La pobreza en Córdoba afecta al 23,1 %

por Lucas Viano

Según datos del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Gran Córdoba fue el único conglomerado urbano en el que aumentó el porcentaje de personas en hogares indigentes y pobres entre 2010 y 2011.

El estudio tomó datos no oficiales “aunque conservadores” para determinar que una familia es indigente cuando sus ingresos son menores a 309 pesos por miembro, en 2010, y 360 pesos en 2011. En tanto, la línea de la pobreza se fijó en 578 pesos per cápita en 2010 y en 720 pesos en 2011. De esta forma Córdoba pasó de tener 6,8 por ciento de personas en hogares con indigencia en 2010 a 8,9 por ciento en 2011. Las personas en hogares pobres pasaron de ser el 21,1 por ciento en 2010 al 23,1 por ciento en 2011. Es probable que en 2012 se acentúe el deterioro.

En el resto del país estos indicadores bajaron. “Probablemente tenga que ver con particularidades de Córdoba en lo que hace a cuestiones como el mercado de trabajo, u otras”, arriesga Dan Adaszko, autor del trabajo. “El aumento que se aprecia en Córdoba no es estadísticamente significativo. Puede deberse a lo que técnicamente se llama error muestral, aunque significa que Córdoba se mantuvo estable”, aclara.

Entre 2010 y 2011 y a nivel nacional, la pobreza y la indigencia bajaron del 26,6 al 21,9 por ciento y del 9,2 al 5,4 por ciento, respectivamente.

“En el descenso de la indigencia incidieron la recuperación económica después de 2009 y la asignación universal por hijo. En el caso de la pobreza este último programa no tuvo tanto impacto sino, fundamentalmente, los dos años de fuerte crecimiento económico (2010 y 2011). Si no fuese por la inflación, es probable que el descenso de estos indicadores habría sido mayor”, sostiene Adaszko.

Desde las ONG. En el comedor comunitario “La abejita picarona” la demanda aumentó 30 por ciento, en especial de familias jóvenes (ver Hay más hambre el lunes).

Desde Cáritas también perciben un incremento en las personas que piden ayuda.

“Hay un aumento sobre todo de madres jóvenes, solas y con varios menores a cargo, quienes con la asignación pagan su alquiler, pero no les queda resto para el alimento cotidiano”, explican desde Cáritas.

Desde la organización de la Iglesia Católica advierten que el esquema de familia ha cambiado. “Antes las mamás podían dejar los menores a cargo de una abuela para ir a trabajar. Hoy las familias se encuentran más desintegradas, muchas mamás ya no cuentan con ese apoyo”, explican.

También observan abuelas con nietos a cargo (por orden judicial) que a su vez tiene hijos menores de edad. “Al incrementarse el número de niños, se dificulta la posibilidad de buscar trabajo”, señalan desde Cáritas. Allí coinciden en que los jóvenes son los que están engrosando la lista de nuevos pobres: “No hay trabajo y falta capacitación para poder conseguirlo. Los jóvenes se sienten muy desorientados, ya que además son conscientes de que sólo logran acceder a un nivel de trabajo precario e inestable, que no resuelve sus necesidades”.

A su vez, Córdoba recibe muchos inmigrantes del interior provincial, de otras provincias y hasta de otros países con la esperanza de que aquí estarán mejor.

El barómetro de la UCA también midió los ingresos familiares (incluye salarios, pero también otras entradas como rentas y subsidios, por ejemplo) de los diferentes años y los corrigió para eliminar el efecto distorsivo de la inflación y poder comparar el poder de compra.

En Córdoba, esta cifra pasó de 4.030 pesos en 2010 a 4.274 pesos en 2011, con lo cual el incremento fue del seis por ciento. En las otras urbes los incrementos fueron del 7,7 por ciento en Mendoza, al 11,5 en Gran Buenos Aires.

El aumento de la pobreza que marca el barómetro de la UCA coincide con un menor incremento en los ingresos familiares en Córdoba respecto de otras ciudades. No es casual.

