El 18 de diciembre de
2009, el entonces gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, firmó con Amado
Boudou, en su momento ministro de Economía y hoy vicepresidente de la Nación , el Convenio para la Armonización y el
Financiamiento del Sistema Previsional de Córdoba para los Ejercicios 2010 y
2011.
Según ese convenio, la Nación se comprometía a
remitir 350 millones de pesos en enero de 2010 y luego cuotas mensuales y
consecutivas de 56,4 millones de pesos, ajustadas por el índice de movilidad
previsional que rige a nivel nacional.
Ese acuerdo se
cumplió a grandes rasgos durante 2010, pero, pese a las sucesivas intimaciones
administrativas del Gobierno provincial, no hubo desembolso alguno durante el
año pasado. La falta de pago se prolongó incluso en lo que va de este año, por
lo que ya existen cuotas que registran un atraso de casi 18 meses y que
integran una deuda total de 1.040 millones de pesos.
El gobernador José
Manuel de la Sota
mostró una actitud conciliadora ante los funcionarios designados por la
presidenta Cristina Fernández. Esa actitud no generó rédito alguno: la deuda de
2011 sigue impaga, mientras que tampoco existe un nuevo convenio que establezca
cómo se financiará parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia , de acuerdo
con el compromiso tomado por el Estado nacional cuando en 1995 puso en marcha
la jubilación privada.
Desde agosto de 1991,
las provincias han cedido a la
Nación parte de lo que legítimamente les corresponde en la
coparticipación de impuestos nacionales, con el objetivo de sostener el régimen
previsional. La cesión más significativa se concretó en agosto de 1992, cuando
a través de la ley 24.130 resignaron el 15 por ciento de la coparticipación
primaria (antes de su distribución entre los 24 distritos) para mejorar la
situación de millones de jubilados y pensionados, algo que en los hechos
tampoco se logró.
La especulación
política de De la Sota
no funcionó, por lo que ha debido reconocer públicamente que se verá obligado a
recurrir a la Corte
Suprema de Justicia para que la Nación le pague a Córdoba
lo que le corresponde, aunque dijo que seguirá manteniendo una actitud
dialoguista para hallar una solución. El gobernador lanzó tal advertencia al no
recibir señales concretas de que podrá cobrar la deuda atrasada y ante la
amenaza de dirigentes políticos de la oposición que lo denunciarían por
incumplimiento de deberes de funcionario público.
La comunidad
cordobesa y la dirigencia política, gremial y empresaria deben apoyar el
reclamo, dejando de lado las especulaciones mezquinas, ya que están en juego
legítimos derechos que les corresponden a los jubilados de Córdoba y del resto
de las provincias que decidieron no transferir sus cajas a la Nación. Los derechos
no se negocian, más allá de que exista una actitud de diálogo entre ambos
niveles de gobierno.
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