por Javier Cámara
Anoche, a las 20.50,
el Gobierno de la Provincia
de Córdoba informó que José Manuel de la Sota había firmado el decreto reglamentario de la
ley 10.048 que otorga un subsidio de 3.000 pesos mensuales a los ex presos
políticos.
La ley de “Reparación
provincial a ex presos políticos” –ese es el nombre que se le dio– se había
aprobado el sábado 24 de abril, en una sesión especial de la Legislatura provincial
con motivo del Día Nacional de la
Memoria por la
Verdad y la
Justicia. Sólo con los votos del oficialismo y de otros dos
parlamentarios, pero con los bloques juecista, radical y del Frente de
Izquierda en contra, y con miembros y dirigentes de organismos de Derechos
Humanos disconformes y disgustados.
Ese disgusto se había
incrementado de manera notable en las últimas semanas, a raíz de que los
potenciales beneficiarios ni siquiera habían podido inscribirse en un registro,
porque el gobernador no había firmado la reglamentación.
Esto, a pesar de que
la propia ley estableció plazos concretos para ese trámite.
El jueves último,
Rodolfo Novillo, de la
Asociación de ex presos políticos de Córdoba, le había dicho
a este diario que hasta ese día nadie había podido inscribirse ni recibir el
subsidio aprobado. “Aparentemente –señaló entonces el dirigente–, las
explicaciones que dan desde el Gobierno indican que el decreto reglamentario
está ‘a la firma’ en el despacho de De la Sota hace más de un mes; pero nadie dice porqué
no lo firma. Sin reglamentación, no hay registro en el cual inscribirse ni
reparación ni nada”.
Novillo recordó que
los organismos no estuvieron de acuerdo con la ley reglamentada anoche: “Nos parece
fantástico que compañeros que están mal económicamente puedan cobrar, pero esto
no es una ley de reparación es un mero subsidio, y encima se demoran en
implementarlo”, puntualizó.
La autoridad de
aplicación de esta normativa es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
que está a cargo de Graciela Chayep. Ese organismo tendrá a su cargo la
elaboración del registro de beneficiarios. Pero hasta anoche el Gobierno no
tenía claro cuándo iba a poder comenzar a recibir solicitudes.
El trámite lento. La ley
10.048 entró en vigencia el 20 de abril de 2012, el día en que se publicó en el
Boletín Oficial. El artículo 14º de la norma estableció que “el Poder Ejecutivo
Provincial” debía “reglamentar la ley dentro de los 30 días contados a partir
de su entrada en vigencia”, es decir, el 20 de mayo. Pero pasaron esos 30 días
y otros 59 más hasta que el gobernador la firmó.
El denominado
subsidio honorífico tiene “carácter no contributivo, personal, mensual,
vitalicio e inembargable” y alcanza “a todos aquellos ciudadanos que hayan sido
detenidos por causas políticas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de
diciembre de 1983”.
También se le
reconocerá el subsidio a las personas que hubiesen sido víctimas del denominado
Plan Conmoción Interna del Estado (Conintes) que fue lanzado en la década del
’50 y que habilitaba a las Fuerzas Armadas a reprimir huelgas y protestas
obreras.
Para acceder al monto
económico (una vez que se reglamente) se exigirá haber permanecido preso por
causas políticas durante más de un año; que al momento de la detención el
reclamante haya tenido domicilio en la provincia; y no poseer ingresos
mensuales superiores al monto del subsidio.
Relación complicada
Pocos amigos. Nunca
fue del todo buena la relación de José Manuel de la Sota con los dirigentes e
integrantes de los Organismos de Derechos Humanos. Hay resquemores históricos e
ideológicos. En 2004 la relación se empeoró a raíz de que el gobernador dijo
que las Madres deberían “haber cuidado mejor a sus hijos” desaparecidos. En
marzo pasado De la Sota
recibió a dirigentes de los Organismos y les dijo que apoyaría el subsidio para
ex presos políticos que se demora.
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