Política Social y
Magisterio Católico en el siglo XXI
por Sergio Fernández Riquelme
Revista Arbil N° 125
El impacto del fenómeno de la “globalización” al que
asistimos, capaz de generar nuevas fracturas sociales de dimensiones no siempre
advertidas, obliga a repensar los modelos teóricos e instrumentos de actuación
de la Política social contemporánea. La cuestión social del siglo XXI, de
ámbito mundial y definida con acierto por Benedicto XVI como el “desarrollo
humano integral”, impele al conjunto de las ciencias sociales a valorar e
integrar una perspectiva antropológica profundamente humanista (y por ende
personalista) en el análisis de las oportunidades y límites que el progreso
material y tecnológico presenta para un orden social justo; orden al que la
Doctrina Social de la Iglesia aporta, como ha aportado desde hace siglos, una
concepción integral y humanizadora del ser humano como “ser social”, que
resulta imprescindible en el nuevo tiempo histórico.
La Política Social, disciplina científica surgida
durante el siglo XIX como “moralización de la economía”, ante el impacto del
industrialismo (de la mano de la Sozialpolitik germana), presenta en el siglo
XXI un nuevo reto histórico. Un reto anunciado por la “cuestión social” citada,
de ámbito global, que supera las tradicionales bases teóricas e institucionales
de la misma (cuestionando el marco institucional e ideológico del actual modelo
del Estado del Bienestar). Asimismo, las “fracturas sociales” emergentes (de
nuevo cuño o de persistente problemática) que conlleva esta nueva cuestión, así
como las “mentalidades sociales” asociadas, fruto de una economía globalizada y
una comunicación de ámbito mundial, impelen a reflexionar sobre las teorías y
los métodos hasta ahora empleados. Y en este proceso de reflexión juega un
papel esencial, como en los mismos inicios de la disciplina, el Magisterio
Social católico[1], capaz de definir el nuevo tiempo histórico desde el
paradigma del desarrollo humano integral[2].
Ante el fenómeno globalizador, que cuestiona los
planteamientos ideológicos fundamentales del modelo político-social vigente, la
Doctrina Social de la Iglesia aporta una visión integral, construida desde la
tradición y la experiencia, al afrontar de manera completa los tres grandes
interrogantes que afectan a la humanidad en esta centuria: la verdad misma del
ser-hombre (que aborda los límites y la relación entre naturaleza, técnica y
moral en función de la responsabilidad personal y colectiva del ser humano); la
comprensión y la gestión del pluralismo y de las diferencias (en todos los
ámbitos: de pensamiento, de opción moral, de cultura, de adhesión religiosa, de
filosofía del desarrollo humano y social); y la globalización, cuyo significado
supera la meras consideraciones económicas al afectar, directamente, a la
consideración moral y antropológica del ser humano y el orden social. Por ello,
en la nueva época histórica que se ha abierto, la Iglesia sigue respondiendo,
pues, a las grandes cuestiones que atañen, directamente, al destino “de todo el
hombre y de todos los hombres”[3].
Política Social y Magisterio católico: itinerario
histórico.
Si la primera cuestión social, el llamado problema
obrero, eminentemente industrial y con trabajo y capital como protagonistas,
fue propia de la centuria pasada, el siglo XXI debe discernir el contenido y
dirección de esta nueva cuestión social condicionada por una revolución
tecnológica global que transforma, rápidamente, las formas individuales y
colectivas de existencia.
Ahora bien, en este punto hay que subrayar, desde el punto
de vista historiográfico, que como reacción a las consecuencias materiales y
sociales de la primera industrialización, de manera paralela al nacimiento del
obrerismo (sindical, socialista, mutualista) y a la primera legislación social
bismarckiana, desde la Iglesia y el Magisterio católico se generó una respuesta
político-social asistencial, organizativa y doctrinal de alto calado. Bien
desde sus formas autónomas y entidades subsidiarias, bien desde su progresiva
influencia en la legislación social y laboral, desde mediados del siglo XIX es
comprobable esta respuesta en los países de tradición católica y en los propios
documentos vaticanos.
En este sentido, será la Encíclica Rerum Novarum
(1891), promulgada por el Papa León XIII, el documento clave que resuma y
oriente esta realidad fundacional[4]. Una realidad donde se comienza a
construir la misión social de la Iglesia en la era industrial, respondiendo al
tránsito contemporáneo de la Gemainschaft (vieja comunidad tradicional) a la
Gesellschaft (emergente sociedad industrializada)[5], mediante un camino que, a
la luz y bajo el impulso del Evangelio y bajo la sabiduría de la tradición,
alumbraba y sigue alumbrando el discernimiento sobre las cambiantes “res novae”
de las sociedades humanas.
Rerum novarum fue, por tanto, la respuesta del
magisterio católico a la primera gran cuestión social. En ella León XIII
examinó detalladamente la condición de los trabajadores asalariados
(especialmente penosa para los obreros de la industria), abordando la cuestión
obrera de acuerdo con su amplitud real, al estudiarla en todas sus
articulaciones sociales y políticas, y evaluarla, consecuentemente, a la luz de
los principios doctrinales fundados en la Revelación, en la ley natural y en la
moral naturales[6]. Nació como el documento inspirador y de referencia de la
actividad cristiana en el campo social, proponiendo la instauración de un orden
social justo a través de unos criterios de juicio capaces de valorar los
ordenamientos socio-políticos existentes, y de proyectar líneas de acción para
su oportuna transformación. Esta encíclica afrontaba, pues, la cuestión obrera
con un método que se convertirá en un paradigma permanente para el desarrollo
sucesivo de la doctrina social[7].
Así, en 1931, cuarenta años después de la
Rerum novarum, el Papa Pío XI continuó con este “camino social” publicando la
Encíclica Quadragesimo anno. En este texto, el Papa afrontaba las “res novae”
surgidas en “la era de entreguerras”: la expansión del poder de los grupos
financieros, en el ámbito nacional e internacional, y el crecimiento de los
totalitarismos ideológicos. Y ante las mismas, se defendía un “nuevo régimen
social” más allá del estatismo socialista y del individualismo liberal [8],
fundado en los principios de solidaridad y de colaboración, reconstruyendo la
base económica de la sociedad, y aplicando la ley moral como reguladora de las
relaciones humanas, con el fin de “superar el conflicto de clases y llegar a un
nuevo orden social basado en la justicia y en la caridad” [9].
Juan XXIII, tras la gran tragedia de la II Guerra
mundial, señaló en la Encíclica Mater et magistra (1961) la necesidad de volver
a impulsar el compromiso social de toda la comunidad cristiana en un doble
sentido: comunidad y socialización. La Iglesia, como maestra y madre, estaba
llamada a colaborar con todos los hombres en la verdad, en la justicia y en el
amor, para construir una auténtica comunión que permitiese tutelar y promover
la dignidad esencial del hombre. La cuestión social se tornaba de ámbito mundial,
superando con creces la tradicional mediación político-social entre “trabajo y
capital” y las tradicionales fronteras nacionales. Las exigencias de la
justicia y la equidad abarcaban tanto a las relaciones entre trabajadores
dependientes y empresarios, como a las relaciones entre los diferentes sectores
económicos, y entre las zonas económicamente más desarrolladas y las zonas
económicamente menos.
Superar estas desigualdades implicaba, consecuentemente,
respetar y difundir los "derechos naturales": el acceso a la
propiedad privada a todas las clases sociales, la posibilidad de los
trabajadores de sindicalizarse, y la necesidad de que los salarios estén de
acuerdo con la dignidad humana del trabajador y de su familia (con la
aportación efectiva del trabajador la posibilidad económica de la empresa y la
situación económica general). Se hablaba, con ello, de una “moralización de la
economía”, que debía ser justa no sólo en función de la abundancia y
distribución de bienes y servicios, sino en relación al papel central de la
persona humana como sujeto y objeto del bienestar[10].
Posteriormente, Pablo VI
en la Encíclica Populorum Progressio (1967) señalaba de manera oportuna como el
viejo “problema obrero” daba paso a una nueva etapa, donde “el desarrollo” se convertía
en el “nuevo nombre de la paz”. Este documento indicaba las coordenadas para
alcanzar un desarrollo integral del hombre y un desarrollo solidario de la
humanidad, a través de la adquisición de la cultura, el respeto de la dignidad
de los demás, y “el reconocimiento de los valores supremos, y de Dios, que de
ellos es la fuente y el fin”. Procurar el desarrollo de todos los hombres
respondía, así, a una exigencia de justicia a escala mundial, capaz de
garantizar la paz planetaria y hacer posible la realización de “un humanismo
pleno” gobernado por los valores espirituales[11].
Años más tarde, el magisterio de Juan Pablo II supuso
un salto cualitativo en la Doctrina Social católica al subrayar con énfasis, en
varias encíclicas sobre temas sociales, la interrelación esencial entre la
misión evangelizadora y la acción social, entre Iglesia y Sociedad, bajo
imperativos éticos claros y superiores. Así, en Laborem exercens (1981)
desarrollaba la conexión entre espiritualidad y moral en el trabajo que realiza
el cristiano, para su familia y para la sociedad. En Sollicitudo rei socialis
(1987) retomó el tema del “progreso humano”, entrelazándolo con las
perspectivas de desarrollo integral y sostenible (publicada con motivo de los
veinte años de la publicación de la Populorum progressio). Finalmente, en
Centesimus annus (1991)[12] profundizaba en la noción de “solidaridad” como
concepto y realidad central en el itinerario histórico la enseñanza social de
la Iglesia[13].
En estos textos se aceptaba, de manera definitiva, en
el plano político el sistema democrático, sometido siempre a los principios del
Bien común y la subsidiariedad, y en el económico el sistema de mercado,
limitado por una economía social de Mercado (presentes, por ejemplo, en la
teoría de la Sozialmarktwirtschaft de Wilhelm Röpke y la escuela de Friburgo).
De esta manera, la Doctrina Social de la Iglesia atendía a las res novae
propias del nuevo tiempo histórico abierto en la segunda mitad del siglo XX.
Pero Benedicto XVI en Caritas in veritate (2009) iba más allá, al definir y
desarrollar el “desarrollo humano integral” como la gran cuestión social del
siglo XXI.
Las claves de la Doctrina Social de la Iglesia.
