lunes, 8 de diciembre de 2014



EN LOS ORÍGENES DEL PENSAMIENTO MODERNO
-Y DEL OBEDIENCIALISMO TEOLÓGICO-

Dr. Sergio Raúl Castaño

7 de diciembre de 2014


En un artículo de síntesis sobre el bien común político, próximo a aparecer, caracterizamos el fenómeno del obediencialismo ortodoxo católico contemporáneo (al que calificamos de “devastador”) como “una obediencia mal entendida e hipertrofiada, voluntarista y, sobre todo, nominalista”. Asimismo, en un trabajo sobre Francisco de Vitoria, aparecido en una obra colectiva en México, habíamos observado que “el maestro salmantino está lejos de ceder al absolutismo papal o de manifestar tendencias papolátricas, en lo cual se revela como un fiel exponente de la genuina forma mentis católica”, e identificábamos dichas tendencias con una “corrupción doctrinal ockhamista”, contraria a Sto. Tomás y a la tradición católica. En el mismo libro, en el capítulo “Benedicto XVI, defensor del Logos”, Beatriz Reyes Oribe enjuicia el fenómeno histórico-espiritual del obediencialismo como expresión del voluntarismo occidental y como un punto de llegada de la exclusión del Logos del pensamiento cristiano.

Para dar razón de ésas y otras afirmaciones en el mismo sentido, vertidas por escrito y oralmente por nosotros en los últimos años, ofrecemos la traducción parcial de un importante estudio dedicado a los fundamentos de la moral en Ockham, “Die Grundlagen der Ethik Wilhelms von Ockham”. Creemos que su lectura hace patente la enorme relevancia doctrinal del Venerabilis Inceptor para la mentalidad moderna, tanto en la teología como en la filosofía teórica y en la filosofía ético-jurídico-política. Su autora, Anita Garvens, plantea las consecuencias de los principios metafísicos de Ockham en el específico campo de la verdad del orden práctico.
En este breve texto veremos prefigurarse –o, sin más, aparecer con nitidez- el perfil pavoroso del Dios protestante; la moral kantiana del deber ser –y, en general, la desvinculación del orden práctico respecto del orden teórico, que conllevará la inevitable objeción de “falacia naturalista” por la ética nominalista anglosajona-; la “moral de la obligación” católica, según la expresión de Pinckaers (caricatura de la moral clásica tradicional); la matriz del “auctoritas, non veritas facit legem” hobbesiano –pues nótese que hay analogía de proporcionalidad propia en las relaciones de subordinación entre el soberano y los súbditos en Hobbes y Dios y las criaturas en Ockham-. Y, en lo que hace al obediencialismo papolátrico, resulta inocultable la filiación teológico-metafísica ockhamista -en el plano de los principios- que se echa de ver en la contemporánea resolución (incoada o acabada, potencial o actual, implícita o explícita) de toda verdad y rectitud en la decisión discrecional libérrima del supremo poder (humano, en este caso), que puede pretender hacer tabla rasa de la Tradición, del culto, de la ley natural, hasta de la mismísima ley de Dios. Y esa voluntad omnímoda es la que hoy reclama –y, muchas veces, obtiene- obediencia de los fieles para todo ello.

Ockham ha construido el paradigma divino de la constitutiva mutabilidad y derogabilidad de cualquier norma, a partir del cual la posteridad fue concibiendo la idea de que todo poder supremo se halla investido de derechos absolutos. Idea a cuya pregnancia no ha escapado el orden político. Ni -antes al contrario- el orden eclesial.
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Guillermo de Ockham

“LOS FUNDAMENTOS DE LA ÉTICA DE GUILLERMO DE OCKHAM”
Anita Garvens

(Franziskanische Studien, 21. Jahrg., 3. Heft (1934)

II. Las doctrinas éticas fundamentales
[…]
3. La voluntad de Dios como norma moral suprema

En la cuestión de la norma del ámbito práctico, fundamental para la ética, entran en consideración de un modo especialmente significativo las consecuencias de la metafísica y de la teoría del conocimiento de Ockham. La completa separación entre el ser de Dios y el de la creatura por el rechazo de una actividad creadora arquetípica de Dios fundada en su esencia tiene aquí consecuencias mucho más fuertes que en el resto de la filosofía de Ockham. Esto en parte se apoya en el modo mismo de plantear la ética, en parte en el tratamiento de la ética emprendido por Ockham, cuyo sentido se consuma sólo desde la voluntad de Dios. Ockham se halla aquí todavía más alejado que en la metafísica de basar la aspiración y el obrar éticos sobre un orden inmanente al mundo, que fuera la imagen de la eterna sabiduría y perfección de Dios. La ley moral no tiene su basamento en el orden del ser y, así, en la naturaleza de las cosas y de sus relaciones con el autor de todo ser. Ella es apenas expresión de la trascendente, para nosotros insondable, voluntad de Dios, cuyas decisiones para el ámbito de lo moral pueden ser cambiadas en cualquier momento. De esta manera obtiene su validez la absolutamente ilimitada omnipotencia de Dios en el ámbito moral no menos que en el ámbito del orden de la naturaleza –si es que, después de todo, se puede hablar en Ockham de orden en sentido metafísico-.
Este posicionamiento de Ockham condiciona dos partes de su doctrina ética a primera vista heterogéneas: por un lado una determinación totalmente relativista de la ley moral, por otro lado un rigorismo en la obligación del hombre respecto del comportamiento moral, cuya legitimación permanece y cae con la legitimación de la regla moral voluntarista. De qué modo se manifiestan esas partes en el seno de las doctrinas éticas de Ockham deben mostrarlo las siguientes exposiciones.
Si la voluntad de Dios es un punto de partida de lo moral, suprema norma y fundamento del comportamiento ético, entonces aparece inmediatamente la cuestión de la rectitudo de esa voluntad –maxime cuando ella es considerada por Ockham como enteramente desligada de la sabiduría divina-. ¿Dónde se basa en última instancia la bondad de la voluntad divina? Ockham no tiene para eso otro respuesta sino que la voluntad divina misma es última regla de su obrar y por ello nunca puede querer o causar algo malo [1]. La voluntad de Dios es siempre buena y recta, como quiera que pudiera decidirse. No necesita, para el recto obrar, de recta ratio alguna, como es el caso en el querer creador, dado que Dios no puede obrar mal de ningún modo. Lo que Dios quiere es eo ipso bueno porque es querido por El [2]. No hay otro fundamento fuera de la voluntad divina para la causación de Dios. Así, lo que Dios quiere ocurre siempre en el modo recto y que corresponde, por más que contravenga la por Ockham tan a menudo aplicada ley de la economía -puesto que, de cuando en cuando, “multa agit per plura, quod posset facere per pauciora”-. Porque Dios lo quiere no ocurre en vano [3].

La bondad y la rectitud de la causación divina surgen entonces sólo a partir de su voluntad. Ockham intenta sostener esta perspectiva en modo similar al de la independencia de Dios, como la doctrina de la potentia absoluta. Tanto aquí como allí está Ockham atento a mantener alejado todo lo que podría significar una limitación del absoluto poder de la voluntad divina. Fundamenta su afirmación de que Dios obra siempre “iuste et bene” en la carencia de toda obligación por parte de Dios. Dios no puede estar obligado a realizar u omitir una acción. Por ello tampoco peca cuando realiza una acción, que para el hombre, y por éste hecha, sería pecado [4]. Aquí radica un peculiar concepto de pecado, que más tarde hay que investigar de modo más profundo. Pero por lo pronto queda ahora claro a partir de esto: el hecho de que Dios no peca y no puede pecar no se desprende de la esencia divina misma, de su bondad y perfección. En lugar de ellas acude Ockham a la ayuda de conceptos que, como la idea de obligación, sólo valen para el ámbito contingente, y que en su aplicación a Dios tienen una significación totalmente periférica. Con ello la cuestión de por qué Dios no está sometido a ninguna obligación no queda planteada en absoluto.

La intención de Ockahm vuelve todavía aquí a acentuar el ilimitado poder de la voluntad de Dios, que puede hacer lo que le place y que dispone de lo creado en el mismo modo libre (“ex mera voluntate”) en que ha creado[5].
Así Dios puede, según la forma mentis voluntarista de Ockham, volver a la nada a un hombre (annihilare), aunque éste ame a Dios por sobre todas las cosas y cumpla obras gratas a Dios; y también condenarlo eternamente, sin por eso cometer Dios una injusticia, pues Dios no es el deudor del hombre y no está obligado a recompensarlo. Ockham aduce para ello el ejemplo (para este caso problemático) de que Cristo nunca había pecado y sin embargo había sido castigado con la muerte [6].
Desde el mismo punto de vista responde Ockham la pregunta a menudo discutida en la Escolástica, sobre cuando Dios ordenó a los israelitas robar los vasos de los egipcios (Éxodo, 12, 36). Por otro lado Ockham descarta todo intento de solución referido a la pregunta general de allí surgida de si Dios en general podría querer y hacer un malum y afirma brevemente que el robo a los egipcios había sido bueno porque Dios había dado un mandato para ello [7]. La pregunta se torna de esa manera, en su sentido propio, sin objeto para Ockham: puesto que la circunstancia de que algo es mandado por Dios hace a esto bueno de antemano.

