Las Finanzas Públicas hacen agua

Entrevista a Salvador Treber

Salvador Treber hace años que anuncia un desbalance que incrementó la deuda del Gobierno a casi un presupuesto, según el propio economista mensura regularmente en sus columnas de prensa.

“Las finanzas públicas hacen agua por todos lados”, señala, mientras agita en sus manos la rendición presupuestaria del primer trimestre de este año. “No tiene un esquema financiero para sostener la gestión. En última instancia, lo que hace es bajar la inversión productiva. Se invierte menos en infraestructura, en producción”.

-¿Cuáles serían las alternativas?

-Yo creo que la solución está en sentarse y encontrar un statu quo aceptable con la Nación. Si Córdoba tuviese mayor recaudación, contaría con mayor tasa de inversión. La media del país es 22-23% del producto bruto, pero Córdoba tiene sólo el 9%. No es de extrañarse que los caminos y los servicios provinciales sean muy precarios.

-¿Por qué no se recauda más?

-La última revaluación fiscal de las propiedades rurales data de 1993, cuando el inmobiliario rural equivalía al 30% de lo que se recaudaba por ingresos brutos. Han pasado casi 20 años y hoy el inmobiliario rural cubre el equivalente al 3,5% de Ingresos Brutos. Este último impuesto representaba entonces el 60% y 80% en la actualidad. Lo que no subieron de Inmobiliario llevó a subir alícuotas y a extender el campo de imposición de Ingresos Brutos. Así consiguen los votos del interior provincial.

-¿El sistema tributario cordobés se volvió más regresivo?

-Claro. Ingresos Brutos grava el consumo, mientras el Inmobiliario, a una expresión de riqueza como es el valor de los campos. Tampoco se actualizó la evaluación fiscal de los inmuebles urbanos. Desde 2008 rige un adicional rural, convenido con los dirigentes agropecuarios, cuya recaudación debe afectarse exclusivamente a infraestructura y gasoductos que beneficien a las zonas rurales. No pueden ser para educación, salud ni Rentas Generales. En última instancia significa una contribución para valorizar más aún las propiedades rurales. Para mejor, el sector agropecuario registra una evasión del Impuesto a las Ganancias del 70%. No pagan lo que está determinado, en el Inmobiliario hay una mora del 50% a pesar de que es un impuesto insignificante.

-La publicidad oficial dice que además del histórico 30% de descuentos que aplicó en su primer gobierno, ahora descuenta un 10% más a los que se acojan a la moratoria. ¿Es una vuelta de rosca aún más regresiva?

-Evidentemente es una campaña demagógica para mantener los costos. ¿Hasta cuándo? En algún momento va a explotar.

-Sin embargo, el Gobierno elude ese debate y dice que la causa de los problemas es la discriminación de la Nación en el reparto de fondos. Hay una línea de pensamiento que sostiene que  las provincias no tienen recursos y eso las vuelve dependientes financieramente.

-Acá está la rendición del primer trimestre del Presupuesto de la Provincia. Tiene proyectado para el 2012 ingresos corrientes por casi 8.400 millones que son de recaudación propia. El resto, de una u otra forma, viene de la Nación: 11.400 millones de coparticipación y casi 3 mil millones más por otros impuestos. Con esas proporciones no se puede pretender que no haya un cierto grado de dependencia.

-¿Cómo explica entonces que el gobernador dijera que “Córdoba no puede seguir sosteniendo las finanzas nacionales”?

-Es un disparate la expresión, o de un ignorante o de un jactancioso. Usted elija.

–¿Cómo se compara la situación con Buenos Aires y Santa Fe?

-En Buenos Aires resolvieron hacer un revalúo que busca triplicar la recaudación de ese rubro. Santa Fe está en un trámite parecido. De cualquier forma, las valuaciones en ningún caso superan el 35% del valor real de mercado. En Córdoba son ridículas, no más del 10% en promedio. De forma que acá podría aumentarse 25 puntos sin que ello afecte la producción. El Gobierno provincial no quiere perder la adhesión de los sectores rurales y por eso toma la decisión política de no aumentarles los impuestos.

-El Gobierno provincial pareciera optar por tomar deuda para cubrir las necesidades financieras. ¿Cómo está actualmente la deuda pública de Córdoba?

