El
Mal Menor en la Política
Nadie ignora que vivimos en una era de gran
complejidad y acentuada confusión de ideas, de modo que no puede sorprender la
enorme dificultad para un adecuado funcionamiento de la autoridad pública en
las sociedades. Un alto porcentaje de la ciudadanía descree de la eficacia del funcionamiento del Estado, al que se
considera incapaz de resistir las presiones sumadas del mercado, de la prensa y
de los grupos de interés. En la última década, en varios países han proliferado
manifestaciones que expresaron de modo violento el descontento, exigiendo un
cambio inmediato del gobierno; surgiendo las agrupaciones de indignados, como en España donde
llegaron a ocupar espacios públicos, hasta dar origen a un partido propio que
canalizara sus inquietudes. Un proceso similar se produjo en Italia, donde un
actor cómico, Beppe Grillo, fundó el Movimiento Cinco Estrellas, que obtuvo un
lugar importante en el parlamento. Los partidos más antiguos se ven obligados a
incorporar a sus listas de candidatos a deportistas y actores para intentar
atenuar el descenso de popularidad.
Consideramos que en este escenario, de alta
volatilidad y desprestigio de la actividad política, a quienes poseen la
vocación, honestidad y patriotismo necesarios para encarar esta misión de
servicio a la comunidad, les resulta imprescindible utilizar la antigua
doctrina del mal menor. Cicerón postulaba la regla minima de malis eligenda; y Santo
Tomás afirma que: Cuando es forzoso
escoger entre dos cosas, que en cada una de ellas hay peligro, aquélla se debe
elegir de que menos mal se sigue[1].
Por cierto que nunca es lícito, ni aún por razones gravísimas, hacer el mal
para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad
lo que es intrínsecamente desordenado. La prudencia permitirá “saber elegir
entre las distintas posibilidades prácticas, de modo que se consiga el mayor
bien posible o se evite el mal mayor, y siempre sin utilizar el mal de un modo
activo: no hay que hacer nunca el mal, aunque sea para conseguir un gran bien”[2].
Explica Fernández Sánchez que, en
un sentido amplio, el principio del mal menor significa que, cuando se prevén
males inevitables, es preferible permitir, mediante nuestra decisión aquel de
ellos que es el menor, para evitar el que es mayor. En sentido estricto, dicho principio significa que, cuando en
apariencia todas las posibles decisiones que se pueden tomar son malas, y no
puede evitarse decidir, hay que hacerlo por lo menos malo. En ambos casos, la
aplicación del principio tiene límites éticos; pero el mal menor tiene
categoría de bien, en relación con un mal mayor, por lo tanto es preferible,
porque el bien que se pierde con el mal mayor es más valioso[3].
El riesgo siempre latente es el
subjetivismo, pues la buena intención no autoriza a hacer ninguna obra mala; sin
una “determinación racional de la moralidad del obrar humano, sería imposible
afirmar un orden moral objetivo[4]”.
Para vincular esta doctrina con la actividad política debemos
dilucidar, primero, en qué consiste.
Siguiendo a Santo Tomás, Kéraly define a la política como “la ciencia encargada
no solamente de estudiar sino también de conducir y de mantener a la ciudad en
su finalidad específica”. La política, así entendida, pertenece a las ciencias
prácticas, porque -señala Sto. Tomás- “la ciudad es una cierta entidad respecto
de la cual la razón humana no sólo es cognoscitiva, sino también operativa”,
debiendo incluirse entre las ciencias morales y no entre las ciencias
productivas porque “la ciencia política tiene por objeto el ordenamiento de los
hombres”. Y es la ciencia arquitectónica respecto de todas las demás ciencias
prácticas, de allí que Aristóteles diga que la filosofía de las cosas humanas culmina con la política[5].
De acuerdo a la definición de Kéraly, la política abarca dos aspectos
complementarios:
a) un cuerpo de
conocimientos teóricos y normativos fundado en una labor científica cuyo modo
es especulativo y cuyo procedimiento es analítico (obra de la razón);
b) un conjunto de aptitudes
y de disposiciones activamente ordenadas al bien común de la ciudad, especie de
saber hacer moral, cuyo modo es práctico y cuyo procedimiento es sintético
(obra de la prudencia).
