Menos mal que todavía no despenalizaron el consumo

Cortan ayuda para tratar a chicos adictos

 Edgardo Litvinoff

Hasta diciembre del año pasado, casi una decena de organizaciones no gubernamentales de Córdoba recibían de parte del Gobierno provincial un fondo de becas para tratar a chicos adictos, la mayoría de ellos menores de edad. Era 1.400.000 pesos para asistir a unos 180 jóvenes sin obra social, de escasos recursos. Pero desde entonces, cuando asumió la actual gestión, los fondos se cortaron y esas entidades hacen lo que pueden para contener a los adolescentes que llegan pidiendo ayuda.

“Se suspendieron las becas, estamos en tratativas. Desde Desarrollo Social nos dijeron que lo iban a solucionar, pero hoy no tenemos acceso al tratamiento para chicos de 14, 15 o 16 años. No tienen cobertura y, salvo en la Casa del Joven –que está saturada–, nadie los puede atender. El Hospital de Niños recibe a algunos, pero no aborda esa demanda de manera terapéutica”, dice Santiago Rodríguez Tarduchy, uno de los coordinadores del Programa Sol, afectado por la falta de fondos provinciales.

También están Programa Cambio, Programa Andrés, Programa Nazareth, ProJoven o Nuestra Vida, entre otros.

En Carlos Paz, ProJoven es la única entidad que asiste a jóvenes adictos en la región: “Igual los atendemos gratis, pero es complicado. No podemos suspender un tratamiento. Por suerte, el municipio nos ayuda ahora, pero no tenemos más becas de la Provincia”, dice Roberto Cabrera, integrante de la asociación.

Desde el Programa Andrés, Flavio González explicó que todavía reciben las becas del Sedronar (de la Nación), pero que son sólo para el tratamiento de mayores de 18 años. “Hay una franja muy importante de menores de edad desatendidos. La Provincia siempre respondió. Es la primera vez que no hay cobertura”, señaló. González dijo que su institución tendría capacidad para atender a unos 20 ó 30 chicos ambulatorios, además de que también posee sitio para internación. Relata que sin esas becas no puede pagarles a los profesionales que deberían atender a los afectados. “Los jóvenes vienen con muchos problemas conductuales. La familia se está desmembrando. Y cuando no hay guía familiar, es muy fácil que la vida sea la calle”, finaliza.

En espera. Hasta el año pasado, la Sepadic (Secretaría de Coordinación en Prevención y Asistencia de las Adicciones) era la encargada de distribuir esos fondos. Pero fue absorbida por el Ministerio de Desarrollo Social, ahora es subsecretaría y sólo le competen tareas de prevención. No está claro si estos recursos para ONG deberían salir ahora del área de Salud. De lo que no hay duda, es de que la Provincia no los envía más.

Hace una semana, el ministro Daniel Passerini se reunió con el presidente de la Federación de Organismos No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (Fonga), que nuclea a la mayoría de las entidades que recibían las becas. Prometió analizar y resolver la situación. “Quedó en evaluación del ministro tratar de volver a esa instancia. Si bien no es un tema específico de Desarrollo Social, le pareció importante el planteo”, aseguro Juan Carlos Mansilla, actual titular de la Sepadic. Sin embargo, no hay fechas concretas.

Respecto de la saturación de la Casa del Joven o del Ipad para atender esta demanda, dijo que “la respuesta estatal es más de urgencia. La Casa del Joven fue ampliando su mirada y hoy atiende todo. Por eso no alcanza. Casi no hay problemática de salud mental en la adolescencia que no vaya para allá. Por eso es importante la complementariedad con el tercer sector”, admitió el funcionario.

El Programa Cambio, ONG fundada por Mansilla, también entra en el lote de las que dejaron de recibir el apoyo oficial.

Por ahora, las ONG –y más de 180 chicos– siguen esperando.