-La deuda consolidada está en 17 mil millones y la flotante en 4 mil millones.

-¿Cuánto reconoce el Gobierno?

-De la consolidada, sólo la administración central y de una de las agencias, que significan alrededor de 11 mil millones. Y de la deuda flotante, alrededor de 2.500 millones, un poco más de la mitad. El gobierno falsea los datos. Esa es una de las diferencias con Santa Fe, cuya deuda no supera los 2.500 millones.

-Usted dice que el promedio de inversión es muy bajo. ¿Adónde fueron los fondos que se tomaron como deuda?

-Se han dilapidado en más de 10 años. Puedo darle los datos de las consecuencias pero no sé realmente a dónde fue a parar esa plata. El gobierno tampoco tiene un proyecto para bajar el nivel de deuda, más allá de ocultarla. Omiten también que le deben al Banco de Córdoba, 740 millones.

-En ese contexto, más de una vez se habló de emitir cuasimonedas, siempre en el plano del rumor. ¿Qué posibilidades reales hay?

-No lo sé, pero sería muy grave porque profundizaría la situación. Cuando se emitió la última vez, a los 60 días el Banco de Córdoba lo cambiaba por moneda corriente. De aquel momento quedaron 1.400 millones que el gobierno nunca pagó al banco. Hay un fondo de recuperación de deudas en litigio, quizá lo trasladaron allí. Eso explica que actualmente el banco esté en un plan de saneamiento de 10 años, después de haber fracasado en dos planes anteriores. En consecuencia está limitado en su operatoria por el Banco Central. Es cierto que tiene una línea de préstamos hipotecarios en buenas condiciones para el mercado, pero muy limitada en su volumen, es muy poco el universo de personas que puede acceder.

-La nueva gestión de De la Sota aumentó la cantidad de ministerios. ¿Se incrementaron los gastos operativos del Gobierno?

-Sí. El presupuesto del año pasado era de 21 mil millones, este año es de 25 mil millones, pero cada vez es menor la inversión física. Por eso el Estado cordobés es un actor poco relevante en la economía provincial a medida que pasa el tiempo. Santa Fe y Buenos Aires mantienen índices de inversión parecidos al Gobierno nacional, muy por encima de Córdoba.

–Pero Santa Fe tiene un producto bruto geográfico similar a Córdoba. ¿En dónde reside la diferencia?

-En la gestión. Al margen de que ahora estén los socialistas y antes los justicialistas, tradicionalmente fue distinto. Ellos nunca redujeron el 30% como hizo Córdoba, esa “brillante” idea de De la Sota. Es difícil que acá aguante la situación social porque los requerimientos salariales no bajan.

-Es lógico que no bajen en un contexto inflacionario.

-Sí, pero hay que tener fondos para afrontarlos.

-Entonces usted sugiere que el Gobierno no quiere que la conflictividad social lo desborde pero al mismo tiempo no tiene un proyecto para atender las demandas.

-Exactamente. Entonces sucede que cada vez las remuneraciones absorben una cifra mayor. Por ejemplo, para este año tiene presupuestado 12.700 millones. La mitad del Presupuesto.

Extracto de la entrevista publicada en la Revista Veintitrés.

Empleados públicos

En 2011, la Provincia sumó 6.027 empleados y llegó a 144.258

 por Daniel E. Alonso

Los estudios previsionales suelen echar luz a una pregunta clásica: ¿cuántos empleados tiene el Estado? El Informe Anual 2011 de la Caja de Jubilaciones es, posiblemente, la aproximación más ajustada. Según ese trabajo, la Provincia contaba con 144.258 dependientes a diciembre pasado.

La cifra incluye a los aportantes de toda la administración pública y a quienes trabajan en organismos autárquicos, como Epec, Banco de Córdoba, Lotería, agencias y la propia Caja.

Eso significa que, en el último año, el Estado provincial sumó 6.027 nuevos empleados entre permanentes y contratados, lo que implica una tasa de aumento de 4,4 por ciento, por encima del promedio anual de los últimos cinco años.

Incluso, es el segundo nivel de incremento más alto desde 2001, detrás de lo ocurrido en 2008, cuando la suba trepó a 6,2 por ciento.

Si se toma un promedio diario bruto, la conclusión es que durante 2011 se generaron 16 nuevos empleos por día en la esfera pública provincial.