Entonces, la política es ciencia y prudencia. Explica Leo Strauss que “la
filosofía política clásica fue eminentemente práctica y que no es obra de la
casualidad que la filosofía política moderna se autodenomine con frecuencia teoría”[6].
Agrega Hennis: “Que la política es una ciencia práctica es la herencia
científico-teórica más importante de la tradición a nuestra disciplina, y su
rechazo la verdadera causa de su crisis”[7]
Muchos
intelectuales y dirigentes promueven la abstención en la vida cívica, por
rechazo al régimen político vigente, que consideran debe ser modificado de raíz
pues impide un gobierno que garantice el bien común. Procurar el reemplazo de
los procedimientos actuales de selección de gobernantes, por otros que se
consideran mejores, constituye un noble esfuerzo, siempre que la alternativa
propuesta sea factible y no una fórmula teórica, para ser aplicada en un futuro
indefinido. Si se sostiene que no se puede -o no se debe- actuar dentro del
sistema político vigente, pues el sistema es la enfermedad, quedamos
paralizados de entrada.
El
sistema institucional actual nos incluye, mal que nos pese, puesto que somos
ciudadanos de éste Estado, y debemos sujetarnos a las normas y trámites
oficiales. “En política es preciso
tratar de las cosas no como deberían
ser, no como se desean, sino como son; lo demás es una política hipotética, no
positiva…”[8].
Además, el poder no admite quedar vacante, debe ser ejercido[9].
Aristóteles
advierte que, tal como hace el tejedor, que no fabrica la lana sino que se
sirve de ella, evaluando su calidad, la
política no hace a los hombres sino que los toma de la naturaleza y se sirve de
ellos[10].
La
única manera efectiva de procurar un cambio es participando activamente en la
vida cívica. Pero para eso, se debe partir de dos premisas doctrinarias: la
licitud moral del voto[11],
y la obligación de respetar el régimen institucional vigente[12],
sin que ello implique avalar las imperfecciones que atribuyamos al sistema
electoral y a la
Constitución vigentes.
No
se trata, por cierto, de intervenir en la vida pública, para adaptarse a lo que
sostiene la mayoría circunstancial, sino, precisamente, para defender y
procurar aplicar, con firmeza, la propia doctrina. Tampoco la decisión de
participar en política implica que todos se sientan obligados a afiliarse a un
partido, ni mucho menos a postularse como candidatos. También la emisión del
voto, deberá quedar librada a la conciencia individual.
Objeciones
a la participación en política
La
doctrina clásica siempre ha considerado válido cualquier sistema político que
asegure el bien común; por eso, cada persona tiene derecho a preferir uno en
particular. Pero es obvio, que en un país como el nuestro, donde rige el
sistema republicano desde hace dos siglos, no habrá posibilidad de cambiarlo
por otro, a menos que sea interviniendo en el régimen vigente o utilizando la
fuerza.
De
las dos premisas indicadas, se infiere la necesidad de actuar en política,
utilizando las herramientas que permite la legislación, sin desconocer las
dificultades que conlleva esa decisión. La compleja y desagradable realidad
contemporánea puede hacer caer en dos tipos de convicciones erróneas, que, a su
vez, conducen a estrategias diferentes para enfrentar la realidad.
Primera posición:
9.
Algunos sostienen que, como existe un oligopolio partidocrático que restringe
las chances electorales a dos o tres partidos o alianzas, es un esfuerzo inútil
aceptar el combate electoral, con el consiguiente desgaste de dinero y energías
que podrían ser mejor empleadas.
Entonces,
aducen, mientras no cambie el panorama, conviene concentrar el esfuerzo en el
combate intelectual, formando a los jóvenes que en el futuro podrán ocuparse de
la política.
La
acción cultural no debe descuidarse, por el contrario debe acentuarse,
perfeccionando los instrumentos correspondientes. Pero, como enseña la doctrina
y demuestra la historia, en última instancia es el poder político el que
determina, incluso, las posibilidades de la acción cultural[13]. Refugiarse
en cenáculos intelectuales, hasta que se produzca el cambio que soñamos, es
caer en la utopía. Según Thomas Molnar: “La visión del utopista está señalada
por el desprecio hacia el presente, así como por aquellos sucesos de la
Historia que separan a la humanidad de la meta deseada, pues él escoge
concentrarse alrededor de la llegada misma y desdeñar todo lo referente al modo
de llegar”[14].