La Voz del Interior, 2-8-12

Nuevo reclamo de la Provincia

Julián Cañas y Daniel Alonso

El gobernador José Manuel de la Sota envió ayer a la Legislatura un proyecto para que a través de una ley se revoque la adhesión de Córdoba al Pacto fiscal de 1992, por el cual todas las provincias cedieron el 15 por ciento de coparticipación para sostener el sistema previsional nacional.

Dos décadas atrás, el poder central recurrió al auxilio de los estados provinciales para financiar las jubilaciones nacionales, ante el surgimiento del sistema de capitalización, con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

El gobernador De la Sota impulsa esta iniciativa, luego de que el lunes pasado presentó ante la Corte Suprema de la Nación el reclamo por los 1.040 millones de pesos que la Anses le adeuda a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Desde la oposición, juecistas y radicales le pedían que fuera por este 15 por ciento de coparticipación, que este año significarían alrededor de 2.000 millones de pesos, sin contar la detracción por impuestos.

En este contexto, como era algo que le venían solicitando, se descuenta que todas las fuerzas políticas acompañarán el proyecto.

En el Centro Cívico consideran que con la desaparición de las AFJP, al surgir el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) en 2008, torna abstracta la necesidad financiera de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

La segura aprobación de esta ley (aún sin el respaldo de la oposición, el PJ tiene los votos necesarios para aprobarla) será el paso previo para que la Provincia recurra a la Corte Suprema para solicitar lo mismo que ya hicieron Santa Fe y San Luis.

Recursos desestimados. Un detalle que no es menor. Días atrás se conoció que la Procuración General de la Nación rechazó el planteo de estas últimas provincias, con el argumento de que no iba acompañado por una ley provincial.

Luis González Warcalde –a cargo de manera interina de la Procuración– argumentó que ninguno de esos distritos está sometido a un “encierro legal”, porque nada les impide a sus respectivas legislaturas dictar una ley “que haga explícita la voluntad de rescindir el compromiso” del pacto fiscal que firmaron en 1992.

También indicó que las detracciones son válidas “hasta que exista un nuevo acuerdo de partes o se sancione una nueva ley de coparticipación federal”.

Esta cuestión fue tratada en la reunión del lunes pasado en Córdoba, cuando De la Sota recibió a su par santafesino, el socialista Antonio Bonfatti.

En su pulseada con la Nación y por su ambición de proyección nacional, una vez aprobada la ley, De la Sota informará al resto de las provincias la decisión de retirar su adhesión al Pacto Fiscal sancionado dos décadas atrás.

La pelea local. Además de su pulseada con el Gobierno nacional, el delasotismo agudiza sus diferencias con el kirchnerismo local.

En la sesión de ayer en la Legislatura, el delasotismo convirtió en ley una declaración de rechazo a los dichos del diputado nacional, el kirchnerista Fabián Francioni, a quien atribuyeron “denostar y atentar” contra la institucionalidad del Poder Legislativo provincial.

El legislador K había calificado de “circo” todo lo que hizo el Gobierno provincial, su bloque legislativo y los partidos de la oposición en torno al reclamo a la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones.

El texto aprobado es el siguiente: “La Legislatura de Córdoba declara su rechazo a las paupérrimas y lamentables expresiones del diputado nacional Fabián Francioni que pretende denostar y atentar contra la institucionalidad del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, queriendo desconocer la seriedad, altura de debate y madurez política que primó en la reunión especial en la Unicameral, para analizar el informe sobre el sistema previsional”.

Hoy, en tanto, el gobernador convocó a los intendentes del peronismo para una reunión informativa en el Centro Cívico. Según un vocero oficial, el encuentro será “institucional” e “informativo”, pero la intención es encolumnar a los intendentes detrás del reclamo del Gobierno provincial.

Desde el kirchnerismo, un intendente del interior le dijo a este diario que hay una “fuerte presión” del delasotismo para que dejen de respaldar al Gobierno nacional. Según esta versión, los delasotistas afirman que no habrá acuerdo político con la Casa Rosada, para las elecciones legislativas del año próximo.