Las estadísticas revelan que la dinámica empleadora de la Provincia se aceleró en los últimos cinco años, en especial en la administración central, impulsada por la incorporación de policías y docentes.

Proporción. Si se comparan los datos recabados con la cantidad de habitantes, queda claro que el ritmo de crecimiento del empleo público fue mayor que la evolución que reflejan los censos.

En 2001, había 29 habitantes por cada empleado público provincial. Esa relación cayó el año pasado a 23, es decir, un deterioro de 20 por ciento (para el cálculo se toman las cifras finales del Censo Nacional 2010).

Mirado desde las necesidades financieras de la Caja de Jubilaciones, el aumento en la cantidad de activos aportantes es un pequeño bálsamo.

El año pasado, la relación activos/pasivos mejoró a 1,98, el mejor nivel desde 2011, aunque todavía lejos de una tasa ideal.

En materia de aportes, las huellas pueden verse en el promedio salarial bruto imponible de los activos. En la administración pública, la cifra llegó a 6.232 pesos (39,8 por ciento más que en 2010), mientras que en los organismos autárquicos trepó 42,3 por ciento hasta 13.538 pesos.

Los números del informe difieren de los que el Gobierno informa a través de las planillas del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

Según estas últimas, la planta de personal ocupada del sector público no financiero cerró en 2011 con 118.259 agentes, es decir, 3.094 más que en 2010. Aquí no están computados los trabajadores de organismos descentralizados.

181.434 con los municipales

Aportantes. Esa es la cantidad de estatales provinciales y municipales que hicieron aportes previsionales a la Caja cordobesa durante 2011. En comparación con 2010, son 7.335 más, con una tasa de crecimiento de 4,2 por ciento.

Agentes Municipalidad de Córdoba

Son 1.361 más que en 2006. Pero en el último año, se sumaron sólo 205, con un salario bruto promedio de 9.744 pesos.

También en la ciudad de Córdoba ha desmejorado la relación entre cantidad de estatales y habitantes. En 2001 había un municipal por cada 166 personas que vivían en la Capital provincial. Ahora es uno cada 130.

El informe de la Caja de Jubilaciones desglosa también a las municipalidades y comunas del interior, aunque sin desagregados. Ese grupo terminó 2011 con 26.503 empleados, lo que marca un alza interanual de 3,6 por ciento.

La remuneración promedio bruta imponible fue de 4.171 pesos, es decir, 57 por ciento menos que los estatales de la capital provincial.

En cuando a los organismos autárquicos, el salario bruto (con todos los aportes incluidos) más alto es el de Epec, con un promedio de 17.696 pesos. Detrás se ubican los empleados del Banco de Córdoba (12.134 pesos) y el personal de la Caja de Jubilaciones (11.939 pesos).

En total, el sector público de toda la provincia tenía 181.434 aportantes a la Caja de Jubilaciones a diciembre de 2011.

La Voz del Interior, 28-6-12

Primera "mula" que muere en Córdoba

 por Miguel Durán

Jéssica tenía 28 años. Hacía seis años que habitaba una casa prestada en barrio Urquiza, en la capital provincial. Con tres pequeños y su anciana madre con problemas de motricidad, vivía en la extrema pobreza.

Esa vulnerabilidad fue aprovechada para reclutar a la joven como “mula”, actividad de alto riesgo y último eslabón en la cadena del narcotráfico.

La necesidad pudo más y así fue que tragó alrededor de un kilo de cocaína en cápsulas. Pero no llegó a cumplir su primera misión. En la mañana del 10 de mayo de 2012, cayó fulminada antes de salir a la vereda. Una de las cápsulas que tenía en el estómago estalló y le provocó una muerte súbita.

Un hombre que ¿circunstancialmente? (tendría antecedentes por drogas) estaba en su domicilio llamó a un servicio de emergencia. Los médicos establecieron que Jéssica murió por un paro cardiorrespiratorio, pero no advirtieron cuál había sido el desencadenante del ataque cardíaco.

En primera instancia, intervino la unidad judicial que funciona en el edificio de la Comisaría 12, en barrio Colón, pero la investigación del caso, caratulado como “muerte de etiología dudosa”, quedó a cargo de la fiscal de Instrucción del Distrito 2° Turno 1°, Adriana Abad.

