UNA PROPUESTA PARA
REPENSAR EL DEBATE PUBLICO
Autores: Agustín
Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique Del Percio, Rut Diamint, Alberto
Fohrig, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, Pepe Paradiso, Raúl
Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, María de la Paz Tibiletti , Juan
Gabriel Tokatlian, José Manuel Ugarte, José María Vázquez Ocampo.
Martes
6 de Mayo de 2014
“Es
cierto que la política se hace con la cabeza, pero en modo alguno
solamente
con la cabeza. En esto tienen toda la razón quienes defienden
la
ética de la convicción. Nadie puede, sin embargo prescribir si hay
que
obrar conforme a la ética de la responsabilidad…Desde este punto
de
vista la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no
son
términos absolutamente opuestos, sino elementos complementarios
que
han de concurrir para formar al hombre auténtico, al hombre
que
puede tener “vocación política”…La política consiste en una dura y
prolongada
penetración a través de tenaces resistencias, para la que se
requiere,
al mismo tiempo, pasión y mesura. Es completamente cierto,
y
así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo
posible
si no se intenta lo imposible una y otra vez”.
Max
Weber, “La política como vocación”
.
1. La narcoactividad
como fenómeno complejo y multidimensional
No es admisible ni
conveniente reducir una problemática polifacética y compleja a una contienda
bélica, por más que el cuadro que se enfrenta a este nivel y en este momento
parezca acuciante. Hablar de guerra implica la administración de una fuerza
armada aplicada de manera sistemática a alcanzar un resultado: vencer al
enemigo mediante la aplicación de violencia militar. Desde luego, las
narcoactividades y sus consecuencias tienen una dimensión peligrosamente
violenta que no es del caso minimizar. Pero reducir el abordaje y el
tratamiento del problema meramente a esto es simplificarlo y unilateralizarlo,
lo que probablemente no conduce al éxito, como se ha demostrado ya, entre
otros, en los casos de Colombia y México.
El problema del
narcotráfico es multidimensional y oportunamente trataremos de ubicarlo en un
marco mucho más amplio. Por ahora basta con mencionar que implica un amplio y
variado universo de consumidores (que obviamente incluye a los adictos), que
conduce directamente al plano de los comportamientos individuales. Pero también
es acompañado por diversas problemáticas sociales: las economías de raigambre
neoliberal han sido fuertemente excluyentes y han dado como resultado
sociedades poco hospitalarias dañadas en su cohesión y solidaridad, lo que ha
generado un caldo de cultivo “por abajo” altamente lesivo (el consumo de
“paco”, por ejemplo, o la conversión en “soldaditos” o pequeños dealers de
jóvenes y hasta niños de los sectores menos favorecidos). Pero también ha
repartido “para arriba”: los estratos de buenos ingresos dentro de la sociedad
suelen ser los más firmes sostenes de la demanda; en ellos también ha dejado (y
deja) secuelas negativas.
Los planos político y
económico también registran su nefasta influencia. La ganancia producida por la
droga es deletérea: corrompe policías y funcionarios públicos y judiciales.
Contamina el financiamiento de la política y siembra sospechas sobre el
comportamiento de algunos políticos.
Hay también un
entramado de intereses y de dinámicas financieras que a veces asombra por las
formas que adquiere: es lavado de dinero, operaciones inmobiliarias extrañas,
corrupción en las alturas para despejar vías, aduanas, controles, actuaciones
judiciales, etc. El sistema financiero mundial, desarrolla sus actividades con
opacidad, aprovechando los refugios off shore y los santuarios creados para
ocultar la verdadera propiedad de empresas y activos. Para esto utiliza
alambicadas ingenierías legales y contables que se valen del antedicho sistema,
que termina siendo un canal decisivo para facilitar el desarrollo del
narcotráfico en la etapa más delicada y expuesta, que es precisamente cuando
las ganancias de esta actividad ilícita se convierten en patrimonios
legalizados y libres de sospecha.
El negocio de la
droga también tiene estrecha relación con el tráfico de armas que, en buena
parte de América Latina (especialmente México, Centroamérica y una parte del
Caribe) provienen del mercado estadounidense cuya regulación es muy laxa. Cabe
mencionar, finalmente, que extiende sus tentáculos al futbol también por
“abajo” y por “arriba”: toca a los “barras bravas” y asimismo a algunos
directivos.