“La pobreza y la indigencia miden si un hogar logró con sus ingresos adquirir una determinada canasta de bienes. Cuanto más suban los ingresos reales mayor será la capacidad de adquirir esa canasta y, por tanto, de salir de la pobreza”, apunta Adaszko.

Cuatro ideas de Cáritas

Educación. Se debe trabajar con énfasis en la educación, en la capacitación para ambos sexos, para que estas personas puedan conseguir empleo, pero también es necesario luchar contra la precarización laboral, señalan desde la asociación católica.

Viviendas. Son imprescindibles planes de viviendas coherentes y accesibles para la población más carenciada, que contemplen sus necesidades y posibilidades.

Lugares de tránsito. Faltan lugares de tránsito, no sólo para personas que se encuentran en situación de calle, sino para familias, para madres solas con niños, para jóvenes y parejas excluidos de los hogares. Espacios en los que además de la asistencia inmediata pueda hacerse con cada uno un trabajo de contención y acompañamiento hasta que la persona pueda resolver su situación.

Guarderías. Hacen falta más guarderías y jardines de estimulación en las barrios populares en los que las mamás y papás que trabajen puedan dejar a sus niños.

Contactos. Para contactarse con Cáritas, llamar al (0351) 429-0530. En Internet, www.caritascordoba.org.ar. Para comunicarse con el comedor “La abejita picarona”, llamar al (0351) 153-057982.

La Voz del Interior, 30-7-12

Reclamo ante la Corte Suprema

La Fiscalía de Estado presentó pasadas las 10 ante la Corte el pedido de ejecución del convenio de armonización firmado por la Anses. en un litigio con la Nación por una deuda millonaria que mantiene con la administración cordobesa.

La presentación se realizó pasadas las 10 en el 4º piso de los tribunales federales porteños, en la mesa de entrada de "juicios originales" (ver Santa Fe y San Luis ya fueron y en otras provincias se discute).

De la paresentación contra el Estado nacional participaron el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Provincia, Pablo Juan María Reyna, y del estudio de Alberto García Lema. Se denunció el incumplimiento del convenio para la armonización y el financiamiento del sistema previsional firmado entre la Provincia y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) el 18 de diciembre de 2009.

La Anses incumplió en distintas ocasiones esos acuerdos. La última vez que lo honró fue en diciembre de 2010. Desde entonces, dejó de enviar los fondos comprometidos para solventar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones. Durante 2011, acumuló una deuda que la Provincia considera exigible de 1.040 millones de pesos.

La Provincia considera que este año la Anses también debería financiar parcialmente a la Caja, pero ni siquiera ha logrado renovar el convenio, que venció el 31 de diciembre de 2011.

La presentación se hizo ante el máximo tribunal de la Nación, porque la competencia originaria es de la Corte cuando el caso judicial vincula a una provincia con el Estado nacional y requerirá el pago de los 1.040 millones de pesos por el ejercicio 2011.

Convenio.

Aquel convenio fue aprobado por la ley provincial 9.721 y se basó en la legislación nacional vigente que ratificaba el acuerdo federal firmado por los gobernadores de provincia en diciembre de 1999.

La Caja en 26 años

1986. Se reforma la Constitución de Córdoba, que ordena dictar una nueva ley provisional, que no podrá modificarse durante un mínimo de seis años a partir de su sanción.

1990. Se sanciona la ley previsional, que establece el pago del 82 por ciento móvil.

1995. La Provincia no logra afrontar su déficit, en el contexto del efecto Tequila. Cae el gobierno de Angeloz. Asume Mestre. Dicta el decreto 1.777, que recalcula el 82 por ciento móvil reduciendo las jubilaciones al 67 por ciento. El criterio es avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

2001. Entra a regir un régimen de pasividades anticipadas (no sólo para la Provincia, sino también para municipios, Epec y el Banco de Córdoba), que acelera el crecimiento del déficit provisional.

2002. Se firma un convenio de armonización con la Anses por el que la Nación se compromete a cubrir proporciones crecientes del déficit previsional cordobés en compensación por cesiones previas de impuestos hechas por la Provincia para sostener a la Anses. Ese convenio se reformula varias veces y Anses lo incumple en distintos momentos, según circunstancias políticas.