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI), construida
durante el itinerario histórico señalado, ha dado lugar a un conjunto doctrinal
perfectamente integrado en la misión evangelizadora de la Iglesia, como un
“humanismo integral y solidario” capaz de delimitar los elementos jurídicos e
institucionales de la Política social. Por ello, y como señala J. Molina,
“acaso la última de las grandes definiciones englobantes de la política social
sea la sostenida por la Doctrina Social católica, que en su dimensión secular
apunta hacia la dignidad del hombre (desproletarización; personalismo;
cultura)”[14].
Las líneas fundamentales de la Doctrina Social de la
Iglesia muestran la relación existente entre la misión evangelizadora y las
formas de ordenación de la vida social. Resulta, pues, el modo de la enseñanza
de la Iglesia en relación al orden social, fruto de la reflexión magisterial y
expresión del constante compromiso de la Iglesia en relación a las cuestiones
sociales, que atestigua “la fecundidad del encuentro entre el Evangelio y los
problemas que el hombre afronta en su camino histórico”[15]. Por ello, en el
transcurso de su historia, y en particular en los últimos cien años, la Iglesia
nunca ha renunciado —según la expresión del Papa León XIII— a decir la “palabra
que le corresponde” acerca de las cuestiones de la vida social[16].
La Doctrina social de la Iglesia supone, así, la
dimensión social de la fe, en tanto reflexión teológica y moral a la luz del
Evangelio con un sentido práctico. Tiene el valor de instrumento de
evangelización, porque pone en relación la persona humana y la sociedad con la
luz de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Por ello, los principios de
la Doctrina Social se apoyan en la ley natural, y resultan después confirmados
y valorizados, en la fe de la Iglesia, por el Evangelio. Se invita al hombre,
con ello, a “descubrirse como ser trascendente, en todas las dimensiones de su
vida, incluida la que se refiere a los ámbitos sociales, económicos y
políticos"[17]. La fe lleva a su plenitud el significado del orden social,
resaltando la función de la familia (célula primera y vital de la sociedad),
iluminando la dignidad del trabajo (actividad del hombre destinada a su
realización), defendiendo la importancia de los valores morales (fundados en la
ley natural), reivindicando una mayor justicia social, apostando por un
desarrollo material sostenible, reclamando una correcta gestión de las
funciones públicas, y señalando la necesidad de un libre Mercado sometido a
imperativos éticos superiores; todo ello “sin perder de vista el camino del
derecho y la conciencia de la unidad de la familia humana”, y en pro de la
construcción de una auténtica civilización, orientada hacia la búsqueda de un
desarrollo humano integral y solidario[18].
“Transformar la realidad social con la fuerza del
Evangelio”; este es el fin esencial de un magisterio social construido a lo
largo del tiempo[19]. Una doctrina con profunda unidad que “concierne a todo el
hombre y se dirige a todos los hombres”, para alcanzar, en primer lugar, la
plenitud del hombre en un ordenamiento social justo, y en segundo lugar, para
conseguir su elevación en el orden espiritual; y que atiende, especialmente, a
los hermanos necesitados “que esperan ayuda, a muchos oprimidos que esperan
justicia, a muchos desocupados que esperan trabajo, a muchos pueblos que
esperan respeto, y a un progreso esté orientado al verdadero bien de la
humanidad de hoy y del mañana”[20]. Desde el amor y la fe, esta Doctrina
muestra cómo es posible transformar de modo radical las relaciones que los
seres humanos tienen entre sí, y proclamar “vastos horizontes de la justicia y
del desarrollo humano en la verdad y en el bien”.
De esta manera, la Doctrina Social de la Iglesia
contiene los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices
de acción como base para promover un humanismo integral y solidario. Difundir
esta doctrina constituye, por tanto, una verdadera prioridad pastoral, para que
las personas, iluminadas por ella, sean capaces de interpretar la realidad de
hoy y de buscar caminos apropiados para la acción. “La enseñanza y la difusión
de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la
Iglesia[21]. Este cuadro construido a lo largo de los últimos siglos, en “forma
orgánica”, permite afrontar adecuadamente las cuestiones sociales de nuestro
tiempo, que exigen ser tomadas en consideración con una visión de conjunto,
porque son cuestiones que están caracterizadas por una interconexión cada vez
mayor, que se condicionan mutuamente y que conciernen cada vez más a toda la familia
humana.
Los principios de la doctrina social constituyen, de
esta manera, un método orgánico en la búsqueda de soluciones a los problemas de
la vida social, promoviendo que el discernimiento, el juicio y las opciones
respondan a la realidad, así como para que la solidaridad y la esperanza puedan
incidir eficazmente también en las complejas situaciones actuales. Ahora bien,
el transcurso del tiempo y el cambio de los contextos sociales requieren una
reflexión constante y actualizada sobre los mismos. Así, la Doctrina Social
aparece como un instrumento para el discernimiento moral y pastoral de los
complejos acontecimientos que caracterizan nuestro tiempo; como una guía para
inspirar, en el ámbito individual y colectivo, los comportamientos y opciones que
permitan mirar al futuro con confianza y esperanza; como un compromiso nuevo,
capaz de responder a las exigencias de nuestro tiempo, adaptado a las
necesidades y los recursos del hombre.
En este sentido podemos afirmar como dicha Doctrina
pretende establecer una orientación integral sobre la existencia humana, la
convivencia social y la historia contemporánea, “en función de las respuestas
dadas a los interrogantes sobre el lugar del hombre en la naturaleza y en la
sociedad”. El Magisterio social busca el significado profundo de la existencia
humana en relación a “la libre búsqueda de la verdad”; verdad capaz de ofrecer
dirección y plenitud a la vida ante los interrogantes que instan incesantemente
la inteligencia y la voluntad del hombre[22]. Una serie de interrogantes para
la “moderna humanidad”, que se encuentran presentes en todas las etapas de
construcción de la Doctrina Social de la Iglesia, la cual contribuye a
definirlos y resolverlos mediante la incesante búsqueda de la verdad y del
sentido de la existencia personal y social.
La Iglesia “vive en el mundo y, sin ser del mundo (Jn
17,14-16), al estar llamada a servirlo siguiendo su propia e íntima vocación.
Para ello propone un humanismo integral y solidario, que pueda animar un nuevo
orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad de
toda persona humana, que se actúa en la paz, la justicia y la solidaridad,
realizado si cada hombre y mujer y sus comunidades saben cultivar en sí mismos
las virtudes morales y sociales y difundirlas en la sociedad. En este sentido,
la naturaleza de la Doctrina Social viene marcada por los siguientes elementos:
Un conocimiento iluminado por la fe
En diálogo cordial con todos los saberes
Expresión del ministerio de enseñanza de la Iglesia
Hacia una sociedad reconciliada en la justicia y en el
amor.
Un mensaje para los hijos de la Iglesia y para la
humanidad.
Bajo el signo de la continuidad y de la renovación
Esta naturaleza define una doctrina humanista capaz de
enraizar tradición y modernidad, al colocar como eje al hombre “todo entero,
cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad”[23], apuntando la
razón de la existencia humana, aclarando las injusticias del progreso, y
subrayando la necesidad de conocerse a sí mismo. Así, la persona humana,
considerada en su integridad, es el centro de la Doctrina Social. En ella se
materializa el principio personalista, trasunto de la realidad evangélica del
imago dei (la persona humana, criatura a imagen de Dios), el significado de la
ley natural, y la “constancia de la universalidad del pecado y la universalidad
de la salvación”.
El magisterio social de la Iglesia atiende, por tanto,
a la persona humana en sus múltiples dimensiones, siempre bajo la observancia
de “la unidad de la persona”, la apertura a la trascendencia de la misma, su
existencia única e irrepetible, la defensa de su libertad (sometida siempre al
límite de la responsabilidad fundada en la verdad y en la ley natural), el
respeto a la dignidad humana (igual para toda persona), y el fomento de la
sociabilidad humana (frente al individualismo disgregador). Los derechos
humanos adquieren, por tanto, un valor supremo en la Doctrina Social, al
especificar su interrelación con los deberes de los individuos, los pueblos y
las naciones, superando la “distancia entre la letra y el espíritu”[24].
Los principios de la doctrina social de la Iglesia
Los principios permanentes de la Doctrina Social de la
Iglesia constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza
social católica: la dignidad de la persona humana, el bien común, la
subsidiaridad y la solidaridad. Estos principios, “expresión de la verdad
íntegra sobre el hombre conocida a través de la razón y de la fe”, brotan “del
encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias” (bajo el Mandamiento
supremo del Amor) con los problemas que surgen en la vida de la sociedad. La
Iglesia, en el curso de la historia y a la luz del Espíritu, reflexionando
sobre la propia tradición de fe, los configura y clarifica progresivamente, en
el esfuerzo de responder con coherencia a las exigencias de los tiempos y a los
continuos desarrollos del orden social.
En cuanto a su significado, estos principios tienen un
carácter general y fundamental, ya que se refieren a la realidad social en su conjunto:
desde las relaciones interpersonales caracterizadas por la proximidad y la
inmediatez, hasta aquellas mediadas por la política, por la economía y por el
derecho; desde las relaciones entre comunidades o grupos hasta las relaciones
entre los pueblos y las Naciones. Así, se caracterizan por la permanencia en el
tiempo y la universalidad de significado, parámetros de referencia para la
interpretación y la valoración de los fenómenos sociales y guía para la acción
social, en todos los ámbitos25.
En cuanto a su unidad, estos principios de la doctrina
social deben ser apreciados en su unidad, conexión y articulación. Constituyen
con ello un corpus doctrinal unitario que interpreta las realidades sociales de
modo orgánico. Estos fundamentos de la doctrina de la Iglesia representan un
patrimonio permanente de reflexión, que es parte esencial del mensaje
cristiano; pero van mucho más allá, ya que indican a todos las vías posibles
para edificar una vida social realmente buena y auténticamente renovada. Los principios
de la doctrina social, en su conjunto, constituyen la primera articulación de
la verdad de la sociedad, que interpela toda conciencia y la invita a
interactuar libremente con las demás, en plena corresponsabilidad con todos y
respecto de todos.
Por ello, estos principios tienen un significado
profundamente moral porque remiten a los fundamentos últimos y ordenadores de
la vida social: el desarrollo integral de una vida digna del hombre. Esta
exigencia moral determina los grandes principios sociales, y por ello,
concierne el actuar personal de los individuos (primeros e insustituibles
sujetos responsables de la vida social), y de las instituciones, representadas
por leyes, normas de costumbre y estructuras civiles (por su capacidad de
influir y condicionar las opciones).