Las capacidades de
los Estados para hacer frente al desafío de la criminalidad compleja internacional
que conforma hoy al narcotráfico son limitadas. Han perdido funcionalidad –en
parte, probablemente, como consecuencia de la aplicación de la tesis neoliberal
que indicaba que achicar el Estado era agrandar la nación- y la estrategia de
“guerra a las drogas” en curso los coloca en una situación de desventajosa
asimetría. Debe decirse, además, que los recursos complementarios provenientes
de la ayuda de los Estados Unidos no alcanzan a nivelar el desbalance.
Ocurre también que el
narcotráfico es un fenómeno relativamente novedoso, elástico propenso a la innovación, lo que añade
dificultades. Como consecuencia de lo anterior el Estado se ha ido ausentado,
por ejemplo, de determinados temas (bienestar colectivo), en algunas geografías
(municipios y provincias) y en ciertos ámbitos (justicia y educación). En
determinadas circunstancias y en algunas regiones el Estado ha sido capturado
por actores cuya meta ha sido la supervivencia mediante la aceptación extendida
y hasta la promoción de negocios ilícitos, pactos de corrupción y modos de
ilegalidad. Asimismo, los intentos de reconstrucción de la base material y
simbólica de un Estado más legítimo y potente han encontrado obstáculos
significativos de fuerzas sociales, políticas y empresariales que incrementan
su poderío individual por medio, entre otros, de un debilitamiento persistente
del Estado.
Hasta aquí una
sucinta descripción de algunos de los asuntos que constituyen la problemática
de las narcoactividades como una cuestión compleja. Todo abordaje que la
simplifique corre el riesgo de esterilizarse en el campo de la acción. Colocada
esta premisa es necesario reconocer, sin embargo, que su abordaje in toto es
más que dificultoso y que el examen de su diversas facetas deslindadas o de
dimensiones que no han sido tenidas muy en cuenta hasta ahora puede ser muy
productivo en términos de comprensión de los
problemas y de
definición de nuevas líneas de acción.
2. Hacia otro enfoque
En ese contexto, se
propone en esta oportunidad explorar un terreno poco transitado hasta el
momento que podría agregarse a las dimensiones habitualmente consideradas y,
eventualmente, servir de base para bosquejar un enfoque probablemente
alternativo al dominante, que debe incluir de manera especial pero no exclusiva
a la cohesión social, al desarrollo solidario con justicia social y al
bienestar de la ciudadanía. Es asimismo el del cuidado de los segmentos
sociales vulnerables y/o en situación de riesgo y el del desenvolvimiento de
adecuadas políticas públicas en materia de educación, salud, empleo, juventud,
derechos humanos, justicia, entre otras. El problema de las drogas es un
síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar las
dificultades y retos estructurales que lo nutren y multiplican. Los rasgos
básicos de este enfoque diferente guardan un perceptible parecido de familia
con el concepto de “desarrollo centrado en las personas”. El Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha venido subrayando la importancia
de concebir e implementar ese tipo de desarrollo. Esto implica
comprender y validar
el desarrollo humano de tal manera que se incrementen las “opciones de las
personas para que puedan llevar vidas valiosas”. En breve, “el bienestar y la
calidad de vida de las personas” debieran ser el núcleo a partir del cual se
pueda afirmar que una determinada política o conjunto de políticas resulta
exitosa.
Lo hasta aquí dicho
no significa que ciertas políticas no deban continuar como la persecución legal
de la oferta, de las bandas, del lavado de dinero, etc. Pero sí que se
reconozca que para obtener metas sostenibles de largo plazo debe colocarse
también un fuerte acento en la ciudadanía, en su bienestar, en su cohesión y en
su convivencia en el marco de sistemas genuinamente democráticos.
3. La “guerra contra
las drogas”, un camino poco productivo
La estrategia “guerra
a las drogas” con su marcado sesgo hacia la militarización y el “combate” ha
dado resultados poco satisfactorios hasta la fecha, en toda la región
latinoamericana y otras partes del globo. La destrucción de los grupos
narcotraficantes y el desmantelamiento del negocio de las drogas se
constituyeron en pilares claves de muchas políticas públicas latinoamericanas.
El mayor énfasis en la persecución de las cabezas visibles del narcotráfico se
implementó de modo decisivo en varios países. Ello se basó en el
encarcelamiento y la muerte de los grandes barones, así como en la realización
de juicios internos y el envío al exterior según solicitud de los gobiernos.