Caso Santa Fe

Demanda. Santa Fe presentó hace más de dos años una demanda en la Corte Suprema de la Nación para que el Gobierno nacional le devuelva el 15 por ciento de coparticipación que se queda para financiar el sistema previsional.

Deuda. Pero, además del reclamo por la coparticipación, el gobernador Antonio Bonfatti está analizando recurrir a la Corte Suprema por la deuda de 1.307 millones de pesos que la Anses tendría con Santa Fe. El mandatario santafesino manifestó ayer que podría seguir el mismo camino que De la Sota, en el sentido de llevar el reclamo ante el máximo tribunal de justicia.

Miradas opositoras

“Gobernar no es hacer propaganda”. La senadora Norma Morandini, apoyó el reclamo del Gobierno de Córdoba por los fondos de la Caja, pero condenó los gastos en publicidad para hacer propaganda de la demanda. “Resulta paradójico que en tiempos de austeridad, una demanda legítima se publicite dispendiosamente como propaganda de gobierno”, indicó.

“No es una disputa política”. La agrupación kirchnerista La Jauretche, liderada por Martín Fresneda, señaló en un comunicado que el conflicto por los fondos para la Caja no es una disputa política entre la Presidenta y el gobernador, sino el resultado de “medidas irresponsables” de José Manuel de la Sota y el ex gobernador Juan Schiaretti.

La Voz del Interior, 2-8-12

La pobreza en Córdoba afecta al 23,1 %

por Lucas Viano

Según datos del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Gran Córdoba fue el único conglomerado urbano en el que aumentó el porcentaje de personas en hogares indigentes y pobres entre 2010 y 2011.

El estudio tomó datos no oficiales “aunque conservadores” para determinar que una familia es indigente cuando sus ingresos son menores a 309 pesos por miembro, en 2010, y 360 pesos en 2011. En tanto, la línea de la pobreza se fijó en 578 pesos per cápita en 2010 y en 720 pesos en 2011. De esta forma Córdoba pasó de tener 6,8 por ciento de personas en hogares con indigencia en 2010 a 8,9 por ciento en 2011. Las personas en hogares pobres pasaron de ser el 21,1 por ciento en 2010 al 23,1 por ciento en 2011. Es probable que en 2012 se acentúe el deterioro.

En el resto del país estos indicadores bajaron. “Probablemente tenga que ver con particularidades de Córdoba en lo que hace a cuestiones como el mercado de trabajo, u otras”, arriesga Dan Adaszko, autor del trabajo. “El aumento que se aprecia en Córdoba no es estadísticamente significativo. Puede deberse a lo que técnicamente se llama error muestral, aunque significa que Córdoba se mantuvo estable”, aclara.

Entre 2010 y 2011 y a nivel nacional, la pobreza y la indigencia bajaron del 26,6 al 21,9 por ciento y del 9,2 al 5,4 por ciento, respectivamente.

“En el descenso de la indigencia incidieron la recuperación económica después de 2009 y la asignación universal por hijo. En el caso de la pobreza este último programa no tuvo tanto impacto sino, fundamentalmente, los dos años de fuerte crecimiento económico (2010 y 2011). Si no fuese por la inflación, es probable que el descenso de estos indicadores habría sido mayor”, sostiene Adaszko.

Desde las ONG. En el comedor comunitario “La abejita picarona” la demanda aumentó 30 por ciento, en especial de familias jóvenes (ver Hay más hambre el lunes).

Desde Cáritas también perciben un incremento en las personas que piden ayuda.

“Hay un aumento sobre todo de madres jóvenes, solas y con varios menores a cargo, quienes con la asignación pagan su alquiler, pero no les queda resto para el alimento cotidiano”, explican desde Cáritas.

Desde la organización de la Iglesia Católica advierten que el esquema de familia ha cambiado. “Antes las mamás podían dejar los menores a cargo de una abuela para ir a trabajar. Hoy las familias se encuentran más desintegradas, muchas mamás ya no cuentan con ese apoyo”, explican.

