual. Que un emperador romano diga: ‘Mi capricho es la ley del Universo’; que un príncipe protestante diga: Cujus regio, ejus religio (cada uno debe creer lo que yo creo, cada conciencia debe regularse por la mía); que un soberano legítimo diga: ‘El Estado soy yo’; que Robespierre diga: ‘La libertad es el despotismo de la razón, y la razón es lo que yo y el Comité de Salvación Pública os ordenamos y lo que debéis obedecer puntualmente, si no queréis ser conducidos a la guillotina’; que, en fin, el gran profeta del liberalismo moderno, Casimir Perier diga: ‘La libertad es el despotismo de la ley, y la ley es lo que yo os prescribo con la mayoría de las Cámaras’, –todo esto es en el fondo perfectamente idéntico y tiende a un mismo objeto: al absolutismo del Estado.” [23]

Magnífica demostración, por lo tanto, de cómo el absolutismo y el totalitarismo tienen su fundamento común en convertir lo que es una norma subjetiva y dada por el hombre, en la norma suprema del orden social y político. Es decir, la moral autónoma, el Estado sin Dios, la “ateocracia”, el apartamiento de las auténticas bases cristianas, sólo pueden conducir a diversas formas de absolutismo o totalitarismo. Y ello, aunque lo hagan en nombre de la libertad. Por eso Ketteler procede a continuación a estudiar “la forma más moderna del régimen absoluto: el absolutismo disfrazado con apariencias de libertad” [24].

Éste no es otro que el liberalismo moderno: “El liberalismo moderno, por su propia e íntima naturaleza, inclínase enteramente hacia la omnipotencia del Estado: es el hijo intelectual, el heredero de la monarquía absoluta y de la burocracia de los últimos siglos. Si en algo se distingue, es sólo por la forma exterior, por un lenguaje que parece expresar lo contrario de lo que él es en realidad, y por los individuos que en el poder lo representan; pero en su fondo real, fondo siempre visible a través de las apariencias, es el instrumento de la centralización intolerante y absoluta del poder omnímodo del Estado, ejercitado a expensas de la libertad individual y corporativa.” [25] Los nuevos gobernantes, hombres que se intitulan “por la gracia del pueblo”, blanden el mismo cuchillo que los déspotas que mal empleaban el título “por la gracia de Dios”, “prosiguiendo y cumpliendo la misma obra, sobre todo contra la Iglesia Católica. El cetro que hasta ahora estuvo en manos de la monarquía absoluta, los pseudo-representantes del pueblo –nueva encarnación del autoritarismo– quieren hoy esgrimirlo con más vigor que antes.” [26]

A continuación, Ketteler muestra cuáles son los rasgos característicos del liberalismo moderno, al que también denomina “falso liberalismo”.

El primero “es que habla mucho de libertad”, con lo cual fascina y trastorna a los pueblos, pero en realidad ignora en qué consiste la verdadera libertad y, siendo opuesto a ella, lleva al pueblo por una pendiente de degradación y servidumbre. Produce fascinación, ciertamente, con el uso de los términos “libertad” e “igualdad”, confundiéndolas y comprendiéndolas incorrectamente, y además incurre en ese “despotismo de la ley” antes referido, en un legalismo y un juridicismo que no suponen sino “una vergonzosa y universal esclavitud”. Así, en efecto, “el más bello ideal del moderno liberalismo sería reglamentarlo todo por las leyes, aprisionar a cada individuo en una estrecha camisa de fuerza, y después ordenar al pueblo, bajo pena de los castigos impuestos por las leyes, que estimara tal estado como la más feliz de las libertades.” [27] Cabe pensar aquí con cuánta razón hablaba Ketteler, que ya comprendía los peligros del positivismo jurídico y parecía profetizar el punto al que, en esa misma línea, habría de llegar tiempo más tarde Hans Kelsen en sus ideas sobre la ley y el Derecho. Ciertamente, el constitucionalismo propio del liberalismo moderno se presenta como una muestra evidente de este legalismo esclavizante, que convierte una Constitución contingente en norma universal y necesaria, lo cual es un craso error.

El segundo de los rasgos que señala Ketteler en el liberalismo moderno es “hablar sin cesar del pueblo y querer hacerlo todo en su nombre. Según su doctrina, el Estado representa la majestad del pueblo, la ley del Estado es la expresión de su voluntad, y el poder del Estado ejecuta sus órdenes”, pero “esto también, desgraciadamente, es impostura y fraude. Tal suerte de liberalismo no hace en realidad otra cosa que adular las más bajas pasiones populares, para hollar después al pueblo mismo. La soberanía popular sírvele tan sólo para hacer del pueblo un instrumento ciego e inerte, que dirige como quiere, y del que abusa según le place. El medio de aplicar su falaz sistema lo encuentra el liberalismo en las elecciones. Aquí y allá se invita al pueblo a tomar parte en las operaciones electorales, y se intenta persuadirle de que todo se hace a la medida de sus deseos.” [28]

Bien observa Ketteler poco más adelante que, “a los ojos del liberalismo, el pueblo es la fuente de todos los derechos; pero con la restricción de que ha de ejercitarlos lo menos posible. Su derecho consiste principalmente en el derecho de hacer las elecciones; es decir, en la facultad de escribir de tiempo en tiempo durante algunos minutos un nombre en una papeleta electoral y elegir él mismo a sus carceleros. Hecha la elección, es a ellos a quienes pertenece desde entonces la tarea de hacerlo todo en nombre del pueblo: lo que ellos deciden en el ejercicio de su omnipotencia se llama la voluntad, la soberanía, la libertad popular. De aquí resulta que el liberalismo no representa en manera alguna el verdadero pueblo: sólo representa a su propio partido. Todo lo que en las ideas del pueblo no está de acuerdo con las ideas de la pandilla liberalesca, queda totalmente desatendido. Por lo menos, eso es lo que a diario vemos en las Cámaras donde reina este falso liberalismo.” [29]

Por otro lado, la tercera característica del liberalismo moderno es “su impiedad, y en particular su odio al cristianismo positivo, notablemente a la Iglesia Católica y a cuantos cumplen con fidelidad sus preceptos. Experimenta indecible respeto por todas las opiniones que reflejan incredulidad, y, en cambio, le inspira manifiesta repulsión cuanto lleva el sello del puro y verdadero cristianismo. En las asambleas en que domina el liberalismo moderno apenas si es ya permitido pronunciar palabras francamente cristianas.” [30]

Por eso, Mons. Ketteler no lo duda: “Este absolutismo disfrazado con la máscara de la libertad, este liberalismo hipócrita y engañador debe ser combatido sin descanso por los católicos, bajo cualquier forma que se presente. Es más intolerable y más nocivo que lo fue nunca ningún otro absolutismo. El liberalismo moderno va más lejos que el absolutismo monárquico, tal como hace algunos lustros se le representaba: quiere sustituirse hoy, no sólo a la inteligencia, sino a la conciencia de los ciudadanos. Por todas partes vemos prevalecer el mismo sistema: el absolutismo, llámese monárquico, burocrático o liberal, concluye siempre por negar la dignidad humana y es la antítesis perfecta de la razón y del cristianismo.” Es, en fin, “un absolutismo degradante” [31].

Conclusiones.

Todas las consideraciones que hemos recogido de cuatro de las grandes figuras del catolicismo social europeo son enormemente ricas en contenido [32]. Por eso hemos pensado que merecía la pena citar en bastantes ocasiones textos íntegros, como también nos parece muy conveniente volver a conocer mejor su aportación al pensamiento y a la acción social desde su fe cristiana. Pero además, resulta obvia la actualidad de tales consideraciones para la situación que estamos viviendo en nuestra España de hoy, donde se padece una durísima ofensiva laicista y descristianizadora de nuestra Patria y de nuestro pueblo. Una actualidad que se hace, como la de muchas predicciones de Balmes y Donoso Cortés, del todo evidente.

Con acierto dice Jean Madiran, pensador francés “políticamente incorrecto” de nuestro tiempo: “Hasta finales del siglo XX, o al menos hasta 1989, esta verdad trágica nos era más o menos ocultada por las circunstancias internacionales: el ateísmo ha asaltado el Occidente” [33]. Explica que, hasta la caída del imperio soviético, que era visto como el imperio del ateísmo, podía parecer que algo permanecía aún del Occidente cristiano; pero ahora ha quedado al descubierto el propio ateísmo del Occidente: un ateísmo oficial u oficioso que se manifiesta en los derechos del hombre sin Dios, en la doctrina y las costumbres de la escuela pública laica, en la ideología dominante, la información y los espectáculos (con una “ética” que trata de sustituir todo orden moral); el ateísmo, en definitiva, posee el Estado y los distintos órganos que impregnan la vida de la sociedad actual, lo mismo bajo gobiernos de izquierda que de derecha [34]. El propio Madiran incide en las llamadas de atención hechas por Juan Pablo II frente a esta concepción prácticamente atea de la vida, que ha provocado la decadencia de la civilización europea en su entraña más auténtica y que le confiere el ser; la causa de tal decadencia, en palabras del Pontífice citado por el pensador francés, es “la pretensión dramática de querer realizar el bien del hombre sin contar con Dios”, lo cual sólo puede conducir a la consecuencia de que “la criatura sin su Creador se diluye”, como lo demuestra la denominada “cultura de la muerte” [35].

