jueves, 14 de junio de 2012

El gobierno usa fondos de los jubilados





El debate por una de las grandes cajas del Gobierno

Por Adrián Ventura

La Corte Suprema decidió, tal vez, tocar una de las cuerdas más delicadas y urticantes del Gobierno: el financiamiento del gasto público.

Desde hace años, el Poder Ejecutivo, sin acceso al crédito internacional y sin voluntad alguna de bajar el gasto, decidió "vivir con lo nuestro" y comenzó a financiarse con distintas cajas.

Así, comenzó a echar mano de los recursos del Banco Nación; de las reservas del Banco Central; de los fondos de la APE que, en rigor, pertenecen a los trabajadores y sindicatos; o de los dineros de la Anses, que toma a cambio de entregarle al Fondo de Garantía de Sustentabilidad unos pagarés (porque de eso se tratan los títulos de la deuda). Ahora, el 58 por ciento de la cartera de la Anses está invertida en títulos cuyo rendimiento no siempre es óptimo.

Sin duda, la responsabilidad final no es de Diego Bossio. Hace un año, en un primer informe que había presentado ante el tribunal, el joven funcionario explicó que no podía pagar cientos de miles de juicios previsionales que los jubilados hicieron y le ganaron al Estado porque sólo una parte de los recursos del FGS se aplican con esos fines. El resto, aclaró, se destina a financiar otros programas, como la Asignación Universal por Hijo, la construcción de viviendas u obras públicas.

Cualquiera puede aceptar que se tratan de programas sociales muy loables. Lo que es más difícil de entender es que se financien con los dineros del sector social más débil, los jubilados. Pero el populismo se nutre de promesas y las promesas se pagan con dinero. El líder carismático no repara en detalles; sólo sueña con hacer su historia.

Con todo, hay dos cuestiones para mirar de cerca. Una: Bossio, que se empeñó en ignorar las explicaciones que le pedía la Corte, podría haber aprovechado los últimos meses para mejorar el desempeño de la Anses y el pago de sentencias. Pero no lo hizo.

Ahora, su impericia para capear una tormenta dio paso a este huracán: la Corte ya no se conforma con pedirle datos sobre los pagos de juicios previsionales, sino que pretende hacerle una tomografía computada a toda la Anses.

Es probable que el Gobierno, como ocurrió con otros fallos, haga oídos sordos. Pero el desempeño de Bossio casi seguramente disgustará a Cristina Kirchner.

El segundo dato es también inquietante: el Gobierno se empeña -lo manifestó públicamente la Presidenta, en distintos actos públicos- en lograr que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias y recorten sus jubilaciones.

Nunca en la historia argentina un gobierno logró torcerles el brazo a los magistrados en este punto. Si bien en la Corte algunos jueces admiten que debería pagarse Ganancias, los magistrados son los más celosos guardianes de esas garantías que de cualquier otro derecho y leen aquellas pretensiones oficiales como un ataque a su independencia.

Ningún juez lo admitirá, pero se puede sospechar que la decisión de la Corte de reclamar a la Anses la identidad de todos los beneficiarios de jubilaciones especiales apunte a encontrar que en el Poder Ejecutivo o en el Congreso también hay funcionarios que reciben haberes o pensiones elevadas. ¿Por qué un presidente o un ministro deberían cobrar más? La Corte quiere solucionar las causas previsionales. Pero también tropieza con las arbitrariedades del poder..


La Nación, 14-6-12

Aborto: comienzan los casos fabricados





Días atrás, una adolescente de 16 años amparada por sus padres, solicitó que le practicaran un aborto en el Hospital de El Calafate, Santa Cruz, donde vive. El embarazo que cursa era, supuestamente, producto de una violación. La secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Norma Costa, acompañó a la joven y a su familia en el reclamo.