Los múltiples efectos de esta política en términos de violencia y corrupción
han sido detallados en la bibliografía especializada.
El intento de
desarticular el narcotráfico por esta vía ha exacerbado fenómenos ya existentes
como la conflictividad socio-política y la corrosión institucional, que se han
ampliado y degradado. Asimismo, desde el punto de vista organizacional del
negocio los resultados del desmantelamiento del narcotráfico han sido
mediocres. La confluencia de factores tales como el incremento de los contactos
criminales transnacionales; el alto nivel de consumo de sustancias psicoactivas
en Estados Unidos (con niveles estables de uso),
Europa (el mercado
que más ha crecido) y Sudamérica (hoy tercer consumidor del mundo); el
deterioro social y la debilidad estatal han llevado a que, por ejemplo,
Centroamérica y el Caribe sean territorio fértil para la expansión del
narcotráfico. Adicionalmente, la militarización del combate contra las drogas
se convirtió, salvo contadas excepciones (por ejemplo, Argentina, Chile y Uruguay),
en una política habitual en Latinoamérica.
Sin embargo, los
resultados de dicha militarización fueron desafortunados en el terreno
institucional, así como improductivos en la perspectiva del combate contra los
narcóticos. El efecto de la participación militar en las acciones anti-drogas
incidió negativamente sobre las relaciones cívico-militares; el estado de los
derechos humanos; y los grados de corrupción. El papel directo y prominente de
las fuerzas armadas en tareas de erradicación, interdicción, persecución y
desmantelamiento no significó un avance promisorio en la dirección de eliminar
el fenómeno de las drogas. Cada cierto tiempo, según el país de turno y en
determinadas coyunturas se anuncian triunfos trascendentales gracias al
despliegue represivo militar: al cabo de algunos años, comparando las
situaciones históricas y las existentes y ante la multiplicación de frentes de
combate anti-narcóticos se aprecia que apenas se trataba de triunfos pírricos.
En ese proceso, y en varios países, las fuerzas armadas como corporación, se
han vuelto adictas a la “guerra contra las drogas”: se nutren de recursos
internos y externos; ganan influencia doméstica; y reciben el consentimiento de
Estados Unidos.
Finalmente, la extradición
de nacionales ha sido un componente central de la política pública
anti-narcóticos en varios países y en distintos momentos. Con esta práctica se
esperaba que los sistemas judiciales debilitados, entre otros, por el auge del
narcotráfico tuvieran una menor carga y pudieran fortalecerse; que la
colaboración jurídica redundara en la posibilidad de ganar en efectividad
respecto a la desarticulación del fenómeno de las drogas; que los aparatos de
justicia pudieran abocarse a dar respuesta a delitos más graves; y que la
amenaza y el uso de este instrumento sirviera como disuasivo para que
ingresaran menos personas al negocio. Ahora bien, la aplicación de la
extradición tuvo resultados ambiguos. Sin duda, los países que la implementan
activamente han mejorado de modo sustancial sus vínculos con Estados Unidos. No
obstante, los efectos específicos en la lucha contra las drogas han sido
insustanciales: los narcotraficantes no se han disuadido (siempre hay alguien
que reemplaza al extraditado, al encarcelado o al eliminado); la justicia no ha
incrementado su eficacia (salvo simbólicamente); y el impacto sobre el
desmantelamiento del negocio (en espacial de sus manifestaciones más violentas)
ha sido insignificante. En breve, una serie de políticas anti-drogas esencialmente
punitivas y en los que la dimensión del desarrollo ha sido ignorada o
ensombrecida ha mostrado, una y otra vez, los límites del actual modelo para
desterrar el fenómeno de las drogas.
El desarrollo de este
modelo ha tenido no pocas consecuencias negativas en el plano social. Una de
ellas, tal vez paradigmática, ha sido el intento de erradicación de cultivos.