2007. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena al Tribunal Superior de Córdoba revisar su criterio, haciendo caer de hecho el decreto 1.777. De la Sota  anuncia que vuelve el 82 por ciento móvil.

2008. El gobierno de Juan Schiaretti  reforma la ley previsional cordobesa de acuerdo con exigencias de la Anses, en el marco del convenio de armonización con el sistema previsional nacional. Se reducen beneficios a futuros jubilados.

2011. La Anses acumula una deuda de 1.040 millones de pesos al no enviar, en todo el año, ninguno de los recursos comprometidos.

La Voz del Interior, 30-7-12

Animarse a cambios estructurales

 Sergio Torres y Laura Sesma*

Es evidente que en estos escasos siete meses del actual Gobierno municipal existen críticas fundadas por falta de respuesta a demandas y expectativas legítimas de la ciudadanía, sin embargo es justo reconocer que el actual intendente y su equipo intentan modificar estructuralmente 12 años de desidia y decadencia como resultado de una de las peores formas de corrupción: el uso de todas las estructuras del Estado con fines personales y/o político-partidarios de manera inescrupulosa.

En este sentido, podemos enumerar un conjunto de decisiones políticas que claramente marca un cambio de tendencia:

La marcha atrás en la irresponsable reducción del 30 por ciento de los impuestos realizada durante la administración de Unión por Córdoba en la Capital, que era tan impopular como necesaria para hacer frente a una situación real de quebranto económico.

Reestructurar el sistema de recolección de residuos porque Crese tenía un altísimo nivel de endeudamiento y era un verdadero agujero negro alimentado por los recursos públicos, y dividir la ciudad en dos sectores para generar una competencia por comparación entre dos empresas prestatarias, sean públicas o privadas, condición esencial para una correcta regulación y contralor del servicio a la hora de su posterior licitación.

Enviar al Concejo el marco regulatorio del sistema de transporte, frente a un largo período en el que sólo se discutía el precio del boleto sin analizar las obligaciones de las empresas prestatarias y los derechos de los usuarios.

Diseñar un plan de reestructuración en las obsoletas áreas de informática y comunicación, en las que hace más de 20 años que no se invertía un centavo, con el asesoramiento altamente calificado en la materia de la Universidad Tecnológica Nacional.

Política de recursos humanos.

Generar un nuevo trato entre funcionarios y empleados, para recuperar la cultura del trabajo en equipo, y la dimensión ética de dar respuesta a las demandas ciudadanas. Esto requiere, por ejemplo, no abusar de la tan mentada “impopularidad de los empleados municipales” para conseguir efímeros réditos políticos, ni consentir prácticas por las que ilegalmente se han otorgado adicionales de sueldo e incentivos, con el objetivo de conseguir un también efímero apoyo de los empleados, como ocurrió durante las gestiones del Frente Cívico.

Asimismo, dejar sin efecto el régimen de pasividad anticipada que durante más de 10 años generó la pérdida del personal más formado y con mayor experiencia.

A su vez, concretar un ambicioso plan de capacitación y formación para los cuatro años y para la totalidad del personal, jerarquizando en esta primera etapa las áreas operativas y el cuerpo de inspectores que integran la Policía Municipal. Ejemplo de esto son los cursos para personal de Alumbrado Público y de la Planta de Bajo Grande con profesores de la Universidad Tecnológica, ya programados y en marcha.

Finalmente, modernizar el marco jurídico de la década del ’80 y regularizar el llamado a los concursos internos, en forma concertada con el gremio, para designar a los titulares de las jefaturas vacantes, imprescindibles a la hora de gestionar eficientemente, dejando de lado la gran cantidad de interinatos otorgados, muchas veces, sin cumplir con los requisitos legales exigidos para el cargo.

Concursos públicos y abiertos.

Relevar las diversas áreas o reparticiones del municipio para detectar los déficits en materia de herramientas de trabajo e insumos y en particular de la planta de personal, no sólo respecto de la cantidad, sino del tipo y perfil de empleados existentes y que se necesitarían en la actualidad y en el futuro.