Los médicos del Hospital se negaron a practicar el aborto y la oficina de Protección a la Niñez y Adolescencia del Municipio hizo una presentación para evitar que el caso se judicialice. El juez de instrucción penal Carlos Narvete, haciéndose eco del pronunciamiento de la Corte en el caso “F., A. s/ medida autosatisfactiva”, desestimó la judicialización y exhortó al director del hospital local y al ministro provincial de Salud, Daniel Peralta, “a hacer operativo en forma urgente el protocolo hospitalario para la concreta atención de los abortos no punibles”, enmarcando en ellos el caso de la joven.

Se supo después que los padres de la menor retiraron el pedido de aborto, aduciendo que tenían que viajar a Bolivia por la grave enfermedad de un familiar; pero, según informó ayer Ahora Calafate, el motivo fue otro.

Previo a la renuncia, la adolescente tuvo una entrevista con una psicóloga del juzgado de instrucción penal. Se hizo una “cámara Gesell” y al final de la misma, la joven admitió que nunca existió la violación, habría tenido una relación consentida, con un adulto del entorno familiar, con el que no tiene lazos de sangre.

Los funcionarios judiciales le contaron a los padres la verdadera historia, advirtiéndoles que el caso no encuadraba en los llamados “abortos no punibles”, por lo que la práctica configuraría delito. Los padres renunciaron a la solicitud y viajaron a Bolivia.

El caso sirve para reflexionar acerca de la ligereza con que, con la sola presentación de una simple declaración jurada y la invocación del inicuo pronunciamiento de la Corte, se puede matar en la Argentina.

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NOTIVIDA, Año XII, Nº 835, 13 de junio de 2012

martes, 12 de junio de 2012

Violación, embarazo y aborto


  
Jorge Scala

Mucho se ha debatido en estos días sobre los tres sustantivos que titulan esta nota. Como Tesorero y apoderado de “Portal de Belén” quisiera hacer un breve aporte a esas tres palabras, concatenándolas del mejor modo posible.

En EE.UU. decidieron investigar seriamente el problema de las violaciones en todos sus aspectos. Se hizo un protocolo de investigación y se designó al Hospital San Pablo de Minneapolis para efectuar el estudio. Los trabajos duraron 10 años, durante los cuales fueron derivados a dicho centro sanitario todas las mujeres violadas de la región. En total se investigaron más de 3.500 violaciones.

Entre las cuestiones estudiadas se incluyó la relación entre violación y embarazo. Muy pocas de las mujeres violadas presentaron embarazos. Todos esos embarazos fueron estudiados, tanto sea en los casos en que las mujeres abortaron como en los que continuaron sus embarazos. Se hicieron las pruebas genéticas pertinentes –tanto en los bebés abortados como en los nacidos-, y se determinó, científicamente, que todos los embarazos habían sido fruto de relaciones consentidas, con sus esposos o algún otro varón. En pocas palabras: las 3.500 violaciones no habían causado ningún embarazo (Reardon, David C., "Aborted Women: Silent No More").

En “Portal de Belén” tenemos la experiencia de campo, que por la obvia falta de medios no ha podido verificarse con validez científica. La comparto: entre las muchas mujeres que hemos ayudado en estos más de 20 años de servicio al bien común, nos hemos encontrado con algunas mujeres violadas y embarazadas. Vienen a nosotros mujeres embarazadas en situación de conflicto y, ¿qué duda cabe?, la violación es uno de los conflictos más penosos que nos ha tocado acompañar.

Desde el comienzo de nuestra Asociación, intuimos que el mejor modo que tiene una mujer embarazada para superar su conflicto –cualquiera que sea-, es darle las herramientas que necesite para poder continuar con su embarazo y, más adelante, para que pueda criar amorosamente a ese hijo que lleva en su seno. En la generalidad de los casos esto parece muy obvio. Y lo es.

Ahora bien ¿qué sería lo mejor para una mujer encinta cuyo conflicto fuera el haber sido víctima de una violación?. En realidad no lo sabíamos. Ni lo supimos hasta que se nos fueron presentando los primeros casos. Era evidente que la ayudaríamos a continuar con su embarazo: a fin de cuentas, ese es nuestro fin asociativo. Pero lo que no era nada obvio es que criar a ese hijo –en lugar de darlo en adopción-, fuera la mejor opción para la mujer violada.