4. La esencia de la ley moral
Los conceptos de bien y mal moral
En el mencionado ejemplo se vuelve claro, como consecuencia de la determinación puramente formal de la voluntad divina en tanto principio de la moral y de los de allí derivados conceptos de bien y mal, cuán poco se trata de una determinación de la regla moral a partir de su contenido. Esto no es en absoluto posible para la concepción voluntarista de Ockham sobre la norma moral objetiva. Pues lo moralmente bueno y recto es, simplemente, en el sentido de Ockham, lo que la voluntad de Dios determina como bueno, y por el contrario algo es malo porque Dios no lo quiere. Los contenidos de los conceptos de bien y mal cambian según ello de acuerdo con las circunstanciales decisiones de la voluntad de Dios, para la cual no existe norma alguna fuera de la voluntad divina misma. La ley moral queda con ello totalmente relativizada y dejada a merced del arbitrio de la voluntad divina –pues así se muestra en los planteos de Ockham-. El hombre tiene que conformarse a la voluntad divina en sus conductas, sea a lo que ésta manda o prohíbe. Así, según Ockham pecaron justamente los israelitas que no prestaron obediencia, o no lo hicieron de buen grado, al mandato de Dios de robar a los egipcios, mientras que los otros obraron el bien [8].
Esencial para el obrar moral del hombre no es el contenido de su acción, sino la conformidad a la voluntad divina y su cumplimiento, la cual por su parte no se halla sujeta a hechos morales determinados y reales.

Esta postura totalmente relativa de Ockham frente al contenido de la ley moral aparece expresada de un nuevo modo en el tratamiento de la cuestión sobre de qué manera el hombre deba ajustarse a la voluntad divina. Determina allí primero muy en general que quienquiera que no se ajusta a la voluntad divina “pro loco et tempore”, a lo cual se halla obligado para su salvación, comete pecado mortal. Sólo se da una diferencia en el modo del mandato, en tanto el mandato afirmativo no obliga por siempre, mientras que el negativo por el contrario lo hace “pro semper” [9].
El contenido de lo mandado no cumple así papel alguno. Decisivo para el hombre es sólo el hecho de que algo haya sido mandado o prohibido. A una tal voluntad el hombre debe someterse sin parar mientes en el objeto material del mandato divino. Ockham lo demuestra a partir de una prohibición construida ad-hoc, a saber la de honrar a los padres [10]. Quienquiera, en efecto, que honre a sus padres contra la voluntad de Dios, peca, dado que con ello se contrapone a la voluntad de Dios. Luego, según el parecer de Ockham, Dios puede querer que alguien deba no honrar a sus padres. Una tal voluntad no es necesario que tenga validez para todo hombre. Así, Dios puede querer que uno honre a sus padres, y que el otro no los honre. Y entonces aquél para quien rige el mandato de honrar a los padres no peca cuando honra a sus padres, puesto que coincide con la voluntad de Dios, mientras que el otro mediante la misma conducta peca, puesto que su conducta no corresponde a la voluntad de Dios [11].
En este lugar renuncia Ockham a la validez general de la segunda tabla del Decálogo, tanto respecto del contenido cuanto respecto del ámbito de extensión de su validez. No sólo es revocable en todo momento el contenido del cuarto mandamiento, sino que no rige ni en formulación afirmativa ni en negativa, de modo incondicionado y absoluto para todo hombre. La voluntad de Dios puede, según ello, ser diferente en sus mandatos a los hombres particulares; e incluso, por cierto expresarse en modos contrapuestos, como mostró el ejemplo anterior.

Ockahm no trepida ante la aplicación de su concepto relativo de ley moral, concebido voluntarísticamente, al caso más extremo de que disponía, cuando afirma que incluso el odio a Dios, si fuera ordenado por Dios, sería bueno [12]. Con ello cae también la validez universal de los dos primeros mandamientos del Decálogo.
Allí se manifiesta igualmente de la manera más áspera el carácter concebido como meramente extrínseco de la regla moral. Que es intrínsecamente imposible, si no  quiere renunciar a la esencia de Dios y contradecirse, exigir el odio a Dios, Ockham no lo tiene en cuenta en absoluto. Una consideración del entero ámbito moral a partir de la esencia de Dios le es completamente ajena. Su pensamiento transita aquí, más que en el resto de su filosofía, en categorías sólo formales, que no dejan espacio alguno al desarrollo metafísicamente fundado de la norma moral desde la acabada esencia de Dios como principio esencial de todo bien. Con la negación de una relación de semejanza entre el ser divino y el ser creatural Ockham se había cerrado a sí mismo el camino para una fundamentación metafísica de la ley moral. La posición del Creador respecto del mundo se consuma según él en una relación de causalidad eficiente concebida como meramente extrínseca. Así la ley moral suprema, que Ockham considera únicamente como expresión de la libre e ilimitada voluntad creadora de Dios, puede también ser pensada como sólo allegada desde fuera a las cosas creadas. No se plantea en la imagen del mundo moral de Ockham un nexo real intrínsecamente esencial entre el ser ontológico y el moral. Las leyes morales momentáneamente válidas son por esencia tan contingentes y únicamente dependientes de la voluntad de Dios como la entera legalidad causal de la naturaleza; pueden ser revocadas en cualquier momento por Dios en su validez y en su permanencia. Y esa puramente extrínseca relación entre el mandato y lo mandado y la prohibición y lo prohibido vale para todo mandamiento del Decálogo. Duns Escoto, por quien Ockham está influido en su ética, había exceptuado la dispensabilidad respecto de los dos primeros mandamientos del Decálogo [13]. Ockham va aun más allá. Para él toda ley es positiva y por lo tanto simplemente dispensable [14]. Es cierto que no trata esta cuestión sistemáticamente, pero a partir de sus discusiones y ejemplos particulares surge con toda claridad que para él mandato alguno –incluso el del amor a Dios, como mostró la posibilidad del mandato del odio a Dios- existe intrínsecamente de modo necesario.

Las consecuencias de esa extrinsecidad del ámbito moral se muestran por doquier en las doctrinas éticas de Ockham. Un lugar de las Quodlibetales muestra de modo especialmente significativo el punto de vista de Ockham. Trata allí sobre “de conversione ad Deum actu caritativo et aversione actu, quo diligitur creatura, quam Deus non vult diligi, puta actu fornicandi” [15], y afirma de ambos actos que entre ellos no se daría una oposición ni formal ni material. El “actus caritativus” y el “actus fornicandi” coinciden más bien en uno y lo mismo, en tanto efectivamente ambos son “actus diligendi”. Una oposición se da exclusivamente en que Dios, como “causa extrinseca”, ha ordenado no amar una determinada creatura.
Quienquiera que transgreda esa prohibición no ama en consecuencia a Dios por sobre todas las cosas, como lo exige el actus caritativus, sino que ama una creatura que Dios no quiere sea amada. Que la oposición entre estos “actus diligendi” sólo es extrínseca surge según el parecer de Ockham de que por la revocación de la prohibición por parte de Dios ambos actos “compatiuntur se in eodem quantum est ex parte actuum”. A partir de eso concluye entonces que el amor a cualquier creatura en el “actus fornicandi” incluso podría ser meritorio si la ley divina ordenara amarla [16]. Aversio y conversio respecto de Dios no son pues para Ockham actos intrínsecamente contradictorios. Únicamente la circunstancia de que la voluntad creada al poner un determinado acto se subordina al mandato de Dios confiere al obrar su carácter éticamente bueno o malo.