Segunda
posición
Se
alega que, como la corrupción de la política se acelera y se vulneran
gravemente los llamados valores no negociables, es necesario enfrentar con
energía al gobierno, ejerciendo el derecho de resistencia. El derecho de
resistencia puede y debe aplicarse, cuando se dan las condiciones que fija la
doctrina. Saltear los tres grados previos (resistencia pasiva, resistencia
legal, resistencia activa de hecho), para promover la rebelión armada, no es
lícito moralmente, y es un planteo ineficaz y suicida[15]. Como
les advirtió severamente Juan Pablo II a los políticos irlandeses: “Debéis
mostrar que hay un camino pacífico, político, para la justicia. La violencia
florece mejor, cuando hay un vacío político o una repulsa del movimiento
político”[16].
Que
la política contemporánea ofrece un panorama desolador, nadie lo puede negar,
pero ante este horizonte, consideramos que no basta con trabajar en el campo de
la cultura, y criticar la realidad presente, esperando que se produzca un
cambio positivo, puesto que: “El poder es la facultad de mover la realidad, y
la idea no es capaz por sí misma de hacer tal cosa”[17].
Mientras esperamos que mejoren las circunstancias, ¿qué hacemos? Acota el Dr.
Hernández que el Estado dicta las normas para la sociedad, de modo que para
influir en el gobierno “hay que poder dictar las normas, o influir en el
dictado de dichas normas o que las normas no se ejecuten, lo cual generalmente
se impide a través de otras normas”[18].
Si
desde hace un siglo se ha producido el alejamiento de las personas de la
actividad política, ello se debe a un menosprecio de la misma -la
"cenicienta del espíritu", según Irazusta- y a una cierta pereza
mental que impide imaginar soluciones eficaces para enfrentar los problemas
espinosos que plantea la época.
Asumir
una posición rigorista en temas de procedimiento, implica colocar a quien
defiende la necesidad de actuar en la vida cívica, pese a las dificultades, en una
situación casi herética. De manera explícita, un autor argentino prestigioso
como Antonio Caponnetto sostiene “que mientras rija el sistema del sufragio
universal –y muchísimo más mientras se lo consienta expresamente- no sólo no
existe la obligación moral de votar, sino que votar en tales condiciones es un
pecado…”[19].
“En todos los casos, el causante, esto es, el sufragante, es responsable moral
de los males que ejecuten sus elegidos, y de los males que se sigan porque esos
elegidos mantengan la vigencia de la perversión política”[20]
El
enfoque realista en materia política ha sido destacado por Joseph Ratzinger[21]:
“Ser
sobrios y realizar lo que es posible en vez de exigir con ardor lo imposible ha
sido siempre cosa difícil… El grito que reclama grandes hazañas tiene la
vibración del moralismo; limitarse a lo posible parece, en cambio, una renuncia
a la pasión moral, tiene el aspecto del pragmatismo de los mezquinos”. También
los consejos de Santo Tomás Moro, Patrono de los Gobernantes y Políticos, nos
estimulan a continuar el arduo camino de servir al bien común con los
instrumentos disponibles: “La imposibilidad de suprimir enseguida prácticas
inmorales y corregir defectos inveterados no vale como razón para renunciar a
la función pública. El piloto no abandona su nave en la tempestad, porque no
puede dominar los vientos”[22].
Aplicando lo expuesto a la
Argentina, debemos mencionar que es lugar común en nuestro país la queja sobre
el mal funcionamiento del sistema político, y sobre la calidad de la mayoría de
los dirigentes. Por eso, en los últimos años -en especial desde la crisis de
2001- se han lanzado muchos proyectos para intentar mejorar dicho sistema
político.
El principal problema es que la
misma base teórica en nuestro sistema institucional parte de un principio
falso: la soberanía popular, que consiste en conferir al pueblo la atribución
ontológica del poder. Esta teoría ha quedado consolidada jurídicamente en
nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994. En efecto, el nuevo Art.
37 garantiza el ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de
la soberanía popular. Bidart Campos demuestra que los supuestos en que se basa
esta tesis son científicamente falsos:
“Es ficción considerar al pueblo
como susceptible de representación, y como entidad unificada que confiere
mandato; ficción es suponer que el parlamento representa a la totalidad del
pueblo; ficción que los actos de los representantes son actos del pueblo;
ficción que el pueblo gobierna”[23].