“Ateocracia”, “Estado sin Dios”, “soberanía por la gracia de los hombres”, son expresiones muy acertadas de una misma realidad: la exaltación de un poder absoluto del hombre para construir la sociedad sin la más mínima referencia a un orden moral superior, ni siquiera al orden natural común a todo el género humano. Suponen de un modo especial el rechazo a cualquier referencia a Dios, y sobre todo al Dios cristiano, al que se destierra de lleno de la nueva utopía que pretende ser edificada sólo y únicamente por el hombre y para el hombre.

Sin duda alguna, tal pretensión no es sino una autonegación del hombre, un verdadero disparate, porque “en realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” [36]. Sólo teniendo presente la dependencia del hombre con respecto al Dios Creador, Soberano y Providente, al Dios-Amor que ama al hombre y que desea su felicidad terrena y eterna y le ha enviado a su Hijo por Redentor, será posible construir la verdadera civilización humana. Sólo con unas normas morales superiores que rijan el ordenamiento de la sociedad se podrán evitar los desvaríos de ésta, los cuales comienzan a aparecer al punto en cuanto el hombre se cree del todo dueño de sí mismo.

Dios ha concedido la libertad al hombre como un don precioso. Pero, por eso mismo, es una libertad para el bien, y que concretamente ha de apuntar siempre en último término al bien supremo, que no es otro que el mismo Dios y la felicidad suprema que Dios quiere conceder al hombre junto a Él. Olvidar esta realidad, es equivocar el verdadero sentido de la libertad y trastornar su auténtica grandeza. Dejarla de lado, lleva irremediablemente a los desastres en la convivencia humana que ha conocido el siglo XX: dos guerras mundiales, gulags y campos de concentración, hambre salvaje de una inmensa parte de la Humanidad, terrorismo, aborto, etc. Estos desmanes se habrían podido evitar si hubiera prevalecido el concepto cristiano de libertad frente a la noción liberal de la misma y frente a aquella terrible idea comunista, expresada a las claras por Lenin: “Libertad, ¿para qué?”

En definitiva, todos estos idearios y sistemas que exaltan al hombre sin Dios, la libertad sin límites y el Estado sin normas morales externas y superiores a él, no conducen sino a las más extremas formas de tiranía, opresión y destrucción del ser y de la vida del hombre. En buena lógica, no puede ser otro su punto de llegada.

Ahora bien, debemos tener en cuenta, por otro lado, que en los tiempos recientes se ha introducido entre muchos católicos un ambiente de confusión con respecto a todas estas cuestiones referentes al orden social y político y al verdadero fin de la comunidad social y política. En gran medida, la influencia del liberalismo y de otras corrientes modernas ha hecho mella en mayor o menor sentido entre los católicos. Pero además, han sido en buena parte también el confusionismo y los equívocos suscitados por Jacques Maritain los que tienen la responsabilidad de esta situación. Con sus conceptos un mucho contradictorios, como aquella quimera del “Estado laico cristiano”, ha contribuido a la descristianización del Occidente y al avance del laicismo. A él y a sus errores ya les respondieron grandes figuras del pensamiento tomista auténtico, como los PP. dominicos Réginald Garrigou-Lagrange, Santiago Ramírez y Victorino Rodríguez [37], entre otros, o como los filósofos Leopoldo Eulogio Palacios [38] y más recientemente Eudaldo Forment [39]. No obstante, el propio Maritain mostró al final de su vida un cambio de orientación en el sentido de una vuelta a la sensatez, al comprobar los desmanes a los que se había llegado por el secularismo, incluso en el seno de la Iglesia, tal como lo expresa bien en su obra Le paysan de la Garonne [40].

Ciertamente, podría ser admisible, y pensamos que lo es, acatar un Estado laico y tratar de que esté lo más lleno posible de valores morales supremos; pero pensamos que es admisible como una realidad de posibilidad, de conveniencia o de oportunidad, no de principio. Es decir, que en el momento presente, asumiendo con realismo la situación actual del Occidente, parece sumamente difícil lograr a plazo inmediato e incluso medio la instauración de un auténtico Estado cristiano, y se hace urgente tal vez trabajar con lo que hay. Pero eso no ha de llevarnos a dejar de defender, como realidad de principio, que nuestra aspiración en el orden socio-político sea un Estado confesional católico rectamente entendido y vertebrado socialmente.

Rectamente entendido, un Estado confesional católico no significa clericalismo, ni que la Iglesia se inmiscuya en asuntos que no le competen, ni tampoco que el Estado intervenga en lo que corresponde a la legítima libertad de la Iglesia. No significa, por tanto, confusión de poderes, como muchas veces se ha pensado y se sigue diciendo. Ni significa tampoco opresión sobre las conciencias.

Al contrario, un Estado confesional católico, rectamente entendido, supone una armoniosa colaboración entre la Iglesia y el Estado para la consecución de los fines de una y de otra sociedad y de las personas que las componen; colaboración que a su vez exige el respeto a la libertad de la Iglesia y a la libertad del Estado en sus respectivos campos de acción. Y supone asimismo que el Estado, sin que por ello pierda esa su legítima libertad en lo que le compete, esté sin embargo plenamente (no parcialmente) inspirado por los principios de la moral católica y de la misma Ley Natural, de tal modo que ello imposibilite una legislación aberrante como las que hoy conocemos en Occidente (es decir, que cuentan entre sus leyes con el divorcio, el aborto, la manipulación genética, numerosos abusos laborales y sociales, etc.).

Con razón el cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, ha afirmado que “El Estado no es fuente de verdad ni de moral. Ni apoyándose en su particular ideología, que puede estar basada en el pueblo, la raza, la clase o cualquier otra magnitud, ni a través de la mayoría, puede producir la verdad por sí mismo. El Estado no es absoluto.” [41] Por eso, “la magnitud imprescindible de conocimiento y verdad sobre el bien deberá tomarla el Estado de fuera” [42], un “fuera” que en realidad no acaba teniendo otro referente más adecuado que la fe cristiana, porque ella “sigue ofreciendo hoy día a la razón el sistema fundamental de conocimiento moral, que desemboca en una cierta evidencia o constituye el fundamento de una fe moral razonable y sin el que ninguna sociedad puede subsistir” [43].

No obstante, “la Iglesia no debe erigirse en Estado ni querer influir en él como un órgano de poder. Cuando lo hace, se convierte en Estado y forma un Estado absoluto que es, precisamente, lo que hay que eliminar. Confundiéndose con el Estado, destruye la naturaleza del Estado y la suya propia. La Iglesia es para el Estado algo ‘exterior’. Sólo así son ambos lo que deben ser. La Iglesia, como el Estado, debe permanecer en su lugar y dentro de sus límites. La Iglesia debe respetar la naturaleza y la libertad del Estado para poder prestarle el servicio que necesita. Mas la Iglesia debe, asimismo, emplear todas sus fuerzas para que resplandezca en ella la verdad moral que ofrece al Estado y para que sea perceptible por los ciudadanos. Sólo si la verdad moral tiene fuerza en la Iglesia y forma a los hombres, podrá la Iglesia convencer a los demás y convertirse en savia para todos.” [44]

La Razón Histórica, Nº 23, Setiembre 2013



Notas

[1] LA TOUR DU PIN LA CHARCE, (Charles-Humbert), Aphorismes de politique sociale, París, Nouvelle Librairie Nationale, 1913 (2ª ed.), pp. 32-33.

[2] GARRIC, Roberto, Alberto de Mun, Buenos Aires, Difusión, 1943, p. 128.

[3] GARRIC, R., op. cit., pp. 118-119.

[4] GARRIC, R., op. cit., pp. 120-121.

[5] GARRIC, R., op. cit., p. 101.

[6] VOGELSANG, (Karl von), Moral y Economía Sociales. Extractos de sus obras, traducidos del alemán, trad. de Ventura Pascual y Beltrán, Madrid, Librería Católica de D. Gregorio del Amo - Centro de Publicaciones Católicas, s. f. (c. 1900), pp. 13-14. Con respecto a la alusión negativa que hace al Derecho Romano, hay que tener en cuenta el germanismo que impregnaba tanto a Vogelsang como a Mons. Ketteler, el auténtico creador del catolicismo social en Alemania al que luego nos referiremos. En cuanto al Renacimiento, debemos considerar que el Estado “ateocrático” ya hundía realmente sus raíces en Felipe IV el Hermoso de Francia y que halló una plasmación doctrinal en El Príncipe de Maquiavelo, pero que no fue un modelo extendido a todo el ámbito de la Cristiandad europea; desde luego, el caso español muestra un Estado que no es teocrático ni mucho menos aún ateocrático, sino un Estado católico fuerte pero de fundamentos sociales, de tal manera que armonizó el Medievo con la Modernidad.

[7] VOGELSANG, (K.), op. cit., p. 14.

[8] La primera definición es la que le adjudicó Juan Pablo II, y la segunda había sido la de León XIII; ambas son perfectamente complementarias y magníficamente expresivas.

[9] VOGELSANG, (K.), op. cit., pp. 14-15.

[10] GOYAU, Georges, Ketteler, trad. de Enrique Ruiz, Madrid, Saturnino Calleja Fernández, s. f. (c. 1910-1920), p. 69. Con una previa presentación biográfica del obispo alemán por Goyau, es una estupenda antología de textos del prelado.

[11] GOYAU, G., op. cit., p. 71.

[12] GOYAU, G., op. cit., pp. 72-73.