Con ello gana significación en las discusiones de Ockham una idea que ya resonaba en la mención del concepto de pecado y que representará un importante papel en adelante: el momento de la obligación para la conducta ética. Éste completa el carácter relativista y positivo de la regla moral en Ockham y se convierte igualmente en un constitutivo de la moralidad.
Bajo ese punto de vista hay que considerar según Ockham conceptos morales como odio, hurto, adulterio, etc., y valorarlos de modo del todo relativista [17]. Ellos tienen carácter pecaminoso sólo porque el sujeto de tales actos se halla obligado a un comportamiento contrario a causa del mandato divino. En relación con su ser absoluto ellos no encierran perversidad alguna, puesto Dios puede sin “circunstantia mala”, como dice Ockham, o sea sin obligación a una conducta opuesta, hacerlos vigentes. Si estas conductas caen bajo un mandamiento de Dios, esto es Dios obliga al hombre a odiar, hurtar o cometer adulterio, entonces pueden ser incluso conductas meritorias. En ese caso, empero, ya no les corresponden más los nombres “odium”, “furtum” y “adulterium”. Luego esos conceptos representan para Ockham no los actos en sí, según su esencia, sino que sólo connotan [18] la vigencia de una obligación a un obrar contrario. Si ahora se quita la obligación, entonces cambia la calificación de ese acto. “Stante praecepto divino”, bajo la ley momentáneamente vigente, ciertamente está prohibido odiar, hurtar, cometer adulterio, etc. [19]. Pero la validez de lo prohibido no es en absoluto permanente. Según su esencia puede ser derogada por Dios en cualquier momento.

Después de lo dicho no cabe esperar de Ockham ninguna determinación conceptual objetiva del bien y del mal, orientada por un orden moral real. Tal como las precedentes exposiciones muestran suficientemente, para el pensamiento ockhamista no queda en pie posibilidad alguna de fundar la moralidad en un orden real, que tiene su fundamento en una ordenación esencial y naturalmente dada de las cosas hacia un bien fontal. Por tanto, Ockham pudo determinar la regla moral y la moralidad sólo formalmente, es decir por un deber ser (Sollen). Este deber ser es la obligatio.  En ella ve Ockham el momento constitutivo de la moralidad. La obligación al obrar moral no es, de acuerdo con esto, en primer lugar consecuencia de una regla moral suprema, sino fundamento y esencia de la moralidad. Ella consiste en la vinculación con una ley positiva de Dios, momentáneamente vigente. Así reza la determinación conceptual del bien y del mal moral de Ockham: “bonitas moralis et malitia connotant, quod agens obligatur ad illum actum vel eius oppositum” [20]. Luego en el concepto de lo moral solamente se connota, esto es, se cosignifica sobre la base de un vínculo lábil y extrínseco, que el agente está obligado a la realización de una determinada acción. Lo que hace que alguien se convierta en un agente que obra con rectitud o en un pecador no es el cumplimiento o la infracción de una ordenación moral real, sino el hecho de la obligación [21].  Por donde se esclarece que para Ockham una acción no es buena o mala en sí, sino porque ella está vinculada con la obligación a una operación o a su contraria.

Ockham también aquí demuestra gráficamente de nuevo su visión recurriendo al caso extremo del odio a Dios. Así, afirma en ese contexto que un acto “ab una causa potest fieri bene, et si fiat ab alia, non potest fieri nisi male” [22], con la única fundamentación de que una causa se halla obligada a un acto opuesto, mientras que la otra no. O sea, dado que el hombre está obligado por el precepto divino a amar a Dios, luego “stante illo praecepto” todo odio a Dios de parte del hombre es necesariamente un acto pecaminoso. Es diferente si Dios deroga el primer mandamiento y para ello impone lo contrario. En ese caso el odio a Dios puede ser bueno. Para Dios mismo, sin embargo, esas condiciones no rigen en absoluto. No está obligado a la realización de acto alguno y por ello puede causar cualquier acto discrecional, luego también el odio a Dios, sin que deformidad moral alguna se vincule con tal acto. Eso vale tanto para el actus diligendi cuanto para el actus odiendi. Ambos actos carecen de determinación moral, si son totaliter producidos por Dios.
Con esto muestra Ockham claramente que según él los conceptos bien y mal no son cualidades que determinan y cambian un acto en su esencia moral. Son sólo connotaciones de las “mala circunstantia”, como él llama a la vigencia de los mandatos obligatorios, que se allegan al acto de modo puramente extrínseco y que no guardan con él relación intrínseca esencial alguna.

Queda en pie empero entre el ser absoluto del acto a secas y su cualidad moral solamente una vinculación externa, que puede ser derogada en cualquier momento por Dios; luego nada se opone a que se impute a Dios todo acto discrecional, incluso el de odio a Dios [23]. El acto de odio a Dios, en referencia  a su esse absolutum, para Ockham no es idéntico a la deformidad (difformitas) del acto mismo. Más bien la difformitas puede ser separada del odio a Dios tanto como la bondad moral del amor a Dios. Puesto que en el ángel bueno el amor a Dios puede ser separado del bien moral y meritorio, y en el ángel malo el odio a Dios puede serlo de la deformidad moral, emplea Ockham también la misma posibilidad para Dios. Así, Dios puede causar el odio a Dios en la voluntad creada, con lo cual solamente produce el ser absoluto del acto, no su difformitas. Dios actúa en ese caso como causa totalis en la voluntad humana [24]. Pues según la doctrina de la omnipotencia Dios puede ser ciertamente, en detrimento de todas las causas segundas, la única causa tanto del acontecer natural cuanto de los procesos en el querer del hombre. Entonces, en calidad de causa efficiens cumple la entera causación de la causa segunda, aquí de la voluntad, mientras que, de potentia ordinata, sólo es causa partialis.

No podía expresar Ockham más claramente sus ideas fundamentales sobre lo moral, pero también las absurdas consecuencias que vienen dadas con ellas. En la posibilidad construida de un odio a Dios, que puede ser tanto ordenado como incluso también causado por Dios, se muestra lo insostenible del intento de hacer dependiente el obrar moral sólo de la obligación como determinación puramente formal y desprovista de todo fundamento real. Lo moral es relativizado hasta en sus últimas consecuencias y entra en relación totalmente extrínseca con el agente moral y su obrar. Pero ante todo no hay universalidad y permanencia absoluta algunas de las normas morales. La inmutabilidad de la Lex aeterna ha caído. En su lugar aparece la decisión voluntaria de Dios, momentáneamente válida, en cualquier momento revocable, cuya expresión es la ley positiva.