La autopsia demostró que la causa del deceso fue el estallido de una de las más de 100 cápsulas que había ingerido la víctima, y la fiscal entendió que debía girar los antecedentes a la Justicia Federal.

En el Juzgado Federal N° 3 solicitaron más precisiones del informe de autopsia antes de recibir el expediente.

Jéssica fue la primera “mula” muerta en Córdoba y, aunque ha transcurrido más de un mes, hasta la fecha nadie informó sobre lo ocurrido. Este diario investigó el caso a partir de un dato escuchado en la sede de los Tribunales Federales días antes del 25 de mayo: “Averigüe, me comentaron que murió una ‘mula’ en jurisdicción de la Comisaría 12”.

En la Jefatura de Policía nadie sabía nada. El comisario general Sergio Comugnaro se mostró sorprendido ante la pregunta del cronista. Horas después, sólo pudo confirmar el dato, pero aclaró que no hubo intervención policial.

Al cabo de unos días de averiguaciones, el periodista llegó hasta la Fiscalía del Distrito 2° Turno 1°, pero la asistente informó que el periodista no iba a ser recibido porque la fiscal no hablaba sobre ese tema.

Hace tres viernes, la causa fue remitida al Juzgado Federal N° 3. Hasta ahora, no se pudo romper el hermético silencio que rodea el caso.

En la morgue, no está el protocolo de autopsia y, en el libro de novedades, sólo figura que la mujer murió el 10 de mayo por paro cardiorrespiratorio.

Nadie habla. Una semana atrás se pudo ubicar la vivienda donde murió la joven de 28 años.

La puerta de rejas no tiene picaporte. El portón está atado con una gruesa soga. Las paredes color rosa del frente están descascaradas. Cualquiera podría pensar, salvo por el imperceptible movimiento de la cortina del living, que la casa está deshabitada.

La mujer del quiosco de la vereda de enfrente asegura que no sabe quiénes son sus vecinos. “No conozco a nadie; hace un mes que estoy acá”. “No sé nada; me ha encontrado de casualidad. Trabajo 12 horas por día y no estoy nunca”. Resulta extraño que nadie se haya enterado de la muerte de Jéssica.

La que sí dio la cara fue Claudia, la dueña de la deteriorada casa. “La chica murió acá. Me enteré de que tenía el estómago lleno de droga y que le explotó una de las cápsulas de cocaína. No me imagino cómo pudo hacer una cosa así. Esta casa es mía, yo se la presté a ella y a su mamá hace seis años. Soy enfermera y cuido ancianos en barrio Yapeyú y se la presté hace seis años para que no se metieran usurpadores”.

“Tuve que volver a vivir acá cuando murió la chica. La mamá, que apenas camina, se fue al otro día con los tres niñitos. Me la dejaron bastante arruinada; menos mal que me vine, porque ya se estaban llevando cosas. Me tuve que traer a los dos abuelos que estaba cuidando, para que vivan conmigo”.

A pesar de su desazón por el estado de la vivienda, Claudia sentía un cariño especial por Jéssica y su madre. “Me traeré a la nena (un año y medio) y al nene (4) a vivir conmigo; yo los voy a criar. El más grande, el de 6 años, se fue con la hermana de Jéssica”.

Los reclutadores. 

Sobre la base de testimonios recogidos entre adictos, gente de la noche (incluidos dueños de whisquerías que hasta ayer seguían funcionando en la ciudad de Córdoba a pesar de la ley que entró en vigencia), remiseros y taxistas que trabajan en horario nocturno y delincuentes con varias condenas cumplidas, pudimos establecer que habría al menos cuatro organizaciones de narcotraficantes que cocinan pasta base procedente de Bolivia, Perú y Colombia.

La información está vinculada con el arribo de narcos que vienen de los dos últimos países. “Se están cocinando entre 30 y 40 kilos de pasta base por semana, con los que se obtienen unos 200 kilos de cocaína”, aseguró un profesional vinculado a ciertos traficantes.

Indicó esa fuente que los apuntados en su momento como grandes narcos, llámense “el Gallo” Altamira, que gracias a un juicio abreviado recuperó la libertad en noviembre pasado, o “el Chancho” Sosa, quien será juzgado en julio por un delito menor vinculado al tráfico de estupefacientes, son meros distribuidores.