Los avances derivados de la destrucción de cultivos han sido, comúnmente,
negativos, nocivos y paradójicos. Han sido negativos porque no se ha afectado
el poder de los traficantes ni se han mejorado las condiciones sociales,
económicas y ambientales en las áreas en que se aplica. Han sido nocivos porque
han creado un ciclo vicioso: una conjunción de factores—apertura de bosques
para establecer cultivos ilícitos; exigencia de erradicación forzada de
plantaciones; uso de técnicas de aspersión área y/o manual con químicos;
deterioro del medio ambiente por acción de los barones de las drogas y por las
respuestas estatales poco sensibles a las condiciones ambientales;
desarticulación de la economía campesina de sustentación; persecución violenta
de pobres rurales (campesinos e indígenas); ausencia de cultivos alternativos
realizables en el mercado de manera segura y perdurable; presencia esporádica y
usualmente represiva del Estado; traslado de plantíos ilícitos a otras zonas; y
reinicio del proceso—ha culminado en una situación perversa en la que se
refuerzan los incentivos para continuar con las plantaciones ilícitas. Y han
sido paradójicos porque en algunos casos han llevado a una mayor movilización y
al fortalecimiento político y social de grupos internos tradicionalmente menos
recursivos y poderosos y en otras ha facilitado el crecimiento de grupos
armados.
La cuestión del
crimen organizado ha pasado a ocupar un lugar más destacado en la agenda
mundial, latinoamericana y nacional. Si el “efecto globo” caracteriza el
movimiento y adaptación territorial de cultivos ilícitos en diversos países, en
materia de crimen organizado ya se puede hablar de un globo dirigible mayor:
una suerte de “efecto zeppelín” que expresa la expansión, flexibilidad y readecuación del crimen
organizado a lo largo y ancho del
continente.
Argentina no es ajena
a ese fenómeno. Ahora bien, no se trata de “sobre-securitizar” este asunto. El
ascenso del crimen organizado se vincula más con la vulnerabilidad externa y la
institucionalidad interna; esto es, se trata esencialmente de un problema de
gobernabilidad. El avance del crimen organizado socava la democracia, debilita
el Estado de derecho, facilita la corrupción, aumenta la injusticia social,
produce costos directos e indirectos sobre la economía, exacerba una subcultura
que premia la ilegalidad, degrada el sistema político, afecta la soberanía
nacional y reduce la autonomía estatal en el frente internacional. Una vía de
evitar un costo colectivo superior e impredecible que se derivará de
“sobre-securitizar” este reto es abocarse a uno de los negocios—el de las
drogas ilícitas—del crimen organizado a partir del principio del desarrollo
centrado en las personas.
En cuanto a la Argentina , es posible
decir que corre hoy un riesgo: la tentación de creer que incrementando la
criminalización de todas las facetas del negocioe incorporando las fuerzas
armadas en labores anti-narcóticos se avanzará en la resolución de las
dificultades que produce el fenómeno de las drogas. Ambas tácticas, de llevarse
a cabo, solo serán el preludio de un fracaso anunciado. Adjuntar al tema de las
drogas la preocupación por un desarrollo solidario, incluyente, con justicia
social, centrado en las personas—es una opción más realista para ir
solucionando, gradualmente, el reto de los narcóticos.
4. Principales
víctimas del fenómeno global de las drogas
Resulta significativo
distinguir quiénes constituyen las principales víctimas del fenómeno global de
las drogas. En la “guerra contra las drogas” ha habido y hay perdedores y
ganadores. En general, los más directamente afectados con las prácticas
coercitivas y persecutorias son los campesinos y trabajadores temporales
vinculados al cultivo de plantíos y el levantamiento de las cosechas; los
pueblos originarios y pobres rurales que deben sufrir los efectos de políticas
de erradicación forzada (y ocasionalmente química) de plantaciones y las tareas
de interdicción; las “mulas” cargadas con drogas para ser trasladados a los
polos de demanda; los habitantes de barrios humildes que son el escenario de
pugnas territoriales violentas en la que participan traficantes adiestrados,
cuerpos de seguridad corruptos, políticos deshonestos y organizaciones
criminales; los sectores populares estigmatizados por habitar en “ollas” de
expendio de drogas; los grupos más débiles que carecen de capacidad de presión
política para impedir ser víctimas y victimarios de luchas intra-mafias; los
consumidores ocasionales que son perseguidos como si fueran terroristas en
potencia; las familias perjudicadas por la imposibilidad de que un miembro que
consume abusivamente drogas pueda recibir algún tipo de asistencia médica; y
tantos otros que constituyen el eslabón débil de una extensa cadena que culmina
en un negocio enormemente lucrativo para unos pocos. Los grupos humanos
vulnerables que son severamente hostigados y penados terminan muertos, en las
cárceles, sin acceso a la salud y carentes de oportunidades alternativas de una
vida digna.