También observan abuelas con nietos a cargo (por orden judicial) que a su vez tiene hijos menores de edad. “Al incrementarse el número de niños, se dificulta la posibilidad de buscar trabajo”, señalan desde Cáritas. Allí coinciden en que los jóvenes son los que están engrosando la lista de nuevos pobres: “No hay trabajo y falta capacitación para poder conseguirlo. Los jóvenes se sienten muy desorientados, ya que además son conscientes de que sólo logran acceder a un nivel de trabajo precario e inestable, que no resuelve sus necesidades”.

A su vez, Córdoba recibe muchos inmigrantes del interior provincial, de otras provincias y hasta de otros países con la esperanza de que aquí estarán mejor.

El barómetro de la UCA también midió los ingresos familiares (incluye salarios, pero también otras entradas como rentas y subsidios, por ejemplo) de los diferentes años y los corrigió para eliminar el efecto distorsivo de la inflación y poder comparar el poder de compra.

En Córdoba, esta cifra pasó de 4.030 pesos en 2010 a 4.274 pesos en 2011, con lo cual el incremento fue del seis por ciento. En las otras urbes los incrementos fueron del 7,7 por ciento en Mendoza, al 11,5 en Gran Buenos Aires.

El aumento de la pobreza que marca el barómetro de la UCA coincide con un menor incremento en los ingresos familiares en Córdoba respecto de otras ciudades. No es casual.

“La pobreza y la indigencia miden si un hogar logró con sus ingresos adquirir una determinada canasta de bienes. Cuanto más suban los ingresos reales mayor será la capacidad de adquirir esa canasta y, por tanto, de salir de la pobreza”, apunta Adaszko.

Cuatro ideas de Cáritas

Educación. Se debe trabajar con énfasis en la educación, en la capacitación para ambos sexos, para que estas personas puedan conseguir empleo, pero también es necesario luchar contra la precarización laboral, señalan desde la asociación católica.

Viviendas. Son imprescindibles planes de viviendas coherentes y accesibles para la población más carenciada, que contemplen sus necesidades y posibilidades.

Lugares de tránsito. Faltan lugares de tránsito, no sólo para personas que se encuentran en situación de calle, sino para familias, para madres solas con niños, para jóvenes y parejas excluidos de los hogares. Espacios en los que además de la asistencia inmediata pueda hacerse con cada uno un trabajo de contención y acompañamiento hasta que la persona pueda resolver su situación.

Guarderías. Hacen falta más guarderías y jardines de estimulación en las barrios populares en los que las mamás y papás que trabajen puedan dejar a sus niños.

Contactos. Para contactarse con Cáritas, llamar al (0351) 429-0530. En Internet, www.caritascordoba.org.ar. Para comunicarse con el comedor “La abejita picarona”, llamar al (0351) 153-057982.

La Voz del Interior, 30-7-12

Reclamo ante la Corte Suprema

La Fiscalía de Estado presentó pasadas las 10 ante la Corte el pedido de ejecución del convenio de armonización firmado por la Anses. en un litigio con la Nación por una deuda millonaria que mantiene con la administración cordobesa.

La presentación se realizó pasadas las 10 en el 4º piso de los tribunales federales porteños, en la mesa de entrada de "juicios originales" (ver Santa Fe y San Luis ya fueron y en otras provincias se discute).

De la paresentación contra el Estado nacional participaron el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Provincia, Pablo Juan María Reyna, y del estudio de Alberto García Lema. Se denunció el incumplimiento del convenio para la armonización y el financiamiento del sistema previsional firmado entre la Provincia y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) el 18 de diciembre de 2009.

La Anses incumplió en distintas ocasiones esos acuerdos. La última vez que lo honró fue en diciembre de 2010. Desde entonces, dejó de enviar los fondos comprometidos para solventar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones. Durante 2011, acumuló una deuda que la Provincia considera exigible de 1.040 millones de pesos.