[1] Sent., III, q. 13 B: “voluntas divina non indiget aliquo dirigente, quia illa prima est regula directiva et non potest male agere”.
[2] Sent., I, d. 17, q. 3 F: “dico, quod frequenter facit Deus mediantibus pluribus quod posset facere mediantibus paucioribus, nec ideo male facit, quia eo ipso quod ipse vult, bene et iuste factum est”. Sent. I, d. 43, q 1 A.
[3] Sent. I d. 14 q. 2 G: “Deus multa agit per plura, quae posset facere per pauciora, quia vult, nec est alia causa quaerenda. Et ex hoc quod vult, convenienter fit et non frustra. Secus est in causis naturalibus et in causis voluntariis creatis, quae voluntarie causae debent se conformare rectae rationi primae, nec aliter faciunt aliquid iuste vel recte”.
[4] Sent. IV, q. 8 y 9 E: “Deus non peccaret quantumcumque faceret omnem actum sicut causa totalis, quem nunc facit cum peccatore sicut causa partialis, quia peccatum, ut dictum est, nihil aliud dicit nisi aliquem actum  commisionis vel ommisionis, ad quem homo obligator, propter cuius commisionis vel ommisionis homo obligator ad poenam aeternam. Deus autem ad nullum actum potest obligari, et ideo eo ipso quod Deus vult, hoc est iustum fieri”.
[5] Ver nota siguiente.
[6] Sent. IV, q. 3 Q: “[…] sicut Deus creat creaturam quamlibet ex mera voluntate sua potest facere de creatura quicquid sibi placet. Sicut enim si aliquis diligeret Deum et faceret omnia opera Deo accepta, potest eum Deus annihilare sine aliqua iniuria. Et ratio est, quia Deus nullius est debitor, et ideo ex hoc ipso quod Deus facit aliquid, iuste factum est. Exemplum: Christus nunquam peccavit et tamen fuit punitus gravissime usque ad mortem”. Cfr. también Sent. III,, q. 12 YY.
[7] Sent. I, d. 47, q. 1 G: “Ad primum principale patet, quood spoliare Aegiptios non fuit malum sed bonum. Et ideo praecipiendo spoliare Aegiptios non praecipit malum. Nec filii Israel peccaverunt spoliando nisi illi, qui malo animo non praecise oboediendo divino praecepto spoliaverunt”.
[8] Vide nota anterior.
[9] Sent. I d. 48 q 1 H: “Ad secundum dicendum, quod non conformans se voluntati divinae pro loco et tempore, pro quo tenetur de necesítate salutis, peccat mortaliter. Sed dictum est prius, quod non quilibet pro omni tempore ad hoc tenetur, maxime quantum ad preacepta affirmativa, quamvis quantum ad preacepta negativa pro semper tenetur”.
[10] Vide nota siguiente.
[11] Ibid.: “Et si dicatur, voluntas nunquam debet esse difformis voluntati divinae, sed iste qui vult honorare parentes, quos Deus non vult honorari, habet voluntatem difformem voluntati divinae, ergo peccat in honorando. Dicendum est, quod si Deus vult eos non honorari, nec ab isto nec ab illo, iste peccat in honorando parentes suos. Si tamen Deus non vult eos honorari ab alio, sed vult eos honorari ab isto, iste in honorando non peccat, nec est difformis voluntati divinae, sed est conformis voluntati divinae.”
[12] Sent. IV, q. 14 D: “Praeterea omnis voluntas potest se conformare praecepto divino, sed Deus potest praecipere, quod voluntas creata odiat eum. Igitur voluntas creata potest hoc facere. Praeterea omne, quod potest esse actus rectus in via, et in patria. Sed odire Deum potest esse actus rectus in via, puta si praecipiatur a Deo, ergo et in patria”.
[13] Überweg-Praechter, 516; Minges, Ist Duns Scotus Indeterminist?, 128 y ss.; Stockums, “Die Unverändlichkeit des natürlichen Sittengesetz in der scholastischen Ethik”, in Freib. Theol. Stud., 1911, 112 y ss.; Longpré, La philosophie du B. Duns Scot, París, 1924, 80 y ss.; Minges, Joannis D. Scoti doctrina …., I, 409 y ss.
[14] Stockums, op. cit., 148.
[15] Vide nota siguiente.
[16] Quodl. IV, q. 6: “Si queras de conversione ad Deum actu caritativo et aversione actu, quo diligitur creatura, quam Deus non vult diligi, puta actu fornicandi. Sic dico: non repugnante formaliter nec materialiter inter se, sed compatiuntur se in eodem, quantum est ex parte actuum. Sed solum repugnant per causam extrinsecam, per Deum praecipientem nullo modo talem creaturam diligi a voluntate creata. Et ita voluntas diligens talem creaturam, non diligit Deum super omnia. Quia si diligeret aliquam creaturam, quam Deus odit et vult non diligi. Et ideo solum propter ordinationem talis causae exrinsecae videtur solum repugnantia. Quod patet, quia si lex statuta revocaretur, iam isti actus diligendi compaterentur se in eodem. Et si lex illa praeciperet illam creaturam diligi, tunc possent non tantum simul stare cum alio actu, sed tunc meritorie diligeret illam creaturam”.
[17] Vide nota 19.
[18] Dado que en la Ética, especialmente en la doctrina de la ley moral y de los pecados, los conceptos connotativos representan un cierto papel, se debe aquí hacer una breve introducción al respecto. Se trata en ese caso de la concreta significación de un universal (Sent. I, d. 3, q. 3 O; cfr. Prantl, Geschichte der Logik, p. 363 y ss.), que puede ser usada quidditative de un objeto, de otro denominative o connotative (Sent. I, d. 3, q. 3 C). Ese distingo en el interior del concreto modo de expresión corresponde, del lado del concepto, al de los conceptus absoluti por un lado, y de los conceptus relativi y connotativi por otro lado (Quodl. V, q. 25). La nota esencial del concepto absoluto consiste en que significa a su objeto (se trata aquí de conceptos universales) directamente (in recto) y del mismo modo (aeque), como el concepto hombre significa por igual a todos los hombres (ibid.). Tales conceptos dan siempre definiciones reales (Quodl. V, q. 19). Otra cosa ocurre por el contrario con los conceptos connotativos y relativos. Ellos asimismo significan varias cosas, pero de modo muy diferente, es decir “unum in primo et aliud in secundario et unum in recto et aliud in oblicuo” (Quodl. V, q. 25). Así en el concepto album se significa directamente y en primera línea al sujeto de lo blanco, y en segunda línea e indirectamente la albedo como informante de lo album (Quodl. V, q. 25). Las mismas determinaciones valen en mayor medida para los conceptos relativos, que para Ockham no son sino conceptos connotativos, con la sola diferencia de que en los connotativos en sentido propio se connota un abstracto adecuado al objeto concreto, mientras que los conceptos relativos mientan conjuntamente un concreto como significado indirectamente (ibid.). Es común a todos los connotata que ellos no inhieran de ninguna manera en lo significado in recto, es decir en el sujeto; ni se enuncia que inhieran en él, sino que le son “totaliter extrinsecum” (Sent. II, q. 26 O). Así pues, con la connotación no se enuncia realidad alguna. Por su intermedio nada más se reúnen varios concreta bajo un mismo nombre. Por ello las definiciones dadas por los conceptos connotativos sólo pueden ser siempre definiciones de términos (definitio quid nominis) (Quodl. V, q. 19). Es digno de ser remarcado en esta concepción que los conceptos connotativos no declaran nota esencial alguna, sino que junto a su objeto propiamente intendido solamente co-conciben o llevan consigo un absolutum separado de aquél (puesto que para Ockham no hay relaciones reales –ver Douceur, “Le nominalisme de Guillaume d’Occam”. La théorie de la relation”, Revue Néoscolastique, 1921, 5-25), de suerte que nada real o positivo se agrega al objeto significado. Hay que mencionar brevemente que según Ockham también las determinaciones trascendentales del ser (passiones entis) unum, verum et bonum caen bajo los conceptos connotativos. Así el concepto de verum significa un ser “in recto” y un acto de conocimiento “in obliquo”. De la misma manera el concepto de bonum no dice sino que un ens es significado de modo directo y un acto de voluntad es connotado (Sent. III, q. 9; cfr. Sent. I, d. 2, q. 9 BB; d. 30, q. 1 X). Verum et bonum no son entonces cualidades reales del ser, que se enuncian en el concepto. Como conceptos connotativos, los actos de conocimiento y de voluntad sólo cosignifican extrínsecamente, hacen posible sólo una definición nominal, es decir que no significan una realidad inherente al ser, sino varios realia, y por cierto uno in recto y el otro in obliquo (Sent. IV., q. 9 S; cfr. también Sent. II, q. 26 N). Asimismo en la privatio como también en los conceptos negativos no se enuncia un estado de cosas abstracto, sino que varias res son significadas de modo concreto, aquí con la especial significación de que se niega una cosa de otra (Quodl., V, q. 7; Sent. IV, q. 9 S; cfr. también Log. cap. 14; Sent. prol. Q. 3 L). Qué consecuencias surgen a partir de lo dicho para una determinación conceptual del acto moral o de los pecados se vuelve ya aquí claro. Como enseguida Infra se mostrará, Ockham, consecuentemente, no puede dar una determinación esencial del pecado. Su concepto es un mero concepto connotativo, en el cual se significa in recto un acto de voluntad, e in obliquo se cosignifica la obligación a un acto opuesto.
[19] Sent. II, q. 19 O: “Ad aliud dico, quod licet odium Dei, furari, adulterari habeant malam circumstantiam annexam et similia de communi lege, quatenus fiunt ab aliquot, qui ex praecepto divino obligatur ad contrarium, sed quantum ad esse absolutum in illis actibus possunt fieri a Deo sine omni circumstantia mala annexa, et etiam meritorie possunt fieri a viatore, si caderent sub praecepto divino, sicut nunc de facto eorum opposita cadunt sub praecepto divino, et si fierent a viatore meritorie, tunc non dicerentur nec nominarentur furtum, adulterium, odium etc. quia ista nomina significant tales actus non absolute, sed connotando vel dando intelligere, quod faciens tales actus per praeceptum divinum obligatur ad oppositum. Et ideo quantum ad totum significatum quid nominis talium nominum significant cincumstantias malas, et quantum ad hoc intelligent sancti et philosophi, quod ista statim nominate convoluta sunt cum malicia. Si autem caderent sub praecepto divino, tunc faciens tales actus non obligaretur ad oppositum et per consequens tunc non nominaretur furtum, adulterium, etc.”
[20] Sent. II, q. 19 P.
[21] Sent. IV, q. 9 E: “obligatio ergo facit aliquem peccatorem vel non peccatorem”.
[22] Sent. II, q. 19 P: “dico quod aliquis actus ab una causa potest fieri bene, et si fiat ab alia non potest fieri nisi male. Et tota ratio est, quia una cauisa obligator ad actum oppositum et alia non. Sic est in proposito. Voluntas creata obligatur ex praecepto divino ad diligendum Deum. Et ideo stante illo praecepto non potest bene odire Deum, nec causare actum odiendi, sed necessario male causa malitia moris. Et hoc quia obligatur ex praecepto divino ad actum oppositum. Nec stante primo praecepto potest sibi Deus oppositum praecipere. Sed Deus ad nullum actum causandum obligatur. Ideo quemlibet actum absolutum potest sine omni malo culpae causare et eius oppositum. Et ideo sicut potest causare totaliter actum diligendi sine bonitate vel malitia morali. Quia bonitas moralis et malitia connotant, quod agens obligatur ad illum actum vel eius oppositum. Ita potest totaliter causare actum odiendi Deum sine omni malitia morali propter eandem causam, quia ad nullum actum causandi obligatur”.
[23] Sent. II, q. 19 F: “[…] Deus potest omne absolutum causare sine omni alio, quod non est idem cum alio absoluto. Sed actus odiendi Deum, quantum ad esse absolutum in eo, non est idem cum difformitate et malitia in actu. Ergo Deus potest causare quicquid absolutum est in actu odiendi Deum vel nolendi non causando aliquam difformitatem vel malitiam in actu. Ergo, etc. Item non minus posset separari difformitas ab odio Dei quam bonitas moralis ab dilectione Dei. Sed dilectio Dei in angelo beato potest separari a bonitate morali et meritoria. Ergo odium Dei in malo angelo potest separari a difformitate, et tunc omne quod non includit contradictionem nec malum culpar potest fieri a Deo solo. Ergo odium Dei, etc.”