Sobre la base de los resultados de este relevamiento y con la participación de las universidades públicas y de representantes de la ciudadanía para que el proceso sea eficiente y transparente, se pondrá en marcha un sistema de selección de personal por concursos abiertos y públicos, para todo tipo de cargos desde maestranza a profesional, a lo largo de estos cuatro años, de acuerdo con las vacantes y partidas presupuestarias existentes. Este tipo de concursos, cuyo inicio ha sido diferido dada la complejidad del sistema, no tiene precedentes en la historia de esta ciudad.

Terminar con la mentira. Muchas son las causas del deterioro de Córdoba capital y quizás seamos en mayor o menor medida todos responsables, pero nada ha dañado y daña más a la política y a las instituciones que la mentira y la demagogia.

La mayoría de las acciones de gobierno enumeradas previamente fue anunciada por el actual intendente en campaña y ninguna se contradice con su plataforma.

Los cambios que apuntan a las estructuras no tienen resultados inmediatos, no son fácilmente visibles, al punto de que muchos de ellos lo serán más allá de los cuatro años de esta gestión y será la ciudadanía, a través del sistema democrático, la que los aprobará o los reprobará.

*Secretario general y subsecretaria de Capacitación y Formación de RR.HH. de la Municipalidad de Córdoba

La Voz del Interior, 26-7-12

De la Sota reglamentó el subsidio para ex presos políticos

por Javier Cámara

Anoche, a las 20.50, el Gobierno de la Provincia de Córdoba informó que José Manuel de la Sota había firmado el decreto reglamentario de la ley 10.048 que otorga un subsidio de 3.000 pesos mensuales a los ex presos políticos.

La ley de “Reparación provincial a ex presos políticos” –ese es el nombre que se le dio– se había aprobado el sábado 24 de abril, en una sesión especial de la Legislatura provincial con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sólo con los votos del oficialismo y de otros dos parlamentarios, pero con los bloques juecista, radical y del Frente de Izquierda en contra, y con miembros y dirigentes de organismos de Derechos Humanos disconformes y disgustados.

Ese disgusto se había incrementado de manera notable en las últimas semanas, a raíz de que los potenciales beneficiarios ni siquiera habían podido inscribirse en un registro, porque el gobernador no había firmado la reglamentación.

Esto, a pesar de que la propia ley estableció plazos concretos para ese trámite.

El jueves último, Rodolfo Novillo, de la Asociación de ex presos políticos de Córdoba, le había dicho a este diario que hasta ese día nadie había podido inscribirse ni recibir el subsidio aprobado. “Aparentemente –señaló entonces el dirigente–, las explicaciones que dan desde el Gobierno indican que el decreto reglamentario está ‘a la firma’ en el despacho de De la Sota hace más de un mes; pero nadie dice porqué no lo firma. Sin reglamentación, no hay registro en el cual inscribirse ni reparación ni nada”.

Novillo recordó que los organismos no estuvieron de acuerdo con la ley reglamentada anoche: “Nos parece fantástico que compañeros que están mal económicamente puedan cobrar, pero esto no es una ley de reparación es un ­mero subsidio, y encima se ­demoran en implementarlo”, puntualizó.

La autoridad de aplicación de esta normativa es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que está a cargo de Graciela Chayep. Ese organismo tendrá a su cargo la elaboración del registro de beneficiarios. Pero hasta anoche el Gobierno no tenía claro cuándo iba a poder comenzar a recibir solicitudes.

El trámite lento. La ley 10.048 entró en vigencia el 20 de abril de 2012, el día en que se publicó en el Boletín Oficial. El artículo 14º de la norma estableció que “el Poder Ejecutivo Provincial” debía “reglamentar la ley dentro de los 30 días contados a partir de su entrada en vigencia”, es decir, el 20 de mayo. Pero pasaron esos 30 días y otros 59 más hasta que el gobernador la firmó.

El denominado subsidio honorífico tiene “carácter no contributivo, personal, mensual, vitalicio e inembargable” y alcanza “a todos aquellos ciudadanos que hayan sido detenidos por causas políticas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.

También se le reconocerá el subsidio a las personas que hubiesen sido víctimas del denominado Plan Conmoción Interna del Estado (Conintes) que fue lanzado en la década del ’50 y que habilitaba a las Fuerzas Armadas a reprimir huelgas y protestas obreras.

Para acceder al monto económico (una vez que se reglamente) se exigirá haber permanecido preso por causas políticas durante más de un año; que al momento de la detención el reclamante haya tenido domicilio en la provincia; y no poseer ingresos mensuales superiores al monto del subsidio.

Relación complicada

Pocos amigos. Nunca fue del todo buena la relación de José Manuel de la Sota con los dirigentes e integrantes de los Organismos de Derechos Humanos. Hay resquemores históricos e ideológicos. En 2004 la relación se empeoró a raíz de que el gobernador dijo que las Madres deberían “haber cuidado mejor a sus hijos” desaparecidos. En marzo pasado De la Sota recibió a dirigentes de los Organismos y les dijo que apoyaría el subsidio para ex presos políticos que se demora.

La Voz del Interior, 21-7-12

Despenalización

del consumo de drogas

El Congreso de la Nación se apresta a sancionar una ley despenalizando la tenencia y el consumo de drogas, es decir que se garantiza a los narcotraficantes, un seguro mercado para su creciente poder de corrupción en la Argentina.

Es un hecho científicamente comprobado que las drogas, todas las drogas, dañan el cerebro de los consumidores, destruye sus defensas y transmite sus efectos letales a su descendencia.

El Congreso y cada uno de los diputados y senadores que votan semejante ley, serán culpables conscientes del delito de estimular la adicción, que estropea la mente de generaciones de jóvenes sin barreras legales para autosuicidarse, con una horrorosa depenedencia y enfermedad mental.

Los argentinos por ley de la Nación serán convertidos en una masa potencial de consumidores de drogas, y en un país con habitantes con el cerebro lavado.

Enrique Inda

Diputado (m.c.)

Avellaneda.com, CARTA DE LECTORES 11/07/2012

Aumenta la tensión Provincia-Nación

La larga serie de desencuentros entre los gobiernos de la Provincia de Córdoba y de la Nación tuvo ayer un episodio particularmente significativo en la Cámara de Diputados. En ese recinto compareció el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, a fin de brindar su informe de gestión ante los legisladores.

Si bien buena parte de la exposición estuvo enfocada en un tema que obsesiona al kirchnerismo –la supuesta campaña negativa de los medios contra la presidenta Cristina Fernández–, a la hora de responder las preguntas de los diputados surgió un tema que preocupa a los cordobeses: las deudas que mantiene la Nación con la Caja de Jubilaciones y con el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia.

En el caso de la Caja, se reclama a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) 1.040 millones de pesos correspondientes al período 2011. Y por las obras prometidas por la Nación, pero realizadas por la Provincia –tramos de la Circunvalación a la capital provincial y planes de viviendas– el monto asciende a más de 500 millones de pesos.

La preocupante novedad que se produjo ayer es que Abal Medina afirmó que la Nación no reconoce ninguna de las deudas. Respecto de las obligaciones asumidas en 2009 por el Convenio de Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de Córdoba –firmado por el entonces gobernador Juan Schiaretti y quien era ministro de Economía, el hoy vicepresidente Amado Boudou–, el jefe de Gabinete pidió expresamente a los legisladores que no hablen de deuda e insistió en que Córdoba debe cumplir su parte del convenio y adecuarse al régimen nacional.

En relación con las obras públicas, dijo que la administración cordobesa, durante el tramo final de la gobernación de Schiaretti, avanzó en ellas sin un acuerdo previo con la Nación, aun cuando las autoridades locales afirman que ese acuerdo existía, al menos de palabra, y que, de hecho, Vialidad Nacional festejaba y publicitaba cada inauguración.