La Provincia considera que este año la Anses también debería financiar parcialmente a la Caja, pero ni siquiera ha logrado renovar el convenio, que venció el 31 de diciembre de 2011.

La presentación se hizo ante el máximo tribunal de la Nación, porque la competencia originaria es de la Corte cuando el caso judicial vincula a una provincia con el Estado nacional y requerirá el pago de los 1.040 millones de pesos por el ejercicio 2011.

Convenio.

Aquel convenio fue aprobado por la ley provincial 9.721 y se basó en la legislación nacional vigente que ratificaba el acuerdo federal firmado por los gobernadores de provincia en diciembre de 1999.

La Caja en 26 años

1986. Se reforma la Constitución de Córdoba, que ordena dictar una nueva ley provisional, que no podrá modificarse durante un mínimo de seis años a partir de su sanción.

1990. Se sanciona la ley previsional, que establece el pago del 82 por ciento móvil.

1995. La Provincia no logra afrontar su déficit, en el contexto del efecto Tequila. Cae el gobierno de Angeloz. Asume Mestre. Dicta el decreto 1.777, que recalcula el 82 por ciento móvil reduciendo las jubilaciones al 67 por ciento. El criterio es avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

2001. Entra a regir un régimen de pasividades anticipadas (no sólo para la Provincia, sino también para municipios, Epec y el Banco de Córdoba), que acelera el crecimiento del déficit provisional.

2002. Se firma un convenio de armonización con la Anses por el que la Nación se compromete a cubrir proporciones crecientes del déficit previsional cordobés en compensación por cesiones previas de impuestos hechas por la Provincia para sostener a la Anses. Ese convenio se reformula varias veces y Anses lo incumple en distintos momentos, según circunstancias políticas.

2007. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena al Tribunal Superior de Córdoba revisar su criterio, haciendo caer de hecho el decreto 1.777. De la Sota  anuncia que vuelve el 82 por ciento móvil.

2008. El gobierno de Juan Schiaretti  reforma la ley previsional cordobesa de acuerdo con exigencias de la Anses, en el marco del convenio de armonización con el sistema previsional nacional. Se reducen beneficios a futuros jubilados.

2011. La Anses acumula una deuda de 1.040 millones de pesos al no enviar, en todo el año, ninguno de los recursos comprometidos.

La Voz del Interior, 30-7-12

Animarse a cambios estructurales

 Sergio Torres y Laura Sesma*

Es evidente que en estos escasos siete meses del actual Gobierno municipal existen críticas fundadas por falta de respuesta a demandas y expectativas legítimas de la ciudadanía, sin embargo es justo reconocer que el actual intendente y su equipo intentan modificar estructuralmente 12 años de desidia y decadencia como resultado de una de las peores formas de corrupción: el uso de todas las estructuras del Estado con fines personales y/o político-partidarios de manera inescrupulosa.

En este sentido, podemos enumerar un conjunto de decisiones políticas que claramente marca un cambio de tendencia:

La marcha atrás en la irresponsable reducción del 30 por ciento de los impuestos realizada durante la administración de Unión por Córdoba en la Capital, que era tan impopular como necesaria para hacer frente a una situación real de quebranto económico.

Reestructurar el sistema de recolección de residuos porque Crese tenía un altísimo nivel de endeudamiento y era un verdadero agujero negro alimentado por los recursos públicos, y dividir la ciudad en dos sectores para generar una competencia por comparación entre dos empresas prestatarias, sean públicas o privadas, condición esencial para una correcta regulación y contralor del servicio a la hora de su posterior licitación.

Enviar al Concejo el marco regulatorio del sistema de transporte, frente a un largo período en el que sólo se discutía el precio del boleto sin analizar las obligaciones de las empresas prestatarias y los derechos de los usuarios.

Diseñar un plan de reestructuración en las obsoletas áreas de informática y comunicación, en las que hace más de 20 años que no se invertía un centavo, con el asesoramiento altamente calificado en la materia de la Universidad Tecnológica Nacional.