[13] GOYAU, G., op. cit., p. 74.

[14] GOYAU, G., op. cit., p. 75.

[15] GOYAU, G., op. cit., pp. 75-76.

[16] GOYAU, G., op. cit., pp. 76-85.

[17] GOYAU, G., op. cit., pp. 76-77.

[18] GOYAU, G., op. cit., p. 77.

[19] GOYAU, G., op. cit., pp. 77-78.

[20] GOYAU, G., op. cit., p. 78.

[21] GOYAU, G., op. cit., p. 79.

[22] GOYAU, G., op. cit., pp. 80-81.

[23] GOYAU, G., op. cit., p. 81.

[24] GOYAU, G., op. cit., p. 81.

[25] GOYAU, G., op. cit., p. 81.

[26] GOYAU, G., op. cit., pp. 81-82.

[27] GOYAU, G., op. cit., p. 82.

[28] GOYAU, G., op. cit., p. 83.

[29] GOYAU, G., op. cit., pp. 83-84.

[30] GOYAU, G., op. cit., p. 84.

[31] GOYAU, G., op. cit., pp. 84-85.

[32] Al catolicismo social le dedicamos varios puntos en el libro que se halla en vías de publicación, titulado Historia breve de la caridad y de la acción social de la Iglesia, y que, D. m., será editado en breve por “Libros Libres”.

[33] MADIRAN, Jean, Une Civilisation blessée au coeur, Le Barroux, Sainte-Madeleine, 2002, p. 55.

[34] MADIRAN, J. op. cit., pp. 55-57.

[35] MADIRAN, J. op. cit., pp. 59-61.

[36] CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n. 22: literalmente en latín, Reapse nonnisi in mysterio Verbi incarnati mysterium hominis vere clarescit.

[37] Por ejemplo, varias veces en los trabajos que conforman su obra Temas-clave de humanismo cristiano, Madrid, Speiro, 1984; y en “Humanismo cristiano y humanismo maritainiano”, en su obra Estudios de antropología teológica, Madrid, Speiro, 1991, cap. XII.

[38] El mito de la Nueva Cristiandad, Madrid, Rialp, 1951 (con varias reediciones, de la que en su momento leímos la 3ª, de 1957).

[39] Así, en “Metafísica y persona”, en sus Lecciones de Metafísica, Madrid, Rialp, 1992, lección X.

[40] MARITAIN, Jaques, Le paysan de la Garonne, París, Desclée de Brouwer, 1966. A este respecto, nos parece muy adecuado reproducir aquí el equilibrado juicio del P. Teófilo URDANOZ, O.P., Historia de la Filosofía, vol. VIII, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1985, p. 448: “El mismo Maritain, en su obra El paisano del Garona (que no es fruto de una mente senil, como se ha dicho, sino de un espíritu agudo, fresco, imaginativo y clarividente como pocas veces), ha deplorado profundamente y denunciado con extrema dureza el estado caótico a que ha llegado el cristianismo actual en la gran masa de sus conspicuos intelectuales, teólogos, filósofos y exegetas del clero y laicado. Su ferviente alma cristiana se rebela, prodigando contra ellos acusaciones de neomodernismo, reducción de la fe a mitologías, cronolatría, o adoración del tiempo actual y de la moda; de postrarse en adoración ante el mundo y la materia, de olvido de Santo Tomás y, en definitiva, de gran debilidad y decadencia mental. Quizá debiera también preguntarse si no ha tenido, a su vez, parte en tal estado de crisis y decadencia, si sus teorías de una cristiandad secular, profana y que destierra todo lo sacral de la vida pública, no han llevado, asimismo, a ese secularismo radical y negador del contenido sobrenatural de la fe cristiana.”

[41] RATZINGER, Joseph (Benedicto XVI), Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista, Madrid, Rialp, 2005 (4ª ed.), p. 103. La ed. original alemana es de Friburgo, 1993.

[42] RATZINGER, J. op. cit., p. 103.

[43] RATZINGER, J. op. cit., p. 104.


[44] RATZINGER, J. op. cit., p. 105.

viernes, 12 de abril de 2013

El Riachuelo en su hora más crítica




Por: Andrés Nápoli 
Director del Área Riachuelo de FARN


Parte 1


INTRODUCCIÓN

El plan de Saneamiento del Riachuelo atraviesa hoy su hora más crítica desde que en el año 2006, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lograra instalar esta compleja problemática en un lugar destacado dentro de la agenda pública.

Las graves denuncias formuladas contra el Juez Federal de Quilmes Luis Armella, generaron una crisis que parecieron retrotraer las cosas años atrás, en donde el Riachuelo una y otra vez apareció vinculado a episodios de corrupción.

Sin embargo, en esta oportunidad la cuestión adquirió ribetes diferentes, habida cuenta el rol preponderante que asumió la justicia en el desarrollo de todas las acciones vinculadas con el saneamiento del Riachuelo; no sólo a través de la emisión del fallo histórico que condeno al Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia del Buenos Aires a recomponer el daño ambiental existente, sino fundamentalmente en la conducción del proceso de ejecución de la sentencia que tuvo en el Juez Federal de Quilmes como su actor más importante.

De allí que las denuncias dadas a conocer por la prensa y luego investigadas judicialmente, que involucraron al magistrado a quien el máximo tribunal de la nación encomendó el control del proceso de cumplimiento de su fallo impactaron fuertemente en la credibilidad del sistema ideado por la Corte, lo cual llevó a que el máximo tribunal se viera obligado a adoptar medidas de carácter extraordinario tendientes a reencauzar el proceso.

Al igual que lo hemos hecho en otras oportunidades, nos proponemos hacer un análisis de las principales acciones desarrolladas durante el año en curso, que involucran la marcha del Plan de Saneamiento, pero teniendo muy en cuenta que los episodios que marcaron el ritmo del caso durante el año 2012 tuvieron como eje central la situación de la justicia y en particular del hoy ya ex juez a cargo de la ejecución de la sentencia.


I.- LA MARCHA DEL PLAN DE SANEAMIENTO

Tal como lo adelantamos, los hechos que involucraron al Juez Federal de Quilmes y algunos organismos con injerencia en la ejecución de obras en la CMR, generó una paralización casi total de la actividad a partir del segundo semestre del año.

No obstante, durante esa parte del año la CSJN convocó a una Audiencia Pública que al menos sirvió para conocer y evaluar los aspectos principales del Plan de Saneamiento en marcha.

En inicio de la citada audiencia el Dr. Ricardo Lorenzetti (Presidente de la CSJN) manifestó que los informes oficiales recibidos por el tribunal daban cuenta de “un alto grado de cumplimiento del plan de saneamiento”, y que por tanto, el objetivo fijado por el tribunal para la presente instancia se dirigiría a profundizar los detalles vinculados con las acciones efectuadas.

Más allá de la apreciación expuesta por el Presidente del Tribunal, creemos que resulta dificultoso realizar una estimación como la planteada, habida cuenta de la complejidad que encierra la problemática del Riachuelo. No obstante ello, existen varios aspectos en los que se han podido verificar avances, mientras que otro conjunto de temáticas registran acciones parciales o insuficientes, y otras necesitan ser revisadas, tal como a la postre lo reconoció el propio tribunal mediante la resolución emitida el 19/12/2012.


A. Contaminación de origen industrial

El proceso de control de la contaminación industrial es uno de los componentes de mayor importancia para avanzar en el saneamiento de la Cuenca, por cuanto permite reducir las emisiones contaminantes al agua, aire y suelo provenientes de este sector, hasta llevarlo a niveles compatibles con la recomposición ambiental de la cuenca.

En lo que hace al control de industrias, a partir de principios del 2011 la ACUMAR logró consolidar el proceso de fiscalización de establecimientos productivos. En este sentido, el empadronamiento efectuado permitió conocer que existen 25.686 establecimientos industriales y actividades de servicios que se encuentran radicados en el espacio territorial que cubre actualmente la Cuenca Matanza – Riachuelo, de los cuales unos 11.000 corresponden a industrias manufactureras, de las cuales unas 6000 aproximadamente cuenta con efluentes, habiendo sido declarados como Agentes Contaminantes2 1503,
de los cuales 1077 han iniciado los Programas de Reconversión Industrial, mientras que 54 han sido finalizado dicho proceso.

Los datos expuestos por ACUMAR reflejan varios aspectos que resultan sin dudas positivos. Por un lado, la realización del empadronamiento de empresas y actividades productivas, y la puesta en marcha de un proceso de fiscalización, que ya cuenta con casi dos años de trabajo sostenido, que más allá de las deficiencias operativas que puedan señalarse, ha permitido conocer el universo de industrias que se encuentran radicadas en el espacio territorial de la Cuenca Matanza – Riachuelo y cómo es su funcionamiento, cuestión que hasta hace muy pocos años resultaba absolutamente desconocida.

Sin embargo la efectividad de las acciones de control de la contaminación industrial no puede analizarse solamente desde una perspectiva puramente estadística, valorando el número de inspecciones o clausuras efectuadas a las industrias, o la cantidad de PRI aprobados, sino teniendo en cuenta cuál será el impacto de dichas acciones en relación al cumplimiento de los objetivos tendientes a evitar daños futuros y mejorar la calidad de vida de la población, fijados por la CSJN en su fallo.
Por otra parte, y tal cual lo ha señalado la CSJN en su resolución de 19/12/12, la marcha del proceso de reconversión industrial marcha a paso muy lento, alcanzado un promedio de 12,5 empresas reconvertidas por año, lo que equivale a 1 establecimiento por mes, por lo cual si se continúa de la misma forma, se necesitarán 117,5 años para que la totalidad de los 1400 establecimientos declarados como Agentes Contaminantes puedan finalmente ser declarados como efectivamente reconvertidos.