En general, los que
obtienen beneficios jugosos de un emporio ilegal gozan de sus lujos e
inversiones intocadas a pesar de la parafernalia de normas y restricciones de
diverso tipo; de su fama social entre clases pudientes que suelen darle la
bienvenida a los “nuevos ricos”; de su inserción económica y política en los
intersticios entre la ilegalidad y la legitimidad y ante un Estado parcialmente
inmovilizado por la colusión de intereses entre algunos funcionarios y las
organizaciones criminales; de su poder de cooptación y corrupción nacional e
internacional; y de las garantías de defensa personal que se proveen a través
del mercado desregulado de armas ligeras y el avance de los compañías privadas
de seguridad. Este modelo dual, en el que las consideraciones sobre el
desarrollo son notablemente secundarias, ha servido para ampliar las brechas
sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las
asimetrías internacionales.
5. Un contexto
novedoso
Existen dos asuntos
novedosos que permiten ser optimistas respecto a la validación conceptual y
política del vínculo entre desarrollo centrado en las personas y las drogas
ilícitas.
Por un lado, la
crisis financiera y económica global se ha reflejado en una revalorización
política del Estado y de su rol regulador: es cada vez más admisible tener un
Estado que supervise más e intervenga mejor en un mercado que produce
consecuencias devastadoras cuando opera sin control alguno. El reconocimiento del
papel central del Estado y de su capacidad de intervención para controlar,
moderar y garantizar un orden básico es revelador: no parece haber espacio para
más desregulación. Por el contrario, se imponen más y mejores regulaciones en
distintos ámbitos de la economía junto a un fortalecimiento institucional de
los gobiernos. Uno de esos ámbitos es el de una mejor fiscalización de la banca
offshore y los paraísos fiscales internacionales, así como una mayor
transparencia en materia de secreto bancario y más control sobre la fuga de
capitales.
Por otro lado, la
situación global y continental en materia de drogas—ya sea su empeoramiento de
acuerdo a algunos indicadores o, al menos, de falta de avances promisorios
según los análisis menos pesimistas—ha venido alentando la necesidad de una
nueva reflexión y una mejor práctica en este frente. El reciente ejemplo de
Uruguay y la legalización del cannabis a través de una ley aprobada por el
legislativo, así como el hecho de que los estados de Colorado y Washington en
EE.UU. hayan decidido, por voto popular, la legalización de la marihuana, son
ejemplos emblemáticos de nuevos intentos de regular el mercado de las
sustancias psicoactivas ilícitas.
Así, una particular
combinación de urgencia, oportunidad y necesidad parece sugerir la relevancia
de generar una amplia coalición de actores estatales y no estatales abiertos a
explorar miradas y medidas alternativas, siempre sometidas a evaluación. Se
trata, en resumen, de estimular una experimentación exigente; una experimentación
que sea analizada con rigor y resulte más benéfica que la inmutable estrategia
actual. Ello conduce a una política de regulación modulada. Esto implica
diseñar y ejecutar un tipo de regulación específica por droga de acuerdo a los
daños que cada sustancia psicoactiva ilegal causa. En consecuencia, se busca
desagregar el universo de las drogas ilícitas existente pues no todas son
idénticas en su naturaleza y efecto. Por lo tanto, se requiere el
establecimiento de distintos regímenes de regulación.
6. En resumen
Todo lo anterior
remite a contemplar lo siguiente:
I. Cada vez resulta
más insostenible el desbalance implícito en la presente estrategia anti-drogas.
Más recursos para combatir la oferta; mayores presupuestos para las agencias
federales y sub-nacionales encargadas del componente punitivo de aquella; poca
integralidad en las políticas desplegadas; escasa coordinación
inter-institucional; y baja cooperación inter-estatal solo van a provocar más
frustración y fatiga ante el fenómeno de las drogas. Se requiere, con urgencia,
fondos para reducir la demanda; más inversión en los ministerios y oficinas
orientados a la prevención; una política comprensiva en la materia; mejor
gestión coordinada en el plano burocrático; y nuevas modalidades de colaboración
con los países de la región. El dilema acá es perpetuar o innovar; algo que en
esencia comprobará ante la sociedad la voluntad de resistir o facilitar el
cambio en relación a las drogas.