El Bien común o conjunto de condiciones de la vida
social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el
logro más pleno y más fácil de la propia perfección la dignidad, unidad e
igualdad de todas las personas; principio al que debe referirse todo aspecto de
la vida social para encontrar plenitud de sentido (dimensión social y
comunitaria del bien moral, siendo responsabilidad de todos y a la que deben
dedicarse las tareas de la comunidad política) 26.
El Destino universal de los bienes, garante de la
posibilidad humana de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo en
un derecho universal al uso de los bienes (como principio esencial de todo el
ordenamiento ético-social). Fundamenta un derecho natural, originario y
prioritario sobre los bienes, que supone una visión de la economía inspirada en
valores morales, para así realizar un mundo justo y solidario donde la
propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual (de manera que todos se
conviertan, al menos en cierta medida, en propietarios, y excluye el recurso a
formas de “posesión indivisa para todos”)27; por ello subraya la función social
de cualquier forma de posesión privada (bajo la exigencias imprescindibles del
bien común), y apuesta por la “solicitud por los pobres, por aquellos que se
encuentran en situaciones de marginación y, en cualquier caso, por las personas
cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado”28.
La subsidiariedad o directriz de defensa de la
articulación pluralista de la sociedad y de la representación de sus fuerzas
vitales de la realidad: familia, grupos, asociaciones, realidades territoriales
locales, y aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social o
cultural a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su
efectivo crecimiento social. Es el ámbito propio de la sociedad civil,
entendida como el “conjunto de las relaciones entre individuos y entre
sociedades intermedias, que se realizan en forma originaria y gracias a la “subjetividad
creativa del ciudadano”29. Supone el límite social a la centralización,
burocratización, asistencialismo, o presencia injustificada y excesiva del
Estado; por ello, la autoridad pública se convierte en garante de la iniciativa
privada, del respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la
familia, de la valoración de las asociaciones y de las organizaciones
intermedias, de la salvaguardia de los derechos de los hombres y de las
minorías, de la descentralización burocrática y administrativa, del equilibrio
entre la esfera pública y privada, y del reconocimiento de la función social
del sector privado30.
La Participación como deber que todos han de cumplir
conscientemente, en modo responsable con vistas al bien común, y que se expresa
en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o
asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes,
contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad
civil a la que pertenece. Resulta por ello el fundamento último de la
democracia, por lo que la participación no puede ser delimitada o restringida a
algún contenido particular de la vida social, dada su importancia para el
crecimiento, sobre todo humano31.
La solidaridad como principio social y como virtud
moral, al servicio del crecimiento común de los hombres, en la vida y en el
mensaje de Jesucristo.
Los valores fundamentales de la vida social (en
relación a los principios): la verdad (que hay que vivir, respetar y
atestiguar), la libertad (signo de la dignidad humana), y la justicia (valor
moral cardinal)32.
La vía de la Caridad, que presupone y trasciende la
justicia, al afrontar de manera integral las formas siempre cambiantes de la
cuestión social, vinculando profundamente las virtudes y los valores sociales,
con un valor de criterio supremo y universal de toda la ética social (más allá
de su recurrente limitación al ámbito de las relaciones de proximidad, o a
aspectos meramente subjetivos de la actuación en favor del otro)33.
Los ámbitos esenciales del Magisterio social.
El magisterio social de la Iglesia, como instrumento
de la misión evangelizadora y como corpus doctrinal orgánico, atiende desde el
humanismo integral y solidario las distintas manifestaciones de la vida social,
formando las conciencias individuales y colectivas, e inspirando las
actuaciones jurídicas e institucionales propias de la Política social. Para
ello integra, en un mismo conjunto de saberes, las enseñanzas evangélicas, el
legado de la tradición (Padres y doctores de la Iglesia) y la reflexión
continua sobre las “res novae” abiertas en la época contemporánea; una
reflexión capaz de delinear soluciones apropiadas a problemas inusitados o
inexplorados34. Las “siempre nuevas cuestiones sociales”, de gran trascendencia
el actual mundo globalizado, remiten, en realidad, a los grandes interrogantes
que definen a la persona humana, en su dimensión individual y en su
socialización: la familia, el trabajo humano, la vida económica, la comunidad
política, la comunidad internacional, la salvaguarda del medio ambiente, y la
promoción de la paz.
La familia, como célula vital de la Sociedad, es la
primera sociedad natural, de importancia vital para la persona y la comunidad,
y sostenida en el matrimonio, el cual constituye el fundamento de la vida y la
institución natural de valor supremo y realidad sacramental. Resulta el “núcleo
de amor” desde el cual proyectar la formación de la comunidad de personas;
asimismo, es el santuario de la vida, el centro de la tarea educativa, y el
espacio de salvaguarda de la dignidad y derechos de los niños. Además, la
familia aparece como el protagonista esencial de la vida social, a través de
sus redes de solidaridad interna y externa, y como el centro de vida económica
y trabajo. Por ello, la sociedad organizada debe estar al servicio de la
familia en sus decisiones políticas, acciones económicas y creaciones
culturales35.
El trabajo humano, como derecho y deber36, parte
siempre de su dignidad intrínseca, en su relación con el capital (armonía), en
su participación responsable (democracia), en su regulación jurídica (desde el
derecho al descanso al trabajo infantil), en su conciliación con la familia, en
su promoción pública, en su justa remuneración y distribución de la renta, en
su legítimo ejercicio de la huelga, y en la solidaridad entre los trabajadores
(a través de la importancia de la acción sindical responsable y de nuevas
formas asociativas de solidaridad)37.
La vida económica debe contemplar la moralización de
la actividad productiva, los fines sociales de la institución empresarial, el
papel de las instituciones económicas al servicio del hombre, la justa acción
del libre mercado y la acción subsidiaria del Estado, la promoción de los
cuerpos intermedios, y el fomento del ahorro y la responsabilidad del consumo.
Todo ello en beneficio de un desarrollo integral y solidario, ligado a una gran
obra educativa y cultural38.
La comunidad política presenta, como fundamento y fin,
a la persona humana en su dignidad y libertad39. Por ello, al servicio de la
sociedad civil y en busca del Bien Común, debe tutelar y promover los derechos
humanos, fomentar la convivencia basada en la amistad civil, fundar la
autoridad política en una fuerza moral, respetar el derecho a la objeción de
conciencia, autentificar el sistema de la democracia (en su sistema de
representación y en sus instrumentos de participación), respetar el principio
de subsidiaridad, y propiciar la colaboración efectiva de las comunidades
religiosas en su autonomía40.
La comunidad internacional debe representar “la unidad
de la familia humana”, demostrando “La vocación universal del cristianismo”.
Para ello es necesario delimitar las reglas fundamentales de la comunidad
internacional, es decir, los valores y relaciones fundadas sobre la armonía
entre el orden jurídico y el orden moral. Para ello aparece como básico
impulsar la cooperación internacional para el desarrollo y lucha contra la
pobreza, medio para garantizar el derecho al desarrollo de los pueblos y sus
ciudadanos41.
La salvaguarda del medio ambiente que, como creación
divina al servicio legítimo y responsable del hombre, exige una responsabilidad
común a individuos y comunidades, a poderes políticos y económicos. Por ello, y
en busca del bien colectivo, resulta imprescindible el uso responsable y justo
de los recursos, la distribución equitativa de los bienes y la promoción de
estilos de vida sostenibles.
La promoción de la paz, fruto de la justicia y la
caridad, protegiendo a los inocentes, apoyando medidas contra quien amenace la
paz, buscando el desarme y condenando el terrorismo.
Una doctrina que, materializada por la pastoral social
(acción eclesial de inculturación de la fe, formación y diálogo) y el
compromiso de los fieles laicos (bajo las exigencias de espiritualidad,
prudencia, experiencia asociativa, y servicio en los diversos ámbitos de la
vida social) supone alcanzar una “civilización del amor”42. Bajo los preceptos
del derecho natural y bajo una concepción integral del ser humano, la Doctrina
Social se materializa jurídica e institucionalmente, en la historia de la
Política social, como ayuda material y espiritual al hombre contemporáneo,
capaz de recomenzar siempre desde la fe en Cristo, “una esperanza sólida a lo
largo de los siglos”43.
5. El magisterio católico ante la Política social.
En puridad, el magisterio social católico no supone
una modalidad de la Política Social. En cambio, sí constituye una doctrina
integral y globalizadora capaz de determinar el contenido de los fines (formal
o material) y medios (institucionales y jurídicos) de la acción
político-social, no sólo en los países de arraigada tradición o presencia, sino
en el mismo núcleo del Estado social contemporáneo, mediante dos líneas de
actuación:
Defendiendo los derechos sociales propios de la
naturaleza humana, fundados en la Ley natural, la promoción integral de la
persona y el principio de subsidiariedad (frente a los antiguos “derechos
colectivistas” nacidos del ideal de la lucha de clases, y frente a los nuevos
“derechos individualistas” generados por la ideología de género y el
relativismo moral).
Fundamentando y orientando distintas instituciones
asistenciales que completan o suplen la misma acción de la Administración
social pública, desde el principio de subsidiariedad y la realidad caritativa.
En este punto cabe afrontar la definición de la
Política social, en primer lugar, como una mediación histórica y
epistemológica, entre la economía (el bien-estar) y la política (el bien-común)
ante las fracturas sociales emergentes que provoca su dialéctica conflictiva44
o “procura existencial” (Dasainvorsorge)45, que originalmente se concretaron en
el llamado “problema obrero”, y que en siglo XXI se engloban bajo el
“desarrollo humano integral”. Esta definición cubría para De Laubier “un
dominio que se sitúa entre lo económico y lo político como medio de
conservación o reforzamiento del poder el Estado”46, secularizando la acción
asistencial de las instituciones religiosas47. Un concepto que alude, en
segundo lugar a la forma de organización política de las sociedades
industrializadas (rectius Estado social); forma que concreta la mediación
señalada, y se funda para superar dichas fracturas sociales a través del
reconocimiento jurídico de un orden social concreto (Política social
general)48, y de la satisfacción de las necesidades y oportunidades vitales de
una población49 por medio de un conjunto de bienes y servicios (Política social
específica). Y en tercer lugar, la Política Social se concreta en un sistema
jurídico e institucional de protección, previsión y asistencia de ciertas
necesidades y oportunidades vitales determinadas por el orden social vigente,
mediante dos grandes instrumentos:
Garantía de ciertos niveles y medios materiales de
existencia (el Bienestar social o seguridad económica).