No obstante ello, el análisis de las acciones efectuadas en este punto debe comprender además otro conjunto de tareas que deben llevarse a cabo de manera simultánea y permanente tales como: el control de vertidos, la determinación de cargas másicas de contaminantes, el análisis, control y seguimiento de los Planes de Reconversión Industrial, el ordenamiento y planificación de actividades productivas, las evaluaciones de impacto ambiental y estratégicas, y las normas que permitan el efectivo control de la contaminación industrial, todo los cual conforma una política integral de control de la contaminación industrial, que no ha sido considerados o al menos abordados de manera integral por la ACUMAR.

Asimismo, el control de la contaminación por actividades productivas y otras actividades económicas no puede circunscribirse únicamente a las de tipo industrial, dado que existen además plantas cloacales, lavaderos, supermercados, depósitos de sustancias peligrosas y otras empresas que -aunque no son estrictamente industrias- realizan actividades, procesos, emisiones, vertidos y generan desechos contaminantes cuya gestión debe también ser objeto de programas de reconversión.


A. 1) Parámetros de Vertidos

Los parámetros de vertidos han sido establecidos mediante la Res. ACUMAR N° 1/2007, que dispone los límites admisibles para las descargas de efluentes líquidos, la cual se complementa de manera directa con la Res. ACUMAR N° 3/2009 que dispone los usos y objetivos de calidad del agua.

La Resolución N°3/2009 de ACuMaR que aprueba el Reglamento de Usos y objetivos de calidad de agua superficial, plantea como meta de recomposición para la Cuenca en largo plazo el Uso IV, (Uso recreativo pasivo / sin contacto directo) y que ha sido ampliamente cuestionado por las organizaciones ambientales y sociales y el Defensor del Pueblo de la Nación.
Ambas disposiciones se encuentran en abierta contradicción con la búsqueda de mejoras en la calidad de agua del Riachuelo y el efectivo control de la contaminación por cuanto establecen que el objetivo de calidad de agua a alcanzar en un mediano plazo solo permitirá su uso para actividades recreativas pasivas, es decir sin contacto directo -ni siquiera ocasional- con el agua. Por otra parte, los parámetros de vertidos fijados tienden a consolidar un sistema de contaminación controlada/tolerada, que permite a las empresas volcar una gran cantidad de contaminantes en tanto los mismos se encuentren debidamente diluidos en agua.

Todo ello podría conducir a la paradoja de que, aun cuando todas las empresas se ajustasen a lo normado por ACUMAR, el Riachuelo siga tan contaminado como lo está actualmente.

Por tal motivo, de conformidad a lo que ha reclamado el Defensor del Pueblo y el Cuerpo Colegiado, resulta imperioso reformular el sistema de control y límite de vertidos vigentes para la CMR, incluido en las Res. ACUMAR N° 1/0 y 3/09, e implementar de manera inmediata y progresiva un régimen de vertidos que atienda las necesidades propias del Riachuelo.



A. 2) Relocalización de población en riesgo

Las acciones destinadas a lograr la relocalización de personas asentadas, principalmente en el borde costero del Camino de Sirga, que cubre desde “La Boca” hasta el “Camino de Cintura”, ha sido uno de los aspectos que en cierta forma dominaron la agenda vinculada con el Riachuelo durante el año 2012.

En este sentido, es posible destacar que se ha logrado completar el traslado de unas 420 familias6, y de las 3000 que deberían hacerlo próximamente, unas 2800 habitan la Villa 21 – 24 y Villa Inflamable.

De igual forma, el desarrollo del proceso de relocalización forzada de personas cuenta con numerosas dificultades, como sucede en el caso de las Villas 16 y 21-24 de la CABA en donde las tareas de relocalización se encuentran sumamente atrasadas.

Al igual que lo expresado precedentemente, cuando hacíamos referencia a la problemática de las industrias, tampoco es posible ni adecuado analizar la marcha de las acciones realizadas en los temas de vivienda por el Estado, tomando solamente los datos vinculados a los números, por cuanto seguramente arribaremos a conclusiones erróneas.

Por ello, y tal como lo expreso el Defensor del Pueblo de la Nación en las audiencias celebradas en la CSJN: “existen un conjunto de aspectos que incluirse a la hora de evaluar el presente punto, en tanto muchas de las viviendas otorgadas a las personas relocalizadas, principalmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, carecen de los requisitos esenciales para garantizar el derecho a la vivienda digna”, tal como surge en los casos de los vecinos de Lujan, El Pueblito y Magaldi, todo lo cual fue denunciado en varias oportunidades por el Dr. Gustavo Moreno, Asesor Tutelar de la Cámara CAyT N° 1 de la CABA y los informes producidos por el Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la CABA.

Por otra parte, tampoco se han implementado mecanismos de participación institucionalizados, obligatorios y previos que permitan que las personas sujetas a los procesos de relocalización forzada puedan dialogar con las autoridades y recibir información sobre el lugar y el modo en que se llevarán a cabo tales procesos.

En los casos en que se previeron instancias participativas, las mismas no se encontraban institucionalizadas, y en muchas de ellas se pretendió imponer modalidades que restringían la participación indebidamente, o no se constituyeron como instancias de verdadera participación, ya que los representantes estatales carecían de facultades para tomar decisiones


A. 3) Salud

En lo que hace a los diversos tópicos que abarca la temática de la Salud de los habitantes de la Cuenca, se han registrado algunos avances, principalmente en lo que hace al diagnóstico de la situación sanitaria y en la puesta en marcha de acciones de vigilancia epidemiológica, capacitación de recursos humanos y adecuación de la red de servicios de salud.

En particular, el Ministerio de Salud logró realizar un mapa sociodemográfico de riesgo ambiental y elaboró una encuesta de factores ambientales de riesgo (EFARS) que confirmó que el 96 % de los habitantes del territorio de la Cuenca se encuentran expuestos al menos a una amenaza ambiental.

Respecto a la salud de la población de la cuenca, la ACUMAR puso en marcha los Nodos de Vigilancia Epidemiológica en las diferentes jurisdicciones y los Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos, al tiempo que se procesaron los primeros resultados del Estudio de Nutrición, Desarrollo Psicomotor y Toxicológico en menores de 6 años (ENUDPAT 2010), los que dejaron en evidencia una gran afectación de la salud de los niños de la Cuenca, y que un alto porcentaje no lograron pasar los test de pesquisa de desarrollo psicomotor y problemas nutricionales.

No obstante lo señalado, a más de 4 años de fallo emitido por la CSJN todavía no se ha logrado identificar cuál es la población que se encuentra en situación de riesgo, ni se han puesto en marcha las medidas para atender a sus necesidades en materia de salud. De igual forma y tal como lo ha señalado la CSJN en la resolución del 19/12/2012 resulta necesario que los Nodos de Vigilancia Epidemiológica amplíen las fuentes de información incorporando además aquellas provenientes de los efectores privados.

Ello pone en evidencia la falta de desarrollo de una política proactiva en materia de atención sanitaria, que permita una intervención preventiva en la búsqueda las personas que padecen las patologías vinculadas con la contaminación del Riachuelo, asignatura claramente pendiente en este caso.


A. 4) Polo Petroquímico de Dock Sud

La situación del Polo Petroquímico es ciertamente paradójica habida cuenta que el mismo posee una enorme complejidad socio-ambiental, por cuanto en su interior se encuentran radicadas un conjunto de industrias peligrosas, situadas a escasos metros de importantes núcleos poblacionales y del frente costero sur del Río de la Plata.

El riesgo ambiental que se presenta es alto, debido a que es un espacio sometido a amenazas que se relacionan con la propia naturaleza de las actividades desarrolladas en el polo y que la población expuesta presenta una gran vulnerabilidad desde el punto de vista físico, económico, político, educativo, ecológico y técnico.
Por ello, la Corte Suprema en el Considerando 17) III. 9) del fallo del 8/7/2008 ordenó la presentación del proyecto de reconversión industrial y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud, que comprenda además a las empresas involucradas.

Dicho plan fue elaborado entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires y homologado por el Juagado Federal de Quilmes y tuvo como principal objetivo satisfacer las necesidades portuarias y de abastecimiento energético y sin requerir la consulta ni permitir la opinión ni la intervención del Cuerpo Colegiado, pese a los insistentes reclamos efectuados.

En tal sentido el Cuerpo Colegiado requirió la necesidad de realizar un Estudio de Riesgo Integral del Polo Petroquímico, debido a que es un espacio sometido a amenazas que se relacionan con la propia naturaleza de las actividades que se desarrollan, y que la población expuesta que habita en sus proximidades presenta una alto grado de vulnerabilidad desde el punto de vista físico, económico, político, educativo, ecológico y técnico.

Asimismo solicitó la realización de Auditorías Ambientales a todas las empresas situadas en el Polo, como así también de los pasivos ambientales existentes. Ninguna de las acciones reclamadas por el Cuerpo Colegiado fue desarrollada ni formaron parte del Plan de Reconversión aprobado por el Estado Nacional y la Pcia. de Buenos Aires para el Polo Petroquímico de Dock Sud.