II. Es necesario
asumir que algunas buenas prácticas concretas y corroboradas en el frente
contra los narcóticos pueden ser complementadas por una serie de políticas que,
a primera vista, no son específicamente dirigidas a la problemática del
narcotráfico. En ese sentido, la mejor política anti-drogas es tanto una sensible
política contra las drogas como una buena política pública en materia de
educación, salud, empleo, juventud, derechos humanos, justicia, entre otras. El
problema de las drogas es un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual
superación requiere afrontar las dificultades y retos estructurales que, como
se ha mencionado ya más arriba, lo nutren y multiplican. En consecuencia,
parecería conveniente reconocer la relevancia de sostener políticas fundadas
sobre el desarrollo humano combinadas con políticas puntuales orientadas hacia
la persecución penal del narcotráfico.
III. Las respuestas
simples a cuestiones intrincadas como la de las drogas ha reforzado el
despliegue de políticas de fuerza que, aunque en ocasiones logran determinados
resultados simbólicos en el corto plazo, no resultan sostenibles en el largo
plazo. Tanto el Estado como la sociedad pueden creer que habrá algún día una
“bala mágica” que resuelva el fenómeno de las drogas. Sin embargo, ello no es
realista. La alternativa—la búsqueda de respuestas difíciles a asuntos
complejos—no es particularmente encantadora, pero es imprescindible si se
aspira a contener, y eventualmente revertir, las manifestaciones más deletéreas
de dicho fenómeno. El liderazgo político tiene ante sí una exigente opción:
especular y actuar con un calendario electoral a mano a la hora de diseñar
políticas anti-drogas o pensar y proceder con una mirada estratégica.
IV. La falta de
estatalidad, el cuestionamiento de las instituciones y la volatilidad de la
opinión pública constituyen un dato recurrente de la realidad nacional. En este
contexto, el fenómeno de las drogas genera un gran dilema: su mal manejo puede
ahondar más la debilidad estatal y el desgaste institucional, mientras su buen
manejo no necesariamente produce réditos inmediatos. En este caso, ese dilema
también es elocuente: o se mantienen
políticas anti-drogas
de baja efectividad (lo cual tiene efectos sobre la estatalidad y la
institucionalidad aunque inicialmente no sean tan costosos) o se implementan
políticas que aspiren a mayores niveles de efectividad (con el potencial
beneficio de fortalecer el Estado y las instituciones). Preparar a la
ciudadanía para que comprenda y respalde políticas de mediano y largo plazo en
el frente de las drogas es esencial. Se necesita explicitar que el “tiempo” es
un factor clave para ir resolviendo, gradual y efectivamente, el desafío de las
drogas.
V. Pareciera asomar
un nuevo imaginario sobre el fenómeno de las drogas que tiene como razón de ser
un malestar extendido acerca de las formas que se han utilizado para su
superación. Esto ha alentado más voces y manifestaciones grupales heterodoxas
que propician un debate novedoso, realista y ponderado sobre el tema en
cuestión. Como consecuencia de ello es posible observar una mejor calidad del
debate ciudadano alrededor de las drogas. Los estados parecen rezagados frente
a esos avances. En el continente, sin embargo, se han dado quizás las
controversias internacionales más interesantes de los últimos tiempos
favorables a ensayar alternativas menos convencionales en torno a las drogas.
Resta ver si la voluntad política de los gobernantes del área desalienta o
facilita una discusión aún más profunda y propositiva. Ese es, finalmente, otro
gran dilema que enfrenta hoy la
Argentina : sumarse a una indispensable deliberación sobre el
tema de las drogas o ensimismarse y repetir las políticas erradas que ya se han
dado en el área y extra-regionalmente.
En síntesis:
incorporar el tema del desarrollo centrado en las personas a la cuestión de las
drogas puede abrir un espacio amplio para reflexionar, debatir y consensuar
nuevas iniciativas, tanto ciudadanas como estatales, en torno a los narcóticos.
Concebir medidas que apunten a la reducción de daños para los individuos, las
familias, los barrios y las comunidades; a la capacidad social y estatal de
afrontar y superar coyunturas críticas en materia de drogas; a la regulación
modulada de los narcóticos ilegales de acuerdo a la naturaleza específica de
cada droga; y la apertura a nuevas exploraciones conceptuales y prácticas para
elevar la calidad de vida de los ciudadanos y los países hoy tan afectados por
el avance del crimen organizado, son algunos de los potenciales aportes que se
podrían producir si el acento de la cuestión de las drogas se traslada de la
sustancia a las personas, de la seguridad al desarrollo y de la quimera
abstencionista a la realidad humana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario