Principios
El acceso a la Información Pública
es la operativización de principios democráticos fundamentales, como la
publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios y
la rendición de cuentas por parte de estos.
El ejercicio efectivo
de este derecho se activa en la práctica a través de solicitudes que cualquier
ciudadano puede realizar a un organismo público o empresa bajo control estatal,
de información que crea oportuna y que esté en poder del Estado o corresponda
producir al Estado.
La relevancia social
del acceso a la información pública está determinada por la importancia que
tiene la misma en la toma de decisiones que afectan a la comunidad; por su
carácter de herramienta de participación para la resolución de problemas
sociales; por la posibilidad de monitorear el accionar de los funcionarios y
prevenir la corrupción; y finalmente porque permite una mejor formación de la
opinión y así contribuye a un debate social más enriquecedor.
Marco legal
A inicios de la
primera década de 2000 la provincia de Córdoba sancionó un paquete de normas
para implementar la llamada “Modernización del Estado”, tendiente a redefinir
funciones, mecanismos de gestión de recursos y la prestación de servicios
públicos. La ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado N° 8803, la
ley Carta
del Ciudadano Nº
8835, la ley Modernización del Estado Nº 8836 y la ley Incorporación de Capital
Privado al Sector Público Nº 8837 definieron reformas sustanciales e
institucionales.
Ley provincial 8803
¿Qué se entiende por
“Información”?
Se considera como
información a los efectos de esta Ley, cualquier tipo de documentación que
sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones
oficiales.
¿Cuáles son los
límites de la Ley ?
Existe un régimen de
excepciones taxativas (por ejemplo sí se afecta la intimidad de las personas o
compromete la seguridad de la
Provincia , la paz y el orden público).
¿Qué tipo de
responsabilidad le cabe a quien dificulta el ejercicio de este derecho?
El funcionario
público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del
solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u
obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, es considerado
incurso en falta grave.
Transparencia de las
compras públicas
En el estudio
preliminar se observó que otras provincias y ciudades argentinas brindan
información más precisa, completa y accesible sobre compras públicas y registro
de proveedores. Para transparentar y difundir la información relativa a
contrataciones del Estado, se solicitaron los siguientes datos:
• Montos de las
compras públicas efectuadas por los Ministerios provinciales en 2008 y 2009,
especificando el mecanismo de contratación (licitación pública o privada,
contratación directa, concurso de precios o de antecedentes), el proveedor
contratado y el bien provisto o el servicio prestado.
• Montos asignados a
cada Ministerio en concepto de Fondos Permanentes (destinados a gastos menores
y proveer de recursos a las “Cajas Chicas”).
• Registro de las
personas físicas y jurídicas Proveedores del Estado. También se le pidió
especificar si el proveedor ha recibido sanción alguna, motivos y si se ha
cumplimentado la misma.
• Registro Único de
Beneficiarios de Pago, creado por Ley provincial 9086, que contiene información
de todas las personas o instituciones que reciben subsidios del gobierno.
Restricciones del
Gobierno, avaladas por la
Justicia
Sin respuesta
administrativa
En abril de 2010 se
presentaron los 17 pedidos de información pública. No se recibió respuestas con
la información solicitada y en los plazos legales (diez días hábiles) en
ninguno de los casos. En seis casos, los Ministerios requirieron acreditar
personería jurídica de las Fundaciones, que por no ser un requisito formal de la Ley 8803 debe interpretarse
como una práctica dilatoria por parte del gobierno. En los 11 casos restantes,
Córdoba Transparente presentó amparos judiciales por mora de la administración,
tal como prevé la Ley
8803.
Judicialización
Luego de que la Justicia notificara al
Gobierno de los Amparos y tras la publicación en los medios de comunicación, se
recibieron respuestas administrativas en 6 casos. Las respuestas negaron la
información y brindaron información incompleta.
El Registro
Proveedores y Contratistas del Estado fue denegado por el Ministerio de
Finanzas amparándose en el decreto 1882 firmado por el ex gobernador de facto,
General Adolfo Sigwald, en 1980.
Según la respuesta
recibida:
“la creación del
Registro de Proveedores tuvo por objetivo precisamente proteger la defensa de
los intereses colectivos y de la hacienda pública provincial, por lo que el
acceso a la información de la base de datos podría implicar algún tipo de
maniobras o situaciones que vulneran la protección de tales objetivos”.
Estrategias evasivas
de los Ministerios ante la
Justicia
Córdoba Transparente
pidió a la Justicia
que niegue la acumulación, ya que la ejecución del presupuesto está
descentralizada en cada Ministerio y corresponde individualmente a cada uno
brindar la información.
No obstante, se dio
lugar al pedido del Gobierno y todas las causas fueron acumuladas en la Cámara Segunda , por
fallo dividido.
Fallos judiciales que
avalan la denegación de información pública
La justica rechazó 7
amparos y declaró abstractos otros 4. Al momento de fundamentar su decisión, la Cámara adujo que la
información solicitada “no sirve de base a un acto administrativo ya dictado”.
Este es un tema
importante considerando que la Ley
8803 sostiene que la información pública es “cualquier tipo de documentación
que sirva de base a un acto administrativo”. La justicia interpreta entonces
que la información sobre las cajas chicas que manejan los Ministerios, sobre
las compras públicas (licitaciones, concursos de precios, contrataciones
directas) y los proveedores de estas operaciones no es información pública.
En consecuencia
ningún ciudadano puede pedir esta información amparado en la Ley 8803, ni tampoco puede
recurrir a la Justicia
para obligar al Gobierno a que responda. Además, la Cámara argumentó que
Córdoba Transparente incurrió en excesos al pedir esta información,
pretendiendo una “democracia asamblearia”, subvertir el sistema representativo
y reemplazar el control que ejercen el Tribunal de Cuentas y el Poder
Legislativo. Asimismo, se impuso a las ONG el costo de los honorarios de los
patrocinantes legales.
Ante estos fallos,
Ciudadanos 365 y FUNDEPS apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
Recomendaciones de
políticas
Las acciones emprendidas
han demostrado que:
El Estado no brinda
información sobre la administración de los recursos públicos.
El ejercicio efectivo
del derecho al acceso a la información se ve obstaculizado por interpretaciones
restrictivas de la ley, formalismos procedimentales y costos económicos.
Para revertir esta
situación, desde Córdoba Transparente se recomienda a los actores involucrados
implementar las siguientes acciones:
• Modificar la ley
8803. Cambiar la definición de información pública vinculada con un acto
administrativo por una definición que la identifique como aquella información
producida, obtenida, en poder o bajo control de los organismos públicos.
• Reglamentar la ley
8803. Operativizar la norma para evitar restricciones administrativas e interpretativas.
• Crear la Oficina de Acceso a la Información Pública.
Transformar la cultura organizacional e iniciar un proceso de reforma de la
burocracia provincial propiciando verdadera apertura hacia la ciudadanía.
Capacitar a los funcionarios públicos e incorporar herramientas tecnológicas
para la apertura del gobierno (gobierno electrónico).
• Agilizar los
procesos judiciales. Propiciar un proceso que fomente la celeridad ante amparos
por información pública, incluyendo capacitación a funcionarios judiciales.
• Concientizar a la
ciudadanía. Implementar campañas de comunicación a los fines de promover una
ciudadanía crítica e informada para participar en la vida institucional y en el
control de los funcionarios.
• Promover el
monitoreo ciudadano. Crear redes de Organizaciones de la Sociedad Civil para
ejercer una evaluación y seguimiento constante del acceso efectivo a la
información pública en la provincia.
Fuente:
cordobatransparente.org
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