Ahora bien, que señalemos los
errores en que se basa la legislación vigente, no nos autoriza a abandonar el
campo de la vida cívica. En primer lugar, pues la realidad indica que la teoría
democrática no es más que una máscara totemística, y la partidocracia -que
implica desmentir la teoría- se impone al margen de las elucubraciones y de las
normas. Cuando el electorado es convocado a las urnas, sólo puede seleccionar
de entre los candidatos que han sido previamente postulados por los partidos,
actuando en una segunda instancia.
En segundo lugar, no es correcto
cuestionar un ordenamiento institucional por que sean discutibles sus fundamentos
intelectuales. En el plano de las ideas es lícito preferir un régimen político
que consideremos el mejor, pero, en toda sociedad se impone, con el tiempo, una
forma determinada de selección y reemplazo de los gobernantes. Si esa forma no
afecta de manera directa la dignidad humana, y rige de hecho en una sociedad,
su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación
impuesta por la necesidad del bien común. En la Argentina tiene vigencia, desde
1853, un ordenamiento constitucional, que es tributario de una serie de pactos
y compromisos en el curso de los acontecimientos políticos nacionales, y rige,
desde entonces, con una aceptación pacífica y estable, lo que le confiere
legitimidad[24].
Consideramos inaceptable,
entonces, la actitud de algunos distinguidos intelectuales de negarse a
participar en la vida cívica, por considerar cuestionable la misma Constitución
y el sistema electoral que de ella deriva, y promover la abstención como única
conducta válida para quienes rechazan la teoría de la soberanía popular. Por el
contrario, la obligación moral de participar será tanto más grave, cuanto más
esenciales sean los valores morales que estén en juego.
La participación en la vida
cívica incluye varias acciones, pero el modo más simple y general de participar
en un sistema republicano, es el ejercicio del voto, de modo que es necesario avocarse
al tratamiento de la doctrina del mal menor en el proceso electoral. La
historia nos muestra que en todas las épocas y en todos los países, el sufragio
ha sido utilizado normalmente como instrumento de selección de las autoridades
políticas. Es un modo de poner en acto el derecho natural del ciudadano de
participar en la vida pública de su sociedad[25].
En todos los tiempos y lugares, se han elegido magistrados, reyes, presidentes
y hasta dictadores, sin que de ello se derivara necesariamente un mal para la
sociedad. Y la forma republicana de gobierno, que fija nuestra Constitución,
implica la periódica elección de autoridades, lo que no es objetable moralmente,
por el contrario, existe la obligación moral de votar, salvo excepciones[26].
Estimamos que, sostener en
vísperas de toda elección, que es inútil y hasta una falta moral ejercer el
voto, pues todos los candidatos son malos y todos los programas defectuosos,
revela una apreciación equivocada de la actividad política. Precisamente en una
época histórica caracterizada por problemas sumamente complejos y una gran
confusión de ideas, se hace más necesario que nunca acudir a la política para
procurar resolver los problemas. Rehusarnos a intervenir en la vida comunitaria
porque no nos gusta lo que vemos, equivale a avalar la continuidad de lo
existente. Tampoco es correcta la impresión de que la política necesariamente
conduce a la corrupción, como afirmaba Lord Acton.
Suele alegarse que la decisión de
no participar en un proceso electoral, deviene de una obligación de conciencia.
Ahora bien, la conciencia debe estar iluminada por los principios y ayudada por
el consejo de los prudentes. No es posible identificar la conciencia humana con
la autoconciencia del yo, con la certeza subjetiva de sí y del propio comportamiento
moral (Ratzinger, 1998) [7]. Y, en muchos casos, la objeción de conciencia no
basta para cumplir con el deber moral de participar en la vida comunitaria.
Antes de invocar la obligación de conciencia, cada persona debe procurar
disponer de la información necesaria para evaluar correctamente a los partidos
que se presentan a una elección, así como a los candidatos respectivos.
Como explica Bargallo Cirio[27]: “Adecuarse
a las circunstancias es sólo contar con ellas para actuar. Para defenderlas o
apoyarlas cuando se deba, o para atacarlas, torcerlas o dominarlas, cuando sea
necesario. (...) La acción política es antes que nada humilde contacto con la
realidad”.