No obstante ello, durante el transcurso de las Audiencias Públicas celebradas en el 2012 los representantes del Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires informaron que el Polo Petroquímico de Dock Sud había cumplido con su proceso de reconversión, motivo por el cual ya no debía ser considerado como un Polo tal sino como un Puerto, por cuanto en dicho espacio ya no existe ningún tipo de Planta o Industria Química.

En tal sentido, es necesario subrayar que las decisiones adoptadas y las acciones desarrolladas por la Provincia de Buenos Aires se orientaron en función de cuestiones portuarias y de abastecimiento energético sin considerar su verdadero riesgo ambiental, lo cual no guarda relación alguna el mandato impuesto por la CSJN que claramente ordena la necesidad de avanzar en desmantelamiento progresivo del Polo Petroquímico de Dock Sud hasta lograr la minimización de los riesgos ambientales que el funcionamiento del mismo conlleva.


A. 5) Basurales a cielo abierto y gestión de residuos

En lo que hace a la gestión de residuos, el logro más destacado del ACUMAR ha consistido en iniciar el proceso de saneamiento de basurales a cielo abierto (BAC). A partir de la firma de convenios con municipios en marzo de 2011, se fijó una línea base de 269 basurales, de los cuales se han reportado como erradicados 184 basurales (68.40%) y para erradicar 85 (31.6%).

También se obtuvieron buenos resultados en lo que hace a la limpieza de márgenes, logrando removerse un total de 120.000 Tn. de basura, tarea que llevan a cabo más de 2000 cooperativas. En este punto también se destacan las acciones de limpieza de márgenes realizada por la Dirección de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, que implementó un sistema de recolección de residuos por vía acuática, destinado a los asentamientos y villas de emergencia situados en el borde costero del río, que carecen de este servicio de recolección.

Aún cuando las tareas mencionadas resultan positivas, las mismas continúan sin apuntar a solucionar la raíz del problema, por cuanto la formación de basurales clandestinos es la consecuencia de una defectuosa gestión de los residuos que hasta el presente no se ha modificado.

Por ello, es necesario que ACUMAR asuma la implementación de una estrategia de gestión integral de residuos con objetivos de minimización, separación en origen y recolección diferenciada, indispensables para favorecer la reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos, dejándose de lado, de manera definitiva, los proyectos que, bajo el ropaje de valorización de residuos, apuntan a reimplantar los sistemas de incineración que se encuentran prohibidos en la mayoría de los países del mundo.


A. 6) La cuestión presupuestaria

La situación presupuestaria de la ACUMAR ha sido una problemática que ha estado presente desde el mismo momento de su creación, lo cual fue puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones por la AGN quien desde el año 2008 ha informado la gran dificultad que enfrenta el organismo para financiarse, principalmente por la falta de aportes de parte de las jurisdicciones, como así también por la sub ejecución que registran las partidas asignadas.

Ahora la situación ha alcanzado un mayor nivel de conflicto interjurisdiccional, por cuanto la cuestión trascendió el ámbito institucional del organismo de cuenca, para situarse directamente frente a los estrados judiciales. En este sentido, el Presidente Dr. Juan José Mussi demandó el auxilio de la CSJN para que las jurisdicciones (Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) efectúen los aportes presupuestarios “correspondientes y comprometidos” y que no fueron efectuados durante el año 2012.

El Presidente de ACUMAR expresó que el Consejo Directivo de ACUMAR aprobó una suma que asciende a $ 652.444.252, quedando a cargo del organismo solventar la suma de $ 1.996.593, mientras que el saldo de los fondos remanentes de $ 650.444.252, deberán ser aportados de la siguiente forma: 50% a cargo del Estado Nacional, 25% a cargo de la CABA y 25% a cargo de la Provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, durante las Audiencias Públicas celebras en la CSJN, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires admitieron que no habían efectivizado los aportes comprometidos al organismo. En el caso de la CABA solo dispuso la incorporación de un monto de 25 millones de pesos, mientras que la Provincia de Buenos Aires había dispuesto por vía presupuestaría aportar los montos correspondientes, aunque nunca los había hecho efectivos.

Asiste razón al titular del organismo de cuenca en el reclamo efectuado a las jurisdicciones para que integren los fondos necesarios para solventar las acciones y los programas que tiene a su cargo. En este sentido, la ACUMAR es un organismo interjurisdiccional que cuenta con representación de todas las jurisdicciones en cuyo territorio se sitúa la CMR y en donde deben llevarse a cabo las acciones destinadas a lograr su saneamiento y por tanto su presupuesto deberá ser integrado en partes proporcionales por cada una de las jurisdicciones.

Sin embargo la abierta discusión propuesta por el Presidente del organismo, primero ante la CSJN y más recientemente a través de los medios de comunicación, ponen al descubierto la crisis institucional por la que atraviesa el organismo, el cual no ha podido encontrar soluciones al problema presupuestario ni establecer los mecanismos de coordinación interjurisdiccional para el cual fuera creado.


A. 7) Sistema de medición de cumplimiento de objetivos

La ACUMAR adoptó un modelo de indicadores basado en el Sistema Socioecológico de la CEPAL, el cual se instrumentó mediante Res. ACUMAR Nº 566/2010. Recientemente difundió la primera publicación anual sobre el Sistema de Indicadores, correspondiente al año 2011, habiendo anunciado hace pocos días que ha iniciado un proceso tendiente a reformular el sistema adoptado.

El Defensor del Pueblo, el Cuerpo Colegiado y más recientemente la AGN, destacaron en presentaciones efectuadas por ante el Juzgado Federal de Quilmes la importancia de contar con un sistema de indicadores que permita seguir, monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos del fallo. En este sentido, manifestaron que dicho sistema debería estar claramente relacionado con el PISA y permitir visibilizar los cambios que generan las acciones que se desarrollan en la cuenca y con información accesible para la ciudadanía.

Entre las observaciones formuladas se destaca que el sistema implementado debía atender de un modo equilibrado tres niveles de análisis claramente diferenciados a saber: a) impacto del plan (logro de los objetivos generales fijados en el fallo) b) la eficacia de los programas implementados (objetivos particulares) c) el grado de avance de la gestión (alcance de metas intermedias y actividades planificadas).

Sin embargo, el sistema elaborado por ACUMAR no cumple de manera balanceada con los mismos, por cuanto abunda en indicadores que no son relevantes para medir el nivel de cumplimiento del fallo, donde predominan aquellos de gestión, que sintetizan la actividad del organismo, pero que nada informan respecto de los logros y los resultados obtenidos como fruto de la actividad desarrollada.

En este punto, el informe presentado por AGN a la CSJN indica que se observa que aproximadamente el 50% de los indicadores desarrollados por a ACUMAR corresponden a la Gestión del propio organismo, debiendo el Sistema estar integrado en su totalidad por indicadores que den cuenta del avance en el cumplimiento de los resultados.

Lamentablemente, las observaciones indicadas no tuvieron efecto en ninguna de las instancias apuntadas, ya que tanto la ACUMAR como el Juzgado Federal del Quilmes, al igual que lo hicieran respecto del sistema de vertidos, relativizaron de manera sistemática el presente tema, quedando por tanto relegado dentro de las prioridades asignadas para el desarrollo de las acciones.

No obstante ello, fue la Corte quien en las audiencias desarrolladas durante el año 2012 dieron relevancia al tema, solicitando al ACUMAR la reformulación del sistema adoptado.

Entendemos que en oportunidad de revisar el PISA, a la luz de los avances realizados y la información generada, es necesario mejorar el actual sistema, para que refleje los cambios en el ambiente en el camino hacia su recomposición, la cantidad de vertidos, y basurales y la extensión del goce del derecho al ambiente sano de los habitantes de la cuenca: recolección diferenciada de residuos, vivienda adecuada, acceso efectivo al agua potable, acceso al saneamiento, mejoras en el estado de salud, entre otros.

Creemos en suma que los indicadores son una parte central del sistema de evaluación del cumplimiento del fallo, por lo que deben ser pertinentes para dar cuenta de los logros de los objetivos, ser verificables, auditados periódicamente y homologados judicialmente.


II. LA JUSTICIA EN EL BANQUILLO.-

El Domingo 26 de Agosto del 2012 el Diario Pagina 12 publicó una nota con la firma del periodista Horacio Verbitsky titulada “Nieblas del Riachuelo”, en donde se formula una grave denuncia que involucra al Juez Federal de Quilmes Dr. Luis Armella, como incurso en una serie de hechos que podrían configurar delitos y acciones incompatibles con el desempeño del cargo que ocupa.

En la misma, el citado periodista, informa que un grupo de empresas19, conformadas en su mayoría por familiares y personas vinculadas al citado magistrado, habrían obtenido una serie de contratos principalmente de parte de Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para realizar tareas vinculadas con el saneamiento del Riachuelo que contaban con el financiamiento de la ACUMAR. La denuncia menciona que la mayor parte de las contrataciones se habrían efectuado con el CEAMSE, evitando prácticamente toda mención a la empresa AySA, que fue quien realizó el mayor número y monto de contrataciones directas con las empresas denunciadas.

Destaca además que los contratos habrían sido obtenidos como parte de concursos privados de precios, y que dicha forma de contratación se habría realizado para dar cumplimiento a las intimaciones efectuados por el propio magistrado.