[24] Sent. II, q. 19 F: “Item respectu cuiuscumque est Deus causa partialis respectu eiusdem est vel potest esse causa totalis. Quia ipse supplere potest omnem causalitatem causae secundae in genere causae efficientis. Sed respectu eiusdem positivi maxime absoluti producti a creatura est Deus causa partialis ut ostensus est. Ergo potest esse causa totalis respectu cuiuslibet absoluti et per consequens respectu actum odiendi Deum”.

miércoles, 26 de noviembre de 2014

TERRORISMO

Proyecto del Diputado Alberto Asseff 

El Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de
LEY
PREVENCION Y SANCION DEL TERRORISMO

TITULO I
DEL TERRORISMO
Capitulo Primero
Definición de Terrorismo
Artículo 1°: Se entenderá por terrorismo cualquiera de las acciones descriptas en la presente ley y en los convenios internacionales en los cuales la Argentina sea Estado Parte, destinadas a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona o estragos con el objeto de suscitar  conmoción, cuando el propósito de dichas acciones, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Delitos Terroristas
Artículo 2°: Se aplicará la pena de reclusión o prisión de diez (10) a veinticinco (25) años al que con la finalidad de intimidar a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, realizare una o varias de las acciones descriptas en los convenios internacionales citados a continuación:
1) CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DEL APODERAMIENTO ILÍCITO DE AERONAVES. LA HAYA, 16 DE DICIEMBRE DE 1970. LEY 19.793.
Apoderarse o tomar el control de una aeronave en vuelo mediante el ejercicio de violencia o intimidación.
2) CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL. MONTREAL, 23 DE SEPTIEMBRE DE 1971. LEY 20.411.
2.a.- Ejercer contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo actos de violencia que, por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave.
2.b.- Destruir una aeronave en servicio o producirle daños que la incapaciten para el vuelo o que por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo.
2.c.- Colocar en una aeronave en servicio un artefacto o sustancia idónea para destruir o producirle daños que la incapaciten para el vuelo o que por su naturaleza, constituyan un peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo.
2.d.- Destruir o producir daños a las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbar su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo.
2.e.- Comunicar, a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo.
3) PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS DE VIOLENCIA EN LOS AEROPUERTOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE 1971. MONTREAL, 24 DE FEBRERO DE 1988. LEY 23.915.
Utilizar cualquier artefacto, sustancia o arma con el propósito de:
3.a.- Ejercer actos de violencia contra una persona en un aeropuerto que preste servicios a la aviación civil internacional, que le cause o le pueda causar lesiones graves o la muerte.
3.b.- Destruir o causar graves daños en las instalaciones de un aeropuerto que preste servicios a la aviación civil internacional o en una aeronave allí ubicada que no esté en servicio, o perturbar los servicios del aeropuerto, si ese acto pone en peligro su seguridad.
4) CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA. ROMA, 10 DE MARZO DE 1988. LEY 24.209.
4.a.- Apoderarse o tomar el control de un buque mediante el ejercicio de violencia o intimidación.
4.b.- Realizar un acto de violencia contra una persona que se halle a bordo de un buque si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque.
4.c.- Destruir o causar daño a un buque o a su carga que pueda poner en peligro su navegación segura.
4.d.- Colocar en un buque un artefacto o una sustancia que pueda destruirlo o causar daños al buque o a su carga de manera que ponga o pueda poner en peligro la navegación segura de un buque.
4.e.- Destruir o causar daños graves en las instalaciones o servicios de navegación marítima o entorpecer gravemente su funcionamiento, si cualquiera de tales actos puede poner en peligro la navegación segura de un buque.
4.f.- Difundir información a sabiendas de que es falsa, poniendo así en peligro la navegación segura de un buque.
4.g.- Lesionar o matar a cualquier persona para la comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a f).
4.h.- Amenazar con cometer cualquiera de los delitos enunciados en los incisos b), c) y e), con ánimo de obligar a un tercero a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, si la amenaza puede poner en peligro la navegación segura del buque.
5) PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL. ROMA, 10 DE MARZO DE 1988. LEY 25.771.
5.a.- Apoderarse o tomar el control de una plataforma fija mediante el ejercicio de violencia o intimidación.
5.b.- Ejercer un acto de violencia contra alguna persona que se halle a bordo de una plataforma fija, si dicho acto puede poner en peligro la seguridad de ésta.
5.c.- Destruir o producir daños a una plataforma fija que pueda poner en peligro su seguridad.
5.d.- Colocar un artefacto o sustancia que pueda destruir una plataforma fija o poner en peligro su seguridad.
5.e.- Lesionar o matar a cualquier persona para la comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a d).
5.f.- Amenazar con cometer cualquiera de los delitos enunciados en los incisos b) y c), con ánimo de obligar a un tercero a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, si la amenaza puede poner en peligro la seguridad de la plataforma fija.
6) CONVENCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, INCLUSIVE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 14 DE DICIEMBRE DE 1973. LEY 22.509.
6.a.- Matar, secuestrar, o cometer otro atentado contra la integridad física o libertad de una persona internacionalmente protegida.
6.b.- Atentar violentamente contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida, poniendo en peligro su integridad física o libertad.
6.c.- Amenazar con la comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los incisos a) y b).
7) CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA DE REHENES. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 17 DE DICIEMBRE DE 1979. LEY 23.956.
Privar de la libertad a una o más personas y amenazar con matarlas, herirlas o mantenerlas detenidas con el propósito de obligar a un tercero a realizar una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación de aquellas.
8) CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES. VIENA, 3 DE MARZO DE 1980. LEY 23.620.
8.a.- Recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dispersar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa o es probable que cause la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales.
8.b.- Hurtar, robar, obtener mediante fraude, malversar, obtener mediante amenazas o uso de violencia o cualquier tipo de intimidación, o realizar cualquier tipo de apoderamiento ilícito de materiales nucleares.
8.c.- Amenazar con el uso de materiales nucleares para causar la muerte, lesiones graves o daños materiales sustanciales.
8.d.- Cometer uno de los delitos mencionados en los apartados a) y b) con el fin de obligar a una persona a hacer o a abstenerse de hacer algo.
9) CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 15 DE DICIEMBRE DE 1997. LEY 25.762.
Entregar, colocar, arrojar o detonar un explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso o acceso público, instalación pública gubernamental, una red de transporte público, una instalación de infraestructura, con el propósito de causar muertes, graves lesiones o la destrucción significativa de ese lugar, instalación o red, produciendo o pudiendo producir un grave perjuicio económico.
10) CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR, ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005.
10.a. – Quien, ilícita e intencionalmente:
a) Poseyere material radiactivo o fabricare o poseyere un dispositivo:
i) Con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves; o
ii) Con el propósito de causar daños considerables a los bienes o al medio ambiente;
b) Utilizare en cualquier forma material radiactivo o un dispositivo, o utilizare o dañare una instalación nuclear en forma tal que provocare la emisión o entrañare el riesgo de provocar la emisión de material radiactivo:
i) Con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves; o
ii) Con el propósito de causar daños considerables a los bienes o al medio ambiente;
iii) Con el propósito de obligar a una persona natural o jurídica, una organización internacional o un Estado a realizar o abstenerse de realizar algún acto.
10.b. – Quien, ilícita e intencionalmente exigiere la entrega de material radiactivo, un dispositivo o una instalación nuclear mediante amenaza, en circunstancias que indiquen que la amenaza es verosímil, o mediante el uso de la fuerza.