“No me hablés de los colombianos; además de ‘merca’, están metiendo dólares falsos. Son perfectos. A la chica encargada de la barra, anoche, le pagaron con tres billetes de 100 dólares ‘truchos’”, contó el dueño de una whisquería ubicada en el casco céntrico.

Marcelo, un verdadero “pesado” con varias condenas a cuestas, contó que en barrio Alberdi hay mafiosos peruanos que en estos momentos venden la droga de mejor calidad.

“En la zona de Maldonado te venden basura, pero en Alberdi está la buena, buena. Yo me regeneré, pero tengo miedo por mis hijos, que viven en ese barrio. Te confieso que los fines de semana me doy el gusto, me gasto 100 mangos en una ‘alita de mosca’ para enfiestarme con una ‘mina’”.

¿Y qué es la ‘alita de mosca’? En 2010, La Voz del Interior publicó un informe sobre esta nueva droga en Córdoba que desde hace años circula por América latina.

Se denomina “alita de mosca”, en la jerga compartida entre narcos y clientes, a la cocaína obtenida a través de un proceso especial que empezó a usarse en Perú. Permite llegar a una sustancia muy refinada, con una pureza del 80 por ciento (los ‘ravioles’ que se venden en la zona de Maldonado apenas tienen poco más del 10 por ciento, y de allí su precio: entre 10 y 20 pesos por unidad).

Lo de “alita de mosca” viene porque la cocaína alcanza un color azulado y por su aspecto traslúcido se asemeja a las alas del insecto. Ésta es una droga de alto poder adquisitivo y por eso no extraña que, a metros de la Jefatura de Policía, estacionen vehículos de alta gama frente a un local de comida a cargo de una mujer que fue allanado al menos tres veces.

“A mí me han dicho de frente que los lleve a la zona de Maldonado a buscar ‘merca’ y no me hago drama ni tengo miedo. Los llevo, pero si el viaje sale 15 pesos, les cobro 50. El otro día llevé a un ‘tío’ que compró siete papeles (‘ravioles’) por 70 pesos. Me dijo si quería uno, pero yo ni loco voy a aspirar esa porquería”, contó Raúl S., chofer de un remise.

El 10 de mayo, Jéssica fue víctima de una de las organizaciones de narcotraficantes que operan en Córdoba.

Su culpa fue estar acorralada por la pobreza y el hambre. ¿Cuántos y cuántas desesperadas estarán siendo reclutados por los carteles de la droga en estos momentos?

La Voz del Interior, 24-6-12

Memoria y verdad

Daniel Ingaramo (Ex concejal de Córdoba)

El pasado 15 de junio, el concejal Oscar Vera Barros publicó en este espacio una columna en la que no sólo no ahorró críticas a la gestión del intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, sino que increíblemente le endilgó responsabilidad por políticas promovidas una década atrás por la presidenta de su bloque, la concejala Olga Riutort, cuando era secretaria General de la Gobernación y ejercía una decisiva influencia en el gobierno del entonces intendente Germán Kammerath.

Lo cierto es que tuvo el propósito de desgastar la imagen de un gobierno que lleva apenas seis meses de gestión y al que le toca enfrentar la más grave crisis que recuerde la ciudad.

A nadie debiera sorprender que lo haga, ya que Vera Barros integra un bloque opositor que desde el mismo 10 de diciembre ha disparado todo tipo de cuestionamientos al Gobierno de la ciudad, sin siquiera hacer la más mínima autocrítica sobre su reciente pasado, en el que apoyó las decisiones más importantes del ex intendente Daniel Giacomino.

A mi criterio, Vera Barros debió tener en cuenta algunos “detalles históricos”, para que su crítica no pierda seriedad ni agravie la memoria y la inteligencia de los cordobeses.

El concejal no desconoce que muchos de los problemas que sufre la ciudad tienen su origen en esa gestión, en la que la concejala Riutort fue impulsora y artífice principal de muchas medidas cuyas consecuencias Vera Barros ahora cuestiona, fundamentalmente tres: el contrato con Tecsa, “... el desorden en taxis y remises...” y “...el pésimo transporte...”. Negarlo o desconocerlo es ocultar la verdad.