Por otra parte, la denuncia en cuestión también hacía referencia a que existían una serie personas vinculadas con el Juez Federal a cargo de la ejecución de la sentencia, que habrían sido nombradas como empleados en la ACUMAR a sugerencia del propio magistrado.

Tres días después, la CSJN emite una Resolución en la que ordena al Juez Federal de Quilmes la presentación de un informe circunstanciado sobre todos y cada uno de los cargos mencionados en la denuncia, requiriendo además a la Auditoría General de la Nación para que tome intervención e investigue todas las contrataciones que fueran efectuadas por las empresas mencionadas y/o por los Estados condenados en la sentencia del 8/7/2008, como así también de los Municipios de la CMR y en especial de la empresa AySA y el CEAMSE.

Tanto el tono de la Resolución emitida por el máximo tribunal, como la disidencia emitida en su voto por el Dr. Petracchi, que aconsejaba la suspensión transitoria del magistrado hasta tanto se conociera el resultado de la investigación ordenada por la CSJN, marcaban desde ese mismo momento el carácter grave que poseía la denuncia dada a conocer.

Pocos días después la CSJN convocó a una nueva Audiencia Pública que se desarrolló a lo largo de varias jornadas que abarcaron parte de los meses de Octubre y Noviembre y permitieron: a) evaluar el grado de cumplimiento del fallo Mendoza, los avances y dificultades existentes en relación a la marcha del Plan de Saneamiento Integral. b) recibir el testimonio de los representantes del CEAMSE y AySA en relación a las contrataciones directas mencionadas en la denuncia formulada por Horacio Verbitsky. c) conocer los resultados de la investigación efectuada por la AGN ordenada por la CSJN en relación con la denuncia que involucraba al Juez Federal de Quilmes.

(EstrucPlan, 5-4-13)

 Parte 2


1. La investigación efectuada por la Auditoría General de la Nación

La Auditoría General de la Nación (AGN), conforme lo solicitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación realiza un relevamiento especial del que surgen los siguientes resultados cuyos párrafos se transcriben20:

Las sociedades mencionadas en la denuncia: “San Martín 264 Bernal S.A!., “Gildin S.A”., “Tierras Provinciales S.A”, “Vial Rogo Constructora S.A”, “Compañía Constructora M&T S.A”. y “Kartonsec S.A” se encuentran vinculadas por: la composición de sus órganos de administración y fiscalización, la identidad de socios, la coincidencia de domicilios, sus integrantes presentan relaciones familiares entre sí, cuatro de ellas fueron instrumentadas por el mismo escribano. Las vinculaciones se ponen de manifiesto al advertir que los esposos Francisco Gonzalez y Graciela Pizzera, y sus cinco hijos, participan alternadamente en las seis sociedades. Por su parte, y en cuanto a San Martín 264 Bernal S.A., su presidente es Francisco Alberto Groba (suegro del Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Dr. Luis Armella).

Se relevaron diecinueve contrataciones con la Compañía Constructora M&ST S.A 21., resultando los organismos contratantes: AySA y CEAMSE, siendo todas las contrataciones perfeccionadas mediante procedimientos abreviados de contratación.
El monto total de las adjudicaciones a Compañía Constructora M&T S.A. alcanzo a la suma de $129.729.597, correspondiendo la suma de $ 126.131.762,00. a la empresa AySA, de los cuales $ 123.428.218,37 se realizaron mediante concurso privado de precios.
El 61,21% del monto de las obras contratadas por AYSA y finalizadas con Compañía Constructora M&T S.A., se origina en contrataciones provenientes de concursos privados en los que fueron invitadas a participar también las empresas KARTONSEC S.A., GILDIN S.A. y TIERRAS PROVINCIALES S.A.
El CEAMSE por su parte realizó contrataciones con las mencionadas empresas por la suma de $ 3.597.834,30.
La auditoría informa que las contrataciones directas realizadas por AySA con Compañía Constructora M&T S.A. se fundan en motivos de urgencia /emergencia, invocando a tales fines diferentes requerimientos del Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Dr. Luis Armella (Resolución del 03/09/09; Resolución del 22/09/09 y Resolución del 27/10/09)22. En el caso del CEAMSE, el informe de auditoría informa que las contratación directas con Compañía Constructora M&T S.A. en razones de urgencia, sustentadas en la notificación cursada a CEAMSE por ACUMAR de la Resolución Judicial de fecha 28/12/11 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Dr. Luis Armella, en la que se intima a la ACUMAR a comenzar con las obras de infraestructura de los Taludes Ribereños correspondientes a la Cuenca Baja antes del 15 de febrero de 2012.
El relevamiento por su parte, pone de manifiesto la intervención de ACUMAR23 en las cinco contrataciones directas realizadas por AYSA y CEAMSE con Compañía Constructora M&T S.A: ACUMAR fue quien recibió y luego trasladó a AySA y a CEAMSE los requerimientos del Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Dr. Luis Armella (Res. 03/09/09; 22/09/09; 27/10/09 y 28/12/11) en las que AySA y CEAMSE fundan la urgencia/emergencia para las cinco contrataciones directas realizadas con Compañía Constructora M&T S.A.

2.- Respuesta de la empresa AySA a la auditoría efectuada por la AGN

La empresa AySA por su parte, presenta una nota ante la CSJN, con la firma de su Presidente Carlos Ben impugnando el informe de auditoría presentado por la AGN24, en donde expresa que:

La AGN en su informe incluyó referencias que no tenían que ver con la Cuenca, lo que invalidaba toda conclusión al respecto, añadiendo que para ejecutar obras en ningún caso se contrataba en función del nivel del capital social de la firma, sino que se utilizaba el certificado que expiden los Registros de Constructores que se establecen al efecto. En lo que hace a la empresa Constructora M&T S.A., manifiesta que la misma fue contratada para la realización de 16 obras, de las cuales, sólo 9 corresponden a la Cuenca Matanza Riachuelo por un monto total de $ 50.394.084,95 y no $ 126.131.762 como señaló el Auditor General de la Nación.
Como contrapartida, entre 2009 y 2011, la empresa participó de otros 33 concursos por un valor aproximado de $ 261 millones en los cuales no resultó adjudicataria en ningún caso, registrando 4 contrataciones directas por 2.7 millones de pesos, las cuales no corresponden a obras, a alquileres de equipos para limpieza de márgenes del Riachuelo.
Por su parte destacó que no registraba contratos con ninguna de las restantes empresas mencionadas en la denuncia y que sólo se verifica la participaron de tres de ellas, entre otras, en licitaciones relativas a movimientos de tierra en actividades ajenas a la Cuenca. El motivo de la convocatoria de las mismas, se debió a su especialidad en transporte de tierra y relleno, así como la cercanía con la zona en la cual debían realizarse dichas tareas en Bernal Partido de Quilmes.
Asimismo, señaló que la AGN había expuesto que “AySA funda sus 4 contrataciones directas a la Constructora MyT S.A. … invocando requerimiento del Juez a cargo … (Res. del 03/09/09, 22/09/09 y 27/10/09).25
En función de ello, y dado la urgencia de tiempo para dar inicio a las tareas se debía contratar y proveer los siguientes elementos y servicios: elementos de protección personal, ropa de trabajo, herramientas, alquiler de equipamiento modular para guardado de objetos y vestuarios, alquiler de maquinarias y camiones, transporte de RSU, servicio de camiones para transporte de materiales, servicios varios (distribución de agua potable, correo y mensajería, impresión de afiches, desratización, etc.). Es así que AySA expresó que quedaba evidenciado que debía armar toda esta logística e iniciar el programa en 7 días corridos para dar cumplimiento de la sentencia de julio 2008.
A su vez AySA expresó que en lo que hacía a la relación personal que podrían tener integrantes de las empresas indicadas en la solicitud de la Corte Suprema de Justicia a la AGN el 29/08/2012, al margen de que podría no afectar cuestiones de fondo, eran difícilmente percibibles o identificables, salvo que se realizara un examen específico para dilucidar tal cuestión, como afirma haberla realizado el Auditor General.
Asimismo destaco que el despliegue de estas actividades y de todas las que ejecuta AySA S.A., tanto en la Cuenca como fuera de ella, se encuentran bajo los controles internos y externos de la Empresa, encontrándose bajo estos últimos la AGN.
En función de lo expuesto, AySA requirió al Máximo Tribunal tomara en cuenta las observaciones por ella mencionadas que invalidaban muchas de las conclusiones expuestas por el Auditor General de la Nación.

III. LAS DECISIONES DE LA CORTE: Un nuevo giro en la Causa “Mendoza”

Luego de haber analizado los alcances y fundamentos incluidos en la auditoría desarrollada por la AGN, considerado la impugnación formulada por la empresa AySA, recibido el descargo efectuado por el Juez Federal de Quilmes y escuchado los testimonios emitidos en las Audiencias Públicas, la CSJN adoptó dos decisiones trascendentes para el desarrollo del caso Mendoza.