Artículo 3º: Al que, con la finalidad de intimidar a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, cometiere un delito se le aplicará el doble de la pena prevista para tal delito si el mismo no estuviese comprendido en los supuestos del artículo 2º, salvo que correspondiere aplicar lo previsto en el artículo 4º.

Artículo 4°: Se aplicará la pena de prisión o reclusión perpetua si como resultado de los delitos previstos en los artículos 2º y 3º se causare la muerte de alguna persona.
Capítulo Tercero

Financiamiento del Terrorismo
Artículo 5°: Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años al que por el medio que fuere, directa o indirectamente, en forma deliberada, proveyere o recolectare fondos con el objeto de que sean utilizados, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, en los delitos previstos en la presente Ley.

Artículo 6º: A tales efectos al término “fondos” comprende los bienes y créditos de cualquier tipo y naturaleza así como los documentos o instrumentos legales, cualquiera fuere su forma, incluida la electrónica o digital, que acreditaren la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes y créditos, incluidos, sin que la enumeración sea taxativa, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito.

Capitulo Cuarto
Disposiciones Generales
Artículo 7°: El que con el fin de cometer uno de los delitos establecidos en el artículo 2º o un delito agravado por verificarse las circunstancias contempladas en el artículo 3º, comenzare su ejecución, pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad, será castigado con el mínimo de la pena prevista establecida para tal delito, salvo que el delito consistiere en alguna de las acciones típicas establecidas en el inc.10 del artículo 2º.

Artículo 8°: El que con el fin de cometer el delito establecido en el inc.10 del artículo 2º comenzare su ejecución, pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad será castigado con la misma pena que le hubiese correspondido si hubiese consumado el delito.

Artículo 9°: Los delitos contemplados en la presente la presente ley son imprescriptibles, equiparándose con los delitos de lesa humanidad a los efectos de la persecución penal.

Artículo 10º: Ninguno de los delitos previstos en la presente ley se considerará como delito político o delito conexo con un delito político, o un delito inspirado por motivos políticos.

Artículo 11°: El propósito de intimidar o conmover a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto u abstenerse de hacerlo podrá inferirse de las circunstancias objetivas del caso.
A tales efectos, podrán ser valoradas como circunstancias objetivas del caso:
1) La existencia de indicios serios, graves y concordantes por los que se concluya de manera univoca que las acciones descriptas en los artículos 2º y 3º tienen como finalidad intimidar a la población u obligar al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
2) El método o los medios empleados; cualquier tipo de enunciación de propósitos o proclama realizada con anterioridad a las acciones descriptas en los artículos 2º y 3º; la existencia de vínculos con grupos terroristas; y cualquier otra circunstancia que el juez estime conducente.

TITULO II
COMPETENCIA E INVESTIGACIÓN
Artículo 12º: Los delitos previstos en esta ley serán de competencia exclusiva y excluyente de la Justicia Federal.

Artículo 13º: Cuando en el marco de la competencia prevista en la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional, la Secretaría de Inteligencia reúna información de que presumiblemente existen actos derivados de la presente ley, deberá ponerlos en conocimiento del magistrado de turno del Ministerio Fiscal, a lo efectos de que inmediatamente forme una carpeta de prueba destinada a formalizar el requerimiento de instrucción correspondiente al Juez Federal. En caso de que el Fiscal interviniente considere que la información recabada no constituye indicio suficiente para requerir la instrucción de la causa, elevará de forma inmediata las actuaciones al Señor Procurador de la Nación, quien decidirá si desestima la causa o la remite al Juez Federal.

Artículo 14º: La investigación de la causa quedará a cargo del Juez Federal, quien deberá en el plazo de 24 horas decidir si actúa conforme a lo previsto en el artículo 196º primer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, en cuyo caso el agente fiscal asumirá inmediatamente la dirección de la investigación y actuará de conformidad a las normas del Título II, Sección II del Libro II del Código Procesal Penal de la Nación y demás normas procesales. En caso de que el Juez Federal no haga uso de las facultades mencionadas anteriormente, deberá de forma inmediata proceder con la investigación de la causa, desestimar o remitir las actuaciones a otra jurisdicción según corresponda.

Artículo 15º: El Juez o Fiscal a cargo de la investigación podrá disponer que actúen como auxiliares de la investigación, la Policía Federal, las Fuerzas de Seguridad, las Policías provinciales, la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, como así también cualquier funcionario público cuando la naturaleza de los hechos exigiere su intervención en razón de que por sus conocimientos o experiencia fuere imprescindible para el éxito de la investigación.

Artículo 16º: Cuando el juez o fiscal a cargo de la investigación fuera a requerir el auxilio de otros organismos del sistema de inteligencia, sea de la Policía Federal, de las Fuerzas de Seguridad Federales o de Policías Provinciales; éstos deberán actuar coordinadamente con la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación.

Artículo 17º: El Juez de la causa, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal podrá, aplicar, en lo pertinente, las disposiciones del Art. 32 de la Ley 23.737.

Artículo 18º: En las causas en que se investiguen hechos comprendidos en la presente ley, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, cuando la demora en el procedimiento pudiese comprometer el éxito de la investigación, el Juez o Fiscal a cargo de ésta podrán actuar en ajena jurisdicción territorial, a través de las autoridades de prevención, quienes deberán llevar a cabo las diligencias urgentes y necesarias e informarlas inmediatamente al Juez del lugar.

TITULO III
DE LOS MEDIOS PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL TERRORISMO
Capitulo Primero
De la Intervención y Captación de Comunicaciones
Artículo 19º: Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo, facsímile u otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, Internet, correo electrónico, Whatsapp, Twitter, Instagram, así como cualquier tipo de información, archivos, registros, documentos privados, de entrada o lectura no autorizada inaccesibles al público, podrán ser interceptadas o captadas mediando orden o dispensa judicial, cuando ello resulte necesario para la investigación de las acciones delictivas previstas en la presente ley.

Artículo 20º: La autorización judicial para la interceptación o captación de comunicaciones privadas de cualquier tipo será solicitada siguiendo los procedimientos previstos en la ley de inteligencia.

Artículo 21º: La ejecución de las interceptaciones autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente estará exclusivamente a cargo de la Secretaria de Inteligencia de la Presidencia de la Nación.

Capitulo Segundo
Régimen del Agente Encubierto
Artículo 22º: Durante el curso de la investigación judicial y a los efectos de comprobar la comisión de hechos previstos por la presente Ley, de impedir su consumación, de lograr la individualización o detención de los autores, partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no pudieren ser logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad, policiales o de los organismos de inteligencia, actuando de forma encubierta, se introduzcan en organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los hechos previstos en la presente ley.
La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la que actuará en el caso, que será reservada fuera de las actuaciones y con la debida clasificación de seguridad.

Artículo 23º: La información que el agente encubierto obtenga, será puesta en conocimiento del juez o fiscal interviniente en la forma que resultare más conveniente para posibilitar el cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de su función e identidad.
Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente encubierto, éste declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas necesarias para resguardar su integridad personal y la reservada de su identidad.

Artículo 24º: No será punible el agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiere visto compelido, con riesgo de la propia vida o de terceros, a participar en la comisión de delitos para evitar un mal mayor.
Cuando el agente encubierto hubiere resultado imputado en un proceso, hará saber confidencialmente su carácter al juez interviniente, quien en forma reservada recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda.
Si el caso correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo, el juez lo resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado.

Artículo 25º: Ningún integrante de las fuerzas de seguridad o policiales o de los organismos de inteligencia podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. La negativa a hacerlo no será considerada como antecedente desfavorable para su carrera profesional.

Artículo 26º: Cuando peligrare la seguridad de la persona que haya actuado como agente encubierto por haberse develado su verdadera identidad, tendrá derecho a optar entre permanecer activo o pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de servicio que tuviere. En éste último caso, se le reconocerá un haber de retiro calculado sobre la base de una promoción de dos grados de escalafón por el que cumpliera su función.

Capítulo Tercero
Régimen del Colaborador de la Justicia
Artículo 27º: A la persona incursa en cualquiera de los hechos previstos por la presente Ley, el tribunal podrá excepcionalmente reducirle la pena prevista cuando durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación brinde información esencial que a criterio del juez contribuya a:
1) Prevenir la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente ley, o la continuación del delito o la perpetración de otro.
2) Esclarecer el hecho de la investigación u otros conexos.
3) Acreditar la identificación de autores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos.
También podrá obtener este beneficio quien aporte información que permita secuestrar sustancias explosivas, inflamables, armas o elementos de elevado poder destructivo, medios de transporte, valores, bienes dinero o cualquier otro activo de importancia, relacionado con los hechos previstos en la presente ley.