Las cifras en juego son significativas, en un momento en que cada peso resulta imprescindible para afrontar los pagos a proveedores del Estado, los sueldos de los empleados estatales y las jubilaciones. Pero más significativa es la decisión de dar por cerrado el tema, que se desprende de las palabras de Abal Medina. Pese a que el gobernador José Manuel de la Sota ha demorado su anunciada presentación a la Corte Suprema de Justicia por la deuda previsional y siempre ha expresado su voluntad de negociar, no parece quedarle margen más que para una confrontación directa.

En estas circunstancias, lo único que puede exigirse es que las razones de Estado se impongan a las razones políticas y ambas partes comprendan que los afectados por este conflicto no son kirchneristas ni delasotistas sino simplemente ciudadanos.

La Voz del Interior, 5-7-12

Las Finanzas Públicas hacen agua

Entrevista a Salvador Treber

Salvador Treber hace años que anuncia un desbalance que incrementó la deuda del Gobierno a casi un presupuesto, según el propio economista mensura regularmente en sus columnas de prensa.

“Las finanzas públicas hacen agua por todos lados”, señala, mientras agita en sus manos la rendición presupuestaria del primer trimestre de este año. “No tiene un esquema financiero para sostener la gestión. En última instancia, lo que hace es bajar la inversión productiva. Se invierte menos en infraestructura, en producción”.

-¿Cuáles serían las alternativas?

-Yo creo que la solución está en sentarse y encontrar un statu quo aceptable con la Nación. Si Córdoba tuviese mayor recaudación, contaría con mayor tasa de inversión. La media del país es 22-23% del producto bruto, pero Córdoba tiene sólo el 9%. No es de extrañarse que los caminos y los servicios provinciales sean muy precarios.

-¿Por qué no se recauda más?

-La última revaluación fiscal de las propiedades rurales data de 1993, cuando el inmobiliario rural equivalía al 30% de lo que se recaudaba por ingresos brutos. Han pasado casi 20 años y hoy el inmobiliario rural cubre el equivalente al 3,5% de Ingresos Brutos. Este último impuesto representaba entonces el 60% y 80% en la actualidad. Lo que no subieron de Inmobiliario llevó a subir alícuotas y a extender el campo de imposición de Ingresos Brutos. Así consiguen los votos del interior provincial.

-¿El sistema tributario cordobés se volvió más regresivo?

-Claro. Ingresos Brutos grava el consumo, mientras el Inmobiliario, a una expresión de riqueza como es el valor de los campos. Tampoco se actualizó la evaluación fiscal de los inmuebles urbanos. Desde 2008 rige un adicional rural, convenido con los dirigentes agropecuarios, cuya recaudación debe afectarse exclusivamente a infraestructura y gasoductos que beneficien a las zonas rurales. No pueden ser para educación, salud ni Rentas Generales. En última instancia significa una contribución para valorizar más aún las propiedades rurales. Para mejor, el sector agropecuario registra una evasión del Impuesto a las Ganancias del 70%. No pagan lo que está determinado, en el Inmobiliario hay una mora del 50% a pesar de que es un impuesto insignificante.

-La publicidad oficial dice que además del histórico 30% de descuentos que aplicó en su primer gobierno, ahora descuenta un 10% más a los que se acojan a la moratoria. ¿Es una vuelta de rosca aún más regresiva?

-Evidentemente es una campaña demagógica para mantener los costos. ¿Hasta cuándo? En algún momento va a explotar.

-Sin embargo, el Gobierno elude ese debate y dice que la causa de los problemas es la discriminación de la Nación en el reparto de fondos. Hay una línea de pensamiento que sostiene que  las provincias no tienen recursos y eso las vuelve dependientes financieramente.

-Acá está la rendición del primer trimestre del Presupuesto de la Provincia. Tiene proyectado para el 2012 ingresos corrientes por casi 8.400 millones que son de recaudación propia. El resto, de una u otra forma, viene de la Nación: 11.400 millones de coparticipación y casi 3 mil millones más por otros impuestos. Con esas proporciones no se puede pretender que no haya un cierto grado de dependencia.

-¿Cómo explica entonces que el gobernador dijera que “Córdoba no puede seguir sosteniendo las finanzas nacionales”?