Como no podíamos resolver la duda, pues había tantos y tan buenos argumentos para una u otra opción, decidimos obrar con esas mujeres igual que con las demás: procurar ayudarlas a aceptar, amar y criar a ese hijo que venía al mundo de ese modo trágico. El resultado superó todas nuestras mejores expectativas. Se los comparto.

En “Portal de Belén” no solo damos alojamiento y comida, sino también atención médica, jurídica, psicológica, etc. a las mujeres que lo necesitan. Todas las mujeres violadas recibieron atención psíquica. Con ese acompañamiento y el nuestro, decidieron no solo continuar sus embarazos, sino también criar a sus hijos. En todos los casos, en un tiempo relativamente breve, los informes psicológicos concluyeron del mismo modo: el acto de amor de haber acogido, amado y criado a ese hijo, curó completamente las secuelas psíquicas de la violación. Para nosotros fue una de las sorpresas más hermosas que tuvimos, en estos años de trabajo silencioso y fecundo.

Ante estas realidades que nos enseña la ciencia y nos muestra el trabajo de campo con quienes padecen la problemática, me pregunto: ¿Puede ser razonable matar por las dudas que el hijo fuera producto de una violación, cuando se sabe que esto casi nunca sucede? También me pregunto: ¿es bueno para la mujer violada quitarle la posibilidad de la curación total, del trauma que le produjo esa brutalidad?.

A los caballos que circulan por la ciudad hay que ponerles anteojeras, para que no vean la realidad; puesto que si la percibieran se asustarían y provocarían un desastre movidos por el miedo. Me vuelvo a preguntar: ¿qué clase de “anteojeras” tienen algunos de nuestros jueces, gobernantes y médicos, que parecen impedirles reconocer la realidad?.

En un rato se mata a una persona por nacer. Nosotros preferimos acompañar a sus mamás durante meses, ayudándolas a crecer y superar por sí mismas todos sus obstáculos. Nos parece lo mejor para todos, también para nosotros que crecemos en humanidad…

Artículo enviado a la Voz del Interior, que no lo publicó

domingo, 10 de junio de 2012

Ataques contra la vida humana y compromiso político




Hoy en día estamos asistiendo a una fenomenal campaña de degradación de la vida humana, llevada a cabo en nombre de un supuesto progreso cultural e ideológico, basado en la promoción de iniciativas jurídicas que tienen como finalidad última producir una auténtica mutación política y axiológica de la sociedad que deje de lado y abandone para siempre la tradición humanística y cristiana que caracterizó el desarrollo de la historia humana en la mayoría de los países del planeta.

Paradójicamente, este supuesto progreso cultural está profundamente vinculado a un proceso social y económico que bien se puede caracterizar de impresionante concentración de la riqueza (2% de la población adulta del mundo tiene en sus manos el 52% de la riqueza producida en el mundo, según datos oficiales de Naciones Unidas) que ha llevado a una no menos impresionante pauperización de la población mundial (57% de las personas en el mundo perciben 1 ó 2 dólares por día, también datos oficiales de Naciones Unidas).

¿Cuál es el vínculo entre ambos acontecimientos –concentración económica y mutación política-axiológica? El ultraminoritario poder financiero transnacional, de origen angloamericano, que desde mediados de los años ’60 ha diseñado, planificado y ejecutado en paralelo ambos procesos: para concentrar “en paz” la riqueza, se ve obligada a impedir el crecimiento demográfico en todo el mundo, a través de una política “progresista con rostro humano”, política aplicada desde los organismos internacionales y por gobiernos en general de raíz social-demócrata.
Esta dependencia ideológica y financiera es lo que explica que desde hace 50 años ese progresismo cultural promueva frenéticamente “ahora” una desorbitada mentalidad anticonceptiva (fruto de un visceral odio a los niños como “causantes de la pobreza familiar”) e institucionalice la pena de muerte contra los niños por nacer, inocentes e indefensos, mientras que al mismo tiempo remite a un “futuro remoto” la promoción y ejecución de una auténtica Justicia Social, que mitigue y ponga fin a la miseria, a la pobreza extrema y al hambre que afecta a la mayor parte de las poblaciones.