Política de recursos humanos.

Generar un nuevo trato entre funcionarios y empleados, para recuperar la cultura del trabajo en equipo, y la dimensión ética de dar respuesta a las demandas ciudadanas. Esto requiere, por ejemplo, no abusar de la tan mentada “impopularidad de los empleados municipales” para conseguir efímeros réditos políticos, ni consentir prácticas por las que ilegalmente se han otorgado adicionales de sueldo e incentivos, con el objetivo de conseguir un también efímero apoyo de los empleados, como ocurrió durante las gestiones del Frente Cívico.

Asimismo, dejar sin efecto el régimen de pasividad anticipada que durante más de 10 años generó la pérdida del personal más formado y con mayor experiencia.

A su vez, concretar un ambicioso plan de capacitación y formación para los cuatro años y para la totalidad del personal, jerarquizando en esta primera etapa las áreas operativas y el cuerpo de inspectores que integran la Policía Municipal. Ejemplo de esto son los cursos para personal de Alumbrado Público y de la Planta de Bajo Grande con profesores de la Universidad Tecnológica, ya programados y en marcha.

Finalmente, modernizar el marco jurídico de la década del ’80 y regularizar el llamado a los concursos internos, en forma concertada con el gremio, para designar a los titulares de las jefaturas vacantes, imprescindibles a la hora de gestionar eficientemente, dejando de lado la gran cantidad de interinatos otorgados, muchas veces, sin cumplir con los requisitos legales exigidos para el cargo.

Concursos públicos y abiertos.

Relevar las diversas áreas o reparticiones del municipio para detectar los déficits en materia de herramientas de trabajo e insumos y en particular de la planta de personal, no sólo respecto de la cantidad, sino del tipo y perfil de empleados existentes y que se necesitarían en la actualidad y en el futuro.

Sobre la base de los resultados de este relevamiento y con la participación de las universidades públicas y de representantes de la ciudadanía para que el proceso sea eficiente y transparente, se pondrá en marcha un sistema de selección de personal por concursos abiertos y públicos, para todo tipo de cargos desde maestranza a profesional, a lo largo de estos cuatro años, de acuerdo con las vacantes y partidas presupuestarias existentes. Este tipo de concursos, cuyo inicio ha sido diferido dada la complejidad del sistema, no tiene precedentes en la historia de esta ciudad.

Terminar con la mentira. Muchas son las causas del deterioro de Córdoba capital y quizás seamos en mayor o menor medida todos responsables, pero nada ha dañado y daña más a la política y a las instituciones que la mentira y la demagogia.

La mayoría de las acciones de gobierno enumeradas previamente fue anunciada por el actual intendente en campaña y ninguna se contradice con su plataforma.

Los cambios que apuntan a las estructuras no tienen resultados inmediatos, no son fácilmente visibles, al punto de que muchos de ellos lo serán más allá de los cuatro años de esta gestión y será la ciudadanía, a través del sistema democrático, la que los aprobará o los reprobará.

*Secretario general y subsecretaria de Capacitación y Formación de RR.HH. de la Municipalidad de Córdoba

La Voz del Interior, 26-7-12

De la Sota reglamentó el subsidio para ex presos políticos

por Javier Cámara

Anoche, a las 20.50, el Gobierno de la Provincia de Córdoba informó que José Manuel de la Sota había firmado el decreto reglamentario de la ley 10.048 que otorga un subsidio de 3.000 pesos mensuales a los ex presos políticos.

La ley de “Reparación provincial a ex presos políticos” –ese es el nombre que se le dio– se había aprobado el sábado 24 de abril, en una sesión especial de la Legislatura provincial con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sólo con los votos del oficialismo y de otros dos parlamentarios, pero con los bloques juecista, radical y del Frente de Izquierda en contra, y con miembros y dirigentes de organismos de Derechos Humanos disconformes y disgustados.