-Es un disparate la expresión, o de un ignorante o de un jactancioso. Usted elija.

–¿Cómo se compara la situación con Buenos Aires y Santa Fe?

-En Buenos Aires resolvieron hacer un revalúo que busca triplicar la recaudación de ese rubro. Santa Fe está en un trámite parecido. De cualquier forma, las valuaciones en ningún caso superan el 35% del valor real de mercado. En Córdoba son ridículas, no más del 10% en promedio. De forma que acá podría aumentarse 25 puntos sin que ello afecte la producción. El Gobierno provincial no quiere perder la adhesión de los sectores rurales y por eso toma la decisión política de no aumentarles los impuestos.

-El Gobierno provincial pareciera optar por tomar deuda para cubrir las necesidades financieras. ¿Cómo está actualmente la deuda pública de Córdoba?

-La deuda consolidada está en 17 mil millones y la flotante en 4 mil millones.

-¿Cuánto reconoce el Gobierno?

-De la consolidada, sólo la administración central y de una de las agencias, que significan alrededor de 11 mil millones. Y de la deuda flotante, alrededor de 2.500 millones, un poco más de la mitad. El gobierno falsea los datos. Esa es una de las diferencias con Santa Fe, cuya deuda no supera los 2.500 millones.

-Usted dice que el promedio de inversión es muy bajo. ¿Adónde fueron los fondos que se tomaron como deuda?

-Se han dilapidado en más de 10 años. Puedo darle los datos de las consecuencias pero no sé realmente a dónde fue a parar esa plata. El gobierno tampoco tiene un proyecto para bajar el nivel de deuda, más allá de ocultarla. Omiten también que le deben al Banco de Córdoba, 740 millones.

-En ese contexto, más de una vez se habló de emitir cuasimonedas, siempre en el plano del rumor. ¿Qué posibilidades reales hay?

-No lo sé, pero sería muy grave porque profundizaría la situación. Cuando se emitió la última vez, a los 60 días el Banco de Córdoba lo cambiaba por moneda corriente. De aquel momento quedaron 1.400 millones que el gobierno nunca pagó al banco. Hay un fondo de recuperación de deudas en litigio, quizá lo trasladaron allí. Eso explica que actualmente el banco esté en un plan de saneamiento de 10 años, después de haber fracasado en dos planes anteriores. En consecuencia está limitado en su operatoria por el Banco Central. Es cierto que tiene una línea de préstamos hipotecarios en buenas condiciones para el mercado, pero muy limitada en su volumen, es muy poco el universo de personas que puede acceder.

-La nueva gestión de De la Sota aumentó la cantidad de ministerios. ¿Se incrementaron los gastos operativos del Gobierno?

-Sí. El presupuesto del año pasado era de 21 mil millones, este año es de 25 mil millones, pero cada vez es menor la inversión física. Por eso el Estado cordobés es un actor poco relevante en la economía provincial a medida que pasa el tiempo. Santa Fe y Buenos Aires mantienen índices de inversión parecidos al Gobierno nacional, muy por encima de Córdoba.

–Pero Santa Fe tiene un producto bruto geográfico similar a Córdoba. ¿En dónde reside la diferencia?

-En la gestión. Al margen de que ahora estén los socialistas y antes los justicialistas, tradicionalmente fue distinto. Ellos nunca redujeron el 30% como hizo Córdoba, esa “brillante” idea de De la Sota. Es difícil que acá aguante la situación social porque los requerimientos salariales no bajan.

-Es lógico que no bajen en un contexto inflacionario.

-Sí, pero hay que tener fondos para afrontarlos.

-Entonces usted sugiere que el Gobierno no quiere que la conflictividad social lo desborde pero al mismo tiempo no tiene un proyecto para atender las demandas.

-Exactamente. Entonces sucede que cada vez las remuneraciones absorben una cifra mayor. Por ejemplo, para este año tiene presupuestado 12.700 millones. La mitad del Presupuesto.

Extracto de la entrevista publicada en la Revista Veintitrés.