En otras palabras: la supuesta “civilización” contemporánea diseñada por la ultraminoritaria plutocracia financiera internacional que se ha adueñado del mundo y de sus riquezas con la ejecución de políticas de signo liberal financia y sostiene al mismo tiempo la eliminación de la población con políticas de izquierda, las cuales aniquilan la vida humana naciente y reivindican sólo oralmente la Justicia Social.
En este sentido, hoy el Derecho a la Vida Humana no es el valor absoluto y primordial que debe ser defendido y amparado oficialmente, sino que es un derecho sistemáticamente violentado y violado a través de eufemismos: entre otras cosas, se denomina salud y derechos reproductivos a lo que en esencia es anticoncepción y antinatalidad; se denomina muerte digna a lo que en esencia es eliminación impiadosa de toda vida “improductiva”; se denomina derecho a controlar la propia fertilidad a lo que en esencia es asesinato del propio hijo.

De la misma manera, la auténtica Justicia Social que promueve los derechos de los que trabajan y de los humildes es diluida y rebajada a meras reivindicaciones ideológicas, sustentadas en un formidable individualismo y sectarismo burgués:  se denomina identidad de género a lo que en realidad es comportamiento sexual heterodoxo; se denomina inclusión social a lo que en esencia es limosna clientelar; se denomina progreso democrático a lo que en esencia es promoción de reivindicaciones sectoriales disolventes de la comunidad socio-política; se denomina progreso cultural a lo que en realidad es relativismo moral anárquico y salvaje, en el que se impone el “derecho” del más fuerte.
Así, la concentración política-económica a favor del poder financiero internacional está “necesariamente” acompañada por el relativismo ideológico-moral y la fragmentación social, para que ese proceso de concentración pueda ser llevado a cabo “en paz”.

Ante este panorama,  ¿cuál es la respuesta que en este momento presente debemos dar? 
Por un lado, oponer una inteligente, planificada y permanente resistencia doctrinal, ideológica, científica, espiritual y moral contra este ataque sistemático e integral contra los pueblos y las naciones del mundo, en especial en defensa de los seres humanos más desprotegidos y desamparados. 

Por otro lado, como lo ha enseñado el Beato Juan Pablo II, es fundamental llevar a cabo una “efectiva, real y responsable participación activa” en la vida política nacional, ejerciendo una verdadera presencia en defensa de la vida, la justicia social y el bien común (Christifidelis laici, n. 42).

José Arturo Quarracino
Mayo de 2012

sábado, 9 de junio de 2012

Cuando lo inaudito no sorprende





Ricardo Roa

A esta altura no debería sorprender demasiado: la Justicia sobreseyó finalmente a Claudio Uberti , el ex funcionario kirchnerista que ofició de enlace con Venezuela y que subió en 2007 a un avión oficial a Antonini Wilson con su valija repleta de dólares.

Aunque la investigación duró siglos y pasó por cinco jueces, estaba parada hace tiempo en el mismo punto que el primer día ¿Negligencia inocente o deliberada? Interpretación libre. Lo cierto es que ahora la causa irá al archivo, y con ella las más que sospechas de lavado de dinero sobre todos los implicados.

El avión que había traído a Antonini aterrizó de madrugada en un sector especial del Aeroparque. Nadie controlaba a nadie por allí, pero esa noche una policía aeronáutica cambió la historia: le obligó a abrir la maleta donde según él traía papeles y libros y no los 800 mil dólares que le descubrieron.

