Julián Cañas y Daniel
Alonso
El gobernador José
Manuel de la Sota
envió ayer a la
Legislatura un proyecto para que a través de una ley se
revoque la adhesión de Córdoba al Pacto fiscal de 1992, por el cual todas las
provincias cedieron el 15 por ciento de coparticipación para sostener el sistema
previsional nacional.
Dos décadas atrás, el
poder central recurrió al auxilio de los estados provinciales para financiar
las jubilaciones nacionales, ante el surgimiento del sistema de capitalización,
con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
El gobernador De la Sota impulsa esta iniciativa,
luego de que el lunes pasado presentó ante la Corte Suprema de la Nación el reclamo por los
1.040 millones de pesos que la
Anses le adeuda a la
Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Desde la oposición,
juecistas y radicales le pedían que fuera por este 15 por ciento de coparticipación,
que este año significarían alrededor de 2.000 millones de pesos, sin contar la
detracción por impuestos.
En este contexto,
como era algo que le venían solicitando, se descuenta que todas las fuerzas
políticas acompañarán el proyecto.
En el Centro Cívico
consideran que con la desaparición de las AFJP, al surgir el Sistema Integrado
Previsional Argentino (Sipa) en 2008, torna abstracta la necesidad financiera
de la
Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
La segura aprobación
de esta ley (aún sin el respaldo de la oposición, el PJ tiene los votos
necesarios para aprobarla) será el paso previo para que la Provincia recurra a la Corte Suprema para
solicitar lo mismo que ya hicieron Santa Fe y San Luis.
Recursos
desestimados. Un detalle que no es menor. Días atrás se conoció que la Procuración General
de la Nación
rechazó el planteo de estas últimas provincias, con el argumento de que no iba
acompañado por una ley provincial.
Luis González
Warcalde –a cargo de manera interina de la Procuración – argumentó
que ninguno de esos distritos está sometido a un “encierro legal”, porque nada
les impide a sus respectivas legislaturas dictar una ley “que haga explícita la
voluntad de rescindir el compromiso” del pacto fiscal que firmaron en 1992.
También indicó que
las detracciones son válidas “hasta que exista un nuevo acuerdo de partes o se
sancione una nueva ley de coparticipación federal”.
Esta cuestión fue
tratada en la reunión del lunes pasado en Córdoba, cuando De la Sota recibió a su par
santafesino, el socialista Antonio Bonfatti.
En su pulseada con la Nación y por su ambición de
proyección nacional, una vez aprobada la ley, De la Sota informará al resto de
las provincias la decisión de retirar su adhesión al Pacto Fiscal sancionado
dos décadas atrás.
La pelea local.
Además de su pulseada con el Gobierno nacional, el delasotismo agudiza sus
diferencias con el kirchnerismo local.
En la sesión de ayer
en la Legislatura ,
el delasotismo convirtió en ley una declaración de rechazo a los dichos del
diputado nacional, el kirchnerista Fabián Francioni, a quien atribuyeron
“denostar y atentar” contra la institucionalidad del Poder Legislativo
provincial.
El legislador K había
calificado de “circo” todo lo que hizo el Gobierno provincial, su bloque
legislativo y los partidos de la oposición en torno al reclamo a la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones.
El texto aprobado es
el siguiente: “La
Legislatura de Córdoba declara su rechazo a las paupérrimas y
lamentables expresiones del diputado nacional Fabián Francioni que pretende
denostar y atentar contra la institucionalidad del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba,
queriendo desconocer la seriedad, altura de debate y madurez política que primó
en la reunión especial en la
Unicameral , para analizar el informe sobre el sistema
previsional”.
Hoy, en tanto, el
gobernador convocó a los intendentes del peronismo para una reunión informativa
en el Centro Cívico. Según un vocero oficial, el encuentro será “institucional”
e “informativo”, pero la intención es encolumnar a los intendentes detrás del
reclamo del Gobierno provincial.
Desde el
kirchnerismo, un intendente del interior le dijo a este diario que hay una
“fuerte presión” del delasotismo para que dejen de respaldar al Gobierno
nacional. Según esta versión, los delasotistas afirman que no habrá acuerdo
político con la Casa
Rosada , para las elecciones legislativas del año próximo.
Caso Santa Fe
Demanda. Santa Fe
presentó hace más de dos años una demanda en la Corte Suprema de la Nación para que el Gobierno
nacional le devuelva el 15 por ciento de coparticipación que se queda para
financiar el sistema previsional.
Deuda. Pero, además
del reclamo por la coparticipación, el gobernador Antonio Bonfatti está
analizando recurrir a la
Corte Suprema por la deuda de 1.307 millones de pesos que la Anses tendría con Santa Fe.
El mandatario santafesino manifestó ayer que podría seguir el mismo camino que
De la Sota , en
el sentido de llevar el reclamo ante el máximo tribunal de justicia.
Miradas opositoras
“Gobernar no es hacer
propaganda”. La senadora Norma Morandini, apoyó el reclamo del Gobierno de
Córdoba por los fondos de la Caja ,
pero condenó los gastos en publicidad para hacer propaganda de la demanda.
“Resulta paradójico que en tiempos de austeridad, una demanda legítima se
publicite dispendiosamente como propaganda de gobierno”, indicó.
“No es una disputa
política”. La agrupación kirchnerista La Jauretche , liderada por Martín Fresneda, señaló
en un comunicado que el conflicto por los fondos para la Caja no es una disputa
política entre la
Presidenta y el gobernador, sino el resultado de “medidas
irresponsables” de José Manuel de la
Sota y el ex gobernador Juan Schiaretti.