El contrato con Tecsa fue consecuencia de la ordenanza 10.207, que se sancionó en la misma época en que la Provincia cedió a Kolektor el manejo de la recaudación tributaria. Detrás del llamado “Municipio digital”, que tenía por objeto digitalizar la administración a cambio de un anticipo financiero de 20 millones de dólares, estaba implícita la concesión a Tecsa del manejo de la recaudación municipal.

Luego, como la crisis de 2001 pulverizó las expectativas de quienes impulsaron ese contrato, fue rescindido de manera unilateral, lo que dio a Tecsa los argumentos para iniciar una demanda millonaria que condicionará a la Municipalidad por años.

El “desorden de taxis y remises” es también resultado de la ordenanza 10.270, impulsada decididamente por Riutort. Esa ordenanza permitió blanquear y legalizar a quienes manejaron los amparos judiciales que permitieron la explosión del negocio de los remises “truchos”, convirtiéndolos en agencias que obtuvieron enormes ganancias durante más de 10 años.

El “pésimo transporte” tiene su origen en la ordenanza 10.366, impulsada y sancionada con el apoyo explícito de la ex secretaria General de la Gobernación, a punto tal que el viaje inaugural del primer colectivo del sistema la tuvo como invitada y protagonista.

Dos de la empresas seleccionadas, Docta y Colcam, “huyeron” no bien vislumbraron que el negocio tenía algo de riesgo. La consecuencia de esa aventura licitatoria fue la contratación de emergencia de la empresa Ciudad de Córdoba –en forma precaria– y la creación de Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse), verdadero agujero negro por el que se evaporan millones de pesos de los cordobeses.

Ignorar la participación en esas contrataciones de quien lidera el espacio político en el que participa Vera Barros es una impostura política. Y atribuirle a Mestre alguna responsabilidad por ello resulta ofensivo.

Un poco de memoria, seguramente, ayudará a la verdad. Y la verdad nos permitirá afrontar los problemas y encontrar una solución. Para eso hace falta responsabilidad, algo que el bloque de Vera Barros no demostró hasta el momento.

La Voz del Interior, 21-6-12

El ajuste ha comenzado

Ramón Frediani

*Economista del Instituto de Economía y Finanzas, FCE-UNC

Metodológicamente hablando, “ajustar” o “no ajustar” la economía es una opción mal planteada y refleja que quienes la enuncian no comprenden la naturaleza del problema o lo hacen con una carga ideológica que, como un velo, no les permite percibir la realidad con claridad.

Cuando en una economía se acumulan diversos desequilibrios durante varios años, se arriba a una situación límite en la cual la opción verdadera es o el ajuste lo hace el Estado, o el ajuste lo hace el mercado.

Argentina viene acumulando diversos desequilibrios económicos desde principios de 2007, época en que comenzó esta alta inflación, su síntoma más elocuente.

Recordemos que precisamente fue el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el que en enero de ese año inició la manipulación del índice de precios para ocultarla.

Desequilibrio. Para comprenderlo mejor, hagamos una analogía entre la conducta del sistema económico y la del cuerpo humano, por ser ambos delicados mecanismos que, cuando una parte no funciona correctamente, se desequilibra el conjunto.

Ejemplifiquémoslo de esta forma: si hipotéticamente una persona llegase a consumir alimentos en mal estado, tal vez ello le ocasione un desequilibrio en su sistema digestivo que requerirá la necesidad de corregirse mediante “un ajuste”.

Ese ajuste o curación puede realizarse en forma ordenada y racional si va a un médico y este le receta un medicamento para desintoxicarse y así volver a la normalidad.

Sería el equivalente a que en el campo de la economía el ajuste lo realice el Estado en forma ordenada y lo más racional posible a través de un programa económico coherente.

Pero el paciente puede negarse a buscar una solución en la medicina y dejar que el “ajuste” lo haga en forma automática su propio organismo (el mercado, en el caso de la economía).

En este ejemplo, el ajuste que realizaría por sí mismo el cuerpo humano consistirá posiblemente en vómitos, diarrea, fiebre, convulsiones, etcétera, llegando incluso a una posible muerte por intoxicación severa, según la gravedad de la intoxicación.