Fomento y apoyo a la realización personal del hombre
(para alcanzar la Justicia social)50.
Así, podemos subrayar como elementos generales de toda
manifestación de la Política Social los siguientes: generada en una época
histórica concreta, determinada por una decisión política, realizada
jurídicamente, con un estatuto científico concreto, e institucionalizada
pluralmente51. Al respecto, Luis Vila señala como conviene distinguir dos
grandes dimensiones de la Política Social: como “propuesta de un modelo de
sociedad”, y como “cada una de las dimensiones claves de dicho modelo52.
Como Política Social general se configura, de forma
general, en una “Política de la sociedad”, fundada en “formas de intervención
públicas en la vida social para resolver determinados problemas o cuestiones
sociales”. En esta dimensión la Política Social es entendida como “la forma
política del Estado social” (aunque abierta a modelos paraestatales en su
gestión) en sus dos finalidades y en sus dos medios53:
En sentido material, el fin de Política Social
pretende alcanzar el Bienestar social, siendo su medio la reivindicación de la
protección, formación, integración y seguridad social54.
En sentido formal, el fin de la Política Social es la
realización de la Justicia social, y su medio el derecho social, el cuál trata
de formalizar el contenido mínimo del Bienestar social, englobando las “tres
justicias clásicas”: conmutativa, distributiva y legal.
Como Política Social específica se desarrolla en una
“política de servicios”, orientada a satisfacer necesidades y derechos
ciudadanos concretos. En esta dimensión se ciñe a las diferentes políticas que
tienden a gestionar la intervención pública en la vida social, según el plan de
la sociedad política, mediante dos modelos:
Estado asistencial e interventor: suministro de
recursos y servicios sociales que atienden las necesidades materiales y las
oportunidades vitales, reconocidas jurídicamente y establecidas
administrativamente, en los seis sistemas de “protección social”: educación,
vivienda, sanidad, mantenimiento de los ingresos de los trabajadores, formación
para el empleo y servicios sociales generales.
Sociedad del Bienestar: conjunto de programas y
servicios ofrecidos por la administración pública en colaboración activa de los
movimientos sociales, la iniciativa social privada o el Tercer sector, en busca
de la “integración” colectiva.
6. El nuevo horizonte histórico: el desarrollo humano
integral.
Tanto la vieja cuestión social como las “fracturas
sociales” actuales, muestran la realidad, histórica y epistemológica, de la
Política Social como una mediación entre las exigencias de lo político (la
gobernanza mundial) y lo económico (la globalización del Mercado), situando la
libertad y responsabilidad del ser humano y sus comunidades en el centro del
debate55. Como señala Patrick de Laubier, toda Política Social, realizada en el
pasado o proyectada en el futuro, “dependía y depende de una voluntad política
y de una situación económica”; de ellas surgen sus creaciones, se determina su
posibilidad, pero también surgen sus contradicciones56.
Pero ante el agotamiento del modelo burocratizado del
Estado del Bienestar, la Doctrina Social Católica va por delante de los hechos,
planteando un nuevo modelo acorde con las exigencias morales de la emergente
“sociedad del Bienestar. A esta realidad teórica y doctrinal político-social responde,
con su propia esencia, la Encíclica Caritas in veritate (2009), promulgada por
el Papa Benedicto XVI57.
Este texto, capaz de combinar con maestría la
tradición de la Doctrina Social con las nuevos paradigmas sociológicos,
advierte la oportunidad histórica del desarrollo humano integral como nueva
mediación político-social, al servicio de los fines propios de la disciplina
(el Bienestar y la Justicia Social), y de las necesidades y oportunidades
vitales del ser humano y de sus comunidades naturales; todo ello en un orden
social regido por la ley natural (y que el ordenamiento jurídico debe
reconocer) capaz de sancionar el equilibrio entre libertad y responsabilidad,
entre derechos y deberes, entre individuo y comunidad. Como señalaba Luis
Olariaga “el problema social no es un problema simplemente institucional, sino
un problema de fondo que afecta a todo el complejo de ideas y relaciones
humanas que forman el tejido de nuestra sociedad y al repertorio mismo de
motivaciones que guían a los hombres para convivir entre ellos”58.
La nueva cuestión social que hemos apuntado atiende a
los retos de un mundo en progresiva y expansiva globalización, y demuestra la
obligación de fundar un tipo de desarrollo integral, humano y humanizador,
capaz de superar el referente de un Bienestar Social cifrado, en muchos casos,
en términos de mero crecimiento material. Posibilidad histórica e imperativo
moral que nos conduce por esta senda, bajo la interacción ética de la
conciencia y el intelecto, el reparto equitativo de recursos, y una solidaridad
humana abierta a relaciones recíprocas de libertad y de responsabilidad. En
este contexto, el “desarrollo humano integral” desarrollado en Caritas in
veritate, como nuevo horizonte de la Política social, acoge y supera las teorizaciones
tradicionales sobre el desarrollo hasta ahora desplegadas: modernización de las
estructuras políticas, educativas y productivas (G. Kennan); superación de la
dependencia (R. Prebish); generación de sistemas mundiales en investigación,
tecnología y comercio (I. Wallestein); y globalización como oportunidad para el
desarrollo humano sostenible (A. Sen)59. Pero no sólo eso; nos ilustra sobre la
oportunidad para nuestra generación de ser la protagonista en la reconstrucción
de un equilibrio humano, verdaderamente moral, entre las necesidades de
Bienestar y las exigencias de la Justicia social, a través de las siguientes
claves:
1. El desarrollo humano integral confirma el estatuto
científico de la Política social, tanto en su fundamente epistemológico (mediador)
y en su teoría constitutiva (normativa) como en su mismo origen histórico
(moralización de la economía). La crisis internacional abierta a principios del
siglo XXI vuelve a situar, en primer plano, la “moralización de la economía”
como presupuesto de actuación de los poderes político-sociales (en los mercados
financieros, en las relaciones de producción, en las acciones de empleo, en la
lucha contra la pobreza o en la sostenibilidad medioambiental).
2. La responsabilidad social, individual y colectiva,
que funda la nueva “moralización” de la Política social necesita de una nueva
“fraternidad”, fundada en el “don de la caridad”60, capaz de modificar los
procesos económicos, políticos y sociales actuales hacia metas plenamente
humanas. Desde el punto de vista económico significa la participación activa, y
en condiciones de igualdad, de todos los hombres y comunidades en el proceso
económico nacional e internacional; desde el punto de vista social supone la
evolución hacia sociedades solidarias y con buen nivel de formación; desde el
punto de vista político conlleva la consolidación de regímenes democráticos
capaces de asegurar libertad y paz. Pese a los evidentes éxitos del modelo
político-social actual (Welfare State), persisten viejas desigualdades
materiales y vitales entre países desarrollados y subdesarrollados, y crecen
graves injusticias en el seno de los mismos países avanzados materialmente. Por
ello es necesaria una nueva síntesis humanista en el seno del pensamiento
político-social, que redescubra los valores de fondo sobre los cuales construir
un futuro mejor.
3. El cuadro del desarrollo, por tanto, se despliega
en múltiples ámbitos, más allá de las ideologías y de la mera tecnificación,
las cuales simplifican con frecuencia, y de manera artificiosa, la realidad.
Ámbitos que subrayan la objetividad contenida en el estudio de la dimensión
humana de los problemas, y evidencian que el simple “crecimiento” no basta. La
riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan también las
desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías sociales se empobrecen y
nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres, algunos grupos gozan de un tipo
de superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta con situaciones
persistentes de miseria deshumanizadora, corrupción e ilegalidad.
Comportamientos amorales y relativistas, al calor de la fe en la riqueza o en
la técnica, permiten formas crecientes de explotación humana (sexual, laboral),
procesos de degradación personal (drogodependencias, violencia) y pérdida de
lazos de solidaridad social (familiar, empresarial, comunitaria,
medioambiental), etc. Fenómenos que nos muestran que no sólo basta progresar
desde el punto de vista económico y tecnológico; el desarrollo necesita ser
ante todo humano, auténtico e integral.
4. La nueva cuestión social se ha hecho absolutamente
mundial, ya que las “fracturas sociales” de la interrelación entre la actividad
económica y la función política surgen e impactan a nivel internacional. Los
Mercados y la circulación financiera parecen no tener frenos territoriales, y
los Estados se someten a presiones de ámbito global. El Estado se encuentra con
el deber de afrontar las limitaciones que pone a su soberanía el nuevo contexto
económico-comercial y financiero internacional, caracterizado también por una
creciente movilidad de los capitales y los medios de producción, materiales e
inmateriales. Este nuevo contexto ha modificado, de manera sustancial, el poder
político de los estados nacionales.
5. La Política social, ante esta nueva cuestión, debe
redefinir sus funciones y medios a nivel nacional y local, buscando la
actuación responsable de las organizaciones de la sociedad civil, y la
participación activa de los ciudadanos. Los sistemas de protección, previsión y
asistencia social, para lograr sus objetivos de auténtico Bienestar y verdadera
Justicia social, deben atender a un cuadro de fuerzas profundamente
transformado. El Mercado global modifica los lugares y relaciones de producción,
y la Política globalizada aumenta el impacto de los problemas sociales. La red
de seguridad social debe reforzarse frente los peligros sobre los derechos de
los trabajadores, como derechos fundamentales del hombre, e impulsar las formas
comunitarias de solidaridad. Los sistemas de seguridad social pueden perder la
capacidad de cumplir su tarea, tanto en los países pobres como en los
emergentes, e incluso en los ya desarrollados desde hace tiempo. Los recortes
al gasto social, con frecuencia promovidos también por las instituciones
financieras internacionales, pueden dejar a los ciudadanos impotentes ante
riesgos antiguos y nuevos.
6. El conjunto de los cambios sociales y económicos
descritos obligan a una nueva formulación de la tarea de las organizaciones
sindicales en la representación y protección de los intereses de los
trabajadores. Nuevas formas de organización y de producción muestran la
necesidad de sistemas renovados para la asociación socio-laboral, dónde las
redes de solidaridad tradicionales y “las comunidades naturales” jueguen un
papel destacado. La incertidumbre sobre las condiciones de trabajo a causa de
la movilidad y la desregulación, la posibilidad del despido injustificado o el
desempleo masivo, llevan a situaciones de deterioro humano y de restricción de
la libertad. Ante ello, las organizaciones sociales deben actuar promoviendo
nuevas redes de asistencia y apoyo mutuo.