Remoción del Juez Armella:

En primer lugar, con fecha 6 de Noviembre emite una resolución26 con la firma de todos los miembros del tribunal, en la cual aparta al Juez Federal de Quilmes al Dr. Luis Armella de la ejecución de la sentencia del caso Mendoza a quien la había atribuido en virtud de la sentencia del 8/7/2008.
Dispone además la remisión del caso al Consejo de la Magistratura, a fin de que tome intervención para examinar la eventual responsabilidad que podría corresponderle al magistrado en el desempeño de sus funciones.
Asimismo remite copia de las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que designe al juzgado “que habrá de intervenir en la investigación contra todos los presuntos involucrados por la eventual responsabilidad penal.
En este sentido, vale mencionar que la Corte, luego de evaluar las presentaciones recibidas solicita a la justicia penal que instruya las investigaciones correspondientes contra todos los presuntos involucrados en las contrataciones referidas, lo cual no solamente involucra al juez de ejecución removido, sino también a los funcionaros de la empresa AySA y al CEAMSE.
Según los fundamentos dados a conocer por el máximo tribunal, la mencionada resolución fue adoptada en virtud del “contenido y las conclusiones de los informes presentados y la necesidad de preservar la confianza de la sociedad en la transparencia de los procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado, y para permitir que los órganos judiciales competentes (justicia penal) pueda juzgar las eventuales responsabilidades que surjan de las actuaciones efectuadas”.

Reestructuración del proceso de ejecución de sentencia del caso Mendoza

En segundo lugar, con fecha 19 de Noviembre el máximo tribunal emite una segunda resolución27, destinada a reencauzar el proceso de ejecución en marcha, que había quedado paralizado, y que cuenta con los siguientes tópicos: a) división del proceso de ejecución de sentencia, b) señalamiento de temas que requieren una pronta y urgente resolución, c) aspectos de carácter procesal, d) transparencia y acceso a la información.


b. 1) División del proceso de ejecución de sentencia:

La Corte destaca que si bien “durante el lapso transcurrido desde el año 2008 hasta el presente se han observado progresos en el cumplimiento del Plan de Saneamiento, han surgido nuevas y complejas problemáticas que requieren de un tratamiento diferente, y que demandan una división transitoria de la ejecución de la sentencia”, la que se efectúa de la siguiente forma:

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del Dr. Sergio Torres, le corresponderá el control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas (a cargo de AySA, ABSA ENHOSA) y del tratamiento de la basura (a cargo de CEAMSE), así como su nivel de ejecución presupuestaria.
El Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Rodríguez, tendrá a su cargo el trámite de todas las restantes competencias atribuidas en la sentencia de julio de 2008 (las que se encontraban a cargo del Dr. Armella) con aquellas que se suman en virtud de la decisión adoptada por la CSJN en la causa Liguoro28, que comprenden la Cuenca Baja (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Media (Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo y Morón) y Alta (Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Las Heras y Marcos Paz).

Más allá del apartamiento del Juez a cargo de la ejecución de la sentencia, el punto más destacado dentro de las medidas adoptadas por el tribunal para el reordenamiento del proceso de ejecución de la sentencia está dado en la división de las competencias atribuidas inicialmente a un único juez de ejecución.

En este sentido, el tribunal realiza una división funcional de la ejecución de la sentencia pero con un criterio muy particular, ya que mantiene la mayor parte de las temáticas vinculadas a la ejecución del Plan de Saneamiento en cabeza del Juez Federal de Morón, quien además absorberá todas las competencias derivadas de la causa Liguoro; mientras que transfiere al Juez Federal Criminal y Correccional N° 12 la función de controlar las contrataciones relacionadas con los Planes de Provisión de Agua y Cloaca (a cargo de AySA, ABSA y ENHOSA) y la gestión de residuos sólidos urbanos (a cargo del CEAMSE), como así también su ejecución presupuestaria.

Desde FARN siempre hemos sostenido la necesidad de establecer un criterio de unidad en cuanto a la gestión, el control y la ejecución de las acciones de saneamiento de una Cuenca fuertemente fragmentada como la del Matanza – Riachuelo, motivo por desde el año 2002 se reclamó la conformación de una Autoridad de Cuenca con representación de todas las jurisdicciones involucradas, al igual que la elección de un juez único encargado de la ejecución de la sentencia del 8/7/2008 donde la Corte expreso claramente los motivos que llevaron a elegir al Juzgado Federal de Quilmes.

Sin embargo, la Corte no ha expresado cuáles han sido las nuevas y complejas problemáticas que la han llevado a adoptar dicha decisión, ni tampoco los motivos que han llevado a elegir a los Magistrados Rodriguez y Torres para hacerse cargo del trámite de ejecución de la sentencia, como si lo expresó al designar originariamente al Juez Federal de Quilmes.

Estimamos que el máximo tribunal al dividir la causa ha buscado reforzar los mecanismos de control de las contrataciones que se realicen en el marco del Plan de Saneamiento de la CMR, sobre todo teniendo en cuenta que existe un crédito otorgado por el Banco Mundial de u$s 850 millones destinado a financiar obras de saneamiento cloacal, y cuyos principales ejecutores serán precisamente algunas de las empresas que fueron denunciadas por la AGN y sobre las cuales la propia CSJN solicitó se instruya la correspondientes investigación por la presunta comisión de delitos.

Si bien quedan claras las competencias que corresponderán a los magistrados, también es cierto que durante la ejecución de la sentencia requerirán de una fuerte tarea de coordinación y complementación para evitar decisiones que entorpezcan su avance y así recuperar el tiempo de parálisis que tuvo en el 2012.

b. 2) Cuestiones que requieren una pronta y urgente solución:

La Corte, luego de recibir los informes producidos por los representantes de las partes que integran la ejecución del fallo Mendoza, señala una serie de temas que demandan una pronta y completa solución, y que serán las prioridades que deberán atender la ACUMAR y las jurisdicciones condenadas32. Los temas señalados en la misma integran parte de las mandas del fallo de la Corte, entre las que se destacan:

relocalización de establecimientos industriales y la necesidad de agilizar la gestión de los Planes de Reconversión Industrial;
sistema de medición de la calidad del aire conforme con los estándares vigentes a nivel internacional y parámetros de calidad de agua que permitan medir los valores de concentración de las diversas sustancias monitoreadas en el curso de agua principal, sus valores acumulados y el establecimiento de límites máximos tolerables de acuerdo al caudal medio del río”.
aplicación del programa destinado a detectar conexiones clandestinas de origen industrial, domiciliario y cloacal a conductos pluviales para vuelco de sustancias contaminantes en los cursos hídricos de la cuenca.
cumplimiento efectivo y completo del plan de erradicación y relocalización de aquellos que se encuentran ubicados sobre el denominado "camino de sirga", aprobado por el juez de ejecución el 22 de febrero de 2011. Supervisión del traslado de los vecinos de Villa Inflamable, resguardando su derecho a participar en las decisiones que las autoridades encargadas adopten en el curso del proceso de reubicación.
Implementación de medidas para que los nodos de vigilancia epidemiológica reciban información no sólo de los prestadores públicos sino también de los privados, como así también para finalizar la puesta en funcionamiento de las unidades sanitarias ambientales que se encuentran en ejecución.

Si bien es cierto que las temáticas referidas cubren la mayor parte de aquellas que no han sido debidamente atendidas hasta el presente y que reclaman la atención prioritaria der las autoridades, resulta necesario que todas las acciones que se lleven a cabo se integren como parte del Plan Integral de Saneamiento (PISA), de manera que las intervenciones que se efectúen en este vasto territorio puedan contar con un mayor grado de homogeneidad y ser al mismo tiempo controladas en función del cumplimiento de las metas señaladas en el mismo. En este sentido, estimamos que debería requerirse a la ACUMAR la pronta reformulación y readecuación del PISA, con consulta y participación de todos los ciudadanos y sectores interesados.


b. 3) Aspectos procesales

Asimismo, la Corte establece una serie de disposiciones de carácter procesal que son sumamente importantes para el trámite de la causa ya que apuntan a establecer una representación más amplia y renovada en el trámite de la ejecución de sentencia.

Por un lado, el Tribunal adopta una serie de medidas tendientes a bilateralizar el proceso de ejecución de la sentencia, mediante el reconocimiento expreso por una parte de las atribuciones constitucionales y legales que corresponden al Ministerio Público Fiscal33 y al Ministerio Público de la Defensa34; mientras que por otro manifiesta que deberá asegurarse la participación procesal de quienes puedan resultar afectados en el proceso de ejecución, reafirmando y reconociendo además las atribuciones constitucionales y legales que corresponden al Defensor del Pueblo de la Nación, especialmente en lo atinente a la tutela de derechos de incidencia colectiva.

Estos puntos resultan de particular importancia ya que vienen a subsanar defectos vinculados con la representación procesal de terceros y afectados, y que generaron muchas tensiones, principalmente en los procesos de relocalización forzada de personas que habitan el camino de sirga del Riachuelo, quienes no contaron con instancias particulares en las cuales pudiesen ser tenidos por parte y oídos en todos aquellos temas que directamente resultaran involucrados, aspecto que fue largamente reclamado por el Defensor del Pueblo de la Nación, el Cuerpo Colegiado y el Ministerio Público de la Defensa.