En economía, esto sería equivalente a dejar que los mercados, por sí solos, hagan el ajuste. Y está demás decir que cuando ello ocurre lo hacen en forma torpe, imprevista, rápida, anárquica, sin sentimientos y, por cierto, sin medir sus consecuencias.

Vómitos, diarreas y convulsiones son síntomas cuyo equivalente en la situación actual de nuestra economía serían la suba del dólar libre (mal llamado “paralelo”), la fuga de capitales, el freno de las nuevas inversiones, la paralización del sector de la construcción, la multiplicación de los conflictos laborales, etcétera.

En síntesis: o el ajuste –retorno a un equilibrio o a cierto grado de normalidad en el funcionamiento del sistema económico– lo hace el médico y la ciencia médica (en nuestra analogía, el Estado a través de un conjunto de políticas públicas surgidas de un programa económico coherente de crecimiento sin inflación) o, por el contrario, el ajuste lo hace el cuerpo humano –el sistema económico y sus mercados– en forma anárquica y sin medir consecuencias.

La crisis está aquí. ¿Qué observamos ahora? Que el Gobierno nacional se cruza de brazos y, sin preocuparse por diseñar y ejecutar en forma urgente un programa económico de crecimiento sin inflación, espera que los mercados,  por sí solos, hagan el “trabajo sucio”, porque cree que ello le ahorrará el supuesto costo político (y electoral para 2013) de hacer el ajuste, sin darse cuenta de que el sistema económico es más rápido de reflejos y el ajuste ya empezó a realizarlo.

Más grave aun es el hecho de que el Gobierno nacional se limita a combatir los efectos sin tratar de resolver las causas, y para colmo implementa medidas de mala praxis.

Siguiendo con la analogía de la intoxicación antes mencionada, sería como tratar de que el paciente no vomite cerrándole la boca, o tratando de evitar su diarrea colocándole un tapón.

El ajuste ya lo está realizando el funcionamiento diario de los mercados en forma anárquica e intempestiva, con múltiples daños colaterales. Se hace visible bajo la forma de reducción en la tasa de crecimiento, que este año se estima en no más de un dos por ciento (gran parte de ello es sólo arrastre estadístico del año anterior), frente al 8,6 por ciento que fue en 2011.

También se ve en otros fenómenos, como la brusca suba del dólar libre, que impacta en las expectativas y distorsiona todo el mercado cambiario; la aceleración de la inflación; la caída de los salarios reales, pues la mayoría de las paritarias se están acordando en porcentajes de aumentos salariales inferiores a la inflación esperada para este año; el desorden generalizado en el sistema de precios; la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones para transferir dólares hacia fuera vía el comercio exterior; la fuga de capitales; el retiro de los depósitos bancarios en dólares; la paralización de nuevas inversiones; el cierre de industrias por desabastecimientos de partes e insumos importados; la crisis financieras en las provincias y municipios; la suspensión de nuevos emprendimientos inmobiliarios; la multiplicación de la conflictividad social.

Ante este panorama, la recomendación más adecuada es que el Gobierno nacional, antes de que sea demasiado tarde, tome urgente conciencia de que el ajuste desordenado, que ya han comenzado a realizar los mercados en forma anárquica y sin medir consecuencias, le significará un costo político y electoral mucho mayor que el de tomar la decisión sensata de encargarle al Ministerio de Economía y al Banco Central la urgente elaboración de un programa fiscal, monetario y cambiario racional y coherente.

Un plan que, sin descuidar el propósito de mantener el objetivo del crecimiento, ponga el énfasis en frenar la alta inflación actual, principal problema y madre de gran parte de los crecientes desequilibrios y conflictos económicos, financieros, cambiarios y laborales que hoy padecemos.

La Voz del Interior, 21-6-12

Los derechos no se negocian

El 18 de diciembre de 2009, el entonces gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, firmó con Amado Boudou, en su momento ministro de Economía y hoy vicepresidente de la Nación, el Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de Córdoba para los Ejercicios 2010 y 2011.

Según ese convenio, la Nación se comprometía a remitir 350 millones de pesos en enero de 2010 y luego cuotas mensuales y consecutivas de 56,4 millones de pesos, ajustadas por el índice de movilidad previsional que rige a nivel nacional.