7. En el plano cultural y educativo se debe proceder a
una universalización de los bienes culturales y de los sistemas de formación,
para facilitar el acceso a los mismos a todos los ciudadanos en base a
criterios de equidad y libertad. En ellos, la dignidad del ser humano debe ser
el fin, y la formación para el desarrollo integral el medio, fomentando el mérito
y la responsabilidad. Es necesario un mayor acceso a la educación, pero no
limitada a la instrucción meramente técnica o a la formación para el trabajo,
que son dos causas importantes para el desarrollo, sino a la formación completa
de la persona.
8. Todo desarrollo social y cultural necesita de unos
niveles mínimos de seguridad económica y de subsistencia material; pero la
lucha contra el hambre o por los ingresos mínimos, para ser eficaz, necesita
por un lado, una paralela educativa integral (humanista y técnica) que capacite
al ser humano para su autosuficiencia; y por otro una política económica activa
y dinámica que genere puestos de trabajo suficientes y dignos, y aporte los
recursos mínimos para financiar las prestaciones de la Seguridad social y los
medios de los Servicios sociales.
9. Las grandes novedades que presenta hoy el cuadro
del desarrollo de los pueblos plantean la exigencia de nuevas soluciones, que
en el fondo, y como hemos señalado, remiten a la vieja “moralización de la
economía” de la Sozialpolitik. La dignidad de la persona, el Bienestar social y
las exigencias de la Justicia requieren que las opciones económicas no hagan
aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptable las desigualdades, y que
se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo, y la
protección de las situaciones de exclusión del mismo. Es decir, se hace
imprescindible fomentar y regular la dimensión etica del proceso económico,
desde una Política social basada en tres instancias en equilibrio e interrelación:
el mercado, el Estado y la sociedad civil.
10. El Estado social, como actual forma política de la
comunidad nacional, debe intervenir tanto en función de valoraciones morales,
como de una auténtica “razón económica”. El aumento de las desigualdades entre
grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los
diferentes países erosiona la cohesión social y conlleva un impacto negativo en
el plano económico, por el progresivo desgaste del “capital humano” necesario
en los sistemas productivos y de consumo. Las situaciones de inseguridad
estructural dan lugar a actuaciones antiproductivas, al derroche de recursos
humanos y a la ausencia de creatividad e innovación. Los costes humanos son
siempre también costes económicos, y las disfunciones económicas comportan
igualmente costes humanos. Se exige así, de nuevo, una nueva y profunda
reflexión sobre el sentido de la economía y de sus fines.
11. En cuanto al orden económico, el mercado es la
institución que permite el encuentro entre las personas, como agentes
económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones, y que
intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y
deseos. Si hay confianza y regulación, el mercado está sujeto a los principios
de la llamada justicia conmutativa, que regula precisamente la relación entre
dar y recibir entre iguales. Pero si existen una serie de fundamentos morales
sólidos, el mismo Mercado se somete a los principios de la justicia
distributiva y de la justicia social. Cuando la organización mercantil se rige
únicamente por el principio de la equivalencia del valor de los bienes que se
intercambian, no llega a producir la cohesión social que necesita para su buen
funcionamiento; pero bajo formas internas de solidaridad y de confianza
recíproca, el mercado cumple plenamente su propia función económica en
consonancia con las verdaderas necesidades sociales. Por esta razón, la
actividad económica debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es
responsabilidad sobre todo de la comunidad política; regulando justamente la
economía, mostrará que no es una actividad antisocial, sino un instrumento al
servicio del ser humano. No se debe olvidar, al respecto, que el mercado no
existe en su estado puro, sino que se adapta a las configuraciones culturales y
políticas que lo concretan y condicionan. La economía y las finanzas son
instrumentos al servicio del ser humano y la sociedad, y, precisamente porque
es una actividad humana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente,
desde la honestidad y la responsabilidad. La obtención de recursos, la
financiación, la producción, el consumo y todas las fases del proceso económico
tienen ineludiblemente implicaciones morales. Así, toda decisión económica
tiene consecuencias de carácter moral.
12. En el orden político, el Estado debe impulsar una
intervención redistributiva de la riqueza en función de los criterios de
Justicia social, si bien asegurando la institución del Mercado y permitiendo la
acción de la sociedad civil, ante las dinámicas características de la
globalización. Con ello conseguirá interrelacionar la gestión económica
(producción de riqueza) y la acción política (consecución de la justicia
mediante la redistribución). La autoridad política debe participar decisivamente
en la consecución de un nuevo orden económico-productivo, socialmente
responsable y a medida del hombre. El mercado único y global no elimina el
papel de los Estados, más bien obliga a los gobiernos a una colaboración
recíproca más estrecha, recuperando muchas competencias; asimismo es
imprescindible una articulación de la autoridad política en el ámbito local,
nacional o internacional, entre la administración pública y otras instancias
políticas.
13. La “solidaridad social” debe integrarse plenamente
en el Mercado61, a través de actividades económicas impulsadas por sujetos que
optan libremente por ejercer su gestión, movidos por principios distintos al
del mero beneficio, sin renunciar por ello a producir valor económico; formas
productivas y laborales insertas en el seno de propia sociedad civil:
organizaciones cooperativas de producción y consumo, empresas de integración
social, entidades sin ánimo de lucro, iniciativas de asociación comunitaria,
etc.. La sociedad civil es el ámbito más apropiado para una economía de la
solidaridad basada en la justicia y el bien común, en sus diversas instancias y
agentes. Se dibuja, así, una forma concreta y profunda de democracia económica,
como escenario dónde puedan operar libremente, con igualdad de oportunidades,
empresas que persiguen fines institucionales diversos. Junto a la empresa
privada, orientada al beneficio, y los diferentes tipos de empresa pública,
deben poder establecerse y desenvolverse aquellas organizaciones productivas
que persiguen fines mutualistas y cooperativos. Es necesario, pues, desarrollar
las libertades y competencias de las “comunidades naturales”, ante la lógica
del Mercado (dar para tener) y la lógica del Estado (dar por deber), en una
auténtica civilización de la economía. Sólo así se podrá recuperar la
solidaridad en las relaciones entre los ciudadanos y los sentimientos de
identidad comunitaria, más allá de lo marcado por un contrato o por una ley.
14. En este contexto, las actuales dinámicas
económicas internacionales, caracterizadas por graves distorsiones y
disfunciones, conllevan cambios profundos en el modo de entender la empresa.
Antiguas modalidades de la vida empresarial van desapareciendo, mientras otras
más prometedoras se perfilan en el horizonte. La internacionalización del
capital o la deslocalización de la actividad productiva desconectan la empresa
de un territorio y una población concreta, provocando la falta de
responsabilidad del empresario respecto a los interesados, como los
trabajadores, los proveedores, los consumidores, así como al medio ambiente y a
la comunidad que lo rodea. Por ello es oportuna una “responsabilidad social”
más amplia de la actividad empresarial: sostenibilidad de la misma a largo
plazo, vinculación con la comunidad, respeto a los derechos laborales,
preocupación medioambiental, obras sociales comprometidas, y sobre todo,
recuperación del significado humano de la actividad empresarial (creación de
riqueza para la sociedad). La Política social debe atender, prioritariamente, a
este tema de la relación entre empresa y ética, en primer lugar, desde la
regulación equilibrada de los sistemas mercantiles y el fomento de las empresas
sociales destinadas al beneficio (profit) y de las organizaciones sin ánimo de
lucro (non profit) vinculadas a la Justicia y al Bien común; y en segundo
lugar, mediante una economía de utilidad social, un “tercer sector” que implica
al sector privado y público, y supone la potenciación de empresas que son
capaces de concebir el beneficio como un instrumento para conseguir objetivos
de humanización económica.
15. La globalización es una realidad humana, no el
fruto de fuerzas anónimas e impersonales o de estructuras independientes de la
voluntad individual y colectiva. Tampoco es un simple proceso socioeconómico,
sino una realidad protagonizada por una humanidad cada vez más
interrelacionada, que supera fronteras en el plano de la comunicación y la
cultura, que hay que regular desde una orientación cultural personalista y
comunitaria. El proceso de globalización, adecuadamente entendido y gestionado,
ofrece la posibilidad de una gran redistribución de la riqueza a escala
planetaria como nunca se ha visto antes, así como de nuevas formas de
solidaridad nacional y local; pero si se gestiona mal, puede incrementar la
pobreza y la desigualdad. Por ello, la “reacción” ante el reto del desarrollo
humano integral debe ser responsabilidad consciente de los propios ciudadanos y
sus organizaciones de referencia y pertenencia, y campo de intervención
superior de la Política social y por ende, del Trabajo social. Ambas
disciplinas tienen que actuar, en sus ámbitos correspondientes, para corregir
las disfunciones provocadas por las “fracturas sociales” globales, haciendo
visibles los deberes que los derechos presuponen, y sin los cuales éstos se
convierten en algo arbitrario.
16. La Política social, así como el Trabajo social,
deben atender a la importancia suprema de familia como factor de crecimiento
demográfico, de socialización humana y como “célula social” básica al servicio
de la comunidad. La disminución de los nacimientos, a veces por debajo del
llamado “índice de reemplazo generacional” pone en peligro muchos instrumentos
de protección y seguridad social; la desestructuración creciente de la
institución familiar conlleva la exclusión y soledad del ser humano; y la
desregulación jurídica e institucional de la misma amenaza los fundamentos de
la convivencia y el orden social. En esta perspectiva, los Estados y la propia
sociedad civil están llamados a establecer y promover políticas que promuevan
la centralidad y la integridad de la familia.
17. En cuanto a la cooperación internacional al
desarrollo, se necesitan políticas y personas que participen en este proceso
desde la solidaridad de la presencia, el acompañamiento, la formación y el
respeto, haciendo a las naciones menos desarrolladas los protagonistas
autónomos de su propio crecimiento. Los propios organismos internacionales
deberían preguntarse sobre la eficacia real de sus aparatos burocráticos y
administrativos, asumiendo una transparencia total de sus acciones, informando
a los donantes y a la opinión pública sobre la proporción de los fondos
recibidos y el verdadero contenido de dichos programas. Los proyectos
internacionales para un desarrollo humano integral han de caracterizarse por la
solidaridad y la justicia intergeneracional, teniendo presentes tanto el
principio de subsidiaridad como el principio de la solidaridad y viceversa. Así
como la subsidiaridad sin la solidaridad desemboca en el particularismo social,
la solidaridad sin la subsidiaridad puede acabar en un mero asistencialismo que
humilla al necesitado.