Criticar la realidad social
contemporánea, despreciándola por comparación con alguna forma que existió
históricamente, o con un esquema de lo óptimo, implica caer en el utopismo. Es
preciso conocer la realidad, tal cual es, antes de intentar mejorarla. No es
racional desconocer la fuerza de los hechos. Reconocer que no podemos modificar
una situación injusta, no equivale a convalidarla. Para cada sociedad política,
pueden existir, simultáneamente, tres concepciones del régimen político: el
ideal, propuesto por los teóricos; el formal promulgado oficialmente; y el real
- o constitución material-, surgida de la convivencia que produce
transformaciones o mutaciones en su aplicación concreta. De modo que negarse a
reconocer una constitución formal, implica, a menudo, enfrentarse con molinos
de viento, limitándose a un debate estéril, porque, además, no se tiene
redactada la versión que se desearía que rigiera.
La Constitución Nacional (Art.
38) reserva la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, a los
partidos políticos, por lo que la única forma de participar en la vida cívica
es a través de los mismos, ya sea incorporándose a uno, creando uno nuevo, o
simplemente votando por el más afín.
Pese
a sus defectos, el sistema de
partidos políticos ha mantenido un ámbito de contención medianamente adecuado
para la práctica de la actividad, aunque la crisis que los atraviesa en todo el
mundo marca una realidad de la que nuestros partidos no escapan.
El proceso de selección de candidatos constituye un
elemento esencial de la política. Como consecuencia de la crisis de
representación, la opinión pública privilegia el ascenso de figuras personales
por sobre estructuras partidarias, lo cual, lejos de aportar soluciones, agrava
la situación, alcanzada por un pronunciado cono de sombra por responsabilidades
propias de la política. Es una obligación cívica de los ciudadanos indagar de
forma exhaustiva en los antecedentes y las capacidades de candidatos cuya
actividad habitual nunca estuvo vinculada con la política y la gestión pública[28].
Aplicación del mal menor
Aplicando la doctrina, al tema
eleccionario, el Prof. Palumbo[29]
sostiene que: “En el caso concreto de una elección, al votarse por un
representante considerado mal menor, no se está haciendo el mal menor, sino
permitiendo el acceso de alguien que posiblemente, según antecedentes, lo
hará”.
En ocasiones, el ciudadano no
tiene la posibilidad de elegir entre varios partidos, pues ninguno le ofrece
garantías mínimas, al presentar plataformas que permiten prever acciones
perjudiciales para la sociedad, o declaraciones de principios que contradicen la
ley natural. En esos casos, tiene el deber de abstenerse de votar. Pero no es
habitual que no haya ningún partido aceptable; por lo tanto, aunque no le
satisfaga totalmente, debe votar al partido que parezca menos peligroso. Al
proceder así, no está avalando aquellos aspectos cuestionables de su
plataforma, sino, simplemente, eligiendo el mal menor (Haring, 1965).
Voto útil
A menudo se exhibe,
incorrectamente, al llamado voto útil, como ejemplo de mal menor. El voto útil
consiste en que el elector otorgue su voto a un partido que tiene posibilidades
de ganar, aunque no sea el que más le atrae, para que el voto no se
desperdicie. Este enfoque pragmático tiene ribetes de exitismo, cuando no de
cobardía. El mal menor no se vincula con el maquiavelismo político, que admite
hacer un mal para obtener un bien, lo cual es siempre ilícito. El mal menor
consiste en tolerar un mal, no realizarlo. Un caso típico es el de la ley seca,
en Estados Unidos; la experiencia indicó que prohibir el consumo de alcohol era
más perjudicial que tolerarlo.
Votar un partido que carece de
posibilidades de obtener ni siquiera una banca de concejal, no es una acción
inútil. Si el partido satisface las expectativas, pues defiende principios
sanos y presenta una plataforma que convendría aplicarse, y/o postula a
dirigentes capaces y honestos, merece ser apoyado. El voto, en este caso,
servirá de estímulo para quienes se dedican a la política en esa institución,
les permitirá ser conocidos, y facilitará una futura elección con mejores
perspectivas.