Ese disgusto se había incrementado de manera notable en las últimas semanas, a raíz de que los potenciales beneficiarios ni siquiera habían podido inscribirse en un registro, porque el gobernador no había firmado la reglamentación.

Esto, a pesar de que la propia ley estableció plazos concretos para ese trámite.

El jueves último, Rodolfo Novillo, de la Asociación de ex presos políticos de Córdoba, le había dicho a este diario que hasta ese día nadie había podido inscribirse ni recibir el subsidio aprobado. “Aparentemente –señaló entonces el dirigente–, las explicaciones que dan desde el Gobierno indican que el decreto reglamentario está ‘a la firma’ en el despacho de De la Sota hace más de un mes; pero nadie dice porqué no lo firma. Sin reglamentación, no hay registro en el cual inscribirse ni reparación ni nada”.

Novillo recordó que los organismos no estuvieron de acuerdo con la ley reglamentada anoche: “Nos parece fantástico que compañeros que están mal económicamente puedan cobrar, pero esto no es una ley de reparación es un ­mero subsidio, y encima se ­demoran en implementarlo”, puntualizó.

La autoridad de aplicación de esta normativa es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que está a cargo de Graciela Chayep. Ese organismo tendrá a su cargo la elaboración del registro de beneficiarios. Pero hasta anoche el Gobierno no tenía claro cuándo iba a poder comenzar a recibir solicitudes.

El trámite lento. La ley 10.048 entró en vigencia el 20 de abril de 2012, el día en que se publicó en el Boletín Oficial. El artículo 14º de la norma estableció que “el Poder Ejecutivo Provincial” debía “reglamentar la ley dentro de los 30 días contados a partir de su entrada en vigencia”, es decir, el 20 de mayo. Pero pasaron esos 30 días y otros 59 más hasta que el gobernador la firmó.

El denominado subsidio honorífico tiene “carácter no contributivo, personal, mensual, vitalicio e inembargable” y alcanza “a todos aquellos ciudadanos que hayan sido detenidos por causas políticas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.

También se le reconocerá el subsidio a las personas que hubiesen sido víctimas del denominado Plan Conmoción Interna del Estado (Conintes) que fue lanzado en la década del ’50 y que habilitaba a las Fuerzas Armadas a reprimir huelgas y protestas obreras.

Para acceder al monto económico (una vez que se reglamente) se exigirá haber permanecido preso por causas políticas durante más de un año; que al momento de la detención el reclamante haya tenido domicilio en la provincia; y no poseer ingresos mensuales superiores al monto del subsidio.

Relación complicada

Pocos amigos. Nunca fue del todo buena la relación de José Manuel de la Sota con los dirigentes e integrantes de los Organismos de Derechos Humanos. Hay resquemores históricos e ideológicos. En 2004 la relación se empeoró a raíz de que el gobernador dijo que las Madres deberían “haber cuidado mejor a sus hijos” desaparecidos. En marzo pasado De la Sota recibió a dirigentes de los Organismos y les dijo que apoyaría el subsidio para ex presos políticos que se demora.

La Voz del Interior, 21-7-12

Despenalización

del consumo de drogas

El Congreso de la Nación se apresta a sancionar una ley despenalizando la tenencia y el consumo de drogas, es decir que se garantiza a los narcotraficantes, un seguro mercado para su creciente poder de corrupción en la Argentina.

Es un hecho científicamente comprobado que las drogas, todas las drogas, dañan el cerebro de los consumidores, destruye sus defensas y transmite sus efectos letales a su descendencia.

El Congreso y cada uno de los diputados y senadores que votan semejante ley, serán culpables conscientes del delito de estimular la adicción, que estropea la mente de generaciones de jóvenes sin barreras legales para autosuicidarse, con una horrorosa depenedencia y enfermedad mental.

Los argentinos por ley de la Nación serán convertidos en una masa potencial de consumidores de drogas, y en un país con habitantes con el cerebro lavado.

Enrique Inda

Diputado (m.c.)

Avellaneda.com, CARTA DE LECTORES 11/07/2012