Los programas de ayuda deben potenciar el “recurso
humano” de los países en vías de desarrollo (el capital más valioso para un
futuro verdaderamente autónomo), el ingreso de sus productos en los mercados
internacionales (posibilitando así su plena participación en la vida económica
internacional), y sobre todo, hacer de la cooperación para el desarrollo no
sólo un crecimiento económico, sino una posibilidad de encuentro cultural y
humano. Por ello, las sociedades tecnológicamente avanzadas no deben confundir
su propio progreso con una presunta superioridad cultural, y las sociedades en
crecimiento deben permanecer fieles a lo que hay de verdaderamente humano en sus
tradiciones, evitando que superpongan automáticamente las formas de la
civilización tecnológica globalizada. La ayuda al desarrollo de los países
pobres es, en realidad, un verdadero instrumento de creación de riqueza para
todos62.
18. La relación del hombre con el ambiente natural es
también objeto de esta nueva concepción de la Política social. El uso
sostenible y compartido de los recursos representa una responsabilidad para con
los pobres, nuestros hijos y toda la humanidad. El hombre puede y debe utilizar
responsablemente el medio natural para satisfacer sus legítimas necesidades,
materiales e inmateriales, pero siempre respetando el equilibrio legado por sus
antepasados y las posibilidades de supervivencia de las generaciones futuras
(en sus recursos y en su reparto)63.
19. Otro de los fenómenos que nos anuncian la
necesidad del desarrollo humano integral es el las migraciones. Un fenómeno de
radical actualidad, ante sus grandes dimensiones geopolíticas, los problemas
sociales, económicos, políticos y culturales de los que nace y que suscita, y
por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacionales e
internacionales. Y ante estos factores, las políticas activas de integración
nacional y de cooperación internacional al desarrollo nos ofrecen dos
plataformas desde la cuales dotar un “rostro humano” a la “abstracción
sociológica” de la inmigración, donde los derechos fundamentales inalienables
han de ser respetados por todos y en cualquier situación.
20. La violación de la dignidad del trabajo humano,
vieja fractura social, sigue siendo uno de los ejes de atención de la Política
social. La limitación efectiva del derecho al trabajo y sus posibilidades
(desocupación, subocupación), o la devaluación de los derechos que fluyen del
mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona
del trabajador y de su familia”, son algunos de los rasgos que deshumanizan la
dimensión laboral de la existencia humana. Ante ellos, el trabajo debe volver a
ser la expresión de la dignidad esencial de todo hombre: un trabajo libremente
elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al
desarrollo de su comunidad, que evite toda discriminación, que consienta a los
trabajadores organizarse libremente, que deje espacio para reencontrarse
adecuadamente con las propias raíces (en el ámbito personal, familiar y
espiritual), y asegure una condición digna y una subsistencia suficiente a los
trabajadores y a sus familias.
21. La nueva Política social debe atender igualmente a
una dimensión humana en constante crecimiento: los consumidores y sus
asociaciones. El consumidor tiene una responsabilidad social específica, ligada
al respeto de principios morales en la producción de los bienes y en el consumo
de los mismos, sin que disminuya la racionalidad económica intrínseca en el
acto de comprar: respeto de la dignidad del trabajo, de las condiciones de
fabricación, del medio ambiente.
22. El problema del desarrollo en la actualidad está
estrechamente unido al progreso tecnológico, el cual, sometido a imperativos
éticos superiores, debe ser instrumento de crecimiento y comunicación, y no
medio de ensanchamiento de las diferencias materiales y culturales entre
pueblos y generaciones. Por tanto aparece como “instrumento humano” al servicio
del respeto al medio ambiente y no de su agresión insostenible; de mejora de
las condiciones sanitarias y perspectivas de vida de la población, y no de
manipulación biológica injustificada y arbitraría; de perfeccionamiento de la
producción y no de deshumanización del trabajo.
23. El desarrollo tecnológico está relacionado con la
influencia cada vez mayor de los medios de comunicación social. Dada la
importancia fundamental estos medios en determinar los cambios en el modo de
percibir y de conocer la realidad y la persona humana misma, se hace necesaria
una seria reflexión sobre su influjo, especialmente sobre la dimensión
ético-cultural de la globalización y el desarrollo solidario de los pueblos. El
sentido y la finalidad de los medios de comunicación debe buscarse en su
fundamento antropológico y en sus fines humanizadores, ofreciendo mayores
posibilidades para la comunicación y la información, buscando una orientación
inequívoca hacia un bien común que refleje sus valores universales,
multiplicando las posibilidades de interconexión y de circulación de ideas, y
promocionando la dignidad de las personas y de los pueblos.
24. El tema del desarrollo está íntimamente unido “al
del desarrollo de cada hombre, del hombre integral” 64. Por ello, uno de los
aspectos más destacados del desarrollo actual es la importancia del tema del
respeto a la vida: la lucha contra la mortalidad infantil, la educación contra
la violencia hacia la mujer o la limitación de las prácticas eugenésicas65 como
medio de control demográfico. En la actualidad, la bioética es un campo
prioritario y crucial en la lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y
la responsabilidad moral, y en el que está en juego la posibilidad de un
desarrollo humano e integral. La cuestión social se ha convertido radicalmente
en una cuestión antropológica, en el sentido de que implica no sólo el modo
mismo de concebir, sino también de concebir la existencia y manipular la vida,
cada día más expuesta ésta por la biotecnología a la intervención del hombre.
En la fecundación in vitro, la investigación con embriones, la posibilidad de
la clonación y de la hibridación humana., se van abriendo paso prácticas
eugenésicas que suponen una, manifestación abusiva del dominio sobre la vida, y
que en ciertas condiciones niegan la misma dignidad humana.
25. Estos son algunos de los grandes retos de una
nueva Política social, fundada en el ideal de un desarrollo humano integral,
que debe abarcar tanto un progreso material, como uno antropológico. Un
desarrollo, en suma, más allá de una economía reducida al mero mercantilismo y
una política sometida al poder de los partidos, y basada en: 1) Un desarrollo
humano sostenible (no sólo material); 2) El papel central de la comunidad (no
sólo del individuo); 3) Una protección social fundada en las responsabilidades
(no sólo en los derechos). Como señala Luis Vila, “averiguar la causa de los
males de la sociedad trae consigo la referencia a actitudes éticas básicas de
los ciudadanos y de los políticos”66.
26. Estos aspectos centrales de la Política Social del
siglo XXI la deben configurar como un “espacio de libertad”67, donde se limita
el Estado, se restringe el Mercado y se impulsa a la Comunidad, al
revalorizarse las solidaridades humanas, la participación ciudadana y la
responsabilidad social. De esta manera se redefinen las posiciones teóricas de
la Política social: paradigmas de partida, mecanismos institucionales, agentes
sociales, sistemas de control y evaluación. Con ello se pretende lograr una
interacción real en un doble sentido: entre el sector público y sector el
privado, en la génesis y gestión de “lo social”; y entre las posibilidades de
gasto y las necesidades sociales, al implicar en la financiación externa y en
la producción interna de los “servicios sociales” a todos los miembros de la
comunidad económica y política.
27. La Política social debe poder llevar a cabo la
transición del Estado del Bienestar nacido en el siglo XX, a un nuevo forma
político-social cuyas estructuras y valores se adapten funcionalmente a los
cambios acaecidos y a las exigencias humanas68. Una transición abierta hace
décadas, al amparo de un debate con posiciones diversas, y hasta cierto punto
divergentes: una mediación que hiciera compatibles el capitalismo y la democracia
(cuya conflicto, para Claus Offe, “debilita los motivos y razones del conflicto
social”69); que aúne crecimiento económico y gasto social (un auténtico
desarrollo humano para R. Mishra) en un “contexto económico de escasez”; que
potencie el papel de la comunidad como núcleo de la acción social (A. Etzioni);
que proponga un nuevo “Estado relacional” (P.P. Donati). Pero en esta
transición, Patrick de Laubier señalaba el papel central que podían jugar los
cuerpos sociales intermedios al desempeñar una función mediadora clave para
alcanzar la finalidad de la Política social: la
“justice sociale”70. Ante la revisión del tradicional vinculo keynesiano
entre lo político y lo económico (a través de la institucionalización del
sindicalismo”71), el horizonte de la Política social podría buscar nuevos
elementos de juicio a nivel comunitario para fundamentar, sostener y legitimar
la acción social, en sus logros pasados y sus retos futuros. Había que buscar,
pues, la “fórmula mágica” que permitiera conectar el crecimiento económico y la
acción redistributiva, en un escenario de “desarrollo humano sostenible”.
28. Este proceso de renovación conlleva, como atisbó
Marchioni, una reformulación teórica de las categorías de la actual Política
social del Bienestar y del marco conceptual que la legitima72, desde las
categorías de la complementariedad, y que inciden en profundizar en la
necesidad de un nuevo “sistema mixto” impulsado por tres claves: a) La
comunidad: a través de una nueva filosofía de la acción social (incorporando
nuevos y diferentes agentes sociales, en especial a los comunitarios); b) La
participación: mediante métodos alternativos de distribución de
responsabilidades en la producción de servicios, en la participación pública y
en la representación político-social; c) El desarrollo: por medio del análisis
pormenorizado y sistemático del sistema de protección social (en la triple
esfera de oportunidades, amenazas, disfunciones).
29. Como instrumento profesional y técnico, de
comprobada metodología, el Trabajo social debe integrar esta perspectiva de
desarrollo en sus intervenciones, a nivel micro y macro-social, intentando
conciliar libertad y responsabilidad en la ejecución básica de los objetivos de
la Política social. Ante las crecientes exigencias de campos como la
Depenedencia o la persistencia de situaciones sociales de Exclusión social
(marginalidad, fragilidad, etc), es necesaria una acción integral en el campo
del Trabajo Social, más allá de programas selectivos y de asignación de
recursos. Asimismo, se muestra imprescindible fomentar la participación libre y
responsable de la ciudadanía, auspiciar la colaboración entre poder público y
comunidades naturales, fomentar la autonomía individual y colectiva de los
protagonistas de la “relación de ayuda”, o defender la dignidad integral del
ser humano, aparecen como los retos centrales, ya principiados en diversos
programas locales, en la configuración teórica y práctica del Trabajo social.