Si bien es admisible que el voto
esté influenciado por el grupo social de pertenencia, es falso que sean los
intereses quienes determinen las preferencias electorales, pues éstas nunca son
unidimensionales. Normalmente, los electores votan al partido que se aproxima
más a sus propias preferencias, de acuerdo a las propuestas de la plataforma
respectiva. De allí que pueda estimarse que se da una relación de
identificación entre los electores y un partido, que los lleva a apoyarlo por
considerar que es una opción satisfactoria, en base a los antecedentes, en
cuanto a los programas y los candidatos. Esta identificación representa un
estímulo para superar la tendencia al abstencionismo o a pensar que todos los
políticos son iguales.
Sin embargo, en vísperas de una
elección cada partido debe definir posiciones sobre múltiples temas, siendo
difícil que el ciudadano pueda compartir lo que se propone en todos ellos. La
identificación, entonces, se acentúa en algunas cuestiones que cada persona
considera más relevantes según su escala de valores. La forma en que se
pronuncien los partidos sobre dichas cuestiones termina de decidir el voto en
cada ocasión.
Opción electoral
15. En base a lo expuesto, la
opción electoral no resulta tan difícil, puesto que nuestra adhesión a los
principios, y la información recopilada, nos van a indicar el camino correcto
entre las distintas posibilidades:
1. Anular el voto: no resulta una
opción válida, en ningún caso, y denota una actitud infantil de desquite
imaginario contra los malos dirigentes.
2. Votar en blanco: debe
distinguirse entre dos aspectos:
a) parcial: es decir, votar en
blanco, para algunos niveles de gobierno o determinados cargos; esto es
admisible, en muchas elecciones.
b) total: el voto en blanco para
todos los cargos y niveles, únicamente puede admitirse en casos excepcionales,
cuando todos los partidos y candidatos resulten inaceptables o peligrosos. Si
tenemos en cuenta que en este año electoral, habrá que votar por cargos
agrupados en 9 o 10 boletas, y optar entre una docena de partidos o frentes,
según el distrito, es prácticamente imposible que no haya ningún candidato
aceptable.
3. Abstenerse: si se da la
situación descripta anteriormente, esta opción parece más lógica que concurrir
al comicio para introducir en la urna un sobre vacío. Consideramos, que en la
Argentina, hubo un sólo caso justificable para la abstención -o el voto en
blanco total-, que fue la elección de convencionales constituyentes de 1957.
Es inaceptable esta opción cuando
está en juego una decisión crucial para la comunidad. Un ejemplo reciente
ilustra al respecto: en el referéndum sobre el aborto, realizado en Portugal,
el 56 % de los ciudadanos se abstuvo; esto permitió que los partidarios del
aborto obtuvieran la mayoría de los votos positivos, y si bien no se alcanzó el
mínimo legal requerido, el gobierno quedó fortalecido y pudo aprobar la ley
respectiva en el Parlamento.
4. Voto positivo: puede
desagregarse esta opción en varias alternativas:
1. Votar por un partido que
satisface íntegramente, para todos los niveles.
2. Votar a varios partidos
simultáneamente, seleccionando los mejores candidatos en cada caso.
3. Votar a un partido y/o
candidato, pese a merecer objeciones, aplicando la doctrina del mal menor.
Merece una atención especial, la
novedad que introdujo la reforma constitucional de 1994, al establecer el
requisito de doble vuelta en la elección presidencial (Arts. 94-98). Es un
instituto creado por Napoleón III (1852) para utilizarse cuando ningún
candidato obtuviese la mayoría absoluta de los votos emitidos, debiendo
competir nuevamente los dos candidatos más votados. En la Constitución
Argentina, se introdujo el ballotage, con un procedimiento único en el mundo, puesto
que bastará que en la primera vuelta la fórmula más votada obtenga más del
cuarenta y cinco por ciento de los votos, o bien cuarenta por ciento con una
diferencia mayor a diez puntos sobre el segundo, para resultar electa.