Artículo 28º: La modificación de pena prevista precedentemente deberá ser decidida por el tribunal de juicio al dictar la sentencia definitiva.
Sin embargo en el momento que su aplicación aparezca como probable, podrá ser considerado a los fines de la excarcelación de acuerdo a las normas procesales comunes.
Excepcionalmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo; en aquellos casos en que hubiere imputado dispuesto a colaborar con la investigación, en los términos previstos en esta ley; podrá procederse en cualquier etapa el proceso, mediante auto fundado, y luego de determinar si su colaboración satisface las expectativas propuestas, conforme las normas del juicio abreviado a la imposición de penas de acuerdo a la pauta legal de que se trate, aunque superen el monto previsto por el Art. 431 bis del Código Procesal Penal.
Este procedimiento se llevará a cabo por la Cámara Federal de Apelaciones o el Tribunal de Juicio respectivos; según hubiere sido la etapa del proceso en el que se produjo la colaboración, en audiencia que solo se convocará al imputado, su defensor, la parte querellante, si la hubiere, y al Ministerio Público Fiscal.
Contra la sentencia que rechazare el acuerdo de juicio abreviado, también será admisible el recurso ante la Cámara de Casación.

Artículo 29º: Las declaraciones de las personas mencionadas en las disposiciones anteriores, carecerán de valor probatorio si no se producen con el controlador fiscal, la querella y la defensa, del modo establecido en las leyes procesales.
Los elementos probatorios obtenidos mediante la colaboración prevista en esta ley podrán exclusivamente ser utilizados en el mismo proceso o en otros por hechos comprendidos por esta ley.

Artículo 30º: Serán reprimidas con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años las personas que se acojan a los beneficios de esta ley y formulen declaraciones falsas o proporcionen datos inexactos sobre terceros.
La pena máxima se elevará a doce (12) años cuando ello fuere realizado en perjuicio de un imputado.

Capitulo Cuarto
Régimen del Informante
Artículo 31º: Tendrá carácter de informante aquella persona que aporte datos, informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia pertinente y útil a fin de esclarecer los delitos de terrorismo previsto en la presente ley.
La información que provea el confidente tendrá valor indiciario, salvo que declare como testigo.

Artículo 32º: El informante no será considerado agente del Estado. Debe ser notificado que colaborará en la investigación en ese carácter y se le garantizara que su identidad será mantenida en estricta reserva.
Cuando sea imprescindible aportar como prueba la información personal del confidente, éste declarara como testigo y el tribunal deberá disponerlo por resolución fundada, previa adopción de las medidas de protección adecuadas bajo pena de nulidad. En ese caso siempre deberá presumirse un peligro cierto para la vida o la integridad física y moral del informante y su familia.
El confidente develado declarara como testigo en audiencia pública en el modo establecido por el Código Procesal Penal de la Nación.

Artículo 33º: Le serán aplicables de manera extensivas las disposiciones del decreto 2023/94, modificado por decreto 1340/96, a los efectos de las recompensas que le pudiere corresponder percibir.
El tribunal de la causa por resolución fundada y bajo pena de nulidad ordenara el pago y determinara el monto de la recompensa del informante en función de la utilidad de la información.
El pago estará a cargo de la autoridad de aplicación del Fondo Permanente para la protección contra el Terrorismo Nacional e Internacional.

Capitulo Quinto
Régimen del Denunciante
Artículo 34º: Las personas que denunciaren una acción delictiva prevista en la presente ley podrán hacerlo mediante reserva de identidad que solicitaran al juez de la causa al momento de efectuarla.
La denuncia podrá formularse por escrito sin que sea exigible requisito alguno y resultarán aplicables las prescripciones contempladas para la protección de testigos de resultar necesarias para proteger su integridad física y familiar.

Capitulo Sexto
Régimen de Protección de Testigos, Víctimas e Imputados
Artículo 35º: A los efectos de la presente Ley, se aplicará el Régimen Nacional de Protección de Testigos previsto en la Ley Nº 25.764.

Capitulo Séptimo
Fondo Permanente de Protección contra el Terrorismo
Artículo 36º: El Fondo Permanente de Protección contra el Terrorismo Internacional, creado por Decreto 2023/94, modificado por Decreto 1340/96, estará destinado a abonar recompensas a las personas que aporten datos, informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fehaciente para esclarecer los hechos de terrorismo, así como a la atención de las medidas de protección de personas -testigos e imputados – prevista en la Ley Nº 25.764.

Artículo 37º: El producido de los bienes decomisados, así como las multas que se recauden por aplicación de la presente ley, ingresarán al Fondo Permanente de Protección contra el Terrorismo Internacional.

TÍTULO IV
INVESTIGACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Artículo 38°: Sin perjuicio de sus funciones, la Unidad de información Financiera creada por la Ley Nº 25.246 tendrá intervención en el análisis, tratamiento y transmisión de la información destinada a prevenir e impedir el uso de fondos en los delitos previstos en la presente Ley.

Artículo 39°: A los efectos de la presente ley, se entenderá por operación sospechosa de financiamiento del terrorismo la existencia de indicios razonables de que existen fondos vinculados, relacionados, o que puedan presumiblemente ser utilizados para la ejecución de los delitos contemplados en la presente Ley.

Artículo 40°: Los sujetos enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 estarán obligados a reportar toda operación sospechosa de financiamiento del terrorismo a la Unidad de Información Financiera, y deberán abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Artículo 41°: En el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa, los sujetos contemplados en el artículo 20° de la Ley 25.246 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera el secreto bancario, bursátil, profesional, fiscal o tributario, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
La información obtenida será confidencial y sólo podrá ser utilizada en la investigación del hecho que motivó el proceso.

Artículo 42°: La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de informar para cada categoría de sujetos obligados en virtud del artículo 20 de la Ley 25.246 y para cada tipo de actividad.

Artículo 43°: La Unidad de Información Financiera deberá dar trato preferente, y con carácter de urgente, a toda operación que sea considerada sospechosa conforme el artículo 39 de la presente ley.

Artículo 44°: Cuando del análisis de las operaciones sospechosas surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar la sospecha de que se esté cometiendo el delito de Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de Información Financiera pondrá inmediatamente sus actuaciones en conocimiento del Juez Federal o Fiscal a los efectos de la prevención, investigación y procesamiento de las personas imputadas.

Artículo 45°: Cualesquiera de los Organismos de Seguridad, las unidades de control fronterizo dependientes de la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de Aduanas, deberán poner en conocimiento del juez y Fiscal Federales competentes todo acto que pudiere configurar una operación sospechosa.

Artículo 46°: Cuando existieren indicios suficientes que permiten identificar los fondos a los que hace referencia el artículo 39°, el Juez Federal competente, dispondrá su embargo preventivo.

Artículo 47°: Comprobando el destino de los fondos dentro de las previsiones de la presente ley, se ordenara su inmediato decomiso y su integración al Fondo Permanente de Protección contra el Terrorismo Internacional, creado por decreto 2023/94, modificado por decreto1340/96.

TÍTULO V
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL TERRORISMO
Capítulo Primero
Extradición
Artículo 48°: Corresponderá la extradición en los casos de los delitos previstos en la presente Ley que impliquen la participación de una o más personas y que, siendo esta objeto de la solicitud de extradición, se encuentre en el territorio nacional, siempre que el delito sea punible tanto con arreglo al derecho interno como al derecho interno del Estado requirente.

Artículo 49°: Si no existiera un tratado de extradición con el Estado requirente, las autoridades judiciales podrán considerar a la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley Nº 25.632) como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que aplica la presente ley.

Artículo 50°: El Estado Nacional, de conformidad con su derecho interno, procurará agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica la presente ley.

Artículo 51°: De conformidad a lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Nacional, podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tiene carácter urgente, y a solicitud del Estado requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esta persona en los procedimientos de extradición.

Artículo 52°: En caso de que un sospechado de tener algún grado de participación en alguno de los delitos previstos en la presente Ley se encuentre en territorio nacional, y se decidiera su no extradición respecto de un delito al que se aplica la presente ley, por el solo hecho de ser argentino, el Estado Nacional estará obligado, previa solicitud del Estado que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de su enjuiciamiento.
Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo su actuación judicial con arreglo al derecho interno, sin perjuicio de la cooperación solicitada al Estado requirente.

Capítulo Segundo
Asistencia Judicial Recíproca
Artículo 53°: El Estado Nacional prestará la más amplia asistencia judicial al Estado que así lo requiera y garantice reciprocidad, respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de comprendidos en la presente ley.