En este sentido, la Corte avanza en aspectos que hacen al control de la ejecución de la sentencia incorporando formalmente al proceso al Ministerio Público Fiscal, quien hasta el presente no había participado como parte en el mismo, y al Ministerio Púbico de la Defensa, a quien el Juez Federal de Quilmes había negado expresamente la posibilidad de incorporarlo como parte, cuestión que había suscitado incluso reclamos por vía de recurso extraordinario ante la propia Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, la Corte también amplia ratifica y reafirma la representación procesal del Defensor del Pueblo de la Nación, recordando que cuenta con facultades suficientes para representar y hacerse parte en todos aquellos casos en que exista afectación de derechos de incidencia colectiva. Vale destacar que en el fallo del 8/7/2008 la Corte otorgó al Ombudsman nacional la función de coordinar un Cuerpo Colegiado, conformado por dicho organismo y un conjunto de ONGs, cuya función principal es la promoción de la participación ciudadana en todos los quehaceres vinculados con el fallo dictado por la
CSJN. La nueva resolución del máximo tribunal viene a reforzar de manera notablemente la figura del DPN haciéndolo custodio de la defensa del interés púbico en todas las acciones que se relacionen con el saneamiento del Riachuelo y la ejecución del fallo dictado por la CSJN35.

b. 4) Mecanismos de control y transparencia

Para asegurar la transparencia en esta nueva etapa de cumplimiento de la sentencia y posibilitar el más amplio acceso a la información, la Corte ordena a la ACUMAR la elaboración de una agenda de ejecución con certificados de avance basados en parámetros objetivos, y con control de metas intermedias mediante la celebración de audiencias semestrales. Todos los aspectos relacionados con información y mecanismos de transparencia han sido siempre una de las principales preocupaciones del máximo tribunal, tal es así que en el mencionado fallo de julio de 2008 se le impuso a la ACUMAR la obligación de establecer un sistema de información accesible al público.

En esta oportunidad la Corte ha hecho propio varios de los señalamientos planteados por el Defensor del Pueblo de la Nación y el Cuerpo Colegiado, ordenando a la ACUMAR que establezca mecanismos de planificación con metas intermedias de cumplimiento y mecanismos de control basados en parámetros objetivos, y que además la población sea informada de manera periódica mediante la realización de audiencias.

Para una ejecución eficaz se requerirá una profunda revisión de algunos parámetros de gestión por parte de ACUMAR, que deberá incorporar dentro de sus prioridades los requerimientos formulados por la Corte.

En síntesis, la mayor parte de las decisiones adoptadas por la Corte en esta delicada instancia apuntan a solucionar los graves problemas que se han presentado en la primera etapa del proceso de ejecución de la sentencia. En este sentido, la división de la Causa en dos magistrados es una decisión que si bien atenta contra el principio de unidad de ejecución que requiere este caso, busca ampliar y mejorar los mecanismos de control de los recursos públicos.

Asimismo, resulta sumamente auspiciosa la posibilidad de que este emblemático caso permita sumar la representación procesal de las diferentes voces y actores que integran la sociedad, y que como tales se encuentran presentes en el vasto territorio que abarca el Riachuelo.

b. 5) Los límites de la Cuenca Matanza – Riachuelo.

En una última resolución dictada el 27 de Diciembre en un Recurso de Hecho interpuesto por el GCBA contra una decisión adoptada por el Juez Federal de Quilmes36, la Corte delimita con mayor precisión el alcance del territorio de la Cuenca Matanza – Riachuelo y por ende las competencias que corresponderán ejercer a la ACUMAR y también a los actuales Juzgados a cargo de la ejecución de la sentencia.

De manera sintética recordemos que el Juez Federal de Quilmes en una resolución del 28/3/2011 determinó que la CMR alcanzaba el territorio de la CMR no sólo correspondía a su delimitación hidrográfica, sino que además se extendía a la totalidad de los partidos que integraban la misma.

Ello trajo un sinnúmero de discusiones habida cuenta que existían casos, como la CABA o el Partido de Morón, donde la Cuenca sólo alcanzaba a una parte de los mismos Por tal motivo, la Corte al resolver el mencionado recurso determina que resulta necesario que se tome un concepto amplio de cuenca, pero sin afectar las autonomías jurisdiccionales que conforman el ACUMAR. En tal sentido la CSJN establece que el concepto amplio de Cuenca será el territorio que abarca la misma y aquél que pueda tener relación directa o indirecta con el saneamiento, la ejecución y eficacia de la sentencia.

En síntesis, la mayor parte de las decisiones adoptadas por la Corte en esta delicada instancia apuntan a solucionar los graves problemas que se han presentado en la primera etapa del proceso de ejecución de la sentencia. En este sentido, la división de la Causa en dos magistrados es una decisión que si bien atenta contra el principio de unidad de ejecución que requiere este caso, busca ampliar y mejorar los mecanismos de control de los recursos públicos.

Asimismo, resulta sumamente auspiciosa la posibilidad de que este emblemático caso permita sumar la representación procesal de las diferentes voces y actores que integran la sociedad, y que como tales se encuentran presentes en el vasto territorio que abarca el Riachuelo.


IV.- COMENTARIOS FINALES

Tal como lo hemos expuesto a lo largo de este artículo, el Plan de Saneamiento del Riachuelo y en particular el sistema ideado por la Corte para cumplir con el mismo atraviesan hoy su momento más crítico.

No obstante ello y en lo que hace a la marcha del Plan de Saneamiento existen aspectos en los cuales las acciones desarrolladas por la ACUMAR y las diversas jurisdicciones han podido generar avances, en relación al cumplimiento de los objetivos fijados en el fallo de la CSJN, que debemos recordar incluyen la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población, recomponer el daño ambiental existente en la CMR y evitar la producción de daños futuros.

Existen otros aspectos en los que las acciones realizadas han resultado parciales o insuficientes, otras que directamente necesitan ser revisadas, mientras aún subsisten temáticas que reclaman una atención urgente y prioritaria, tal como expresara el tribunal supremo mediante la resolución emitida el 19/12/2012 y que reclaman una acción efectiva de parte de ACUMAR.

De igual manera, luego de más de 5 años de su conformación, la ACUMAR continúa sin poder convertirse en el organismo de coordinación y consenso interjurisidiccional para el cual fuera creado mediante Ley N° 26.168. En este sentido, la crisis desatada por la falta de integración de fondos de parte de la CABA y la Pcia. de Buenos Aires y el reclamo efectuado a la CSJN por el Presidente del organismo, ponen en evidencia la fuerte crisis institucional que invade al mismo.

Las graves denuncias formuladas contra el juez Luis Armella produjeron un cimbronazo de gran magnitud al interior de la causa Riachuelo que obligaron a la CSJN a adoptar medidas muy drásticas.

Una vez más la CSJN dio muestras de un accionar rápido y efectivo, llevando adelante una profunda investigación, que permitió el esclarecimiento de los hechos que involucraron al magistrado en la comisión de posibles delitos incompatibles con las funciones a su cargo, poniendo además al descubierto aspectos que involucraban a otros funcionarios públicos, pero que no habían sido dados a conocer en la denuncia originalmente formulada.

El accionar de la Corte marcó una notable diferencia respecto del comportamiento que habitualmente han asumido otras instituciones del Estado de nuestro país en situaciones similares, ya que lejos de ocultar o impedir el esclarecimiento de los hechos referidos en una simple denuncia periodística, promovió una profunda investigación, recibió los testimonios de todos los imputados en la misma, algunos de los cuales lo hicieron en Audiencia Pública y generó las respuestas que el caso demandaba.

Sin embargo es necesario extraer algunos aprendizajes de los hechos sucedidos con el objeto de fortalecer el control judicial y consolidar el Plan de Saneamiento del Riachuelo. En este sentido, resulta imprescindible delimitar el alcance de las facultades que corresponde ejercer a los magistrados que tienen a su cargo el ejercicio de funciones de ejecución de sentencia, que en los casos ambientales se ven potenciadas además por las disposiciones que surgen del Art. 32 de la Ley n° 25.675 que coloca en cabeza de los jueces la posibilidad de “disponer de todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general”, disposición que nos parece sumamente acertada, habida cuenta que este tipo de proceso carece de una regulación especial, pero que en el caso del Riachuelo han posibilitado la concentración de una gran dosis poder en cabeza de un magistrado, y cuya efectiva implementación reclama equilibrio procesal, que en la primer parte de la ejecución de sentencia del caso Riachuelo no ha podido establecerse.

Las medias adoptadas por la CSJN buscan incorporar más miradas y voces dentro del proceso, instando a la intervención del Ministerio Publico, reforzando las facultades para la defensa de los derechos de incidencia colectiva que se encuentran en cabeza del Defensor del Pueblo de la Nación, y permitiendo que todos aquellos que puedan resultar afectados por las decisiones adoptadas en el marco del Plan de Saneamiento sean debidamente escuchados.

Sin embargo, más allá de las modificaciones que el máximo tribunal ha impuesto al procedimiento de ejecución de sentencia, las decisiones del “día a día” quedarán nuevamente en manos de los jueces inferiores, por lo cual será necesario reforzar el accionar de las instituciones antes mencionadas, quienes tienen a su cargo las tareas de control, monitoreo y promoción de la participación ciudadana en el proceso de saneamiento del Riachuelo.

Cobran hay más vigencia que nunca las palabras dichas por el Dr. Carlos Fayt en la primera de las Audiencias Públicas celebradas en el presente caso en el año 2006, cuando advirtió sobre la necesidad de encontrar mecanismos tendientes a “controlar a los controladores”.

Hemos señalado en varias oportunidades que la CSJN nos ha colocado ante una oportunidad histórica, tal vez la última que tengamos para revertir el lastimoso estado en que se encuentra la CMR, y para promover acciones y políticas que permitan mejorar las condiciones de vida de millones de habitantes, que en este espacio del territorio padecen de manera directa las consecuencias de la contaminación. Ojalá sepamos aprovecharla.


Por: Andrés Nápoli, Director del Área Riachuelo de FARN

Estrucplan, 12-4-13