Pese a este procedimiento curioso, que
facilita el acceso al gobierno, fue necesario utilizarlo en el año 2015. En esa
oportunidad, muchos nos vimos compelidos a aplicar el mal menor, puesto que
ninguno de los dos candidatos nos satisfacía, pero representaban dos modelos
claramente diferenciados. Uno de ellos ratificaría la continuidad de una
corriente cuyos frutos eran negativos, el otro, al menos, permitía vislumbrar
una esperanza de cambio. Algunos analistas opinan que, existe el riesgo en
estos casos, de que la decisión forzada por las circunstancias funcione de un
modo iatrogénico. La iatrogenia es el daño ocasionado a un enfermo por un
médico o medicamento, que en vez de curarlo empeora su situación[30]. Sin
embargo, en casos como el señalado –y supuesto el debido discernimiento-, la
doctrina aconseja elegir la opción que sacrifique menos elementos esenciales
para la comunidad. Se ha dicho al
respecto: “Votar por un candidato menos malo, no es cooperar a un mal, es
procurar un bien”[31].
Conclusión
Siempre
se ha considerado a la política como una actividad noble, pero no deben
confundirse los planos y pretender lograr la perfección de una sociedad
únicamente con la política; es imprescindible, sin embargo, para ayudar “a
reducir el mal y a acentuar el bien lo más posible, y a crear un orden de
convivencia estable”[32].
La participación en la vida
cívica incluye varias acciones, pero el modo más simple y general de participar
en un sistema republicano, es el ejercicio del voto, y ninguna causa justifica
el abstencionismo político pues equivale a no estar dispuesto a contribuir al
bien común de la propia sociedad. Consideramos que en esta compleja actividad,
resulta necesario utilizar la antigua doctrina del mal menor, como aplicación
concreta de la virtud de la prudencia que debe regir la acción política.
Bibliografía
utilizada
Bouillon,
Víctor. “La política de Santo Tomás”; Buenos Aires, Nuevo Orden, 1965.
Cansino,
César. “La muerte de la ciencia política”; Buenos Aires, Sudamericana, 2008.
Castaño,
Sergio Raúl. “Defensa de la política”; Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo
Depalma, 2003.
Fernández
Sánchez, Francisco. 2004. “Principio o argumento del mal menor”; en Lexicon.
“Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas”;
Madrid; Consejo Pontificio para la Familia/Palabra, pp. 1000-1001. En Internet:
www.es.catholic.net/op/articulos/13229/cat/554/articulos-en-relacion/al/termino-mal-menor.html
Garisoain
Otero, Javier. “El mal menor y el voto útil”; Revista Arbil, n° 46, 18-08-01.
Hennis,
Wilhelm. “Política y filosofía práctica”; Buenos Aires, Sur, 1973, p. 42.
Hernández,
Héctor. “Pensar y salvar la Argentina II”; Mendoza, Ediciones Escipión, 2016.
Massot,
Vicente. “El poder de lo fáctico”; Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2001.
Meneghini,
Mario. “La política: obligación moral del cristiano”; Córdoba, Del Copista,
2008, 128 p.
Meneghini,
Mario. “Dilema: derecho de resistencia o acción política”; Revista La Razón
Histórica, N° 16.2, Setiembre-Diciembre 2011.
Meneghini, Mario. “Acción cívica y Doctrina Social de la
Iglesia”; Córdoba, Boletín Acción, N° 155, 29-1-2016.
Morillo, Manuel. “¿Es lícito no votar al mal menor?”:
www.religionenlibertad.com/licito-votar-mal-menor-18206.html (13-10-2011).
Molnar, Thomas. “El utopismo. La herejía perenne”;
Buenos Aires, Eudeba, 1970.
Palacio, Ernesto. “Teoría del Estado”; Buenos Aires,
Eudeba, 1973.
Piñar, Blas. “El mal menor y el bien posible”; Fuerza
Nueva, N° 1411, 28-5-2012.
San Juan Pablo II. “Veritatis splendor”; 1993, pp.121
y 123.
Santo Tomás de Aquino. “Prefacio a la Política”;
Proemio y explicación por Hugues Kéraly, México, Editorial Tradición, 1982, pp.
17 y 137.
Soria Saiz, J. L. Tolerancia: IV. Teología moral;
Enciclopedia, Madrid, Rialp, 1981.
Strauss, Leo. ¿Qué es filosofía política?; Madrid,
Guadarrama, 1970.
[1]
Santo
Tomás de Aquino. “Del gobierno de los príncipes”; Buenos Aires, Editorial
Cultural, 1945, Vol. 1ro., p. 35.
[2]
Soria Saiz, J. L. Tolerancia: IV. Teología moral;
Enciclopedia, Madrid, Rialp, 1981, p. 545.