Ese acuerdo se cumplió a grandes rasgos durante 2010, pero, pese a las sucesivas intimaciones administrativas del Gobierno provincial, no hubo desembolso alguno durante el año pasado. La falta de pago se prolongó incluso en lo que va de este año, por lo que ya existen cuotas que registran un atraso de casi 18 meses y que integran una deuda total de 1.040 millones de pesos.

El gobernador José Manuel de la Sota mostró una actitud conciliadora ante los funcionarios designados por la presidenta Cristina Fernández. Esa actitud no generó rédito alguno: la deuda de 2011 sigue impaga, mientras que tampoco existe un nuevo convenio que establezca cómo se financiará parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, de acuerdo con el compromiso tomado por el Estado nacional cuando en 1995 puso en marcha la jubilación privada.

Desde agosto de 1991, las provincias han cedido a la Nación parte de lo que legítimamente les corresponde en la coparticipación de impuestos nacionales, con el objetivo de sostener el régimen previsional. La cesión más significativa se concretó en agosto de 1992, cuando a través de la ley 24.130 resignaron el 15 por ciento de la coparticipación primaria (antes de su distribución entre los 24 distritos) para mejorar la situación de millones de jubilados y pensionados, algo que en los hechos tampoco se logró.

La especulación política de De la Sota no funcionó, por lo que ha debido reconocer públicamente que se verá obligado a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que la Nación le pague a Córdoba lo que le corresponde, aunque dijo que seguirá manteniendo una actitud dialoguista para hallar una solución. El gobernador lanzó tal advertencia al no recibir señales concretas de que podrá cobrar la deuda atrasada y ante la amenaza de dirigentes políticos de la oposición que lo denunciarían por incumplimiento de deberes de funcionario público.

La comunidad cordobesa y la dirigencia política, gremial y empresaria deben apoyar el reclamo, dejando de lado las especulaciones mezquinas, ya que están en juego legítimos derechos que les corresponden a los jubilados de Córdoba y del resto de las provincias que decidieron no transferir sus cajas a la Nación. Los derechos no se negocian, más allá de que exista una actitud de diálogo entre ambos niveles de gobierno.

La Voz del Interior, Editorial, 20-6-12

Córdoba reclama por lo que le deben

El gobernador José Manuel de la Sota ya tomó la decisión política de recurrir a la Corte Suprema para reclamar al Gobierno nacional los 1.040 millones de pesos que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) le adeuda a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, por el convenio del año pasado.

La presentación se concretará el mes próximo, luego de que esté terminado el trámite de traspaso de la administración de la ruta 36 a la órbita provincial.

La falta de respuesta de la Casa Rosada, su necesidad po­lítica de marcar diferencias con los K y las insistentes críticas de los referentes opositores cordobeses, convencieron a De la Sota de que debe recurrir a la vía judicial.

Según los funcionarios delasotistas, la deuda de la Anses asciende a más de 1.800 millones de pesos, si se suman los seis meses de este año.

Pero, el reclamo ante la Corte Suprema será por el convenio que en su momento firmó el entonces gobernador Juan Schiaretti con la Anses. Mediante este acuerdo, el organismo nacional se comprometió a girar a la Caja de Jubilaciones 1.040 millones de pesos, durante el 2011. No envió un peso.

Según información a la que puso acceder este diario, la Provincia hará dos presentaciones ante la Corte Suprema: en una reclamará la cuestión de fondo, el 15 por ciento de la coparticipación que el poder central se queda para solventar el sistema previsional. Por otro lado, exigi­rá a la Anses que cumpla el convenio firmado en su momento con el gobernador Schiaretti.

El reclamo por la coparticipación es más formal, ya que es un tema de fondo que la Corte Suprema no resolverá en lo inmediato. Santa Fe hizo el mismo reclamo hace más de un año y el expediente no se movió en el máximo tribunal.

¿Qué reclama?

Convenio 2011. El entonces gobernador Juan Schiaretti firmó con la Anses un acuerdo por el cual la Nación se hacía cargo de casi el 90 por ciento del déficit de la Caja de Jubilaciones. El Gobierno nacional cumplió durante 2010, pero no envió un peso delo comprometido para el año pasado, que eran 1.040 millones. Ahora la Provincia reclamará esos recursos, más lo que corresponden a este año, que según los delasotistas son alrededor de $ 1.300 millones.

La Voz del Interior, 17-6-12