Hubo llamadas urgentes a Olivos y la orden de que se calificara todo c omo una simple infracción aduanera . Wilson fue demorado sólo el tiempo que duraron esas consultas. Le retuvieron los dólares negros y, tras cartón, quedó libre. A nadie se le ocurrió que podría haber cometido un delito.

A la mañana siguiente fue a un acto a la misma Casa Rosada y abandonó el país tres días después. Se marchó como había venido. Pero estalló el escándalo y el venezolano pasó de aliado a enemigo mortal: detenido en Miami, ventiló que la plata que había tratado de ingresar era para la campaña presidencial de Cristina Kirchner .

Entonces saltó la teoría de la conspiración: no era un amigo sino un espía. Un instrumento de la CIA para afectar las relaciones de la Argentina con Chávez. El imperialismo yanqui es como Dios: está en todas partes .

La causa Antonini ha prescripto y Uberti, ex embajador paralelo de los negocios con Caracas, ha sido sobreseído . Su abogado es el mismo que el de Boudou. Aquí también, interpretación libre. Otra vez no hay culpables. Y cuando hay corrupción y no hay culpables, lo que se degrada es la democracia.

Clarín, 9-6-12

martes, 5 de junio de 2012

Ley Provincial 8803



 DE ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DEL ESTADO.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

DERECHO AL ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS DEL ESTADO

Artículo 1.- TODA persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública provincial, municipal y comunal, centralizada y descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial, las municipalidades o las comunas tengan participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social y Ministerio Público Fiscal.

ALCANCES
Artículo 2.- SE considera como información a los efectos de esta Ley, cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales.
Debe proveerse la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control.

LIMITES
Artículo 3.- NO se suministra información:
a) Que afecte la intimidad de las personas, ni bases de datos de domicilios o teléfonos.
b) De terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial y la protegida por el secreto bancario.
c) Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial, o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional.
d) Contenida en notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los expedientes.
e) Cuya difusión comprometa la seguridad de la Provincia, la paz y el orden público.
f) Cuya publicidad pudiera revelar estrategias empresariales.
g) Sobre materias exceptuadas por leyes específicas.

INFORMACION PARCIAL
Artículo 4.- EN caso que exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del artículo anterior, debe suministrarse el resto de la información solicitada.

GRATUIDAD
Artículo 5.- EL acceso a la información es gratuito en tanto no se requiera la reproducción de la misma. Los costos de reproducción son a cargo del solicitante.

FORMALIDAD
Artículo 6.- LA solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.

PLAZOS
Artículo 7.- TODA solicitud de información requerida en los términos de la presente Ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez (10) días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

SILENCIO. DENEGATORIA
Artículo 8.- SI una vez cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, la demanda de información no se hubiera satisfecho se considera que existe negativa en brindarla, quedando habilitada la acción de amparo por mora de la Administración. Si la resolución fuere denegatoria, procederá la acción de amparo cuando se hubiere resuelto en exceso de las previsiones del Artículo 3 o la fundamentación fuere arbitraria, insuficiente o aparente.

DENEGATORIA FUNDADA
Artículo 9.- LA denegatoria de la información debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada explicitando la norma que ampara la negativa.

RESPONSABILIDADES
Artículo 10.- EL funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, es considerado incurso en falta grave.

Artículo 11.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo.

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: DE LA SOTA
DECRETO DE PROMULGACION NRO.: 2177/99  B.O.: 15.11.99

El acceso a la información pública en la provincia de Córdoba


Diagnóstico y recomendaciones de políticas


Círculo vicioso del acceso a la información pública


*Los ciudadanos no ejercitan su derecho


*El Estado no cumple con su obligación


Estrategia del Programa


1. Diseño de un mapa del Estado
2. Identificación de información sensible
3. Presentación de pedidos de información pública
4. Judicialización ante la falta de respuesta o respuesta denegatoria
5. Difusión del proceso a los medios
6. Capacitar a dirigentes sociales y funcionarios públicos.


Fuente: cordobatransparente.org