[3]
Fernández Sánchez, Francisco. 2004. “Principio o argumento del mal menor”; en
Lexicon. “Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones
éticas”; Madrid; Consejo Pontificio para la Familia/Palabra, pp. 1000-1001. En
Internet:
www.es.catholic.net/op/articulos/13229/cat/554/articulos-en-relacion/al/termino-mal-menor.html
[4] “Veritatis splendor”, Juan Pablo II, 1993, p. 82.
[5] “En todas las ciencias y artes el fin es un bien; por lo tanto, el
mayor y más excelente será el de la suprema entre todas, y ésta es la
disciplina política; y el bien político es la justicia, que consiste en lo
conveniente para la comunidad…”: Aristóteles. “Política”; Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1983, Libro III, 11, 12.
[6]
Strauss, Leo. ¿Qué es filosofía política?; Madrid,
Guadarrama, 1970 pp.118 y 120.
[7] Hennis, Wilhelm. “Política y filosofía práctica”; Buenos Aires, Sur,
1973, p. 42.
[8] García Escudero, José María. “Antología política de Balmes”; Madrid,
BAC, 1981, p. 187.
[9] Massot, Vicente. “El
poder de lo fáctico”; Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2001, p. 98.
[10] Aristóteles. “Política”; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1983, Libro I, 10.
[11] Catecismo de la
Iglesia Católica , Nº 2240.
[12] Encíclica Au Millieu des Solicitudes, pp. 16/23.
[13] “Sin embargo, es cosa de todos sabida que, en los campos social y
económico –tanto nacional como internacional-, la decisión última corresponde
al poder político” (Octogesima Adveniens, p. 46).
[14]
Molnar, Thomas. “El utopismo. La herejía perenne”;
Buenos Aires, Eudeba, 1970, p. 212.
[15] “La gravedad de los peligros que el recurso a la violencia comporta
hoy evidencia que es siempre preferible el camino de la resistencia pasiva, más
conforme con los principios morales y no menos prometedor del éxito” (Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia, p. 401).
[16] Homilía, 29-9-1979, en Irlanda del Norte (p. 14).
[17] Guardini, Romano. “El poder”;
Guadarrama, 1963, pág. 22.
[18]
Hernández,
Héctor. “Pensar y salvar la Argentina II”; Mendoza, Ediciones Escipión,
2016, p. 91.
[19] Caponnetto, Antonio. “La perversión democrática”; Buenos Aires, Editorial
Santiago Apóstol, 2008, p. 184.
[20] Idem, p. 84.
[21] “Cristianismo y política”;
Revista Internacional Communio, julio/agosto, 1995.
[22] “Utopía”, Sopena Argentina,
1944, pág. 64.
[23] Bidart Campos, Germán.
“Doctrina del Estado democrático”; Buenos Aires, EJEA, 1961, p. 186.
[24] Lamas, Félix. “La
Constitución Nacional. Sus principios de legitimidad y su reforma”; en: Moenia,
1988, N° XXIII, pp. 11-40.
[25] Martínez Vázquez,
Benigno. “El sufragio y la idea representativa democrática”; Buenos Aires,
Depalma, pp. 20, 25, 31.
[26] “Si el pueblo es ordenado
y serio, custodio fiel del interés público, será justo instituir una por la cual pueda elegir a los magistrados
que han de gobernar la República”: San Agustín; Libre Arbitrio, Libro I, cap.
VII.
[27] Bargallo Cirio, Juan.
“Ubicación y proyección de la política”; Buenos Aires, Colección ADSUM, Grupo
de Editoriales Católicas, pp. 45-46.
[28] Sapp, Alfredo. “Partidos políticos, la experiencia francesa”; La Voz
del Interior, 10-07-17.
[29] Palumbo, Carmelo. “Guía
para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia”; Buenos Aires,
CIES, p. 150.
[30] Sinay, Sergio. “Atreverse a votar sin miedo”; Buenos Aires, Perfil,
6-8-2017.
[31] “Reglas para elegir entre
los candidatos”, aprobadas por la Asamblea de Cardenales y Arzobispos de
Francia, 1935: P. Lallerment. “Principios de Acción Cívica”, Buenos Aires, Ed.
Santa Catalina, 1950, pp. 218-221.
[32] Iraburu, P. José María. “Los católicos y la Política , utopía y
política”; El último Alcázar, 26-6-2006.