30. En suma, toda Política Social tiene una
determinada idea del hombre; no existe ninguna neutral en el plano ideológico
ni aséptica en el plano moral, más allá de los sistemas de gestión
administrativa. Por ello, desde la Doctrina Social de la Iglesia se propone una
necesaria y nueva Política Social esencialmente liberadora, y por ende,
posibilitadora del pleno desarrollo del ser humano, a nivel individual y
colectivo, a nivel material y espiritual73. Un desarrollo, que como afirma
Benedicto XVI, muestra que “sin Dios el hombre no sabe adónde ir ni tampoco
logra entender quién es”, ya que “ante los grandes problemas del desarrollo de
los pueblos, que nos impulsan casi al desasosiego y al abatimiento, viene en
nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber: «Sin mí no podéis
hacer nada» (Jn 15,5)”74.
·- ·-· -······-·
Sergio Fernández Riquelme
1Ildefonso Camacho Laraña, “Beneficios y desigualdades
de la mundialización: Una reflexión desde la Doctrina social de la Iglesia”, en
Corintios XIII: Revista de teología y pastoral de la caridad, nº 96, 2000, pp.
159-198.
2Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, 2005, n. 16.
3Ídem, n. 17, 18 y 19.
4La Encíclica Quod apostolici muneris (1878),
promulgada por León XIII, principiaba un orden político-social corporativo, al
defender que era “oportuno favorecer las sociedades artesanas y obreras que
puestas bajo la tutela de la Religión acostumbren a todos sus socios a
permanecer contentos de su suerte y soportar con mérito la fatiga y a llevar
siempre una vida quieta y tranquila”. Asimismo, otras Encíclicas papales
preparaban algunas de las claves de la primera etapa de la Doctrina social de
la Iglesia: Dicturnum (1881) sobre el origen del poder, atacando la idea de un
pacto social “abstracto”, Inmortale Dei (1885) sobre la constitución cristiana
de los Estados, y Libertas (1888) que ataca la falsa libertad del Liberalismo
sin control moral.
5Distinción establecida por F. Tönnies, Desarrollo de
la cuestión social. Barcelona. Labor, 1927.
6En este texto fundacional se enumeran los errores que
provocan el mal social, excluyendo al socialismo como posible remedio, y
precisando “la doctrina social sobre el trabajo, sobre el derecho de propiedad,
sobre el principio de colaboración contrapuesto a la lucha de clases como medio
fundamental para el cambio social, sobre el derecho de los débiles, sobre la
dignidad de los pobres y sobre las obligaciones de los ricos, sobre el
perfeccionamiento de la justicia por la caridad, sobre el derecho a tener
asociaciones profesionales”. Cf. León XIII, Carta enc. Rerum novarum: Acta
Leonis XIII, 11 (1892) 97-144.
7Una doctrina “donde los principios se exigen y se
iluminan mutuamente, ya que son una expresión de la antropología cristiana,8
fruto de la Revelación del amor que Dios tiene por la persona humana”, pero
donde hay que observar “que el transcurso del tiempo y el cambio de los
contextos sociales” exigen “una reflexión constante y actualizada sobre los
diversos tema”, para poder “interpretar los nuevos signos de los tiempos”
.Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 9.
8Al respecto, Pío XI mostró la inequívoca posición
contra los regímenes totalitarios que se afianzaron en Europa durante su
Pontificado. Así protestó contra los atropellos del régimen fascista en Italia
con la encíclica Non abbiamo bisogno (1931). Mientras, en la encíclica Mit
brennender Sorge (1937) se posicionó sobre la situación de la Iglesia católica
en el Reich alemán, alertando sobre la violencia nacionalsocialista. En Con la
encíclica Divini Redemptoris (1937) mostró, ante los errores del comunismo
ateo, la solución contenida por la doctrina social católica: la renovación de
la vida cristiana, el ejercicio de la caridad evangélica, el cumplimiento de
los deberes de justicia a nivel interpersonal y social en orden al bien común,
y la institucionalización de cuerpos profesionales e interprofesionales.
9Por ello señalaba que las relaciones entre capital y
trabajo debían estar bajo el signo de la cooperación, que el salario debía ser
proporcionado para las necesidades de la familia, que el Estado debía aplicar
el principio de subsidiaridad en las relaciones con el sector privado, debe,
principio que se convertirá en un elemento permanente de la doctrina social.
Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno, 1931, 186-189.
10Una moralización que conllevaba la “cristianización
de la familia, la empresa y la sociedad”, mostrando la vocación de la Iglesia y
de cada cristiano a la hora de luchar contra la desigualdad excesiva e injusta
entre los distintos sectores de la sociedad, y contra los procesos económicos y
políticos que ponían en peligro la dignidad humana y la libertad. Juan XXIII,
Carta enc. Mater et magistra, 1961, 401-464. Por ello, en Pacem in terris
(1963) ahondó en el tema de los derechos humanos fundamentales desde el punto
del derecho natural.
11Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 1967,
294-296. En esta línea de trabajo, Pablo VI instituyó la Pontificia Comisión
Iustitia et Pax en 1967. Además, con ocasión del octogésimo aniversario de la
Rerum novarum, publicó la Carta apostólica Octogesima adveniens, donde iba a
reflexionar sobre los complejos problemas de la sociedad post-industrial,
demostrando la insuficiencia de las ideologías sociales a la hora de hacer
frente a retos como la urbanización, la condición juvenil, la situación de la
mujer, la desocupación, las discriminaciones, la emigración, el incremento
demográfico, el influjo de los medios de comunicación social, o el medio
ambiente.
12Publicada con motivo del centenario de la
promulgación de la Encíclica Rerum novarum.
13Por ello, el ideal ético como núcleo de la Doctrina
Social venía a situarla como una rama de la teología moral, y subrayaba su
conexión con la más profunda enseñanza evangélica y los retos propios de la
modernidad, tal y como planteó en Veritatis splendor (1993) Evangelium Vitae
(1995) o Fides et Ratio (1998).
14Jerónimo Molina, Política Social. Universidad de
Murcia, 2000, p. 517
15Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.
8-10.
16Los elementos centrales de la Doctrina Social de la
Iglesia se encuentran recogidos en el Compendio de la Doctrina social de la
Iglesia (2005), cuyo precedente documental se puede situar en el Código social
(Malinas 1927) de la Unión Internacional de Estudios Sociales, también conocido
como el Código de Malinas. Respecto al Compendio véase Juan Manuel Díaz
Sánchez, “Un compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Su génesis,
contenidos y aportaciones”, en Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales,
nº 25, 2005, pp. 261-278
17Compendio de la doctrina social de la Iglesia, n.
72-73.
18Ídem, n. 18-19.
19Doctrina que remite, en última instancia al anuncio
de Jesucristo, “a la buena nueva de salvación, de amor, de justicia y de paz”,
y que responde, en el tiempo actual “ a la necesidad del Evangelio”; necesidad
“de la fe que salva, de la esperanza que ilumina, de la caridad que ama”. Ídem,
n. 81.
20Cuando la Iglesia “cumple su misión de anunciar el
Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su
vocación a la comunión de las personas; y le descubre las exigencias de la
justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina”. Idem, n. 83-84
21Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis,
1988, 571-572.
22Interrogantes esencialmente religiosos, al centrarse
en la búsqueda de la respuesta última y más exhaustiva sobre nuestra
existencia. Cuando la razón humana toca su culmen, se abre a la religiosidad,
expresión más elevada de la persona humana, culmen de su naturaleza racional, que
rota de la aspiración profunda del hombre a la verdad y está a la base de la
búsqueda libre y personal que el hombre realiza sobre lo divino.
23Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes,
1966, 1026.
24Compendio de la Doctrina Social, n. 158-159.
25 Ídem, n. 160.
26Por ello “el bien común es un deber de todos los
miembros de la sociedad: ninguno está exento de colaborar, según las propias
capacidades, en su consecución y desarrollo. El bien común exige ser servido
plenamente, no según visiones reductivas subordinadas a las ventajas que cada
uno puede obtener, sino en base a una lógica que asume en toda su amplitud la
correlativa responsabilidad. El bien común corresponde a las inclinaciones más
elevadas del hombre, pero es un bien arduo de alcanzar, porque exige la
capacidad y la búsqueda constante del bien de los demás como si fuese el bien
propio”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 164-165.
27En este sentido se puede señalar como “la tradición
cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e
intocable: al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del
derecho común de todos a usar los bienes de la creación entera: el derecho a la
propiedad privada como subordinada al derecho al uso común, al destino
universal de los bienes”. Idem, n 177.
28Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 1991, n.
831.
29De este modo, “la red de estas relaciones forma el
tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas,
haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad”.
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 185.
30Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis,
1988, n. 529
31La participación en la vida comunitaria no resulta
una de las mayores aspiraciones del ciudadano, “llamado a ejercitar libre y
responsablemente el propio papel cívico con y para los demás”, sino también
aparece como “uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos,
además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia”.
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 190.
32La justicia social es, esencialmente, “una exigencia
vinculada con la cuestión social, que hoy se manifiesta con una dimensión
mundial; concierne a los aspectos sociales, políticos y económicos y, sobre
todo, a la dimensión estructural de los problemas y las soluciones
correspondientes”. Ídem, n. 201.
33Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris, 1963, n.
265-266.
34 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.
88.
35Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, n. 841.
Cf. Santa Sede, Carta de los derechos de la familia, Preámbulo, D-E, Tipografía
Políglota Vaticana, Ciudad del Vaticano 1983, p. 6.
36Sobre la valoración cristiana del trabajo véase
Fernando Berríos, “La problemática moderna del Trabajo como signo de los
tiempos (1)”, en Teología y Vida, Vol. L, 2009, pp. 549-563. Cf. José Luis
Illanes, La santificación del trabajo. Madrid, Ed. Palabra, 2001.
37“El curso de la historia está marcado por las
profundas transformaciones y las grandes conquistas del trabajo”, pero cabe
señalar también “por la explotación de tantos trabajadores y las ofensas a su
dignidad”. El impacto de la revolución industrial “planteó a la Iglesia un gran
desafío, al que el Magisterio social respondió con la fuerza profética,
afirmando principios de validez universal y de perenne actualidad, para bien
del hombre que trabaja y de sus derechos”. Compendio de la Doctrina Social de
la Iglesia, n. 267. Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 1981, n.