Artículo 54°: La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el artículo anterior podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:
1) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;
2) Presentar documentos judiciales;
3) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
4) Examinar objetos y lugares;
5) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;
6) Entregar originales o copias certificadas de los documentos de expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera así como la documentación social o comercial de sociedades de todo tipo;
7) Localizar los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
8) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente;
9) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho local.

Artículo 55°: Las autoridades competentes podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado si creen que esa información podría ayudar a la autoridad extranjera a emprender o concluir con éxito investigaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada con arreglo a la presente ley.

Artículo 56°: La transmisión de información con arreglo al artículo anterior se hará sin perjuicio de las investigaciones y procesos penales que tengan a cargo las autoridades judiciales que facilitan la información.
Será condición necesaria para transmitir información el compromiso expreso de las autoridades competentes extranjeras que reciben la información, de acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización.

Artículo 57°: Lo dispuesto en la presente ley no afectará a las obligaciones emergentes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

Artículo 58°: El Estado Nacional no invocará el secreto bancario, bursátil, fiscal o tributario para denegar la asistencia judicial reciproca con arreglo a la presente ley.

Artículo 59°: La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio nacional cuya presencia se solicite en un Estado requirente, para fines de identificación, para prestar testimonios o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente ley, podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
1) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;
2) Las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.

Artículo 60°: A los efectos del artículo anterior, las autoridades nacionales exigirán expresamente las siguientes condiciones:
1) El Estado al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Nacional solicite o autorice otra cosa.
2) El Estado al que se traslade a la persona deberá cumplir sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Nacional, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados.
3) El Estado al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Nacional, que inicie procedimientos de extradición para su devolución.
4) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado requirente al que se ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado Nacional.
5) A menos que la autoridad nacional esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá se enjuiciada, detenida condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio de la República Argentina.

Artículo 61°: A los efectos de la presente ley, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos designará a una autoridad encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución.
La autoridad designada velará por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando ésta transmita la solicitud a una autoridad competente para se ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad.

Artículo 62°: Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:
1) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
2) El objeto y lo índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
3) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales;
4) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento, particular que la autoridad requirente desee que se aplique;
5) De ser posible, la identidad ubicación y nacionalidad de toda persona interesada;
6) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

Artículo 63°: La autoridad nacional competente podrá solicitar información complementaria cuando sea necesaria para dar cumplimiento al requerimiento o para facilitar dicho cumplimiento.

Artículo 64°: Las autoridades nacionales no podrán transmitir ni utilizar, sin previo consentimiento del Estado que la haya proporcionado, la información o las pruebas facilitadas para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá que las autoridades locales revelen en sus actuaciones información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada.
En este último caso, el Estado Nacional notificará al Estado que haya facilitado la información antes de revelar la información o las pruebas.

Artículo 65°: Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.

Artículo 66°: La asistencia judicial reciproca podrá ser diferida por las autoridades nacionales si el requerimiento perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.

Artículo 67°: Antes de denegar la solicitud presentada o de diferir su cumplimiento con arreglo del artículo anterior, la autoridad competente consultará al Estado requirente para que considere si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que se estimen necesarias. Si el Estado requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, la autoridad competente deberá observar las condiciones impuestas.

Artículo 68°: El testigo, perito u otra persona que, residiendo en el extranjero, y a instancias de autoridades nacionales consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio nacional, no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en este territorio por actos omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonara el país.
Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona hayan tenido, durante quince días consecutivos a partir de la fecha en que se haya informado oficialmente que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en nuestro territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado.

Artículo 69°: No se reconocerá la condición de refugiado, ni se otorgará asilo a las personas de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido o participado en delito contemplado en la presente ley.

TÍTULO VI
DEL MARCO INSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y
SANCIONAR EL TERRORISMO
Capítulo Primero
De la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo
Artículo 70º: Créase la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad, cuyo titular con el rango de Director ejercerá la conducción y será responsable de su funcionamiento.
Será responsable además de incorporar a dicha Dirección el personal especializado necesario para el cumplimiento de las funciones de esta Dirección mediante concurso público de oposición de antecedentes.
El Director de la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo podrá solicitar la participación en las reuniones de funcionarios públicos ajenos al mismo o de particulares cuyos conocimientos o competencias se consideren de utilidad para los asuntos específicos a tratarse.
El Ministerio del Interior y Transporte; la Secretaría de Inteligencia; el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; la Unidad de Información Financiera; la Dirección Nacional de Migraciones; la Dirección Nacional de Aduanas; y el Registro Nacional de Armas designarán un representante para integrar en carácter de asesor permanente a la Dirección Nacional de Prevención.

Artículo 71º: La Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo tendrá estructura y funcionamiento permanentes para el cumplimiento de las siguientes funciones:
1) Elaborar el Plan Nacional de Prevención de Terrorismo, el que será elevado para su aprobación al Presidente de la Nación antes del 30 de septiembre de cada año.
2) Recibir información e inteligencia vinculada con delitos previstos en la presente Ley.
3) Formular a la Secretaría de Inteligencia requerimientos específicos de información para el cumplimiento de sus funciones.
4) Formular directivas concretas a los distintos organismos del Estado, tendientes a la adopción de medidas específicas de prevención de los delitos previstos en la presente Ley.
5) Comunicar al Ministerio Público para que ejerza la acción penal cuando surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido, o se encontrare en preparación, un delito previsto en la presente Ley.
6) Diseñar mecanismos de respuesta a emergencias derivadas de la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente Ley y que apunten a neutralizar o minimizar sus potenciales daños.

Artículo 72º: En el marco de actividades vinculadas con los delitos previstos en la presente Ley, la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo estará facultada a solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento útil para el cumplimiento de sus funciones a cualquier organismo o ente público nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije.
Al incumplimiento injustificado del deber de informar por parte de una persona física o jurídica privada se aplicará una multa de hasta pesos quinientos mil ($500.000) por el Director de la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo.
No podrá oponerse a la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo disposición alguna que establezca el secreto de la información, excepto la que resguarde el ejercicio profesional de la defensa judicial.

Artículo 73º: Los organismos con asesores permanentes en la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo estarán obligados a aportar a él, a través de su representante, toda información de que dispongan sobre actividades vinculadas con los delitos previstos en la presente Ley. No podrá oponerse a la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo el secreto impuesto por cualquier normativa.
Los funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo.

Artículo 74º: Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional a compartir con otros países, bajo fórmulas de reciprocidad, información de inteligencia vinculada con los delitos previstos en la presente Ley.

Artículo 75º: El Director de la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo deberá remitir anualmente, y bajo clasificación de seguridad, un Informe Anual de Actividades a la Presidencia de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, las que deberán conservarlo con los debidos recaudos. Solamente tendrán acceso a dicho informe para su consulta los legisladores, quienes estarán obligados a guardar secreto de su contenido.
Cada Cámara podrá convocar al Director de la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo a informar, en sesión secreta, sobre aspectos atinentes a dicho informe.

Capítulo Segundo
Del Plan Nacional de Prevención de Terrorismo
Artículo 76º: El Plan Nacional de Prevención de Terrorismo dispuesto en el inciso 1) del artículo 71 tendrá máxima clasificación de seguridad y contendrá:
1) Un análisis de las capacidades y vulnerabilidades de nuestro país en materia de prevención e investigación de actos previstos en la presente ley.
2) Un Plan General de Acción disponiendo las directivas que demande su cumplimiento por cada organismo y dependencia involucrado.
3) Un informe sobre el grado de cumplimiento observado por cada organismo y dependencia al Plan General de Acción del ejercicio anterior.

Artículo 77º: El Director de la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo será responsable de la ejecución del Plan y deberá transmitir a cada organismo o dependencia involucrada su parte pertinente para que actúe en consecuencia.

Capítulo Tercero
Coordinación de Actividades
Artículo 78°: Créase un banco de datos informatizado destinado a la recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza del terrorismo en el ámbito de la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo, la cual tendrá la facultad de desarrollar y compartir experiencia analítica acerca de las actividades del terrorismo, tanto a nivel bilateral como por conducto de organizaciones internacionales y regionales.
A este fin, se establecerán y aplicarán, según proceda, definiciones, normas y metodologías comunes.
El mismo contará con adecuados resguardos técnicos de seguridad y será alimentado con la información aportada por los integrantes de la Dirección Nacional de Prevención del Terrorismo.

Capítulo Cuarto
Disposiciones Complementarias
Artículo 79°: Dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrega en vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo Nacional procederá a reglamentarla, estableciendo los procedimientos y medidas necesarios para su aplicación y la protección de las materias clasificadas.

Artículo 80°: Autorizase a la Jefatura de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para atender el gasto que demande la aplicación de la presente Ley.

Artículo 81°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.