589-590.
38“Los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente,
conservan siempre un destino universal”. Por ello, cualquier” forma de
acumulación indebida es inmoral, porque se halla en abierta contradicción con
el destino universal que Dios creador asignó a todos los bienes”. En este
sentido “la salvación cristiana es una liberación integral del hombre,
liberación de la necesidad, pero también de la posesión misma”. Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, n. 328. Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 1988, n. 568-569.
39Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes,
1966, n- 1045-1046. Cf. Catecismo de
la Iglesia Católica, 1881; Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota
Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los
católicos en la vida política (24 de noviembre de 2002), 3: Librería Editrice
Vaticana, Ciudad del Vaticano, 2002, pp. 7-8.
40Véase Juan XXIII, Carta enc. Mater et magistra, n.
450.
41El mensaje cristiano, en este punto, “ofrece una
visión universal de la vida de los hombres y de los pueblos sobre la tierra,
que hace comprender la unidad de la familia humana”. Una unidad que “no se
construye con la fuerza de las armas, del terror o de la prepotencia; es más bien
el resultado de aquel « supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de
Dios, Uno en tres personas... que los cristianos expresamos con la palabra
comunión y una conquista de la fuerza moral y cultural de la libertad”.
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 432. Cf. Juan Pablo II,
Discurso a la Quincuagésima Asamblea General de las Naciones Unidas (5 de
octubre de 1995), 12, Tipografía Vaticana, p. 15.
42La Iglesia, con su doctrina social, “ofrece sobre
todo una visión integral y una plena comprensión del hombre, en su dimensión
personal y social”. Por ello, la antropología cristiana, “manifestando la
dignidad inviolable de la persona, introduce las realidades del trabajo, de la
economía y de la política en una perspectiva original, que ilumina los
auténticos valores humanos e inspira y sostiene el compromiso del testimonio
cristiano” en los múltiples ámbitos de la vida personal, cultural y social.
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 522.
43Ídem, n..578
44“La cuestión social –sostenía Julien Freund
[1921-1993]- no es un problema puramente económico, ni puramente político, sino
la dialéctica entre la economía y la política”. Véase Jerónimo Molina,
Conflicto, gobierno y economía. Cuatro ensayos sobre Julien Freund. Buenos Aires,
Editorial Struhart & cia, 2004, pp. 150-151.
45 Véase Ernst Fortshoff, Sociedad industrial y
Administración pública. Madrid, INAP, 1967.
46Al respecto, Patrick de Laubier define la Política
social como “el conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación,
o cambiar las condiciones de vida material y cultural de la mayoría conforme a
una conciencia progresiva de derechos sociales, teniendo en cuenta las
posibilidades económicas y políticas de un país en un momento dado”. Patrick de
Laubier, La Polítique sociale dans les societés industrielles. 1800 à nos
tours. París, Economica, 1984, pp. 8-9.
47En este punto podemos señalar como la Política
Social, así como algunos de sus instrumentos (Trabajo Social, Servicios
Sociales), nacieron de una secularización de la acción asistencial y protectora
de las instituciones religiosas (luteranas, anglicanas y católicas).
48Otto von Zwiedineck [1871-1957], en su obra
Sozialpolitik (1911) definía la Política social como “la política que pretende
asegurar la continua consecución de los fines de la sociedad”, en esencia el
Bien común, según un diseño orgánico, y con el objetivo de cohesionar el orden
social a través de un nuevo orden moral basado en el reconocimiento de
intereses comunes y de la cooperación necesaria en el lugar de trabajo y en el
resto de ámbitos de la vida. Política no sólo desplegada por el Estado, sino
también por las formas sociales intermedias, ya que “la acción de la política
social puede ser perseguida por instituciones gubernamentales o voluntarias”.
Véase Otto von Zwiedineck, Sozialpolitik. Lepizig-Berlin, Teubner, 1911.
49“Llamamos Política Social a ese ejercicio del
gobierno de la polis que se preocupa de hacer sociedad, es decir, garantizar
que todos los que están en ella sean realmente miembros de la misma, con una
condición de miembro dotada de las características consideradas normales”. Luis
Vila López, “Política social e inclusión social”, en Revista del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, nº 35, 2002, pp. 36.
50J.M. Alonso Seco y B. González, La asistencia social
y los Servicios sociales en España. Madrid, Boletín oficial del Estado, 1997,
pp. 618.
51Sobre una completa y sistemática teorización de la
Política Social, véase Jerónimo Molina, La Política social en la historia.
Murcia, Isabor, 2004
52Luis Vila López, “Política social europea”, en C.
Alemán Bracho y J. Garcés Ferrer, Política social. Madrid. McGraw Hill, pp
104-105.
53Teorización aportada por el profesor Jerónimo
Molina, La Política social en la historia. Murcia: Ediciones Isabor, 2004, pp.
184-186.
54Una definición genérica sobre la Seguridad social la
aporta el Bureau International du Travail (BIT): “La seguridad social es un
conjunto de medidas oficiales que tienden: a) a proteger a la población (o a
una gran parte) de la miseria económica en la que se arriesgan a caer a causa
de las enfermedades, la desocupación, la invalidez, la vejez o la muerte, en
cuanto que interrumpen la adquisición de ingresos; b) a asegurar a la misma
población todas las asistencias sanitarias necesarias; c) a dar ayudas a las
familias que tienen hijos”. Conferencia internacional de la BIT, 1952.
55La reconstrucción histórica y la teorización de la
noción de la Política social contemporánea a la que aludimos, es obra del
profesor Jerónimo Molina Cano. En lo que respecta al Corporativismo, señala
“que una de las más ambiciosas aproximaciones a los problemas de la política
social es aquella que identifica el desarrollo de esta última con la
elaboración de una teoría del Estado o de la Sociedad corporativistas”. J.
Molina, op.cit., pp.18-19.
56De Laubier situaba el origen teórico-doctrinal de la
Política social en la crítica al “libéralisme classique”, y el
histórico-fenomenológico en el impacto de la industrialización y los problemas
sociales por ella generados. P. de Laubier, op.cit., pp. 10-12.
57La caridad de la Iglesia, definida como “ejercicio
de amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor”, es ampliamente
sistematizada en la encíclica Deus caritas est (2006). Una caridad que surge
como manifestación del amor trinitario, que se convierte en tarea esencial de
la Iglesia, que se interrelaciona con el fin supremo de la Justicia, y que
posee un perfil específico ante las múltiples estructuras de servicio
caritativo en el contexto social actual. Benedicto XVI, Caritas in veritate.
Libreria Editrice Vaticana, 2009.
58Luis Olariaga, La Orientación de la Política social,
Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Madrid, 1950, pp. 8-9.
59Séverine Deneulin “Desarrollo humano: Benedicto XVI
vs. Amartya Sen”, en Cultura económica, nº 75-76, 2009, pp. 112-120.
60Como resalta el Papa, “la caridad en la verdad pone
al hombre ante la sorprendente experiencia del don. La gratuidad está en su
vida de muchas maneras, aunque frecuentemente pasa desapercibida debido a una
visión de la existencia que antepone a todo la productividad y la utilidad”.
Esta realidad se atestigua porque “el ser humano está hecho para el don, el
cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente”. Benedicto XVI, Caritas
in veritate, n. 34.
61Jean-Yves Naudet, “La propuesta de Benedicto XVI a
los economistas: un camino hacia una economía ética”, en Cultura económica, nº
75-76, 2009, pp 77-82.
62Véase Joan Bestard Comas, Globalización, tercer
mundo y solidaridad: estudio comparativo entre los "Informes del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)" y los documentos de la
Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
2003.
63Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 50-51. Cf.
Carta enc. Centesimus annus, n. 838-840.
64Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 75-76. Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, n. 258.
65Sobre el derecho a la vida véase Fernando Chomali,
“Derecho a la vida, derecho fundamental”, en Teología y Vida, Vol. XLVIII,
2007, pp 413- 423,
66Luis Vila López, Pensar la necesaria política
social. Ponencia al I Congreso Anual de la Red española de Política social.
Universidad de Oviedo, 2009, p. 3.
67Manuel Moix, La Política social y la libertad.
Murcia, Isabor, 2009, pp. 35-38
68En este sentido se incluye la propuesta de Piero
Paolo Donati, que documenta como las sociedades europeas siguen inspirando las
políticas sociales en un código estatal de inclusión social (que denomina
lib/lab, o mezcla de liberalismo y laborismo) que actualmente resulta cada vez
más débil y obsoleto. La Política social tradicional, base del actual Estado
del Bienestar, muestra límites estructurales en sus posibilidades de innovación
porque están formuladas como simples compromisos entre Estado y Mercado en pro
de derechos individualizados, utilizando al sector terciario o el fenómeno
comunitarista como instrumento auxiliar de resolución de conflictos. P. P.
Donati, “Nuevas políticas sociales y Estado social relacional”, Reis, nº 108,
2004, pp. 40-42.
69Claus Offe, “Democracia y Estado del Bienestar: un
régimen europeo bajo la tensión de la integración europea”, en Zona Abierta, nº
92-93, 2000, pp. 243-284.
70La aparición de la Política social respondía a una
combinación de factores económicos políticos y psicológicos propios del siglo
XIX, resultantes de la industrialización, el progreso de la democracia en el
seno de los Estados centralizados y la creciente conciencia sobre los derechos
políticos y sociales. La Política social consistía en “el conjunto de medidas
para elevar el nivel de vida de una nación, o cambiar las condiciones de vida
material y cultural de la mayoría conforme a una conciencia progresiva de
derechos sociales, teniendo en cuenta las posibilidades económicas y políticas
de un país en un momento dado”. Esta definición cubría “un dominio que se sitúa
entre lo económico y lo político como medio de conservación o reforzamiento del
poder el Estado”. P. de Laubier, op.cit., pp. 8-9.
71Anunciada por H.J. Laski, Los Sindicatos en la nueva
sociedad. México, Fondo de Cultura Económica, 1951.
72Véase M. Marchioni, Comunidad, participación y
desarrollo: teoría y metodología de la intervención comunitaria. Madrid, Ed.
Popular. 1999
73Tal y como plantea Manuel Moix, La Política social y
la libertad. pp.147-148.
74Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 78.
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